Este nudo gordiano, de marca mayor, contrasta con su contracara: la no menos grave situación jurídica, de acusación por parte de la Fiscalía (de concierto para delinquir, violencia contra servidores públicos, instigación a delinquir con fines de terrorismo lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas y perturbación en medio del transporte colectivo, público u oficial), a la que están abocados los jóvenes que han participado en condición de comunicadores o de integrantes de brigadas de salud o de derechos humanos o, en condición de transeúntes, o se han visto envueltos en las protestas sociales realizadas en el marco del Paro Nacional.
Durante la semana que transcurre continúan las capturas y procesos judiciales en varias ciudades, en contra de presuntos integrantes de las Primeras Líneas de las movilizaciones realizadas. En Bogotá, actualmente, se encuentran con detención domiciliaria cinco jóvenes cuya labor ha sido el reporte en campo de las protestas realizadas en la Localidad de Suba. Otros 13 jóvenes han sido capturados en la Localidad de Engativá. También, en Popayán se ha realizado la detención de Jhonathan Andrés Ramírez, señalado de ser articulador de la Primer Línea en los departamentos de Cauca y Valle y a quien sindican del secuestro simple agravado, tortura agravada, homicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado y daño en bien ajeno agravado al sindicársele de ser partícipe de un bloqueo en Bugalagrande donde fueron retenidos tres integrantes de la Dijin de la Policía Nacional.
Valga recordar que. a mediados del mes de julio, fueron capturadas 12 personas sindicadas de ser parte de la Primera Línea en Buga, Cúcuta, Medellín, Palmira, Neiva, Pasto, Soacha y Villavicencio y bajo la acusación de vandalismo.
También que, a finales de junio, siete jóvenes acusados de terrorismo fueron liberados por la Juez Promiscua de Buenavista, Quindío, al establecer que el material probatorio presentado por la Fiscalía era insuficiente para mantenerlos presos. Aunque siguieron vinculados a la investigación debieron ser dejados en libertad al considerar que el material probatorio presentado por la Fiscalía era insuficiente. Este ente acusador les endilgaba actos de terrorismo y vandalismo en los municipios de Armenia, Calarcá y Filandia. Como informa Sepúlveda (1) los jóvenes fueron apoyados por el colectivo de abogados voluntarios denominado Primera Línea Jurídica, organizado para defender a los manifestantes detenidos en el marco de las protestas. Al respecto, Felipe Robledo, uno de los abogados del colectivo informó que a los jóvenes les habrían interceptado sus líneas telefónicas y fueron presentados fragmentos de conversaciones para dar la impresión de atentar contra personas y bienes públicos y pretender vincularlos a grupos inexistentes. A los procesados se les hizo seguimiento en campo, se presentaron testimonios, entrevistas, interceptación de comunicaciones, monitoreo a través de redes sociales, medios de comunicación y reconocimiento fotográfico. De hecho, la Fiscalía creó una línea investigativa para determinar qué personas o grupos financian a la Primera Línea.
Los orígenes de la primera línea y su papel en las movilizaciones. Como bien lo presenta Diners (12, 2019) la Primera Línea nació como un grupo ciudadano organizado para proteger a quienes marchan en protesta frente a la injusticia, el feminicidio, la desigualdad, la violencia, la falta de oportunidades y demás puntos del pliego de peticiones, inicialmente planteado por parte del Comité de Paro Nacional. Su dotación, únicamente, consiste en escudos, jeans, sacos, guantes, cascos, medicinas, gafas industriales y máscaras antigases. Su labor de protección se refiere al control y detección pacífica de infiltrados en las marchas, la dispersión de gases y las armas del ESMAD. En la filosofía de su Manifiesto se plantea que existen para defender al manifestante; no están para provocar a la policía o buscar problemas. En su mayoría, son personas jóvenes, hombres y mujeres. Su propósito es civil y su atención está concentrada en intervenir cuando el ESMAD procede a dispersar las movilizaciones por la fuerza; lo hacen mitigando el impacto de los gases y procuran que la gente pueda evacuar los lugares con calma. Su filosofía se apoya en las enseñanzas de la Guardia Indígena y aprende los mecanismos de comunicación con radios; en caso de detectar infiltrados, se los entregan a la policía.
