Según los diferentes analistas que opinan en algunos de los medios de comunicación escritos y no escritos y en noticieros nacionales, el directo causante de estas malas noticias macroeconómicas ha sido el gobierno nacional presidido por el Presidente Gustavo Petro, pues las declaraciones de algunos de sus funcionarios han sido desacertadas o por que las propuestas políticas y las reforma presentadas al parlamento, implican profundos cambios en las prácticas políticas tradicionales, afectando a diferentes sectores de altos ingresos y del gran capital, que supuestamente reaccionarán abandonado las actividades económicas en el país y relocalizando la inversión extranjera en otras latitudes.
Estas opiniones pueden explicar comportamientos de corto plazo para algunos de los actores económicos, pero no logran identificar las razones de largo plazo que son el fin último y fundamental que dilucidan los malos guarismos de los indicadores macroeconómicos, púes ellos, básicamente, reflejan situaciones del mediano y largo plazo y no situaciones coyunturales. Es decir, aunque en el corto plazo las decisiones gubernamentales afectan la situación macroeconómica del país, son otras decisiones tomadas con anterioridad las que realmente explican la situación actual de los indicadores que afectan la actividad económica y la están condicionando en el futuro próximo.
Un tema de recurrente discusión ha sido el acelerado cambio en el indicador del nivel de precios que se traduce en la medición de inflación que afecta a la totalidad de los actores económicos, pero que golpea con mayor intensidad a los sectores de menor ingreso y con especial fuerza a los asalariados, que se ha puesto en evidencia en las recientes negociaciones sobre el salario mínimo. Los analistas registran las estadísticas, evalúan sus efectos, pero callan sus orígenes, pues él se encuentra en decisiones tomadas en el pasado y que ahora estamos asumiendo.
Sin discusión pública alguna, en el anterior gobierno de Iván Duque, hubo una emisión de dinero sin respaldo en la actividad económica por cerca de 61 billones de pesos, que entraron al torrente económico, con el objeto de paliar los efectos de la pandemia, que se canalizaron a través del sector financiero, lo que generó utilidades a dicho sector e incremento el consumo, en un momento donde se presentó una caída en la actividad económica, lo cual, como enseña la teoría monetaria y macroeconomía elemental, se traduce en elevación constante de precios en el mediano y largo plazo, pues al existir más dinero en circulación y menos bienes y servicios en el mercado, ello se expresa en la elevación de precios que hoy soportamos y que no es el producto de las decisiones del actual gobierno sino el resultado de la imprevisión macroeconómica del anterior gobierno. No son las políticas del actual gobierno los que generan la inflación, sino el exceso de moneda en circulación que forjó el anterior gobierno, lo que hace que el nivel general de precios crezca y afecte la totalidad de la actividad económica en el país, y genere las expectativas especulativas de que se han venido registrando en la economía.
Otro tema recurrente ha sido el acelerado crecimiento del precio del dólar y de la devaluación, lo que ha llevado a tener una tasa de cambio que ha rozado en varias ocasiones el techo de los $5.000 pesos por dólar, con los muy negativos efectos que esta situación tiene para el país y, en especial, para los bienes importados, en un momento en el que el país ha perdido su soberanía alimentaria y su dinámica económica interna, como producto de la excesiva dependencia de la economía extractivista y de la reducción de la actividad industrial, agroindustrial y agropecuaria en el país.
La explicación más presentada ha sido que el dólar creció como efecto de declaraciones infortunadas de la ministra de minas, que en algo deben haber afectado, pero que fueron rápidamente aclaradas por el ministro de hacienda y por las decisiones presidenciales sobre el tema. Asumir que unas declaraciones tienen esos efectos, es querer desviar la atención sobre los verdaderos orígenes de esta situación, que se encuentra en eventos económicos del pasado reciente.
Una situación que ha pasado sin discusión ha sido la pérdida en la calificación del grado de inversión que tuvo el país en 2021, donde las calificadoras de riesgo bajaron la calificación del país, por dos razones que no han sido superadas: por el incremento del déficit fiscal que hoy es mayor al 7% y de una deuda pública de más del 62%, ambas herencias del manejo macroeconómico del anterior gobierno. El resultado inicial de tal situación es la subida de las tasas de interés para la deuda nacional, lo que implica mayores esfuerzos de todos para su pago; el segundo efecto es la reducción del flujo de recursos para inversión y/o deuda por parte de inversores internacionales, que hace que se produzca una elevación permanente y continuo del precio del dólar, lo que explica las tendencias de devaluación que hoy soportamos. Nuevamente, no son las decisiones actuales las que afectan las condiciones macroeconómicas, sino las tomadas en el pasado, que aún hoy soportamos como el déficit fiscal y la deuda externa, las que están definiendo el comportamiento de la divisa norteamericana en nuestro país.
