Las declaraciones que Olmedo López rindió ante la justicia han comprometido, hasta la fecha, a quince congresistas, entre ellos a los presidentes de Senado y de Cámara, a un ex ministro del Interior, al actual ministro de Hacienda, el exdirector de Inteligencia, a otros altos funcionarios del Gobierno Nacional y personas cercanas al presidente Gustavo Petro, pero aun falta que todo ello sea comprobado. Sin embargo, el daño político es inmenso, y muchos se preguntan ¿qué consecuencias tendrán estas revelaciones para el gobierno del “Cambio”? El cáncer de la corrupción no es novedad en el país, y no empezó con esta administración, se sabe bien, pero los costos para un gobierno que propone una agenda diferente y cuyo liderazgo se forjó desde la histórica oposición política, con postulados de justicia y transparencia, son mucho más altos. ¿Cuál es entonces la mejor “quimioterapia” para erradicar este flagelo?
La decisión de la Fiscalía de imputar a López y a Pinilla se esperaba desde hacía varios meses cuando estalló el escándalo y se supo, entre otras cosas, que la UNGRD había realizado giros por 1,2 billones de pesos a municipios de Santander, cuando esas zonas no estaban en riesgo de desastre, como lo denunció el periodista Yohir Akerman en la revista Cambio, al afirmar también que la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, elegida por unanimidad como presidenta de la Comisión Séptima del Senado de la República, estaría “presuntamente involucrada, en los escándalos de los carrotanques y los jagüeyes inexistentes en La Guajira”[1].
Aunque el presidente Gustavo Petro reconoció “ser responsable” del nombramiento de Olmedo López, y el país recuerda que la promesa del campaña era garantizar una administración eficaz, transparente y libre de corrupción, “mermelada” y dudosos nombramientos, las consecuencias de este caso aún no se pueden determinar a cabalidad, pero sin duda afectarán la credibilidad del gobierno, generará un caudal de acciones judiciales, dará nuevos argumentos al feroz y sostenido ataque que la derecha política y la gran prensa lanzan sin tregua con la esperanza de ver caer en desgracia a Petro, y por supuesto que ellos, los de siempre, (incluyendo sus propias huestes de corrupción) sabrán pescar en río revuelto. El costo político será más grande de lo que podemos imaginar. Además, el hecho de que se trate del robo de dinero en medio de un proceso de justicia histórica, que empieza con el uso de carrotanques en La Guajira para garantizar el derecho al agua que siempre le fue negado a estas comunidades, indigna y molesta. En junio de 2023 el presidente Petro anunció un decreto para priorizar el uso del agua en La Guajira, criticando que se utilizara más para mantener cultivos de palma y la refrigeración de termoeléctricas que para el consumo humano, del cual depende la vida. Este proceso debería estar completamente blindado, pero no fue así. Y no sólo eso. Los carrotanques contratados por la UNGRD para llevar agua a las zonas más apartadas de La Guajira, permanecieron quietos en diferentes “bases militares de La Guajira y del municipio de Uribia, una de las zonas más afectadas por la falta de agua”[2].
Por hechos de corrupción al interior de esta Unidad, además de Olmedo López y Sneyder Pinilla, fue imputado el empresario Luis Eduardo López Rosero, alias ‘El Pastuso’, por presuntamente haber participado en el robo de recursos públicos a través de una operación financiera destinada a la compra de 40 carrotanques para transportar agua a las comunidades de la Guajira. Los delitos de los que se les acusa son: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
López y Pinilla decidieron negociar con la Fiscalía, romper su silencio y aportar la verdad sobre este entramado de corrupción a cambio de un principio de oportunidad que les permita acceder a algunos beneficios, como reducción de pena, protección de sus familias en Colombia o en el exterior e, incluso, la posibilidad de suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal, con el objetivo de estimular la delación y colaboración con la justicia. Los acusados no han parado de aportar datos sobre sus acciones y han acusado -como presuntos cómplices- a otros funcionarios que habrían participado en estos hechos, como congresistas, ministros, ex ministros, directivos de entidades administrativas, entre otros.
La primera cabeza que rodó, luego de sus denuncias, fue la de la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien salió oficialmente del Gobierno Nacional, luego de que el presidente mediante decreto del 16 de mayo aceptara su renuncia tras hacerse pública una declaración de Pinilla Álvarez, en la que afirmaba que Ortiz había sido la emisaria para entregar 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name. La exconsejera respondió indicando que “Pinilla pretende instrumentalizar judicial y políticamente a la Fiscalía en búsqueda de un principio de oportunidad, “intentando con falsas delaciones desviar la atención de los verdaderos implicados en los hechos, y obtener beneficios en su proceso penal”. Y advirtió “que detrás de las denuncias también hay intereses por “socavar el trabajo” que se ha adelantado desde el Gobierno Nacional bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro”[3].
La Fiscalía tomó nota de los nombres denunciados por los imputados, y como no le es posible investigar aforados, compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que asumiera los procesos contra los parlamentarios señalados. Por ahora son: Wadith Alberto Manzur Imbett, Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya, Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal, presidente de la Cámara de Representantes), Juan Diego Muñoz Cabrera, Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde, presidente del Senado), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U) y Karen Astrith Manrique Olarte (Citrep). El ministerio público asegura tener pruebas que dan cuenta de la participación de estos congresistas en procesos irregulares de contratación de la UNGRD.
