- Gravedad de los hechos.
- Características diferenciales de las víctimas.
- Características de los responsables.
- Disponibilidad probatoria.
En lo que se refiere a los compromisos de los comparecientes la Ley Estatutaria reafirma en su artículo 20 que se procederá a la verificación de los compromisos adquiridos con la Jurisdicción con base en el régimen de condicionalidad, confiere relevancia a los siguientes elementos:
- La obligación de aportar verdad plena…
- Garantizar la no repetición de los hechos.
- Contribuir a la reparación de las víctimas…
Igualmente, es relevante el tratamiento de los comparecientes, plasmado en la Ley Estatutaria en los artículos 21 y 22 en el sentido que todas las actuaciones y procedimientos seguidos ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) debe garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica y, además, como lo ratifica el artículo 21, “Todas las decisiones judiciales sobre las responsabilidades y sanciones de personas serán debidamente motivadas y fundamentadas en pruebas licitas, legalmente aportadas al proceso, regulares y oportunamente allegadas y admisibles ante tribunales de justicia”.
Así mismo, el Artículo 28 de la Ley Estatutaria establece expresamente el deber del Estado de garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición por medios razonables, tanto en relación con los crímenes contra la Unión Patriótica como en relación con los mal denominados “Falsos Positivos”, “ejecuciones extrajudiciales, homicidios en personas protegidas, interceptaciones ilegales, desaparición forzada y creación, promoción, apoyo, tolerancia de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo”.
En cuanto a los militares implicados en estos crímenes y sometidos a la Justicia, se cuentan 2.029.
Con base en el Acuerdo de Paz, mientras iniciaba la JEP, los miembros de la Fuerza Pública podían solicitar su libertad ante jueces ordinarios, en caso de haber cumplido cinco años de condena, o pasar de una cárcel a una unidad militar. Para ello, debían firmar un acta de sometimiento a la justicia para la paz, refrendando su compromiso de cumplir con la verdad y reparación a las víctimas. Seguidamente, para mantener el beneficio de libertad debían presentarse ante la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP y establecer el régimen de condicionalidad mediante el cual se comprometen a garantizar la verdad, la reparación y la no repetición.
Como señala El Tiempo (junio 16 de 2019), si los militares implicados no se ajustan al régimen de condicionalidad puede haber dificultades, ya que el beneficio de libertad trae como contrapartida su presentación ante la JEP. De no ajustarse el régimen de condicionalidad que esto conlleva, según concepto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, el país queda en la mira de la Corte Penal Internacional-CPI, tribunal que tiene abierto el expediente preliminar contra Colombia desde 2004, por falta de resultados en la investigación, juzgamiento y sanción efectiva de los máximos responsables de delitos atroces cometidos durante el conflicto. A la fecha, 1.615 militares y policías que obtuvieron beneficios con base en el Acuerdo de Paz no se han reportado.
En el capítulo especial sobre los denominados “Falsos Positivos” el 99% de los militares y policías que firmaron actas de sometimiento a la JEP están procesados por asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate o por desapariciones forzadas.
Por el momento, la Sala de Definición de situaciones Jurídicas de la JEP confía en encontrar mecanismos para coordinar con el Ministerio de Defensa para ubicar a los mencionados 1.615 militares y policías. A la fecha, se desconoce quiénes de aquellos miembros de la fuerza Pública beneficiados por la justicia ordinaria con la libertad se han fugado. Se tienen reportes de cinco casos de personas que al quedar libres se convirtieron en habitantes de calle, por lo que las familias han solicitado a las unidades militares que los reciban. Para encontrar a los 1.615 militares y policías que no se han reportado, se plantea realizar jornadas de convocatoria en diferentes ciudades para ilustrar a los implicados en qué consiste el régimen de condicionalidad y su proceso de implementación.
De allí la importancia de comprender el sentido de la justicia transicional y restaurativa y someterse a su régimen de condicionalidad como construcción que se opera entre lo que plantea el compareciente y lo que observan las víctimas sujeto de reparación. Es decir, no solo es cuestión de firmas. Se debe contar con la participación activa de las víctimas y de la Procuraduría, que puede hacer observaciones.
