Se escala la violencia y retornan las masacres:
Un informe especial del pasado mes de julio, de Indepaz, Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular y Marcha Patriótica, estableció que desde la firma del Acuerdo de Paz habían sido asesinadas 971 personas de organizaciones sociales o defensoras de derechos humanos o ambientales. Entre ellas: 342 campesinos, 250 indígenas, 71 afros, 131 mujeres, 13 LGTBI, 58 sindicalistas, 6 ambientalistas, 79 comunitarios y 124 integrantes de movimientos cívicos. Estableció que entre el 1 de enero y el 15 de julio de este año, habían sido asesinadas 166 personas con liderazgo social y simultáneamente desde la firma del Acuerdo de Paz también han sido asesinadas 211 personas excombatientes de las FARC EP en proceso de reincorporación y 20 de sus familiares[1].
Este como otros informes evidencian la acción sistemática, masiva y grave de comisión de homicidios contra estos actores socio políticos, ocurrida en zonas principalmente rurales de distintas regiones del país. Se encuentra que ella se concentra en 132 municipios, de 29 de los 32 departamentos, siendo los más afectados en su orden: Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Caquetá, Meta, Córdoba, Arauca, Huila, Magdalena, Chocó, Bolívar y Cesar. Y en el último mes y medio, de mediados de julio al presente, sobrevino una ola de incremento de los homicidios en varias regiones, de forma que de nuevo aparecen de forma reiteradas las masacres. Resulta impresionante el registro de recientes hechos al respecto:
- En Norte de Santander se han registrado en los últimos meses cinco masacres con 27 muertes, la más reciente el 18 de julio en Totumito Carboneras, Tibú, por el grupo paramilitar Los Rastrojos, la cual dejó ocho personas muertas y un centenar de familias desplazadas[2].
- El 18 de julio en Villacarmelo, parte rural de Cali, fue asesinado Jaime Mongue, líder ambientalista que participaba en la defensa del Parque Natural los Farallones.
- El 7 de agosto en Mina Piojo, Montecristo, Sur de Bolívar, el ELN asesinó al líder social Hernando Molina, por expresar en el marco de las organizaciones sociales y comunitarias de la región opiniones que ésta guerrilla no comparte.
- El 9 de agosto en Santa Lucía, Leyva, Nariño dos niños fueron asesinados por paramilitares de las AGC cuando se dirigían a su centro educativo.
- El 11 de agosto en Llano Verde, barrio del distrito de Aguablanca de Cali, donde residen familias víctimas de desplazamiento forzado, fueron masacrados cinco niños.
- El 11 de agosto en Corinto, Cauca, dos indígenas del pueblo Nasa que participaban en una reclamación de tierras fueron asesinados; la ACIN denunció como responsable al Ejército.
- El 15 de agosto en Samaniego, Nariño, ocho jóvenes y menores de edad universitarios fueron masacrados, la mayoría estudiantes universitarios de Pasto que pasaban la cuarentena con sus familias en éste su municipio natal, por un grupo armado de la mafia del narcotráfico en la zona.
- El 19 de agosto se conoció de la masacre con la muerte de al menos tres indígenas Awá muertos, en el resguardo Pialapí Pueblo Viejo, Ricaurte, Nariño, sucedida días antes pero que por temor a represalias no habían podido denunciar; en la zona se disputan varios grupos armados ilegales.
- El 20 de agosto se produjo una masacre en El Caracol, Arauca, con cinco hombres asesinados.
- El mismo 21 de agosto en Uribe, El Tambo, Cauca, en una masacre cometida murieron seis jóvenes trabajadores rurales, en hecho atribuido a un grupo de las disidencias o remanentes de las FARC EP.
- El 22 de agosto en una masacre en La Guayacana, Tumaco, Nariño, murieron seis campesinos, la mayoría jóvenes, en hecho atribuido a un grupo paramilitar que opera en la región.
- El 23 de agosto en Venecia, Suroeste de Antioquia, fueron asesinados tres jóvenes, uno menor de edad y otro quedó herido.
- El 25 de agosto en Paloquemao, Ábrego, Norte de Santander, en una masacre fueron asesinados tres hombres.
