Ahora bien llegar a este punto ha estado lleno de dificultades: Los primeros contactos en el año 2022 no estuvieron exentos de polémica por haberse realizado en las cárceles a través de abogados cercanos a la campaña de Gustavo Petro que socializaron las ideas del “perdón social” como base ideológica de la reconciliación en Colombia y la construcción de paz, no solo con las insurgencias de carácter político sino a demás con aquellas estructuras criminales herederas y/o sucesoras del paramilitarismo o también denominadas, organizaciones criminales de alto impacto.
Esta idea fue recibida con entusiasmo en muchas regiones de Colombia en donde un actor armado ilegal ejerce control del territorio y de las economías ilícitas ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y el multicrimen, porque salieron de los labios de un exguerrillero convertido en presidente de la republica por primera vez en Colombia, como el caso de Gustavo Petro, protagonista directo del conflicto y una vez en la vida civil como político, congresista y presidente, comprometido por principio con la solución negociada del conflicto en Colombia, incluida la violencia generada por el narcotráfico y las mafias que actúan dentro y fuera del pais.
El mensaje del presidente fue, dejemos de matarnos, busquemos la paz con todos los armados, de acuerdo con sus diferencias, ese es el concepto central de la política de Paz Total que se materializo en la Ley 2272 de 2022[2]
Una vez expedida la norma e iniciada la tarea de materializar los diálogos exploratorios con las AGC, se presentaron los primeros problemas en este proceso; por un lado el entonces fiscal Francisco Barbosa se opuso tajantemente a estos diálogos y se negó a respaldar las iniciativas de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y del Ministerio de Justicia en el sentido de levantar ordenes de captura para los voceros de esta organización y permitir que el ejecutivo realizara conversaciones directas con los jefes o cabecillas de las AGC, incluso la procuradora Margarita Cabello aliada política del exfiscal Barbosa amenazo con sancionar a los miembros de la fuerza publica que acataran la orden de cese al fuego que el gobierno nacional expidió mediante decreto para suspender acciones ofensivas contra esta estructura armada, como mecanismo para crear las condiciones para iniciar los primeros contactos exploratorios. Sin un marco jurídico claro para iniciar esta ruta y la falta de colaboración armónica de instituciones del Estado como la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría, el proceso de dialogo se tornó incierto.
Por otro lado los jefes del estado mayor del Clan el Golfo o Gaitanistas exigieron al gobierno a través de comunicados que les diera un reconocimiento político similar al de la insurgencia del ELN y otras guerrilleas denominadas disidencias de las antiguas FARC, como el EMC y la Segunda Marquetalia, alegando que su condición de grupo armado no estatal a la luz del Derecho Internacional Humanitario, con poder de fuego, control territorial y mando jerárquico le permitía acceder a un estatus similar a la de las guerrillas. Por su parte el gobierno nacional se sostuvo en que las AGC son parte en un conflicto armado, pero no pueden ser considerados actores políticos.
Para intentar salir de esta primera crisis, la movida que realizo el gobierno en cabeza del Alto Comisionado de Paz y el Ministerio de Justicia fue presentar un proyecto de ley de sometimiento, al congreso para subsanar el vacío jurídico de negociar con estructuras criminales de alto impacto como los Gaitanistas o los Pachencas de la sierra nevada.
“Gobierno radicó proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales”, Congreso de Colombia, 15 de marzo de 2023”[3]
Esta Iniciativa no conto con ambiente favorable en el congreso y fue rechazada por las propias AGC por considerar que era más regresiva que la justicia ordinaria y en ese caso no ofrecía ningún beneficio importante para los miembros de este tipo de organizaciones en materia de rebaja de penas y garantías de no extradición; ante este panorama el proyecto de ley fue retirado el 20 de junio de 2023[4].
Por otro lado, el orden público se deterioró en los territorios de presencia de las AGC y el 19 de marzo de 2023 el presidente Gustavo Petro suspendió el alto al fuego con esta agrupación al margen de la ley como respuesta al sabotaje armado de infraestructuras públicas, incluido ataques a la fuerza pública, destrucción de camiones y vehículos y bloqueos por parte de los Gaitanistas en el marco del paro de mineros en la región de Caucasia y el bajo cauca antioqueño.
