Según relato de la revista Semana, la masacre ocurrió en medio de una fiesta con la cual Ernesto Samuel Cuero Obando pretendía celebrar su cumpleaños; el festejo incluía partido de fútbol, baile, comida y whisky. De Cuero Obando, se dice que perteneció a las FARC y que luego de pasar un tiempo en la Zona Veredal Transitoria de Normalización del corregimiento de Madrigal en el municipio nariñense de Policarpa, pasó a hacer parte de la disidencia de esa ex guerrilla, junto con su hermano Róbinson Alirio[1].
Los hermanos Cuero Obando hacen parte del grupo que perdió la vida en los hechos. Llama la atención que en una zona caracterizada por la extrema pobreza, alguien organice una fiesta con esos ribetes y tenga la capacidad económica para invitar no solo a los pobladores de su vereda sino también a las veredas vecinas.
La tragedia es un auto retrato del Estado colombiano y una parodia de la situación lamentable en que se encuentra la implementación de los acuerdos logrados entre el Gobierno nacional y las FARC.
Como una muestra de la ineficiencia institucional del Estado colombiano, el Ejército y el CTI hicieron presencia en Pueblo Nuevo, apenas 40 horas después de ocurridos los hechos, a pesar de que los sobrevivientes alertaron sobre la situación de manera inmediata a la Alcaldía y a la Personería y estos a la Policía y al Ejército.
Con ese tiempo de por medio, los familiares de algunas de las víctimas, cansados de esperar a que llegaran a practicar las diligencias judiciales de reconocimiento de los cadáveres, procedieron a inhumarlos en sus respectivas veredas. Al llegar el ejército y la Fiscalía, únicamente encontraron cuatro cuerpos que estaban velando y sin ir más al fondo del asunto, en los comunicados oficiales hablaban de cuatro muertos.
Por su parte, la Alcaldía y la Personería municipal, que recibieron la noticia de boca de los pobladores, ante la disparidad en la información, el 2 de diciembre expidieron un comunicado en el que indican que “según relatos de la comunidad, el día lunes 27 de noviembre, aproximadamente a las 5 p.m., en la vereda Pueblo Nuevo, personas armadas pertenecientes al ELN y al grupo denominado “Resistencia Campesina” sostienen una discusión verbal y posteriormente se presentan disparos, donde además del fallecimiento de combatientes de los grupos armados ilegales, resulta afectada la población civil, teniendo en cuenta que en el lugar de los hechos se desarrollaba un torneo de fútbol y una fiesta que contaba con la participación de habitantes de la zona”.
En los hechos murió Édison Marcial Ortiz Bolaños, representante del Consejo Comunitario Manos Amigas. Y Wilman Haney Ortiz Bolaños, hermano del anterior, aparentemente resultó herido y fue retenido por el ELN.
Frente a la evidencia de los hechos, el ELN expidió un comunicado el 8 de diciembre, en el que afirma, según su versión, que integrantes del “Frente Carlos Alberto Troches Zuleta” llegaron a Pueblo Nuevo con la intención de dialogar con miembros de las “Guerrillas Unidas del Pacífico” -GUP- acerca del control territorial que estos estarían ejerciendo en la región. Según el ELN los miembros de las GUP los recibieron con disparos, ocasionándose el enfrentamiento y resultando 10 muertos de las GUP; de acuerdo con el mismo comunicado del ELN, miembros de las GUP dispararon indiscriminadamente y asesinaron a tres miembros de la comunidad entre ellos dos menores de edad.
La región de Pueblo Nuevo-Magüi Payán está poblada mayoritariamente por afrodescendientes, es conocida por ser una de las zonas del país con mayores reservas de oro de aluvión, que genera la explotación ilegal de ese mineral; igualmente es una zona de sembrados de coca, y narcotráfico. Anteriormente estaba controlada por el Frente 29 de las FARC pero luego de su desmovilización, las disidencias quisieron continuar con el negocio, a la vez que apareció el ELN con la clara intención de ejercer su poder allí.
De los tres comunicados expedidos para informar de la situación, el más alejado de la realidad es el del ejército, y el más cercano el de la Alcaldía-Personería de Magüi Payán, quienes acertadamente razonan, acerca del número de muertos, que si eran apenas 4 muertos qué sentido tenía que la comunidad pidiera la ayuda de 10 ataúdes?
Sin mayor esfuerzo, se vislumbra que el origen de la masacre, es el control territorial, que los grupos armados de la región buscan ejercer sobre las zonas en que antiguamente campeaban las FARC; pero ese control territorial está signado por los réditos que producen la minería ilegal y el narcotráfico.
Igualmente se evidencia que el Estado colombiano ha sido incapaz de mantener presencia institucional en vastas áreas del país y lo que es peor, que esa incapacidad persiste a pesar de los acuerdos logrados con las FARC, que a su vez conlleva a afirmar que no hubo previsión ni planificación para copar institucionalmente esas áreas. De ahí que tras la salida de unos grupos vendrán otros y luego otros, en una cadena sin final. Y el monopolio de las armas por parte del Estado seguirá siendo pura retórica.
En el caso del ELN implica aumentar la desconfianza en el proceso de negociación que se desarrolla en Quito entre el gobierno nacional y esa insurgencia, máxime cuando es el segundo episodio que conlleva una violación al cese al fuego y que además ocurre casi que simultáneamente con la renuncia del jefe negociador oficial y su equipo.
El trágico episodio les da nuevos elementos a los detractores de una salida negociada y así, el sueño de la consolidación del fin del conflicto puede convertirse en una terrible pesadilla.
Sin embargo, solo el gobierno nacional en su ceguera, es incapaz de comprender la situación, que se repite en otras regiones del país y hace que la implementación de los acuerdos sea una parodia, tal y como lo describe el Comunicado a la Opinión Publica suscrito por el Personero y el Alcalde Municipal de Magüi Payán: “teniendo en cuenta que la zona anteriormente fue ocupada por las FARC y que por el momento se encuentra en disputa por actores armados ilegales, debido a la importancia geoestratégica del río Patía para la movilidad de los grupos y el desarrollo de actividades ilícitas, como autoridades municipales demandamos del Gobierno Nacional, el cumplimiento integral del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, especialmente en lo correspondiente a garantías de seguridad y no repetición de los hechos”.
Indudablemente construir la paz social y política es una tarea más compleja, difícil y arriesgada que sembrar de bombas el territorio nacional. Y definitivamente, una cosa es gobernar desde los escritorios de Bogotá y las capitales departamentales y otra muy distinta, sobrevivir en medio de la pobreza, el abandono y el acecho de los grupos armados, ante la indiferencia de los gobernantes.
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
13 de diciembre de 2017
NOTAS
[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/masacre-en-narino-magui-payan-eln-asesino-a-13-personas/549910
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