Contextos de violencias y de expresiones de guerras regionales:
Es conocido que Colombia lleva siete décadas con conflictos armados y violencia política que arroja aproximadamente medio millón de víctimas fatales, en medio del predominio de la impunidad en materia de justicia y sin que se haya logrado aún la superación definitiva de tales circunstancias. Pero de manera reciente, con el acuerdo de paz conseguido entre el Estado y las FARC EP, en 2016, se produjo de inmediato un descenso notorio de las acciones bélicas y de la violencia sociopolítica. Sin embargo, dado que se mantienen activos la guerrilla ELN, varios grupos paramilitares, redes mafiosas con grupos armados ilegales y se ha registrado la continuidad o el rearme de varias estructuras armadas, residuales o disidentes con el acuerdo de paz de las FARC EP, pronto se han reproducido escenarios de violencia y confrontación en distintas regiones.
De manera adicional, como asunto de fondo, el Estado con sus diversas instituciones y su Fuerza Pública, policial y militar, se reveló incapaz de recuperar la mayoría de los territorios antes teatro de guerra con las FARC EP o controlados por varias décadas por ésta guerrilla insurgente, de manera que sobrevino en ellos fue una intensa disputa. De tal manera, en estas zonas se registra una disputa por el control territorial entre las FFMM estatales, el ELN, paramilitares o narco-paramilitares, redes mafiosas, un grupo del EPL -que se mantuvo en divergencia con el acuerdo de paz realizado hace más de dos décadas con ésta insurgencia- y varias disidencias o rearmes que han surgido con anteriores integrantes de las FARC EP, algunos con pretensión insurgente y otros descompuestos en redes delincuenciales.
Entre todos estos actores se presentan alianzas entre algunos mediatas o tácticas y nuevas disputas que llegan a configurar escenarios de guerras en medio de sus dinámicas de expansión y búsqueda de consolidación del control poblacional y territorial. Se disputan así poderes locales, imponen órdenes coercitivos muy violentos frente a las poblaciones locales campesinas, indígenas y afros, configuran alianzas con actores diversos o los someten, consolidan redes de extorsión, imposiciones económicas a economías legales y participan en economías ilegales como la cocaína, la marihuana, la amapola, el oro y la tala de bosques, entre otras.
En tal contexto, persisten expresiones regionales de guerra entre las FFMM y el ELN y varias agrupaciones de pretensión insurgente. Entre el ELN y varias expresiones paramilitares. En algunas regiones entre el ELN y disidentes o rearmados de la anterior FARC EP. En una región entre el ELN y el sector activo del EPL. En al menos dos departamentos entre el ELN y disidentes o residuales de las FARC EP. Y en al menos en dos departamentos entre grupos disidentes o residuales de las FARC EP. Es de recordar que para el DIH se configura el conflicto armado cuando se utilizan métodos y medios propios de la guerra, independientemente del carácter y las motivaciones de los actores, de forma que como lo ha planteado en estos últimos años la misión del CICR en Colombia, existen varias expresiones de conflicto armado entre este tipo de diversos actores.
Responsabilidades de distintos actores en las graves violaciones:
Todos los informes tienden a coincidir en señalar los actores que serían responsables de las diversas graves violaciones contra liderazgos sociales, de defensa de derechos humanos y de excombatientes y constructores de paz, de manera que señalan en primer término a grupos paramilitares o narco-paramilitares, en segundo término a expresiones guerrilleras o de fracciones residuales o disidentes de las anteriores FARC EP y del grupo aún activo del EPL, y en tercer lugar a estructuras e integrantes de la fuerza pública.
El informe de Indepaz y de otras organizaciones referido, con relación a los homicidios cometidos en 2019, señala que aunque aún no es posible establecer los presuntos responsables con relación al 63% de los casos, pero de los casos en los que son reconocidos presuntos autores, se adjudica el 17% a estructuras narco-paramilitares, el 11% a grupos en disidencia o rearmados o residuales tras el acuerdo de paz con las FARC, el 5% al ELN y el 4% a la Fuerza Pública[3]. Por su parte, el informe de 2019 del Programa Somos Defensores, con relación a homicidios y señalamiento de presuntas responsabilidades, permite establecer que los paramilitares son responsables del 32%, las disidencias o grupos residuales de las FARC EP del 13%, el ELN del 4% y la Fuerza Pública del 4%[4].
Con relación a la actuación de la Fuerza Pública es preciso destacar tres elementos que la relacionan con la problemática:
- La herencia histórica vigente relativa a la existencia de estructuras paramilitares o narco-paramilitares en zonas militarizadas por la fuerza pública, de forma que por acción u omisión se denuncian complicidades con tales estructuras.
- El abandono por este gobierno de la búsqueda de reorientación de la conducción de la fuerza pública hacia la construcción de la paz, con la retoma de orientaciones arbitrarias denunciadas que han llevado a la reaparición de casos de ejecuciones extrajudiciales y acciones de guerra desproporcionadas y con afectaciones a la población civil.