Desde el Ministerio de Defensa se aduce que su papel inicial fue recoger los listados de los miembros de la fuerza pública que podían tener algún beneficio y enviarlos a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, instancia que comenzó a funcionar antes que las diversas salas y secciones. Así mismo, se plantea que las listas fueron remitidas a los diferentes juzgados encargados de llevar los diversos procesos para que estos decidieran si se les concedían los beneficios solicitados. Se insiste, también, que el papel actual del Ministerio se circunscribe a contar con el listado y ubicación de los miembros que obtuvieron la libertad o algún otro beneficio. En algunos casos, se aduce que la no presentación obedece a que todavía no han sido llamados desde la JEP. Actualmente, dado el alto número de comparecientes, la Sala de Situaciones Jurídicas se está encargando de otorgar los beneficios, ahora sí con plan de reparación, que antes la Secretaría Ejecutiva de la JEP no pedía.
Cuando los militares y policías sometidos a la JEP tienen ajustado su régimen de condicionalidad, pasan a otras salas para dar trámite a sus procesos judiciales. Si no existe condena previa, pasan a la Sala de Reconocimiento de la Verdad, instancia que acopia la información relacionada con el reconocimiento de la responsabilidad en los crímenes; allí está el caso 003, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Si los agentes ya tenían condenas en la justicia ordinaria, su proceso continúa en la Sección de Revisión de la JEP. El propósito es garantizar a las víctimas contar con la reparación con base en los ejes de verdad, garantía de no repetición y justicia. La contrapartida es garantizar la seguridad jurídica a los comparecientes para que, si cumplen con su régimen de condicionalidad, cuentan la verdad y no vuelven a cometer delitos, se les mantienen los beneficios.
El caso 003 de la JEP, denominado ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, ya permite identificar 6 regiones y unidades militares implicadas en ‘falsos positivos’ en Cesar, Casanare, Antioquia, Meta, Huila y la región del Catatumbo.
A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha escuchado versiones de 91 presuntos responsables, mediante audiencias realizadas en Bogotá, Valledupar, Medellín, Bucaramanga y Yopal. Se tiene planteado realizar otras 81 diligencias de versión voluntaria en el segundo semestre de 2019. De otra parte, la JEP ha recibido 13 informes de organizaciones de víctimas y ha acreditado a 176 personas como víctimas de estos crímenes.
Relacionado con ello, como lo plantea Tavera (junio 1, 2019), el 27 de mayo pasado fue entregada a la JEP una investigación en la que se detalla el contexto, las modalidades y los responsables de 193 “ejecuciones ilegítimamente presentadas como bajas en combate” en tres subregiones de Antioquia: Magdalena Medio, el Oriente y Nordeste antioqueño; además del Sur de Bolívar y Sucre. Al respecto, se argumenta que éstas no fueron casos aislados, “ni producto del accionar de manzanas podridas” al interior de las Fuerzas Militares.
Como principal responsable se señala al coronel (r) del Ejército Nacional, Juan Carlos Barrera Jurado, quien ocupó varios cargos de mando en Antioquia. Primero, participó presuntamente en 65 casos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 97 víctimas. Luego, entre junio de 2006 y septiembre de 2007, desde el Estado Mayor de la Séptima División del Ejército, estuvo supuestamente involucrado en 81 casos. Y, entre finales de octubre de 2007 y octubre de 2008, desde el cargo de comandante de la Brigada XIV, presuntamente, participó en 47 casos que dejaron 57 víctimas.
Sin bien este exoficial ya se encuentra sometido a la JEP, por cuenta de una investigación que adelantó la Unidad Especial contra las Violaciones a las Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía 106, por los hechos ocurridos cuando fue comandante del Bajes, quienes presentaron el informe quieren que se investiguen más hechos que el tribunal no está considerando. Solicitan que se incluyan todos los crímenes presuntamente cometidos por Juan Carlos Barrera en las demás divisiones que integró y que se escale la responsabilidad a otros presuntos responsables, entre quienes están Luis Roberto Pico, Enrique González Peña y el General (r) Mario Montoya Uribe, como lo explica el abogado Óscar Pardo, integrante de la Corporación Humanidad Vigente.
