La periodista presentó denuncia penal en 2004 por la persecución sistemática y las constantes amenazas de las que fue víctima. En 2009 recibió llamadas de miembros del DAS amenazando a su hija, por lo que se vio obligada a abandonar el país, aunque durante su exilio en Chile y España siguió siendo intimidada. Sus padres también fueron víctimas de acoso y los procesos judiciales emprendidos por ella fueron obstruidos.
“Claudia Julieta Duque y su familia han sido blanco de intimidación, hostigamiento, amenazas y vigilancia desde 2001 cuando dio comienzo a su investigación e informes sobre el asesinato de Jaime Garzón, que tuvo lugar en 1999. La defensora ha sido víctima de secuestro, intentos de asesinato, amenazas de muerte que le forzaron al exilo, y constante vigilancia ilegal, intimidación y hostigamiento psicológico, incluyendo actos contra su hija, a manos de los servicios de seguridad estatales y el DAS”, señaló la organización irlandesa Front Line Defenders[1].
Este caso hace parte del llamado escándalo de las chuzadas del DAS (interceptaciones ilegales) que en 2009 dio pie a un proceso judicial que dos años después llevaría al cierre definitivo de la entidad bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, quien distribuyó las funciones de Inteligencia y Contrainteligencia de Estado que desarrollaba esa entidad en diferentes dependencias.
La policía secreta del presidente de la República (eso era el DAS), tenía la misión constitucional de velar por la seguridad nacional del país, pero en lugar de ello, además de poner la entidad al servicio de la causa paramilitar, de promover sus crímenes, encubrirlos, borrar antecedentes de penales, varios de ellos cercanos a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y entregar las listas con los nombres de las personas amenazadas que debían ser protegidas para que fueran asesinadas, emprendió una enorme y oscura operación ilegal contra magistrados de las altas cortes, periodistas independientes, políticos de la oposición y defensores de derechos humanos. Cuando se destapó el escándalo, el gobierno llevaba siete años interceptando las llamadas de sus contradictores sin la aprobación de un juez; todo de manera clandestina e ilícita.
“La justicia colombiana demostró entonces que por órdenes del gobierno de turno se emprendió una cacería criminal contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de dañar su reputación difundiendo información falsa de estos y filtrándola a medios de comunicación con el objetivo de desprestigiar la honra y honorabilidad de los magistrados de la Sala Penal que desarrollaban la investigación de la parapolítica, proceso por los vínculos de los políticos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”[2].
Según Pares, “entre el 2010 y el 2015 fueron condenadas 20 personas por interceptar a cerca de 68 personas. Entre los condenados estuvieron María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, sentenciada a 14 años por los delitos de abuso de autoridad y concierto para delinquir; Bernardo Moreno, ex secretario general de la presidencia; y Jorge Alberto Lagos, jefe de contrainteligencia del DAS, entre otros”[3]. Pero más allá de estos contados avances, 15 años después del escándalo, aun no se conocen los nombres de todos los que participaron en esta empresa criminal y varias de las condenas fueron objeto de beneficios y algunas no guardan simetría con la gravedad de los crímenes cometidos, como en el caso de Jorge Noquera Cotes, el “buen muchacho” de Uribe Vélez, nombrado por él como embajador de Colombia en Milán, fue aliado del Bloque Norte de las AUC y facilitó la perpetración de varios asesinatos, pero desde octubre del 2020 goza de libertad condicional.
La nueva condena al ex director del DAS, nos recuerda que la deuda con la verdad y la justicia es enorme y no ha sido saldada. La oscuridad que sumió al país durante el auge del uribismo, hoy, una vez más, nos interpela sobre el costo humano, social y democrático que tiene la acción criminal que se gesta desde la misma matriz del Estado, cuando sus instituciones se pervierten y se convierten en parte activa de una maquinaria criminal destinada a vulnerar derechos, a quebrar la legalidad, a suplantar la acción judicial y a utilizar los recursos públicos para perseguir, estigmatizar, asesinar, enterrar y desterrar personas inocentes, acabar con organizaciones sociales e impedir que la justicia actúe y sancione a los máximos perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Es claro que la responsabilidad del Estado en la perpetración de estos hechos va más allá de la acción independiente, desarticulada y a ‘motu proprio’ de algunos altos funcionarios, incluyendo aquellos responsables de garantizar seguridad, libertades y derechos a la sociedad civil, así como el cumplimiento de la Carta Política. El contexto que facilitó la perpetración de estas diferentes modalidades delictivas, desde la institucionalidad, aún no ha sido revelado al país ni todas las víctimas han sido reparadas ni todos los responsables identificados.
