Ser detenidos y extraditados a los EE. UU como parte del montaje judicial de la entonces nefasta fiscalía general de la nación en cabeza del siniestro Néstor Humberto Martínez Neira[3], en complicidad con el gobierno de Iván Duque, célebre por sus meteduras de pata y sus posiciones de extrema derecha en torno a la firma e implementación del Acuerdo de Paz de La Habana o abandonar el proceso de reincorporación a la vida civil pactado en el punto 6 del Acuerdo de La Habana y rearmarse como en efecto sucedió.
Dicho esto y en gracia de discusión, la decisión del gobierno nacional en cabeza del Alto Comisionado de Paz Otty Patiño de iniciar conversaciones con esta agrupación guerrillera rearmada desde el año 2019, es perfectamente valida a la luz del Derecho Internacional Humanitario y de los tratados de la Convención de Ginebra para la resolución de conflictos no internacionales; las Naciones Unidas a través de la secretaria general, no solo lo acepta, sino que además ha decidido acompañar este nuevo intento de negociación con una parte de los antiguos guerrilleros de las Farc que regresaron a las armas en el año 2019.
Esta decisión unilateral del gobierno Petro, profundiza el debate en torno a la necesidad de dar creación a un gran tribunal de cierre en el sistema de justicia transicional que incluya a todos los actores del conflicto armado redefiniendo el factor personal, material y personal para determinar la competencia y naturaleza de este sistema con respecto a los actores directos e indirectos que tienen responsabilidades en la larga guerra interna que hemos vivido en nuestro país.
El caso emblemático de negociar nuevamente con Iván Márquez y un grupo de altos mandos de las antiguas FARC que fueron expulsados de la JEP se ampara en que la paz como derecho constitucional está por encima de acotaciones jurídicas definidas en los modelos de justicia transicional actualmente vigentes, en otras palabras, que los intereses superiores de la nación subordinan las leyes y normas que le sean contrarias.
El segundo aspecto de importancia es el reconocimiento del carácter territorial de esta negociación, en el territorio se materializan los acuerdos más importantes para las comunidades de la agenda de negociación que se vaya acordando, mientras que las transformaciones políticas y macroeconómicas se deben ir resolviendo en la política a través de un proceso constituyente que abarque a la mayoría de los sectores del país.
No es una agenda maximalista en sus pretensiones territoriales, como lo indica el punto número 2 del documento suscrito: “Las partes acordaron trabajar en la construcción inmediata de Territorios de paz, que posibiliten una nueva organización de la vida política, económica, social, cultural y ambiental, con participación directa y protagónica de las comunidades y sus procesos organizativos y la concurrencia integral del Estado en todos sus niveles”
El enfoque territorial y diferencial es clave en la estrategia de Paz Total, pero requiere amarres institucionales para poder generar confianzas, brindar seguridad jurídica a los actores ilegales que actúan en dichas zonas y garantizar que los acuerdos una vez se hayan firmado se pueden ir implementando.
En ese sentido Armando Novoa, jefe negociador del gobierno para este proceso de negociación afirmo “(…) la necesidad de pensar en la política de paz en clave territorial y regional. Hablar de paz nacional ante el nivel de fraccionamiento que han alcanzado este tipo de grupos sería un error. Por eso el tema hay que pensarlo desde la perspectiva de las regiones”.
El conflicto armado en Colombia hoy más que nunca es parcial y periférico, en el caso de la guerrilla de la Segunda Marquetalia esta tiene presencia especialmente en Vichada, Guainia, en una parte de Arauca, Putumayo y el sur de Nariño, de acuerdo con análisis de expertos su fuerza militar se compone de 1.800 hombres en armas pertenecientes a 3 subestructuras; la Comandada por Iván Márquez que opera entre Venezuela y Colombia, los comandos de Frontera que se mueven en el Putumayo y parte de Caquetá, especialmente en la frontera con el Ecuador y la estructura comandada por Walter Mendoza que actúa en la serranía y el litoral pacifico Nariñense, con comisiones que se mueven hacia el sur y el centro del departamento del Cauca en donde han tenido fuertes confrontaciones con el EMC de Mordisco.