En su concepto, la sistematicidad en la ocurrencia de estos crímenes, tiene al menos tres motivaciones: la doctrina del enemigo interno, las presiones gubernamentales por generar bajas y la política de ascensos al interior de las Fuerzas Militares. Desde este punto de vista, la formación militar contenida en los manuales de formación, se basa en la doctrina del enemigo interno, lo que genera estigmatización de la población al definirla como aliada o no del Ejército. En segundo lugar, el gobierno desde la Seguridad Democrática, como política de Estado empeñada en mostrar que la guerra se iba ganando, presionó a los militares para generar bajas. En tercer lugar, esto se reflejó en ascensos y beneficios para quienes siguieron este lineamiento.
Esta organización defensora de víctimas es consciente que la labor de la JEP se centra en patrones de acción y en modalidades sistemáticas de victimización; en ese sentido, plantea que, como el suyo, hay cientos de casos más. Con base en ello, pide a la JEP que esclarezca lo que sucedió.
Al respecto, desde la Sala de Reconocimiento de la JEP se plantea investigar la cadena de relaciones entre quienes dieron las órdenes, los que planearon las falsas operaciones para ejecutar a miles de personas indefensas; los que recogieron la información, los reclutadores de las víctimas, los falsificadores de documentos oficiales para reportar muertes en combate, los que entrenaron a los soldados para dar sus versiones amañadas en la Justicia Penal Militar y, finalmente, los inventores de esta práctica de asesinar civiles para presentarlos como bajas en combate.
Así mismo, Fernando Valencia, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, señala que, dado el escenario de guerra, al inicio era muy difícil acceder a las denuncias de los campesinos, porque éstos no iban a la ciudad. Cita el caso del Oriente antioqueño donde había siete batallones, cuatro frentes guerrilleros, dos bloques paramilitares y dos unidades aéreas. Para obtener la información, los abogados debieron meterse en las veredas. Plantea, que un cúmulo de factores hicieron posible las ejecuciones fuera de combate: además de los militares, otras instituciones municipales facilitaron la presentación de cuerpos de civiles como subversivos muertos en combate. La presión de los grupos armados condicionaba el ejercicio. Los inspectores municipales que hacían el levantamiento de cadáveres, podían no hacerlo de manera rigurosa cuando tenían el batallón al lado. Hubo cierto menosprecio por la forma en que se trataba el cadáver, a partir del supuesto de que era un positivo válido, lo que relajó los protocolos.
Este informe, ya forma parte del proceso de la JEP; pasa a estudio de la Sala de Reconocimiento para establecer si hay información suficiente como para llamar a declarar a Luis Roberto Pico, Enrique González Peña y Mario Montoya Uribe, mandos superiores de Barrera Jurado. Así mismo, se busca establecer si las responsabilidades escalaron a un nivel mayor.
Por otra parte, militares del batallón la Popa de Valledupar rindieron versión libre en la Jurisdicción Especial para la Paz; allí revelaron cómo se desarrolló la práctica de asesinato de civiles fuera de combate. Según sus testimonios, estas prácticas eran conocidas por la cadena de mando de la época. El programa Revelados, presentado por el periodista Julián Martínez, que se transmite en Youtube, presenta estos testimonios. Ver Confidencial Colombia (junio 16, 2019) o https://www.youtube.com/watch?v=QGHdC5_0gH4.