El nuevo fallo judicial a favor de la periodista Claudia Julieta Duque abre una ventana de esperanza. Su caso ha sido emblemático porque además del horror padecido por ella y por su núcleo familiar así como por su entorno laboral, reveló aspectos cruciales del entramado criminal creado en la central de inteligencia del Estado, la cual se propuso socavar la dignidad de las víctimas, afectar su integridad y vida familiar, aterrorizar a los opositores políticos del gobierno Uribe, y crear una entidad delictiva, no paralela, sino dentro del mismo Departamento de Seguridad para que de manera autónoma ejecutara diversas modalidades criminales con los recursos del Estado.
Fue así como se creó el Grupo Especial de Inteligencia G-3, cuyo principal objetivo era realizar acciones en contra de las ONG de Derechos Humanos. “Por eso denominar este triste capítulo de nuestra historia reciente simplemente como “las chuzadas del DAS”, es maquillar la verdad. El DAS se convirtió en policía política, y a través del G-3, realizó una espantosa cacería criminal. […] Creado a finales de 2003, por el señor José Miguel Narváez, bajo la administración del entonces director, Jorge Noguera, detenido por sus vínculos con el paramilitarismo [y el homicidio del sociólogo y profesor Alfredo Correa de Andreis]. Narváez, nombrado asesor, armó el grupo que dependía directamente de la Dirección General de Inteligencia, a cargo de Gian Carlo Auque de Silvestre, y de esta manera, el grupo coordinaba y tenía acceso privilegiado a los diferentes subdirectores de inteligencia y directores seccionales, para el suministro inmediato y prioritario de la información solicitada. […] Si Narváez era el mentor y cerebro de la operación, el coordinador del grupo fue Jaime Fernando Ovalle Olaz, ex alumno de Narváez en cursos de inteligencia sobre guerra política”[4].
La orden de esta organización era interceptar correos electrónicos y abonados telefónicos, amenazar, intimidar, calumniar, hacer montajes (incluyendo supuestos vínculos con la insurgencia o infidelidades conyugales), aterrorizar menores de edad, desprestigiar grupos sociales y personas, crear falsa información para que fuera publicada por los grandes medios de comunicación y generar dudas sobre la legitimidad e independencia de algunos colectivos. Esta oscura labor, ordenada desde el alto gobierno, se desarrolló a través de Operaciones focalizadas y bien definidas. Una de ellas fue denominada Operación Transmilenio y su objetivo era ‘neutralizar las acciones de ONGs en Colombia y en el mundo’. “La primera organización en ser chuzada fue el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), la cual presta asistencia jurídica a presos políticos y víctimas del Estado”, y a la que el presidente Uribe había criticado, acusado y señalado públicamente en varias oportunidades. “El Colectivo fue el principal autor del libro “El Embrujo Autoritario” publicado por varias ONG de derechos humanos en 2004 en contra del presidente, unos meses antes de las chuzadas. Y también ha ganado casos judiciales exitosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las masacres de Mapiripán y La Rochela que resultan en indemnizaciones millonarias a las víctimas que tienen que ser asumidas por el Estado”.[5] Otra Operación se denominó Arauca, y buscaba crear falsos vínculos entre CCAJAR y ELN. La acción proponía el intercambio de mensajes con cabecillas del ELN, los cuáles serían encontrados durante un allanamiento. La Operación Halloween buscaba convencer a la población sobre la “peligrosa” realidad de la ideología comunista. Y la estrategia usada fue el “desprestigio”. Ya para ese momento, el presidente Uribe había hecho su parte, criminalizando a la izquierda política e indicando tácitamente que sólo era válido, decente y democrático enarbolar la bandera de la derecha, incluso la del fascismo.
La Operación Puerto Asís estaba dirigida puntualmente contra el periodista Hollman Morris a través de la estrategia de calumniar, presentarlo como miembro del Bloque Internacional de las Farc y difundir montajes, que pusieron su vida en grave riesgo. La Operación Risaralda pretendía “generar división entre altos miembros de Redepaz” y su objetivo era crear y difundir falsas actividades ilícitas en esta organización para obtener supuestas prebendas económicas a cambio de asilos políticos. Su directora Ana Teresa Bernal fue víctima de persecución política por parte del DAS.
La Operación Europa creó una red de espionaje internacional con el objetivo de desacreditar organizaciones y defensores de derechos humanos, neutralizar la incidencia del sistema jurídico europeo y frenar los contactos con ONGs nacionales. No fueron las únicas acciones encubiertas gestadas al interior del DAS. De todas estas operaciones, propias de tiranías y regímenes corruptos que promueven el terrorismo de Estado, sólo se alcanzó a descubrir la punta del Iceberg, la superficie de lo que la misma Fiscalía, calificó como una empresa criminal. En su momento el fiscal Misael Rodríguez afirmó que “quienes participaron en las reuniones en el Ministerio de Hacienda, en la Casa de Nariño y en el DAS para hacer seguimientos ilegales a los magistrados conformaron una empresa criminal”[6]. Sin embargo, pese a la gravedad de lo revelado, se mantuvo al interior del Estado parte de ese andamiaje delictivo dedicado entonces a frenar procesos judiciales y eliminar evidencia. Durante varios meses, trabajadores del Archivo Nacional, sitio que guardó parte de los expedientes del DAS, alertaron sobre una operación de “sortilegio”, a través de la cual iban desapareciendo archivos y documentos, sin que nadie se preocupará por ello ni por indagar sobre esos misteriosos operativos nocturnos que los inquietaba. Con el tiempo se demostró que decían la verdad.