Definir su naturaleza subregional permitirá, sacar esta negociación y otras del discurso maximalista de la paz o la guerra, de hecho, en la Colombia de hoy se vive esta dicotomía; hay regiones enteras que no padecen directamente los efectos del conflicto armado, mientras que otras no han podido salir de la violencia secular que ha provocado la desigualdad y el olvido en sus tierras a causa de décadas de abandono; esto se expresa en el punto 4 de la agenda de diálogos acordada entre las partes[4].
Sin embargo, la implementación de este punto plantea grandes desafíos para su materialización, en este país santandereano y leguleyo en que las cortes en algunos momentos actúan en contravía del interés de las mayorías de la población o de la necesidad de atender en forma prioritaria territorios, como por ejemplo los fallos que tumbaron decretos de la declaratoria de emergencia económica para la Guajira que permitían hacer inversiones de urgencia en este territorio. En otras palabras, el aparato estatal se erige como una remora para focalizar acuerdos en los territorios tanto con las comunidades y actores legales, como con actores ilegales de carácter político como la insurgencia de la Nueva Marquetalia que pone como condición implementar lo acordado en favor de las comunidades de sus zonas de influencia, allí hay un nudo problemático en esta agenda que puede empantanar en cualquier momento los avances en la mesa de dialogo, tal como ha sucedido con la negociación con el ELN.
Ahora bien, lo más positivo de este proceso de paz con la Segunda Marquetalia es que pone nuevamente la política por encima del olor a pólvora, dimensión nefasta en la que se ha embarcado la otra disidencia de las antiguas Farc- el EMC en el suroccidente del país y que le está dando alas al discurso militarista de la extrema derecha que grita a través de los grandes medios “que las Fuerzas Armadas están paralizadas, porque el gobierno de Petro no las deja actuar contra el terrorismo del EMC”[5].
La dirección política de Iván Márquez en estos diálogos anticipa un intenso debate con el gobierno y la sociedad civil, sobre las concepciones de modelo económico, político y territorial que requiere la nación colombiana, controversia necesaria en momentos en que se habla de constituyente, federalismo e incluso parlamentarismo para reformar el Estado y ampliar nuestra democracia; de su parte el gobierno nacional debe aprovechar este tercera mesa para darle voz a otro contradictor desde la insurgencia distinto al ELN y a su máximo comandante Antonio García, que parece tener una pretensión mesiánica de opacar las otras líneas de negociación de la política de Paz Total, distintas a la pacta con la guerrilla Camilista.
La segunda Marquetalia por su naturaleza esencialmente Bolivariana en lo ideológico y en lo militar va apostar por ganar un espacio protagónico en la estrategia de negociación con el gobierno Petro, es un pulso con reglas de respeto a los DD. HH, al DIH y a la geopolítica regional latinoamericana. Amanecerá y veremos.
Anexo No 1. Agenda acordada para el inicio de los Diálogos de Paz entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno del presidente Gustavo Petro
Las partes coincidieron en que Colombia vive, bajo el actual Gobierno, un momento excepcional y de intensa disputa por la definición del futuro del país. Este proceso de paz se enmarca en los esfuerzos para llevar a cabo cambios y reformas democráticas para beneficio de la población, en la perspectiva de la solución política y la construcción de la paz, con prioridad en los territorios.
1. Las partes coinciden en que se requiere una amplia movilización social a fin de avanzar hacia un gran acuerdo político nacional que se apoye en el poder del pueblo soberano.