A partir de ese momento el Clan del golfo o los Gaitanistas como se autodenominan, decidieron nombrar como su abogado al penalista Ricardo Giraldo, quien asumió en la practica la representación política provisional de este grupo armado. Este jurista no ha sido reconocido como mediador por parte del gobierno nacional y desde la llegada de Otty Patiño a la Alta Consejería para la Paz, prácticamente se le ha ignorado; desde el ejecutivo se han buscado otros canales de comunicación con los miembros del estado mayor de las AGC, incluso el presidente les ha enviado mensajes públicos en varios actos de gobierno que ha realizado en la región de Córdoba y Uraba, conminándolos a tomar decisiones claras sobre si se someten a la justicia o siguen traqueteando, pero se atienen a las consecuencias de no acatar este llamado, pues el Estado actuara con todo el peso de las fuerza armadas contra sus frentes y bloques, asi como contra sus finanzas criminales.
Pese a estas tensiones, los esfuerzos por destrabar este proceso en la estrategia de la Paz Total, tiene una nueva oportunidad con le expedición de la resolución 257 del 08 de julio de 2024, mediante este acto el gobierno Petro autoriza la instalación de un espacio socio jurídico, que en la práctica es una mesa de dialogo y nombra oficialmente un equipo de delegados encabezada por Álvaro Jiménez Millán como Coordinador representante del Gobierno Nacional y lo acompañan María Gaitán Valencia (Nieta de Jorge Eliecer Gaitán, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera, y Águeda Plata Gómez; por su parte el estado mayor de las AGC acepta los términos de estos acercamiento y delega a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego —conocido como Chiquito Malo como uno de los seis representantes de la estructura en la mesa, junto con otros comandantes de esta organización ilegal.
Los retos son inmensos para este nuevo capitulo de la Paz Total, pero las condiciones pueden ser mas favorables para avanzar en esta agenda, en primer lugar, la nueva ministra de justicia, la jurista Angela Maria Buitrago manifestó que “estas conversaciones son una aproximación para saber qué es lo que quieren y qué están planteando estos grupos armados”[5] , asi mismo la fiscalía General de la Nación en cabeza de Luz Adriana Camargo , debe procurar porque los contactos con los jefes militares de este grupo armado gocen de garantías provisionales de seguridad jurídica que permita ganar confianza entre las partes y conocer directamente las posturas de sus máximos comandantes sobre la ruta de sometimiento a la justicia que puede ofrecerles el Estado colombiano y que tipo de modelo de justicia transicional puede adoptarse en este proceso. Las alternativas van desde presentar un nuevo proyecto de ley de sometimiento a la justicia, la reforma a la Ley 975 de 2005 que regulo la negociación con el paramilitarismo de las AUC; hasta un proyecto de ley que le de creación a un tribunal de cierre que subsuma los diferentes regímenes de justicia transicional (Justicia y Paz, JEP,) en uno solo, para poder juzgar a todos los actores del conflicto.
“El proyecto de reforma a la ley tendría como objetivo limitar las investigaciones judiciales a diez años, de modo que los excombatientes puedan tener un horizonte para la finalización de los procedimientos judiciales en su contra (…) La enmienda propuesta también permitiría que los beneficios de la ley (incluida la amnistía para las bases a cambio de testimonios) se apliquen a “terceros” involucrados en actividades ilícitas, incluso si no son combatientes, con el fin de ayudar a desentrañar esas redes y siempre y cuando no hayan estado implicados en graves abusos de los derechos humanos.”[6]
Narcotráfico y economía ilegal
Ahora bien, el marco legal y el modelo de justicia no son los únicos escollos en el horizonte de esta negociación; en sus zonas de dominio, las AGC son los árbitros de la vida cotidiana y se erigen como un poderoso autoritarismo subnacional, remplazando muchas veces a las instituciones del Estado, de acuerdo con fuentes de agencias de inteligencia de los EE.UU, se calcula que obtienen unos cuatro mil cuatrocientos ( US 4.400 millones) de dólares al año por sus actividades en el tráfico de drogas, armas, migrantes y la minería ilegal[7]. De esa cifra total por lo menos tres mil trecientos (US 3.300) millones de dólares los genera la actividad del narcotráfico.
De acuerdo con informes de la DEA, las AGC son consideradas la mayor y más fuerte organización narcotraficante de Colombia, realiza operaciones en toda la costa atlántica y parte de la costa pacífica en límites con Panamá, usando playas clandestinas, asi como los principales puertos y zonas francas.
“son los actores más poderosos en una industria que no podría existir sin sus servicios”[8]
Los Gaitanistas imponen las reglas del comercio de cocaína, garantizan la entrega de los embarques de coca a los traficantes internacionales y reprimen con terrible violencia la participación de otros en el negocio de las drogas.
Según testimonios de habitantes de las zonas del golfo de Morrosquillo en la costa atlántica, el Clan del golfo esta “dividido en dos brazos, los llamados ‘fuera del agua’”, que ejercen control sobre el territorio y la población local y “los del agua”[9] que entregan el producto a compradores en alta mar, donde grupos criminales transnacionales se hacen cargo del tráfico, sobre todo hacia Norteamérica y Europa.