El aprendizaje de actuación de la Primera Línea viene de experiencias de las movilizaciones en Chile y su creación de anillos de seguridad, lo que ha permitido mantener alejados a los agentes policiales con respecto a la multitud, con el fin de garantizar tranquilidad y evitar el pánico en la dispersión organizada de los manifestantes. Existe la experiencia más sofisticada de Hong Kong, que no se aplica plenamente en Colombia, con uso de lasers para neutralizar los drones con que se intenta individualizar manifestantes, por parte de la policía, la improvisación de barricadas y torres de vigilancia.
En general, en el país, sin negar las complejidades de la precariedad y el incipiente desarrollo de la cultura de la solidaridad, en una sociedad patriarcal y violenta, todo se pretende en el marco del derecho al ejercicio de la protesta pacífica, su no persecución ni estigmatización.
Durante el Paro Nacional de 2021, las Primeras Líneas se extendieron por las diversas ciudades del país de manera, predominantemente, espontánea; sin un libreto. Su dinámica, en medio de la pandemia, llegó a los barrios populares, al espacio público a los nodos del transporte, a los parques para acompañar las expresiones sociales de protesta; se instalaron ollas comunitarias para alimentar a las personas en condición de precariedad, se concentraron en actividades culturales y ocurrieron las interrupciones viales, o bloqueos, que recibieron la respuesta violenta de la fuerza policial, en medio de la Asistencia Militar definida por el gobierno para unos departamentos, aunque implantada de facto allí donde fuera considerado necesario. El flujo de comunicación e información a través de las redes sociales estuvo muy dinámico desde todos los sitios de protesta, gracias a la comunicación por celular. Al tiempo, operaron las brigadas de salud y los organismos de derechos humanos, así como la primera línea jurídica para los casos de detenciones.
Un ejemplo de estas dinámicas, como afirma Vargas (3) se muestra en el caso de una marcha en el Portal de la Resistencia en Bogotá, antes denominado Portal de las Américas en la Localidad de Kennedy: la Primera Línea encabezó las manifestaciones y, en caso de represión, protegió a quienes vinieran atrás. Para eso, se dotaron de los cascos, las gafas de plástico, las máscaras antigases, la ropa oscura, los escudos artesanales y la botella de agua para hidratación.
A pesar de estos mecanismos de protección las estadísticas muestran las afectaciones oculares provocadas por disparos deliberadamente dirigidos por los miembros del ESMAD, las heridas de bala provocadas por agentes policiales o civiles implicados en actuaciones conjuntas con ellos y sin ninguna evidencia de proceso judicial, como el caso de Ciudad Jardín en Cali en el ataque a la Minga Indígena o los ataques realizados en Siloé y Puerto Resistencia.
Los falsos positivos judiciales. Como en los casos anteriores de Quindío, la Fiscalía hace imputaciones similares a jóvenes a quienes acusa de pertenecer a la Primera Línea y de haber cometido delitos relacionados con terrorismo.
A los jóvenes de Suba, se les acusa de la incineración de un bus del Sistema Integrado de Transporte, incidente ocurrido en el Humedal Tibabuyes durante una operación de desalojo por parte de la policía y el ESMAD contra un campamento de la comunidad que protestaba por obras de la Empresa de Acueducto al interior del Humedal. Sin embargo, los jóvenes imputados fueron quienes filmaron y reportaron la quema del bus y mostraron cómo los agentes del ESMAD estuvieron solos dentro del vehículo, antes del incendio. La comunidad corrobora la versión de los jóvenes, lo que exige contrastar dichas versiones con la trazabilidad de los videos disponibles para corroborar la consistencia de las versiones y desechar la estigmatización que, a través de los medios amplifica las versiones de las autoridades policiales, criminalizando de paso el papel comunicacional de los jóvenes.
