Durante este año, entre la primera y la segunda versión de la ley, se han producido cambios importantes en el país. Por un lado, el gobierno se ha debilitado. Entre otras razones, porque insiste en golpear la paz. Y, además, porque el movimiento social se ha ido engrandeciendo
A pesar de estas dos realidades, el Ministro de Hacienda vuelve a presentar la reforma como si no hubiera pasado nada. El gobierno desconoce los hechos que son contundentes. Y tampoco acepta las recomendaciones de estudios recientes como la Comisión de Expertos[*] y la Comisión del Gasto[†].
Se podría examinar el proyecto de ley desde dos perspectivas. La primera es la financiación de la paz. Y la segunda es la exigencia de equidad inherente al movimiento social.
Financiación de la paz
La reforma tributaria no contribuye a financiar la paz. A regañadientes el gobierno mantiene los acuerdos de paz, pero no toma medidas claras para impulsarlos. Su poca simpatía con los acuerdos de La Habana, se expresa en un presupuesto restringido.
El gobierno pretende que la paz no tenga costos. Y no acepta que la consolidación del proceso necesita recursos. En Colombia la participación de los impuestos en el PIB es muy baja (15%), comparada, por ejemplo, con los países de la Ocde donde el porcentaje se acerca al 36%. Con el bajo nivel de tributación que se observa en Colombia, no es posible modernizar la agricultura, ni crear las condiciones adecuadas para consolidar la paz.
El vínculo entre recursos y paz, no se ha aceptado de manera explícita. Este camino ha sido desconocido por el gobierno. Las reformas tributarias – la anterior y la nueva – reducen los ingresos en lugar de aumentarlos. Los menores impuestos y las exenciones se han justificado afirmando que son incentivos temporales para que las empresas crezcan, generen empleo y aumenten la inversión. Y si esta dinámica se consolida, el aumento del ingreso se reflejaría en mayores impuestos, que logarían compensar la reducción inicial de las tarifas. En otras palabras, la reducción de impuestos de hoy se expresaría en un aumento futuro de la tributación.
Es tan contundente esta secuencia que varios gobiernos, comenzando por Trump y Bolsonaro, han logrado que este discurso tenga aceptación política, y gane elecciones. Este enfoque tiene ventajas evidentes para los electores porque la reducción de impuestos es atractiva. Y, máxime, cuando se dice que este tipo de decisión no tiene consecuencias fiscales porque en el mediano plazo los tributos volverán a subir.
En la realidad la causalidad menores impuestos, entonces más crecimiento y, luego, mayores impuestos, no ha funcionado. Y los países que han disminuido los tributos se han visto en la obligación de cerrar la brecha mediante crecimientos significativos de la deuda pública.
Los recursos necesarios para la consolidación de la paz no se van a obtener por la vía de menores impuestos y mayor crecimiento. Puesto que este camino no ha sido exitoso, es urgente aumentar la tributación con criterios de progresividad. Con la nueva reforma no se logra ni lo uno, ni lo otro.
Equidad y movimiento social
El movimiento social no expresa el deseo de igualdad de una manera directa, sino a través de diversas reivindicaciones. Cuando se busca mayor protección ambiental, mejores condiciones educativas, más y mejor salud, vías terciarias, créditos blandos, etc., se está pidiendo de manera implícita una reforma sustantiva de la tributación, de tal forma que los ingresos del Estado aumenten con criterios de equidad.
La reforma tributaria debería ser progresiva, de tal manera que la tarifa del impuesto a la renta vaya aumentando a medida que crece el ingreso. Un sistema tributario progresivo molesta a los ricos, que al tener capturados los gobiernos buscan diversos mecanismos para evitar la progresividad de los impuestos. La equidad obliga a castigar duro a los más ricos, que representan el 1% de la población y tienen el 20% del ingreso global.
El gobierno define la equidad como la combinación de legalidad más emprendimiento. Este enfoque supone que si se respetan las reglas de juego, y se avanza en el emprendimiento, se reduce la desigualdad. El gobierno también le da mucha importancia al mejoramiento de la equidad que puede resultar de una mejor focalización de los subsidios. Esta mirada desconoce el papel que juega la distribución de la riqueza en la reducción de la desigualdad. Y por esta razón ni siquiera menciona los resultados escandalosos del Censo Nacional Agropecuario del 2014. El Censo puso en evidencia la enorme concentración de la tierra, que presenta un coeficiente de Gini altísimo, de 0,93. El 70,8% de los productores están vinculados a fincas menores de 5 hectáreas, que ocupan el 3,1% del área censada. Mientras tanto, en las fincas de más de 1.000 has. se ubican el 0,2% de los productores, y ocupan el 59,5% del área. La concentración ha aumentado de manera significativa. En el censo agropecuario anterior, que fue en 1970, las fincas de más de 1.000 has. ocupaban el 30% del área. Esta participación aumentó a 59,5% en el 2014.
La nueva reforma tributaria no asume ninguno de estos problemas sustantivos, desconociendo el clamor de los movimientos sociales que, en el fondo, piden más equidad.
________________________________________________________________________________
Jorge Iván González
Foto tomada de: https://www.kienyke.com/
[*] COMISION DE EXPERTOS PARA LA EQUIDAD Y LA COMPETITIVIDAD TRIBUTARIA., 2015. Informe Final Presentado al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Hacienda, Fedesarrollo, Bogotá.
[†] COMISION DEL GASTO Y LA INVERSION PUBLICA., 2017. Informe Final de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, Comisión del Gasto y la Inversión Pública, Ministerio de Hacienda, Fedesarrollo, Bogotá.
Deja un comentario