2. El Gobierno Nacional de Colombia registra como positivas las manifestaciones de la Segunda Marquetalia — Ejército Bolivariano de rechazar las retenciones con fines económicos; priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes; proteger el medio ambiente, la selva, los ríos y la fauna, y alentar el esfuerzo por detener el cambio climático, entre otros. En correspondencia, el Gobierno Nacional de Colombia adoptará medidas para fortalecer el desescalamiento del conflicto, en zonas de presencia de la Segunda Marquetalia — Ejército Bolivariano.
3. Las partes acordaron trabajar en la construcción inmediata de Territorios de paz, que posibiliten una nueva organización de la vida política, económica, social, cultural y ambiental, con participación directa y protagónica de las comunidades y sus procesos organizativos y la concurrencia integral del Estado en todos sus niveles.
4. Las partes se guiarán por el principio “acuerdo pactado, acuerdo cumplido”, que incluye el diseño, puesta en marcha, implementación y” verificación de cumplimiento.
5. Las partes procederán de manera inmediata a designar e integrar sus respectivas comisiones negociadoras.
6. Se acordó igualmente que la Agenda de Diálogos y Negociación tendrá entre otros los siguientes puntos básicos:
1) Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los Territorios de paz,
2) Construcción de Territorios de paz;
3) Víctimas como sujeto social transformador;
4) Condiciones para la convivencia pacífica;
5) Implementación y verificación.
7. Por su parte, la Representación de la Segunda Marquetalia — Ejército Bolivariano manifestará en la Mesa de Diálogos de Paz sus razones para el alzamiento armado, entre ellas el incumplimiento y el entrampamiento del Acuerdo de Paz de 2016. Por su parte, el Gobierno Nacional de Colombia considera indispensable el cumplimiento de dicho Acuerdo por parte el Estado y su implementación integral.
8. La instalación de la Mesa de Diálogos de Paz se realizará en Caracas, el 24 de junio de 2024. El primer ciclo de las negociaciones se adelantará del 25 al 29 de junio para acordar los temas específicos de los puntos anunciados y los protocolos de negociación. Los ciclos de negociación serán de una semana, prorrogables por acuerdo mutuo, con intervalos no superiores a 30 días hábiles.
En la presente reunión estuvieron presentes Representantes de los Gobiernos de la República del Cuba, del Reino de Noruega y de la República Bolivariana de Venezuela, del Delegado del Representante Especial del Secretario General de la Organización de la Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal de Colombia; y el Facilitador. Una vez se instale la Mesa de Diálogos de Paz, los mencionados gobiernos ejercerán como Garantes; el Delegado del Representante Especial del Secretario General de la Organización de la Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal de Colombia serán Acompañantes permanentes.
Las partes agradecen al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por haber brindado su territorio para la realización de esta reunión, con la cual termina la fase discreta.
Se firma a los cinco (5) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024),
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[1] Los pactos deben cumplirse’. Principio fundamental consagrado, entre otros, en los arts. 1091 , 1256 y 1258 del CC. Principio del derecho romano presente en numerosas fuentes
[2] Todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe» (Convenciones de Viena, art. 26)
[3] En una reciente intervención en el programa “Pregunta Yamid” del canal Uno, Armando Novoa, actual jefe negociador del gobierno con las disidencias de las FARC bajo el mando de ‘Iván Márquez’, afirmó que la reincidencia de esta facción guerrillera se debió a un “lamentable entrampamiento” en el caso de Jesús Santrich. Periódico el Nuevo Siglo, Junio 20/2024
[4] “Las partes acordaron trabajar en la construcción inmediata de Territorios de paz, que posibiliten una nueva organización de la vida política, económica, social, cultural y ambiental, con participación directa y protagónica de las comunidades y sus procesos organizativos y la concurrencia integral del Estado en todos sus niveles.”
[5] Véase las declaraciones del alcalde de Cali Alejandro Eder, exigiéndole al ministerio de defensa reanudar los bombardeos contra campamentos guerrilleros en el Cauca. Entrevista en Caracol Radio, junio 17/2024
Julio Arenas, Observatorio del conflicto, corporación Nuevo Arco iris.
Foto tomada de: Paragrafo.
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