En tal sentido, la asamblea de Suba Oriental (4) rechazó las detenciones arbitrarias, denunció la estigmatización de la vida juvenil y alertó frente a posibles nuevos casos de falsos positivos judiciales; por esto, las comunidades siguen movilizándose en los barrios por la garantía de derechos de todas las personas.
Del mismo modo, en el caso de los jóvenes detenidos en Engativá el abogado defensor plantea que el actuar de uno de los jóvenes detenidos consistió en grabar con su celular, al lado de la policía, los hechos e hizo una narración en vivo de lo que estaba sucediendo. De haber sido autor de algún hecho violento hubiera sido capturado en flagrancia, lo cual no sucedió. De otro lado, la defensa de los jóvenes argumenta que las acciones violentas son cometidas por personas encapuchadas, lo que hace muy difícil esclarecer la identidad. Del mismo modo, lo que muestran los noticieros son imágenes y grabaciones recortadas en las cuales se apoyan los comandantes policiales para endilgar la culpabilidad de delitos a los detenidos; así mismo, se apoyan en versiones de personas supuestamente, infiltradas en los grupos conformados. Por el lenguaje utilizado, la fragilidad de las pruebas y la carencia de argumentación dese enfoques de policía técnica judicial, todo termina reducido a una labor de uso propagandístico de los medios, en favor de posicionar la versión policial, a lo cual le hacen el juego en la ciudad la secretaría de Gobierno y, especialmente, el Secretario de Seguridad Distrital.
En tal sentido, urge la necesidad del debido proceso; de superar la estigmatización que evidencia la finalidad concreta de desacreditar, erosionar el respaldo social e intimidar a los jóvenes para que se abstengan de continuar participando en las jornadas de protesta.
Los incumplimientos de las recomendaciones de la CIDH. Desde la Oficina para Asuntos Latinoamericanos-WOLA-, como muestra Infobae (5) se hizo un resumen sobre el estado de incumplimiento de las recomendaciones hechas al gobierno colombiano, por los abusos cometidos en el marco del paro nacional. Dicha audiencia fue solicitada por más de 25 organizaciones que denunciaron el incumplimiento estatal. Como se recordará, pese a su máquina de propaganda internacional, el Estado colombiano se opuso al mecanismo de seguimiento.
Entre los hechos sistemáticos que se mantienen, se destaca:
- El Estado colombiano continúa estigmatizando y procesando a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, con posterioridad a la visita de la comisión de la CIDH, en los meses de agosto, septiembre y octubre.
- La acción violenta del ESMAD continúa. Entre el 28 de abril y el 28 de septiembre se registraron 7.394 violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de violencia de género, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidios, como lo reporta la Campaña Defender la Libertad.
- Las entidades del Estado no aplican los enfoques étnicos y de género efectivos para monitorear los abusos cometidos por el Estado.
- En el departamento del Cauca se registraron más de 20 asesinatos entre el 16 y 17 de octubre, el fin de semana más violento de 2021. El 19 de octubre, miembros del ELN asesinaron a un líder comunitario y miembro de la Guardia Cimarrona en San Juan-Chocó.
WOLA concluye que todos estos elementos de violencia retrasan la justicia para las víctimas que dejó el paro nacional.
El juego de los organismos de control para que nada cambie. Por su parte, la Procuradora General de la Nación (6) reconoce que hubo excesos de la fuerza pública en el paro nacional. Afirma que se ha abierto pliego de cargos por el caso de la joven Alison de Popayán, dado el caso de abuso sexual que la llevó al suicidio y que están abiertas cerca de 200 investigaciones. Que llevan 86 indagaciones, de las cuales tres están en pliego de cargos, 94 procesos disciplinarios activos de los cuales 25 casos son de Cali. La Procuradora afirma que están investigando el caso de los policías que omitieron sus funciones cuando civiles dispararon a su lado. Sin embargo, hasta ahora, no se evidencian resultados. Como se puede ver, cuando hay una aproximación a los hechos verificables relacionados con sanciones a miembros del Estado y de las instituciones, incriminados en violación de derechos humanos, todo se diluye y se queda en promesas.