- El énfasis del actual gobierno a la erradicación forzada que la hace ahora incluso violenta y arbitraria con la participación de contingentes policiales y militares, con saldos de víctimas fatales, heridos y atropellos contra las poblaciones campesinas que reclaman la aplicación de soluciones de sustitución de cultivos concertadas.
La ONU reconoce el agravamiento de la situación en derechos humanos:
En su informe de este año sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que persisten “altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos”, que afectan gravemente personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y afros, y comunidades campesinas “en el contexto de la violencia y el conflicto armado” (ordinal 6). Informa de 36 masacres y 133 personas asesinadas en graves violaciones, configurando el registro más alto desde 2014, (numeral 7). Señala que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) incurrió en infracciones al derecho internacional humanitario (numeral 8). Que otros grupos armados ilegales -herederos del paramilitarismo y redes criminales- realizaron “graves abusos a los derechos humanos y desplazamientos forzados” (numeral 9). Considera insuficientes los esfuerzos estatales por garantizar el control territorial, la seguridad y garantías ciudadanas, y que su presencia “continúa siendo predominantemente militar”[5].
El informe refiere las protestas ciudadanas en 2019, “en oposición a determinadas políticas del gobierno relacionadas con reformas pensionales, laborales y tributarias, así como también la exigencia de impulsar acciones contra la corrupción, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la reanudación de los diálogos con el ELN”, a las que en determinados casos “la policía respondió de manera desproporcionada” (numeral 15). Alude a 15 casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida por la fuerza pública, en 13 de ellos con “uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza”, en contextos de operaciones militares, persecución de delitos y lucha contra el narcotráfico; y señala como presuntos responsables a miembros del ejército en diez casos, de la policía en cuatro y en uno, de ambas instituciones. Además, señala tres casos de violencia sexual perpetrados presuntamente por el ejército y distintas detenciones ilegales, en las que algunos detenidos habrían presentado torturas y malos tratos (numeral 49)[6].
Por su parte, informes de organizaciones de derechos humanos y entes oficiales como la Defensoría de Pueblo, registran durante la pandemia en 2020, la continuación de la violencia y la ocurrencia de frecuentes violaciones a los derechos humanos que implican nuevamente a estos distintos actores, en el marco del conflicto armado y de disputas territoriales. Más aún, como lo destaca un reciente informe de Human Rights Watch, actores armados ilegales acentúan enfrentamientos, imponen medidas coercitivas y realizan ataques contra pobladores en distintas regiones, siendo Colombia el segundo país del mundo con mayor número de asesinatos de personas que lideran procesos de exigibilidad y defensa de derechos (https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/336672#). Y se suma, el que en la actualidad pasamos a ser el país del mundo con mayor nivel de homicidios contra ambientalistas.
El Gobierno Duque responde con equivocación e ineficacia:
El Gobierno Duque parte de un diagnóstico errado al no reconocer la complejidad de la problemática de diversas conflictividades existentes en materia de tierras, derechos políticos y sociales no reconocidos, proyectos estatales y privados de grave impacto contra el ambiente, dinámicas de guerra con actores interesados en determinados propósitos, imbricaciones entre actores institucionales, legales e ilegales y una gama de economías ilícitas y redes mafiosas y delincuenciales asociadas, entre otros. Su equivocación es reducir estas problemáticas a uno de sus elementos, el narcotráfico, o a lo sumo solo considerando otras economías ilegales relacionadas.
Lo grave es que al no reconocer estas problemáticas no adopta estrategias de solución en correspondencia con los factores de alta conflictividad y violencia existentes. Su política es sumisa a la presión del gobierno de EEUU que sigue empeñado en la fracasada guerra contra el narcotráfico, a la vez que desconoce las responsabilidades estatales en tales problemáticas y no aplica de forma integral, coherente y suficiente los compromisos del Acuerdo de Paz, los cuales contienen importantes medidas relacionadas con el tratamiento positivo de ellas.
“Quiero hablarle al país con claridad. Estos hechos están ocurriendo por el narcotráfico y por grupos que quieren llenar de actividades ilícitas el territorio”.[7]
El gobierno y también ciertos actores institucionales, partidos políticos que lo rodean y varios de los principales medios de comunicación y prensa, se refieren a la vez en lo relativo a la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos como un asunto solamente circunscrito a la responsabilidad de los grupos al margen de la ley, ahora en los parámetros oficiales reconocidos como “grupos armados organizados” ilegales, sin reconocer por su parte las propias responsabilidades estatales, gubernamentales y de la acción de la Fuerza Pública al respecto.