“Testimonios de ex-agentes de la entidad ante la Corte Suprema y otras instancias que investigaron las irregularidades indicarían que la mayor parte de la evidencia fue destruida, aquello ocurrió justo antes de los allanamientos que permitieron incautar las 94 carpetas, de esta manera se perdieron documentos, discos duros, fotografías e informes reservados, que darían cuenta de las operaciones ilegales. La Comisión asegura que “se presume que aún existe mucha información sobre el funcionamiento del DAS, sus objetivos (blancos) y las estrategias utilizadas en su contra que aún se desconoce”.
No obstante, los investigadores de la Comisión de la Verdad pudieron entrevistar a víctimas y rastrear en miles de páginas de los expedientes judiciales, lo que permitió confirmar los hechos para recomponer el engranaje de “la infiltración de las comunicaciones privadas, […] interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, […] violaciones a la intimidad, […] estigmatizaciones, señalamientos y amenazas, entre otras violaciones y crímenes a defensores de Derechos Humanos, tales como hostigamientos, sabotajes, montajes judiciales.
Los crímenes documentados por la Comisión son tenebrosos. A Soraya Gutiérrez, una de las cabezas más visibles del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le hicieron llegar un paquete con una muñeca llena de sangre para amenazar a su hija menor de edad, que además había sido objeto de seguimientos durante el recorrido en la ruta escolar. Al periodista sueco Dick Emanuelsson lo hostigaron en vuelos internacionales, incluso llegaron a borrar información de sus dispositivos electrónicos con aparatos magnéticos durante una falsa requisa, como consta en una de las carpetas incautadas por la Fiscalía. A un antiguo empleado del Parlamento Europeo lo detuvieron arbitrariamente y funcionarios oficiales lo acusaron ante representantes extranjeros de ser miembro de las Farc”[7].
La periodista Claudia Julieta Duque denunció en repetidas oportunidades que mucha información que recogió el DAS de manera ilegal estaba siendo destruida. “Esto dejó en la impunidad el espionaje ilegal a magistrados, periodistas, políticos de oposición, ONG y defensores de derechos humanos por parte del DAS, un escándalo que se conoció en 2009.
Según Duque, en enero de ese año el DAS destruyó más de cien cajas de documentación y otras cajas fueron sacadas del edificio, como quedó registrado en las cámaras de seguridad. También aseguró que, en 2014, en medio de una inspección ordenada por la Fiscalía al Archivo General de la Nación, se encontraron con que los depósitos donde se guardaron los archivos estaban abiertos y había sobres sin ningún tipo de seguridad o control”[8].
Golpe a la impunidad
La nueva condena a Narváez por el caso Duque, aunque el daño sufrido por ella y su familia es irreparable, es importante, nos obliga a recordar lo que como país no podemos olvidar y marca un precedente en nuestra historia judicial. La jueza colombiana que emitió la valiente condena, señaló en su decisión que Duque fue víctima de “tortura agravada continuada”, un delito declarado de lesa humanidad, por miembros del extinto DAS.
La periodista recordó a través de sus redes sociales que Narváez es el séptimo condenado por su caso, “pero es el más importante en la cadena criminal que llega a sentencia”. Narváez no sólo instigó el crimen contra Jaime Garzón y el secuestro de la política liberal Piedad Córdoba a manos de Carlos Castaño, también dictó el curso “Porque es lícito matar comunistas” a los grupos paramilitares, aseguró en varios manuales que el objetivo de las operaciones de inteligencia debían ser los civiles y no los armados y diseñó un organigrama de movimientos sociales y partidos políticos que debían ser perseguidos y eliminados, entre ellos la Unión Patriótica.
El nuevo fallo condenatorio, señala a la periodista Claudia Julieta Duque como víctima de tortura psicológica por persecuciones, amenazas, hostigamiento y hurto que ella y su hija sufrieron por parte del DAS con el fin de que abandonara su investigación del crimen del humorista Jaime Garzón”, resaltó este viernes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en sus redes sociales. “La lucha incansable de la periodista Claudia Julieta Duque por la justicia” y llamó “a las autoridades responsables a que se implementen las medidas de reparación y no repetición”[9].
El Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, además de señalar la responsabilidad de Narváez, declaró que éste “permanecerá inhabilitado para ocupar cargos públicos durante el tiempo que permanezca en prisión y, compulsó copias para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea investigado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por este mismo caso, pues los hechos habrían ocurrido durante su permanencia en la Casa de Nariño.
La periodista Claudia Julieta celebró la condena de Narváez y “agradeció el tesón y la fuerza de su apoderada legal, Dora Lucy Arias. Simultáneamente, la periodista le dedicó este triunfo judicial a su hija, quien la ha acompañado en esta lucha que calificó de “injusta y eterna”. “Estoy llorando, aún no leo la sentencia, pero sin duda esto es el más grande acto de justicia que logramos mi familia y yo. También se compulsan copias para que se investigue a otros funcionarios que, de acuerdo a las pruebas, tuvieron responsabilidad en los actos de tortura””[10].
Si bien hemos avanzado como país en garantías sociales y respeto a los derechos humanos, sometimiento a la justicia y diseño de salidas políticas al conflicto armado, aún el Estado (no los gobiernos de turno) se resiste a asumir el deber de revelar la dinámica y práctica sistemática de estos crímenes, y tampoco se reflexiona en colectivo sobre el grave impacto que tienen hechos como estos en nuestra democracia. No son sólo delitos cometidos por agentes estatales o por particulares que actúan en complicidad o al servicio estatal, como los grupos paramilitares; hablamos de una política de Estado, como llamó la CPI a los “falsos positivos”, del triunfo de la impunidad y de la necesidad de entender que factores y condiciones hicieron posible que esto ocurriera y cómo podemos evitar que el Estado -o parte de este- incumpla con sus obligaciones y se convierta en una maquina criminal. El Estado debe abordar la criminalidad de sistema, vencer la impunidad generalizada, administrar justicia, garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, y proteger a la población previniendo además toda forma de violencia.
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[1] Front Line Defenders; “Historia del caso: Claudia Julieta Duque”. Estatus: Psicológicamente Torturado, Perseguida. Ver en:
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-claudia-julieta-duque#:~:text=La%20defensora%20ha%20sido%20v%C3%ADctima,seguridad%20estatales%20y%20el%20DAS.
[2] El Espectador; “El eslabón perdido de las chuzadas del DAS”. Por Ariel Ávila y Julián F. Martínez. Bogotá, 29 de septiembre de 2021. Ver en:
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ariel-avila/el-eslabon-perdido-de-las-chuzadas-del-das/
[3] Pares; “Las chuzadas del DAS a los enemigos de Uribe”. Bogotá, 24 de junio [año indeterminado]. Ver en:
https://www.pares.com.co/post/las-chuzadas-del-das-a-los-enemigos-de-uribe
[4] Las Perlas Uribistas. Reveladora biografía del gobierno de Uribe Vélez; “El DAS, una cacería criminal”. Por Hollman Morris. Capítulo 11. Pág. 160. Sello Debate. Random House Mondadori. Bogotá, marzo de 2010.
[5] La Silla Vacía; Operación Bautizo: La historia detrás del nombre de las operaciones criminales del DAS”. Por Camila Osorio. Bogotá, abril 22 de 2010. Ver en:
[6] Ídem. Publicado también por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ver en:
[7] El Espectador, “Operación Europa: así hostigó el DAS a defensores de DD.HH. en ese continente”. Un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad revela una operación ilegal de espionaje y sabotaje de enorme envergadura en la que participaron el extinto Departamento Administrativo de Seguridad y algunas embajadas. Tomado del Informe de la Comisión de la Verdad. Bogotá, 10 de noviembre de 2022. Ver en:
https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/el-das-espio-y-hostigo-a-defensores-de-derechos-humanos-en-europa-comision-de-la-verdad/
[8] El Espectador, “Es casi imposible que se hayan perdido archivos del DAS”: director del Archivo General de la Nación, Armando Martínez Garnica. Bogotá, 23 de octubre de 2018. Ver en:
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/es-casi-imposible-que-se-hayan-perdido-archivos-del-das-director-del-archivo-general-de-la-nacion-article/
[9] DW; “El exsubdirector de la policía secreta colombiana fue condenado a 12 años y medio de prisión por torturar a Claudia Julieta Duque”. Alemania, 24 de agosto de 2024.
Ver en: https://www.dw.com/es/colombia-condena-a-jos%C3%A9-narv%C3%A1ez-por-torturar-a-periodista/a-70037976
[10] As Colombia; “José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, es condenado por tortura a Claudia Julieta Duque”. Por Carolina Morales. Bogotá, 26 de agosto de 2024. Ver en:
https://colombia.as.com/actualidad/jose-miguel-narvaez-exsubdirector-del-das-es-condenado-por-tortura-a-claudia-julieta-duque-n/
Maureén Maya
Foto tomada de: El Mercurio Digital
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