Por la sobreproducción, la anarquía del mercado y la violencia, desde el año 2022 y hasta la fecha, los precios de la coca han sufrido un desplome en gran parte de Colombia (excepto en las zonas bajo su control del Clan del Golfo, sin embargo la situación ha sido diferente en las zonas controladas por las AGC, en estos territorios el precio por kilo de coca se ha mantenido más estable, a pesar de las grandes incautaciones que ha realizado en el caribe colombiano la policía antinarcóticos y la armada de cargamentos de cocaína propiedad de los Gaitanistas. Existe una preferencia de los carteles mexicanos de negociar con los del Golfo.
Por otro lado, su portafolio de negocios ilícitos y lavado de activo es cada vez más sofisticado. Existe una simbiosis con la clase empresarial”[10], se puede entender en que una parte de la clase empresarial de regiones como Uraba, Córdoba, Sucre, Cesar; trabaja con el dinero de los Gaitanistas, es decir son sus inversores, lavadores de capitales y corredores de bolsa; y a su vez estas empresas contratan los servicios de seguridad con firmas de vigilancia legales controladas por los Gaitanistas que actúan como fachada, o les pagan cuotas directamente a los frentes y bloques la las AGC.
Esto sin mencionar el floreciente negocio del trafico de migrantes por el golfo de Uraba, del que las AGC son dueñas de toda la cadena de negocios de esta actividad ilícita, ruta por la cual pasaron en el año 2023, mas de medio de millón de personas de Colombia a Panamá por el tapón del Darién.
Control social
En lo que respecto al control social sobre las comunidades, las Autodefensas Gaitanistas Construyen extensas redes de inteligencia civil y castigan con violencia a quienes violan sus códigos, pero otra forma de control muy extendida en sus zonas de influencia y poco conocida por la opinión pública, es a través de las iglesias cristianas y evangélicas, existe un acuerdo tácito entre pastores y Gaitanistas para llevar el mensaje de los del Clan del Golfo a través de sus predicas y congregaciones, mientras la guerrilla de las FARC expulsaba a los pastores de las zonas campesinas por considerarlas un vehículo de adoctrinamiento del imperialismo y un opio para el pueblo; los Gaitanistas han cooptado a la mayoría de las iglesias cristianas y tienen a muchos de sus pastores en la nómina, además entregan periódicamente generosos diezmos a sus iglesias, esto permite que los pastores adoctrinen a sus fieles en la obediencia a los códigos de comportamiento impuestos por el grupo ilegal y sirve a la vez como una efectiva red de seguridad y control de la población; incluso algunos mandos militares y políticos de las AGC son a su vez pastores de iglesias cristianas en sus veredas y corregimientos, ese fenómeno se pudo observar con mucha fuerza en el Uraba Chocoano, Antioqueño y Cordobés.[11]
En conclusión, la estrategia que trace el gobierno nacional para avanzar en las conversaciones de paz y posterior sometimiento a la justicia con las Autodefensas Gaitanistas debe tener en cuenta que este actor armado hibrido, se reciclo y adapto de anteriores procesos y su comportamiento se describe como el de una organización con una estrategia de expansión y método paramilitar sofisticado que dosifica y administra el terror, aplica un nivel de disciplina interna y social típico de los movimientos guerrilleros y que opera con la precisión de una empresa multinacional[12].
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[1] Resolución 257/2024. Art. 1 Autorizar la instalación de un Espacio de Conversación Socio jurídico entre los representantes autorizados del Gobierno Nacional y los miembros representantes de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
[2] ARTÍCULO 1°. Objeto. Esta Ley tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado. Para ello, adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, crea el Servicio Social para la Paz, entre otras disposiciones.
[3] Periódico el tiempo, 16/03/2023.
[4] ver “David Luna radica ponencia negativa para archivar ley de sometimiento del Gobierno”, El Tiempo, 26 de mayo de 2023.
[5] En entrevista con la FM, 08 de agosto de 2024.
[6] Las incógnitas de la paz total, Crisis Group, 2024
[7] La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los Gaitanistas, Informe No 105 sobre América latina , Crisis Group, 2024
[8] Ibidem
[9] Crisis Group, año 2024.
[10] Las incógnitas de la paz total, Crisis Group, 2024
[11] Investigaco Observatorio del conflicto CNAI, año 2022-2023
[12] Crisis Group, 2024.
Julio Arenas, Observatorio del conflicto Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Publimetro
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