El Teniente Coronel Heber Hernán Gómez Naranjo sometido a la JEP, revela en versión reservada pero libre el 30 de noviembre de 2018, lo que ya había declarado en la justicia ordinaria: que las operaciones desarrolladas en ese batallón carecían de cadena de custodia; no había recolección de pruebas ni había facultades de policía judicial para hacer levantamiento de cadáveres y trasladar los cuerpos a la morgue. Estas eran directrices que permitían recoger cuerpos de personas asesinadas por las AUC para ser presentadas como bajas de guerrilleros en combate. Al respecto, indica que el Teniente Coronel Julio Hernán Mejía Gutiérrez había realizado este pacto con los paramilitares de Jorge 40, entre los años 2001 y 2003, lo que se había convertido en directriz. El puente de comunicación entre Jorge 40 y el Teniente Coronel Mejía, según esta declaración, era Daniel Hernández Rojas (alias 39), un exmilitar que pasó a las filas del Bloque Norte de las AUC. Desde dicha coordinación emanaban las órdenes de operación y la inteligencia, lógicamente con posterioridad a los hechos sucedidos.
Mejía Gutiérrez fue condenado por la justicia ordinaria en 2013 a 19 años de prisión por esta asociación con el paramilitarismo. Fue capturado en 2008 como responsable de la muerte de 18 civiles en octubre de 2002, quienes fueron presentados como guerrilleros del ELN. Aunque se sometió a la JEP, afirma que lo hace para limpiar su nombre. Para ello, escribió un libro denominado “Me niego a Arrodillarme”. Como lo plantea Akerman (junio 9, 2019) el libro trae prólogo de Plinio Apuleyo Mendoza y fue presentado en la Feria Internacional del Libro del 2016, en un evento con participación del general Camilo Zúñiga, excomandante de las Fuerzas Militares; José Félix Lafaurie, Presidente de Fedegán; María Fernanda Cabal, entonces representante a la Cámara y la senadora Paola Holguín. Es de anotar la gran afinidad de Mejía Gutiérrez con el Centro Democrático y el aprecio que le depara el expresidente Uribe, quien lo felicita por “su entereza”.
Por su parte el Coronel Gabriel Rincón como muestra Noticias Caracol (junio 11, 2019), aseguró en versión libre ante los magistrados Catalina Díaz y Óscar Parra de la JEP que el general Mario Montoya se inventó un ‘top 10’ de Unidades con más bajas. Explicó cómo operó la brigada móvil 15 de la Segunda División del Ejército con asiento en Santander. Relató que sus superiores, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, patrocinaron esto con conocimiento del comandante de la segunda división, general José Joaquín Cortés Franco, retirado en octubre de 2008 tras la purga realizada por el gobierno Uribe al Ejército, a partir del escándalo generado.
Afirma que el batallón de contraguerrillas 98, con la Compañía Esparta 1 y la Esparta 2 fue la unidad que más presentó muertes ilegales sobre el sector de El Carmen. Sus integrantes fueron quienes entraron en más confianza con el comandante de la brigada para decir: ‘yo hago esas muertes extrajudiciales’. Para garantizar “no molestar” al comandante y de la brigada y “dar ese viso hacia arriba de que sí se estaba desarrollando unas operaciones legales, y no era así”, dice el coronel Rincón. El Coronel Gabriel Rincón purgó nueve años en prisión por estos hechos y salió en libertad en septiembre pasado tras someterse a la JEP; en su versión, explicó que su rol en esa cadena criminal fue legalizar los muertos y no el de ejecutar los asesinatos.
Según su testimonio, todos los días se hacían programas de radio con el comandante de la división o del Ejército con la finalidad de reportar bajas. Afirma que “esto era lo que consideraba la noticia relevante y lo demás no le servía para nada”. Si un batallón no daba resultado, en menos de treinta días, al comandante lo daban de baja. Una brigada móvil no podía pasar más de una semana. En su versión declara que el General Montoya solo necesitaba reporte de muertos en combate y “litros” de sangre. Destaca que los miles de ejecuciones de civiles fueron cometidos con la finalidad de garantizar ascensos, permisos o condecoraciones de los militares. Esto se convirtió al parecer, en la única manera de sobrevivir en el Ejército. Sin muertos, los oficiales iban a la baja.