Pero aún más, este proceso de pérdida del grado de inversión, solo se supera si resolvemos y/o reducimos de manera sensible el déficit fiscal y ello sólo se logra con mayores ingresos fiscales, lo cual justifica plenamente la reciente reforma fiscal. La pregunta es si los nuevos recursos fiscales deben ser aportados por los que obtienen mayores ingresos, con base en impuestos progresivos, donde el que tiene más paga más, o si debe ser aportado por las clases medias y los trabajadores, a través de impuestos regresivos, como los que pretendía el exministro Carrasquilla. La decisión aprobada por el actual congreso, es que el déficit fiscal y las nuevas inversiones sociales, se deben pagar con impuestos progresivos que contribuyan con la reducción de la desigualdad social y económica existente en el país y así establecer las condiciones para recuperar la confianza de los mercados internacionales y recuperar el grado de inversión, que solo se logrará en el mediano plazo.
Un tema íntimamente vinculado con la necesidad de obtener nuevos recursos fiscales ha sido las decisiones sobre el manejo de las regalías en el país. La explicación entregada por los analistas de los medios de comunicación, señalan que éstas disminuirán como efecto de las políticas energéticas implementadas por el gobierno nacional y ello afectará la salud financiera de la nación y las regiones. Pese a esos reclamos, se debe señalar que, dados los precios internacionales del petróleo, el carbón, el gas y el oro y pese a la necesaria iniciación del cambio de matriz energética que debe darse en el país, el próximo año no se verán afectadas las regalías y, por el contario, de contar con un manejo cuidadoso de las mismas, éstas deberán contribuir a superar el déficit fiscal heredado del gobierno Duque y apoyar la búsqueda de recuperar el grado de inversión para el país, condición que se ha vuelto indispensable para resolver el manejo del precio del dólar en el país.
Como bien lo señala M. Keynes, el manejo de la tasa de interés interna es una variable básica del manejo macroeconómico de una nación. La impresionante subida de la tasa que se ha realizado en el último año por parte de la Junta del Banco de la Republica, que ha subido en más de 1.000% la tasa en estos últimos 12 meses, buscando contener el consumo y así inducir una restricción en los precios, no solo es inadecuada, pues no identifica la fuente de la inflación como se identificó anteriormente, sino además es un aliciente para la elevación del desempleo, pues impide que se puedan realizar nuevas inversiones como producto del valor intrínseco del dinero que limita la capacidad de generar un nivel mínimo de rentabilidad para los inversionistas.
Si se quiere reducir las expectativas inflacionarias, se debe promover la inversión productiva en la agricultura, la agroindustria y la industria y ello se logra con más crédito a menor costo y no menos crédito a más costo como sucede actualmente. Con estas políticas llegaremos a la anunciada crisis de crecimiento que sus propias políticas monetarista y neoliberales están promoviendo, para así poder señalar al gobierno del cambio, encabezado por el presidente Petro, como el responsable del propio desastre que han incubado y llevado a cabo con políticas que solo le sirven al sistema financiero y al gran capital en contra de las propuestas de apoyo a la economía popular y comunitaria que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo que se ha empezado a discutir y promover con los diálogos regionales vinculantes.
La política macroeconómica en éste, el gobierno del cambio, no puede desconocer el legado discutible que ha recibido, tiene que generar las condiciones para resolver el manejo irresponsable y poco claro de las finanzas públicas que se hizo en el pasado y no puede sacrificar las expectativas de transformación del aparato productivo que necesitamos todos, para que el crecimiento no se estanque y se genere, no a partir de la acelerada acumulación del sector financiero y del gran capital como se ha hecho en el pasado, sino con base en la democratización de oportunidades tanto sociales como regionales, como se propone en la actualidad.
Ismael Antonio Molina Giraldo
Foto tomada de: Portafolio
Deja un comentario