“En relación con lo que llaman Grupos Armados Organizados –GAO–, es preciso anotar que, si estos grupos han crecido y se fortalecen exponencialmente, la responsabilidad recae directamente en el Gobierno Nacional, en la medida en que no muestra resultados ciertos para combatirlos o desmantelarlos. Por el contrario, hay hechos en algunos territorios que evidenciarían alguna complicidad con los mismos por parte de la Fuerza Pública. Por tanto, sindicar al narcotráfico de la criminalización de los liderazgos sociales, evadiendo su responsabilidad para combatir el flagelo, resulta cuestionable y vacuo”[8].
Exigencias de aplicar el Acuerdo de Paz y una política de seguridad humana eficaz:
El Acuerdo de Paz constituye un programa importante de soluciones con relación a la mayoría de los factores de conflictividad y violencia. Pero las inconsecuencias gubernamentales con su aplicación son motivo de prolongación e incentivación de tales factores. Esto se expresa de manera palpable en los obstáculos gubernamentales para que se logren o su reducción con la asfixia presupuestal a asuntos como la distribución de tierras a campesinos, el retorno de desplazados con restitución de sus tierras, las garantías efectivas a la oposición, la disolución de los grupos paramilitares y redes delincuenciales asociadas, el apoyo concertado al campesinado cultivador de coca con el programa PNIS, el apoyo a los PDET, las garantías y respaldo requerido a las instituciones de la justicia transicional y el suficiente apoyo requerido por el programa de reintegración de excombatientes.
“Aunque las causas de estas masacres no han sido esclarecidas, es claro que no son hechos aislados: se debe a un recrudecimiento de la violencia en los territorios y de los barrios vulnerables por el aumento del paramilitarismo y las bandas del narcotráfico. John Alexander Rojas, gobernador de Nariño dijo que la poca voluntad política para la implementación del Acuerdo de Paz es una de las causas directas…”[9].
La ONU insiste ante esta situación en que se debe implementar de manera integral el Acuerdo de Paz, incluido con urgencia lo definido sobre garantías en materia de seguridad. “Estos hechos violentos, con serios impactos humanitarios, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado. Por lo tanto, es crucial avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz especialmente su capítulo 3.4 sobre garantías de seguridad que ofrece mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad”[10].
A la vez, resulta de particular importancia ante la situación del país la Resolución 2532 expedida por el Consejo de Seguridad de la ONU, que exige a los Estados parte y exhorta a los grupos armados irregulares en todo el mundo, a un cese humanitario global, a propósito de la pandemia, y que incluye en sus puntos la opción de medidas de atención con acompañamiento directo del Sistema de Naciones Unidas y del Secretario General, en casos de altos riesgos humanitarios por existencia de conflictos armados, situaciones extendidas de pobreza y de crisis humanitarias, las cuales se registran de forma clara y agravada en Colombia[11].
De otra parte, el gobierno no tiene una política de seguridad humana, estructural, preventiva y eficaz. Se revirtieron los avances en las FFMM con el Comando de Transición, se desconoce la problemática en derechos humanos y ante la crisis humanitaria de nuevo desatada con esta ola de violencia de los últimos tres años, el gobierno ante las presiones internas e internacionales de exigencia de garantías, tan solo responde con un plan parcial y restringido a la protección de personas en alto riesgo, el Plan de Acción Oportuna (PAO) a cargo del Ministerio del Interior. Entre tanto, desde altos cargos del gobierno se siguen expresando opiniones de negación de la problemática en derechos humanos existente, de desestimación e incluso de señalamiento contra las poblaciones afectadas y las víctimas y con frecuencia de desatención ante la entrega de informes y notas de Alerta Temprana con relación a los riesgos locales y regionales emitidas por la Defensoría del Pueblo[12].
“…el movimiento de derechos humanos insiste en el imperativo de pasar de la política de protección física y material, que no resuelve el problema de fondo y que por el contrario ayuda a prolongarlo, a las garantías de seguridad humana, que implican transformación de los contextos, desmantelamiento del paramilitarismo, investigación a fondo de los casos para identificar autores intelectuales y desmantelamiento de todo el crimen organizado, como bien quedó ordenado en el Acuerdo de Paz”[13].
