La situación social del país es un monstruo mitológico que amenaza con devorarlo todo: el aumento de la sensación de inseguridad de la ciudadanía en las ciudades y campos, la desinstitucionalización y desnaturalización del funcionamiento del Estado, el permanente saqueo de las arcas públicas, la crítica situación fiscal y las pésimas decisiones de gestión del gobierno han llevado a una desmoralización colectiva y a una pérdida de confianza en cualquier acción que provenga del Estado y sus instituciones.
Frente a esta situación catastrófica el gobierno nacional, no tuvo mejor idea que proponer en el mes de marzo una Reforma Tributaria (a la que llamó Ley de Inversión Social) con la “ingeniosa” propuesta de aumentar los gravámenes a alimentos básicos como el huevo, lo cual desató una de las jornadas de protesta más largas e intensas de las que se tengan noticia en Colombia.
El gobierno Duque, experto en reformas tributarias (presentó un total de 4 proyectos, aprobó dos leyes y la tercera fue declarada inconstitucional por vicios graves de procedimiento) descubrió tarde que era totalmente un error cobrarle más impuestos a sectores de la sociedad que durante meses habían soportado encierros, desempleo y en muchos casos hambre, y que para la gente de a pie, poco importaban las promesas de ríos de miel y leche que se ofrecían bajo el formato de “ingreso Solidario” y extensión de los Programas de Apoyo Formal, que no llegaban a las pequeñas y medianas empresas, sino a los grandes oligopolios qué hay en todos los sectores de la economía.
Luego de las consabidas reflexiones, con un cambio en la cabeza del Ministerio de Hacienda, el nuevo ministro se dedicó a “ambientar y a discutir con el país” una nueva reforma, que indudablemente no podría recorrer los mismos caminos prohibidos por la movilización social. Entonces en lo que señalaron como un “acto de generosidad” de la clase empresarial, decidieron que serían ellos y no otros los que asumirían el costo de la crisis, llenos de bondad cristiana y sin apego a lo material, los grandes gremios financieros y de la producción ofrecieron sus abundantes capitales para aportar a la superación de la crisis.
Luego, descubrimos que tras la fachada de la “clase empresarial” estaban incluidos también los pequeños y medianos empresarios que fueron afectados brutalmente por la crisis de 2020 y que ellos también, los más quebrados y precarizados, aportarían con sus escasas riquezas al fisco. La reforma tributaria tiene poco más que eso: devolver las condiciones tarifarias en el impuesto de renta empresarial que estaban vigentes antes de 2020, nada más que eso.
A la par, el gobierno se inventó una serie de estímulos para “convencer a los evasores” de que pagar impuestos paga: beneficios de auditoria (con los cuales sus declaraciones quedan en firme a los 6 meses de presentadas, tiempo muy corto como para que la DIAN encuentre inconsistencias), impuestos de normalización tributaria (para invitar a quienes han evadido impuestos por años a que traigan sus capitales a cambio de perdón y olvido) y además una sustancial rebaja de intereses y sanciones, que para muchos contribuyentes se hacen necesarios debido a la brutalidad de la crisis en 2020.
Detrás de esas medidas de “amabilidad con los evasores” la ley de Inversión Social endureció las condiciones de liquidación de impuestos para el grueso de las contribuyentes, a. través de la implementación de la declaración de renta como factura del impuesto, con lo cual se convierte la declaración sugerida en título con mérito ejecutivo y el contribuyente deberá armarse de argumentos, contadores y abogados para protestar la declaración. Zanahoria para los evasores y garrote para los cumplidos.
El resto de la ley es una serie de lugares comunes en la gestión de la crisis económica: continuar con Ingreso Solidario (llevándolos 3 a 4,1 millones de hogares) ajustando el monto de las prestaciones. Aumentar la vigencia del PAEF haciendo que ahora si llegue, con prioridad a pequeñas y medianas empresas, una medida que se toma un poco de manera inoportuna luego de la perdida de más de 400 mil pequeñas y medianas empresas, el 97% de las cuales no recibieron ningún tipo de apoyo por parte del Estado, mientras las 3.500 empresas más grandes del país se llevaron el 49% de los recursos del PAEF durante 2020.
Destacable que se haya implementado matrícula cero, un programa que si bien aliviana en algo la situación de los estudiantes de las universidades públicas (casi todos de estratos 1 al 3), no resuelve el problema financiero de las universidades, y tampoco el problema de acceso a las mismas (1 de cada 10 aspirantes logra entrar a universidades públicas), y menos aún el conjunto de otros problemas financieros que enfrentan los estudiantes y sus familias que deben ser enfrentados con los escasos recursos de los programas de Bienestar de las instituciones, y adicional a ello la enorme diferencia entre la calidad ofertada en los grandes claustros universitarios públicos ubicados en las grandes ciudades y los que se encuentran en las regiones.
Y para finalizar: una renovación de la regla fiscal que de manera absurdamente anti técnica propone anclar la política fiscal a un techo en el nivel deuda/PIB, como si con ello garantizaran condiciones más favorables para el pago de la deuda, se redujera el servicio de la misma, y se liberara espacio fiscal para el cumplimento de las obligaciones sociales que tiene el gobierno nacional.
En resumidas cuentas, la ley de inversión social tiene más nombre que logros: no se atreve a moverse en el camino de una redistribución de la riqueza en un momento en que la crisis del COVID profundizó todas las desigualdades existentes, no propuso medidas estructurales para corregir la senda de recaudación del gobierno nacional, y menos aún programas ambiciosos de reactivación económica y de creación de políticas agresivas de promoción del empleo, aunque en este sentido el subsidio del empleo juvenil y femenino, pueden estar marcando el inicio de programas ambiciosos de empleo público de emergencia.
Al final, 4 años perdidos Para un gobierno que prometió menos impuestos y más salarios y que en lo segundo no ha cumplido un ápice y en lo primero, apenas con rebajarles los impuestos a los poderosos grupos de poder que tienen secuestrada desde hace décadas la política tributaria.
Jairo Bautista, Veeduría ciudadana por la equidad fiscal
Foto tomada de: Atalayar
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