Esto que hacemos los economistas suele tener un componente grande de relatividad, es casi esotérico. La productividad se ha constituido en el factor fundamental del debate, el otro componente es la inflación y se trata de un dato que lo certifican las autoridades respectivas, es decir, el aumento del salario va a tener un tope inferior dado por la inflación que se calcula del entre el 3.8% y el 4.2%. Allí aparece el factor de productividad y los empresarios proponen entonces un incremento del 4.7%, de esta forma, ellos estiman un necesario incremento por productividad menor al 1%.
Las centrales obreras van más lejos, sus cifras están entre el 10% (para la CTC, la CGT y Pensionados) y el 12% para la CUT, así la diferencia en dinero entre empresarios y trabajadores, tomando solo el 10%, es de $39.099. De esta manera mientras los empresarios proponen un incremento diario de $1.156 pesos, las centrales proponen que sea de $2.459 pesos.
Así que no se va a dar ni uno ni otro extremo, pero una cosa ha sido clara en la historia de la definición del salario mínimo, ha estado más cerca de la inflación, el componente de productividad termina siendo inútil y el debate político lo trasciende. La decisión presidencial siempre va a estar dándoles la razón a los empresarios, excepto cuando Angelino Garzón hizo dar marcha atrás a una decisión ya tomada.
El Gobierno, o mejor Planeación Nacional, establece la productividad a través de la Productividad Total de los Factores (PTF), que siempre da a la baja. Cedetrabajo realizó un juicioso estudio a partir de la Productividad Media Laboral (PML), donde concluyó que las diferencias en el cálculo les han costado a los trabajadores 13,5 puntos porcentuales en su salario.
Es simple entonces, dime cuánto quieres subir y te diré que formula utilizas. En el modelo actual, caracterizado por el mercado y en general por la desregulación y las políticas neoliberales, conjuntamente con la pretendida concertación, se han dado las más grandes reformas laborales que han tenido como propósito reducir el costo del trabajo. La productividad y competitividad de las empresas se ha intentado desde la lógica del abaratamiento de la mano de obra, y en esto tener un salario que permita reducir los costos, es una fórmula ideal, aunque ello sea una perfecta torpeza macroeconómica. Es decir, unos ingresos limitados siempre darán como resultado un mercado interno precario, la demanda no crece de manera importante porque lo ingresos son bajos, y así las empresas crecen poco, o deben de encontrar en la informalidad su estrategia para sobrevivir en el mercado, que es la situación por la que deben atravesar buena parte de la micro y pequeñas empresas en Colombia.
La otra razón para no tener un aumento significativo es la pretendida naturaleza inflacionaria del salario mínimo, es decir, al subir el salario, es este el argumento, suben de manera proporcional los demás bienes y servicios de la sociedad. En realidad esto no se ha podido corroborar. La experiencia internacional ha mostrado que no es cierta esta aseveración y en Colombia, por el contrario, ante los aumentos del salario ha sido evidente que la inflación próxima es incluso más baja que el incremento salarial. Así que no existen motivos suficientes para hacer valedera éste postulado que es, así parece, solo un supuesto simple de teoría económica.
En estas condiciones de no concertación e intento permanente de abaratamiento del trabajo, no resulta descabellada la nueva propuesta de establecer una salario mínimo por regiones, que construye una combinación entre productividad e informalidad, una “innovadora” forma para prometer nuevamente que una disminución salarial conllevaría a la formalidad laboral y la generación de nuevos puestos de trabajo. ¡Cuánta ingenuidad! Desde hace ya tres décadas este ha sido el mismo discurso de los formuladores y hacedores de política, quienes desde sus doctrinas neoliberales, parten, y no dudo que sea de buena fe, que el empleo es un mercado común y corriente, donde sí se abarata su precio pues se aumentará la demanda.
Han sido contantes las reformas en este sentido, laborales, a la seguridad social, tributarias, y se demuestra que la fórmula, a menor precio mayor formalidad y mayor empleo, no opera. Insistir en ello no es otra cosa que una irresponsabilidad social, un camino sin retorno para condenar a la miseria a las regiones menos productivas y más pobres, a permitir el mayor deterioro de los ya bajos ingresos que existen en esos territorios. El salario mínimo no es otra cosa que una protección a los más pobres, permitir su flexibilidad solo llevará a la baja los salarios de los trabajadores en las zonas ya golpeadas por el desempleo, las informalidad y la baja productividad, con el agravante de que son fundamentalmente rurales, y nada garantiza que las empresas se desplazarán a estas zonas para aprovechar una mano de obra más barata.
Entonces ¿a qué juegan los empresarios? Si sus ideas son a no ceder, a tener una posición férrea en el tema, siempre justificadas en unas corrientes ideológicas que desde la economía y el mercado pretenden darle respuesta a todo lo humano, ¿para qué quieren hacer el ritual de sentarse y mostrarse arrogantes ante los trabajadores que siempre están esperando unos pesos de más?
Las apuestas por un país diferente se diluyen, en especial en el propio actuar de las élites. Hoy los distintos candidatos presidenciales proponen reformas a la seguridad social y disminuciones de las cargas tributarias de las empresas. El modelo es el mismo. Aún los candidatos no logran poner los énfasis en donde se requiere, que es el cambio del modelo de desarrollo, el mismo que nos ha conducido a la lamentable situación que viven los asalariados. Pero el debate que trasciende es el de las necesarias coaliciones para llegar a la presidencia. Mientras tanto los trabajadores siguen sentados en la mesa, en comisiones alternas, aspirando a 1303 pesos más al día de lo ofrecido por los empresarios.
La historia se repite año tras año, hasta la hora en la que se escriben estas líneas no va a darse la concertación y será el gobierno quien designe el incremento salarial, muy cercano a la idea de los empresarios, presionado eso si por los organismos internacionales, las entidades calificadoras y por las propias creencias de quienes al interior del Gobierno manejan la economía y que están convencidos, al menos así lo manifiestan, que un incremento del salario mínimo mayor a la inflación reduce la competitividad de las empresas, que se debe dejar al libre mercado y que lo que se paga ya es bastante costoso para las empresas.
JAIME ALBERTO RENDÓN ACEVEDO: Director Programa de Economía, Universidad de La Salle
Diciembre 13 de 2017
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