Al respecto, la Comisión de Seguimiento de los Casos del 9 y 10 de septiembre de 2020 (7), relacionados con la muerte de ciudadanos en Bogotá y Soacha a raíz de las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de un grupo de policías del CAI de Villa Luz, encontró que solamente hay tres personas en juicios, de las cuales dos se encuentran en indagación en lo relacionado con 75 personas heridas con armas de fuego. Denunció, así mismo, que se desconoce la responsabilidad de la cadena de mando. Los policías imputados no han sido retirados y siguen trabajando. Incluso, han recibido felicitaciones con posterioridad a las muertes y heridas provocadas. Así mismo, las familias de personas asesinadas han sido re victimizadas y perseguidas en sus barrios.
Un genuino enfoque de derechos humanos pasa por el reconocimiento del papel pacífico del comunicador popular al lado de la protesta pacífica y la garantía del ejercicio al derecho de movilización. Sin embargo, la Comisión Segunda del Senado hundió en el día 10 de noviembre la propuesta de reforma a la institución policial y el desmonte del ESMAD, planteada por la oposición, como parte de los hechos históricos que sirven de contexto a la dinámica de enjuiciamiento de los jóvenes, como método de escarnio público.
Queda el reto de fortalecer las opciones democráticas, a través del voto como mecanismo para cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. Esto es un desafío vital para el goce efectivo de derechos. Al respecto, reconforta el que, también en el día diez de noviembre, por vía judicial se haya impedido al Presidente Duque, antes que la Corte Constitucional se pronuncie, firmar y convertir en Ley de la República el mico que conduce al desmonte de la ley de garantías, con el que su partido y la coalición de ultraderecha pretendían ejercer el clientelismo en la muy presumible compra de votos para mantener sus mayorías.
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Sepúlveda Laura. Liberaron a 7 integrantes de la primera línea acusados de terrorismo. El Tiempo. Junio 29 de 2021. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/liberaron-a-siete-integrantes-de-la-primera-linea-acusados-de-terrorismo-599719
Revista Diners. ¿Qué es la Primera Línea y por qué es clave en las movilizaciones sociales? Diciembre de 2019. Recuperado de: https://revistadiners.com.co/tendencias/73907_que-es-la-primera-linea-y-por-que-han-sido-claves-en-las-movilizaciones-sociales/
Vargas Lina. Los jóvenes: la primera línea del Paro Nacional de Colombia. Gatopardo. Junio 3 de 2021. Recuperado de: https://gatopardo.com/noticias-actuales/los-jovenes-la-primera-linea-del-paro-nacional-de-colombia/
Asamblea de suba Oriental. #ColombiaCambiaraCuando noviembre 10 de 2021. Recuperado de: https://twitter.com/ASubaOriental/status/1458539856016166917
Colombia incumplió recomendaciones de la CIDH sobre paro nacional: WOLA. Noviembre 5 de 2021. Recuperado de: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/06/colombia-incumplio-recomendaciones-de-la-cidh-sobre-paro-nacional-wola/
Cabello Margarita. “En el paro hubo excesos de la Fuerza Pública”: procuradora Margarita Cabello. El Espectador. Noviembre 7 de 2021. Recuperado de: https://www.elespectador.com/judicial/en-el-paro-hubo-excesos-de-la-fuerza-publica-procuradora-margarita-cabello/
Redacción Bogotá. Policías imputados por casos durante protestas en Bogotá fueron felicitados. El Espectador. Noviembre 9 de 2021. Recuperado de: https://www.elespectador.com/bogota/policias-imputados-por-casos-durante-protestas-en-bogota-fueron-felicitados/
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: RCN Radio
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