Las organizaciones sociales, plataformas de derechos, organizaciones de víctimas y la Misión de Monitoreo de la ONU a la implementación del Acuerdo de Paz, en consecuencia con la grave situación referida, llaman al gobierno para que atienda y posibilite la actuación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), en especial en lo relativo a la entrega del diseño de una política pública que garantice medidas para el desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo y las redes criminales. Así mismo, llaman a que los órganos de justicia investiguen y sancionen con eficacia a los responsables. Y de manera general, demandan al Estado una acción integral en las regiones afectadas por el conflicto y ante las comunidades vulnerables[14].
Por su parte Cuba y Noruega, en calidad de países garantes de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, por tanto, integrantes de la CSIVI, también se pronuncian con espacial preocupación ante el creciente número de excombatientes de las FARC acogidos a la paz asesinados, así como de liderazgos sociales y de defensores de derechos humanos. Igualmente demandan al Gobierno nacional medidas eficaces en defensa de la población y del acuerdo de paz: “…hacemos un llamado al gobierno colombiano para que adopte medidas reforzadas que contribuyan a frenar esta grave situación que debilita el proceso de paz, pone en peligro la vida de muchos colombianos y la implementación del acuerdo de paz”[15].
Desde las regiones se exigen compromisos y acuerdos humanitarios:
Entre tanto, ante el difícil panorama analizado, las comunidades locales afectadas por la violencia y los actores armados institucionales e ilegales resisten, demandas garantías y derechos y proponen exigencias de compromisos y acuerdos humanitarios, con lo que buscan incidir en el Gobierno, la Fuerza Pública y en todas las expresiones armadas irregulares, para que frenen las conductas violatorias. Desde el Chocó, el Atrato y otras zonas del Andén Pacífico se demandan “¡Acuerdos Humanitarios Ya!”. Desde el Catatumbo en diálogo con todos los sectores institucionales y sociales se acuerdan términos de una propuesta de “Acuerdo Humanitario para Catatumbo”. En Cauca retoman las dinámicas de resistencia pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, con sus propias guardias y formas autónomas, con exigencias humanitarias que apelan incluso al derecho propio. Desde Urabá sigue de forma valerosa resistiendo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Y desde muchos otros territorios se registran también similares expresiones en demanda de la humanización de las expresiones de conflicto y el cese de la violencia contra la población.
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[1] “Informe Especial, registro de líderes y personas defensoras de derechos humanos asesinadas desde la firma del acuerdo de paz (24/11/2016) al 15/7/2020, Indepaz, Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, Marcha Patriótica, 15 de julio de 2020.
[2] “Ojo con Cúcuta”, editorial, El Tiempo, 11 de agosto de 2020, página 1.12.
[3] “Informe Especial, registro de líderes y personas defensoras de derechos humanos asesinadas desde la firma del acuerdo de paz (24/11/2016) al 15/7/2020, Indepaz, Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, Marcha Patriótica, 15 de julio de 2020.
[4] “La ceguera”, informe anual 2019, Programa Somos Defensores, página 92.
[5] Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 26 de febrero de 2020, A/HCR/43/3Add.
[6] Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 26 de febrero de 2020, A/HCR/43/3Add
[7] “El regreso de las masacres y la respuesta gubernamental”, El Espectador, 18 de agosto de 2020, página 4.
[8] Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Militarización, paramilitarización y negación al amparo del estado de emergencia económica y social. Abril de 2020. Disponible en: https://coeuropa.org.co/militarizacionparamilitarizacion-y-negacion-al-amparo-del-estado-de-emergencia-economica-y-social/
[9] “#NuncaMasLaGuerraParaLaJuventud”, Catalina Ruiz-Navarro, El Espectador, 20 de agosto de 2020, página 16.
[10] ONU, “Comunicado conjunto del Equipo País de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia”, 17 de agosto de 2020.
[11] ONU, Consejo de Seguridad, Resolución 2532, 1 de julio de 2020.
[12] “A diferencia del negacionismo y desconocimiento del crecimiento del fenómeno de criminalidad contra los liderazgos sociales del actual Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo durante el 2019 llamó permanentemente la atención sobre la problemática y documentó 134 asesinatos de estos activistas, cifra que el Gobierno se niega a reconocer…”. “La ceguera”, informe anual 2019, Programa Somos Defensores, página 63.
[13] “La ceguera”, informe anual 2019, Programa Somos Defensores, página 58.
[14] ONU, “Comunicado conjunto del Equipo País de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia”, 17 de agosto de 2020.
[15] “Constancia, de integrantes de la CSIVI”, Javier Caamaño Cairo, Garante de la República de Cuba; Jon Otto Brodholt, Garante Reino de Noruega. 18 agosto de 2020, Bogotá, DC.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: https://www.cablenoticias.tv/
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