Por su parte, el exjefe del Gaula del Casanare, Mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte declaró ante la JEP una cronología de ejecuciones de civiles presentadas como muertes en combate, que conoció y aprobó con el objeto de mostrar resultados al alto mando militar. Esta actuación la sustenta como medio de supervivencia en la fuerza y medio de salvar la propia vida. Señala que el General Montoya era un superior muy arbitrario, lo denomina como “lo peor que le pasó al Ejército”, al ser un militar que no pensaba y dar siempre órdenes arbitrarias. Su testimonio ante los magistrados de la JEP Óscar Parra y Catalina Díaz, realizado el pasado 7 de diciembre, dura más de seis horas y hace referencia a cerca de 80 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por sus hombres mientras ofició como jefe del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007. Por este motivo, pasó 11 años y 28 días preso; recobró su libertad en noviembre de 2018 tras someterse a la JEP.
Según su declaración, las cuotas de muertos se imponían desde lo más alto de la pirámide del Ejército e iban descendiendo hasta los soldados. Señala, así mismo, que en Casanare realizó muchas operaciones ilegales con el DAS de la época; que los altos funcionarios de este organismo de inteligencia parecían entrenados en simulación de combates y lo instruyeron para que siempre se llevaran armas a los lugares del asesinato y se les plantaran a los civiles ejecutados.
Entre los oficiales más implicados en sus revelaciones se refiere al general Henry William Torres Escalante, detenido y acusado por la Fiscalía por las muertes de Daniel Torres y su hijo Roque, cometidas en 2007 por miembros de la Brigada 16 que los hicieron pasar por supuestos milicianos del ELN. Según la información, Roque Torres había denunciado los “falsos positivos” de esa brigada, siete meses antes de su asesinato. Actualmente, Torres Escalante también se ha sometido a la JEP. No obstante, la declaración del mayor Soto Bracamonte lo complica judicialmente; al respecto, según la información el declarante entregó detalles, documentos y órdenes de operaciones falsas para justificar esas muertes ocurridas entre 2006 y 2007.
Finalmente, la JEP analiza las filtraciones de testimonios de casos de falsos positivos. En medio del foro Una justicia sólida para Colombia, realizado en la Universidad del Rosario, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, se refirió a las filtraciones de testimonios que ha recibido la Sala de Reconocimiento de forma reservada en que se habla sobre los casos de “falsos positivos”. Manifestó su preocupación por esas filtraciones, dado que pueden afectar la seguridad de los mismos procesos, de las víctimas, de los comparecientes y de los propios funcionarios de la Jurisdicción”.
Actualmente, La JEP, analiza la situación de estas filtraciones, porque tienen implicaciones penales ya que ponen en riesgo a los más de 1.750 comparecientes y a las más de 2.248 víctimas que tiene el caso 003 conocido como “Falsos Positivos”.
Fuentes.
- AKERMAN, Yohir. Más sobre el coronel Mejía. El Espectador. Junio 9 de 2019.
Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/mas-sobre-el-coronel-mejia-columna-864980
- La JEP analiza las filtraciones de testimonios de casos de falsos positivos. Junio 14 de 2019.
Disponible en: https://caracol.com.co/radio/2019/06/14/judicial/1560531090_640727.html
- Confidencial Colombia. Militares del Batallón la Popa le cuentan a la JEP cómo se hacían “falsos positivos”. Junio 15 de 2019.
- Noticias Caracol. “Falsos positivos eran la única forma de sobrevivir en el Ejército”: militar en testimonio a la JEP. 13 de junio de 2019.
- Disponible en: https://noticias.caracoltv.com/colombia/falsos-positivos-eran-la-unica-forma-de-sobrevivir-en-el-ejercito-militar-en-testimonio-la-jep
- Redacción Judicial. El Espectador. 13 de junio de 2019.
- https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/montoya-fue-lo-peor-que-le-paso-al-ejercito-exjefe-del-gaula-casanare-articulo-865817Redacción Paz. Periódico El Tiempo. 16 de junio 2019. Bogotá.
Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/jep-busca-a-militares-y-policias-beneficiados-por-la-paz-sin-reportarse-376102
- TAVERA, Esteban. Nuevo informe sobre “falsos positivos”, en manos de la JEP. Hacemos Memoria. Junio 01 de 2019.
Disponible en: http://hacemosmemoria.org/2019/06/01/falsos-positivos-jep/
Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
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