Entre sus funciones están: Oficiar como centro de acopio, producción y difusión de memorias y esclarecimiento histórico de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado interno; desarrollar investigaciones, eventos, seminarios, foros y demás formas de estudio y análisis que contribuyan a la construcción de la verdad, la reparación y la convivencia ciudadana; velar por la difusión amplia y masiva de los resultados de las investigaciones, buscando que los diferentes enfoques, perspectivas y conclusiones sean conocidos por la sociedad en un ambiente de respeto y pluralidad por la búsqueda de la verdad; y, garantizar el derecho de acceso a la información respetando las reservas de ley y las salvaguardas propias del proceso de acopio y preservación de las memorias.
El Presidente Santos acaba de variar la composición del Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica. El 27 de marzo de 2007 expidió el decreto 502 mediante el cual incluye al Ministerio de Defensa en ese órgano de dirección con el argumento que “el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas del conflicto armado implica que las instituciones que participaron en él contribuyan al esclarecimiento de sus causas y a comprender las dinámicas institucionales y las relaciones políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, y aporten a la reconstrucción de la verdad histórica y a evitar la repetición de los hechos”.
Una cosa es contribuir al esclarecimiento de las causas del conflicto y a la comprensión de las relaciones políticas y sociales que lo desencadenaron en tanto actor del mismo y otra hacer parte del órgano que dirige el CMH. Para aportar a la reconstrucción de la verdad no se requiere dirigir dicha institución. Y si no, ¿por qué entonces los otros actores del conflicto no son incluidos en el Consejo Directivo?
El descontento de la determinación presidencial obligó al Director General a expedir un comunicado en el que señala que el Presidente y el Consejo Directivo “han respetado la autonomía académica e investigativa en el desempeño de sus tareas misionales, particularmente en el esclarecimiento de las responsabilidades de todos los actores, legales e ilegales, y las afectaciones a todas las víctimas, en el marco del conflicto armado interno”.
Reconoce que la decisión “provoca ciertamente prevención en numerosos sectores sociales y políticos, dada la participación activa de la Fuerza Pública en el conflicto armado interno” y que el derecho a la verdad de víctimas y sociedad requiere de la participación de todos, para cuyo fin el CNMH ha adelantado un trabajo conjunto de construcción de memoria con las Fuerzas Militares y de Policía, en el que se han tenido en cuenta las voces de sus víctimas.
Sin embargo, la prevención no está fundada en la simple “participación activa de la Fuerza Pública”, sino en el papel arbitrario, desmedido e ilegal que asumió buena parte de sus oficiales de alto rango; en la conformación y aliento que le dieron a los grupos paramilitares y en la manera en que abordaron prácticas criminales para inclinar la balanza de la confrontación a su favor. La “prevención” está plenamente justificada en la memoria histórica de tropelías como la “Operación Mariscal” y la “Operación Orión”, adelantadas respectivamente el 21 de mayo de 2002 y 16-17 de octubre del mismo año en la Comuna 13 de Medellín; y también en la acción criminal conjunta adelantada en la cuenca del rio Cacarica en Riosucio (Chocó) el 27 de febrero de 1997 entre unidades paramilitares y unidades del ejército nacional: mientras aquellas desarrollaban la “Operación Cacarica” en la cual decapitaron al campesino Marino López Mena y jugaron fútbol con su cabeza, éstas ejecutaban la “Operación Génesis”. Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano y la representación oficial siempre se empeñó en negar su responsabilidad. ¿Falta de memoria? ¿Negación de la historia?
La exposición de motivos que sustenta el decreto 502, así como los argumentos presentados en el comunicado, resultan paradójicos, al igual que la inclusión del Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo del CMH. A pesar de que se diga que su presencia allí es institucional, como la de los Ministerios de Justicia y del Derecho, de Educación Nacional y de Cultura, se desdeña su condición de actor del conflicto. ¿Acaso para “asumir de manera crítica su propio rol y las responsabilidades a las que haya lugar” se requería que hiciera parte del Consejo Directivo? (Negrillas en el texto del comunicado)
La responsabilidad no es institucional ni Ministerial, es integral del Estado colombiano, representada en las diferentes políticas que impusieron so pretexto de ganar la guerra, mientras doblaban su rodilla y entregaban el país a gobiernos extranjeros y organismos como el BID, el Banco Mundial y el FMI. ¿En la memoria de las Fuerzas Militares se incluirá la responsabilidad del “Plan Colombia”? ¿Se aceptará la responsabilidad de mando en términos del Estatuto de Roma?
Lo que se pone en riesgo es la orientación del CMH y el contentillo no puede ser aumentar el número de representantes de organizaciones de víctimas. La entidad es y seguirá siendo oficial y en esa condición subyace el peligro de la instrumentalización de las víctimas y de la memoria.
La memoria, moldeada por los grupos hegemónicos que dirigen el Estado, se constituye en un instrumento ideológico, dirigido a edificar una historia “oficial” contada desde las alturas del poder y la institucionalidad, aunque se afirme lo contrario. Desde allí se busca deslegitimar política y moralmente al adversario derrotado y silenciar a quienes de una u otra manera disienten de la verdad gubernamental. Resulta fácil y tentador recurrir al ocultamiento o a la tergiversación de los hechos, a la formulación de verdades a medias. Así ocurre, por ejemplo, cuando desde el poder, solo ciertos crímenes, son calificados de “lesa humanidad”, y otros no, atendiendo motivaciones políticas coyunturales. El poder decide cuáles crímenes pueden llegar a esclarecerse y cuáles no, como también resuelve, cuáles son las memorias, que el Estado o determinados sectores de la sociedad, quieren que sean escuchadas, conocidas. La instrumentalización sucede a través de la manipulación de la memoria.
Pierre Nora, historiador francés reconocido por sus trabajos sobre la memoria, sentencia que “la historia no puede ser dictada por los legisladores. Eso sucede sólo en los países totalitarios, no en una democracia. Si cada hecho histórico se vuelve intocable tras haber sido declarado por ley genocidio o crimen contra la humanidad, se está condenando a muerte la investigación histórica y, por ende, cristalizando la historia de una nación”[1].
En el duelo por imponer su punto de vista en los relatos de la violencia, confluyen el Estado y grupos de diversa índole con variopintos propósitos económicos y/o político–electorales, convirtiendo las memorias de la guerra en un heterogéneo y novedoso campo de batalla.
La memoria, moldeada por los grupos que detentan el poder, descarta cualquier posibilidad de reconciliar las diferencias, recrea falsas identidades (nacionales, culturales, políticas) fundadas en la mentira y en la imposición, y lo que es más peligroso deja intactas las causas de la conflagración: el incendio puede resurgir en cualquier instante.
José Hilario López Rincón
19 de abril de 2017
[1] http://www.lanacion.com.ar/788817-no-hay-que-confundir-memoria-con-historia-dijo-pierre-nora