Las graves revelaciones entregadas a las autoridades van en crescendo con el paso de los días, y parecen confirmar que los hechos de corrupción que comprometen el manejo de cuantiosos recursos en la UGRD, trascienden a la entidad misma, involucran a funcionarios de diferentes ramas y podrían afectar de modo grave algunas de las principales banderas y apuestas del Gobierno Nacional, como la política de “Paz Total”, según se desprende de las ultimas declaraciones rendidas por López y Pinilla ante la Corte Suprema de Justicia.
Luego aceptar su responsabilidad en los hechos y ofrecer su “colaboración” con la justicia, los imputados han lanzado temerarias y serias acusaciones que han desatado todo un huracán político en el país. Entre los señalamientos más graves están los que comprometen los esfuerzos de paz del Gobierno Nacional. Olmedo aseguró que “miembros del alto gobierno ordenaron financiar al ELN y salvar el proceso de paz con ese grupo”. La única prueba que afirma tener Olmedo López fue una libreta que, en caso de ser cierta, pondría en riesgo a la Paz Total.
“‘Hay células del ELN en Medellín y en Bogotá buscando hacerme daño a mí y a mi familia’”. El ministro Bonilla, según Olmedo López le habría dado la orden a la congresista de Arauca [Karen Manrique, quien ocupa una de las curules de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP)] para desviar contratos por valor de 208 mil millones de pesos que habrían terminado en las arcas del ELN. “Este es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo del que era el director, y otros que están por encima de quien recibía órdenes”, aseguró López” [4].
Pero la acusación más delicada no se dirige a un funcionario en específico o a una congresista, sino a uno de los pilares del Gobierno Nacional, el que quizás sea su propuesta más ambiciosa: la política de “Paz Total”. López aseguró ante la Corte Suprema de Justicia “que desde el Gobierno le ordenaron direccionar contratos de dicha entidad (UNGRD) para financiar a la guerrilla del ELN, presuntamente para que este grupo no se levantara de la mesa de negociación. Según esta información, el ELN necesitaría ese dinero público para frenar su práctica de secuestro extorsivo. Pero este miércoles la delegación del Gobierno en los diálogos ha negado las acusaciones”[5].
¿En riesgo la PAZ Total?
Tras las declaraciones de Olmedo López en la Corte Suprema, reveladas por Noticias Caracol, la Delegación de Paz del Gobierno Nacional se refirió a la mesa de diálogos con esa guerrilla.
“Todas las actuaciones en desarrollo del proceso de paz con el ELN se han ceñido estrictamente al principio de legalidad que significa el respeto a la Constitución y las leyes vigentes: en el contenido de los acuerdos suscritos, y en todos los temas y debates abordados en la Mesa de Diálogos de Paz”, señalan en un primer punto. También se mencionó que el respeto de ese principio cuenta con la permanente observación de la comunidad internacional -por medio de los países garantes y de los países acompañantes-, de la ONU y la Iglesia Católica, así como de los observadores de las Fuerzas Militares y de Policía que acompañan los trabajos de la delegación.
[…] Y se puntualizó el comunicado que “la exigencia al Eln de suspensión de la práctica del secuestro por razones económicas que ha formulado el Gobierno Nacional, nunca ha estado sujeta a ofrecimiento alguno de contraprestaciones o beneficios económicos”[6].Por su parte, el presidente Gustavo Petro también salió en defensa de la mesa de negociación, y contra las declaraciones de Olmedo López ante el tribunal supremo, escribió en su cuenta de X: “¿Entonces un proceso de paz cuyos miembros de la comisión negociadora incluye hasta miembros de la oposición, que cuenta con presencia de la Iglesia Católica, y los militares, que tiene como garantes a países extranjeros, cuyas reuniones tienen acta pública se enredó en una sucia transacción corrupta de contratos?”[7].
Este escándalo, cada vez más álgido, extenso y confuso, parecería para algunos un plan de desestabilización orquestado por personas interesadas en restar legitimidad y gobernabilidad al gobierno de Gustavo Petro. Y podría ser cierto, aunque no se puede tapar el sol con un dedo y no todas las acusaciones son desestimables, según se desprende de las investigaciones en curso. Es claro que al mandatario le ha faltado depurar su círculo político, contar con aliados y personas totalmente leales, éticas y confiables que asuman en serio, con convicción y altruismo, la oportunidad histórica de impulsar esos cambios estructurales que durante 220 años la derecha en el poder le negó al país, y que hoy se hacen impostergables para superar la espiral de la violencia y la obscena desigualad social.
¿A quiénes más han salpicado, calumniado o delatado?
-A Carlos Ramón González, exdirector del Departamento para la Presidencia y hoy director de inteligencia, y hombre de absoluta confianza del jefe de Estado. Lo señalan de ser el funcionario que dio la orden de comprar congresistas –con recursos de la UNGRD– para que le caminaran a las reformas que el Gobierno de Gustavo Petro tramitaba en el Legislativo”[8].
-Andrés Idárraga, secretario de Transparencia. José Luis Moreno, apoderado de Olmedo López, ha dicho que Idárraga “le realizó varias solicitudes a mi cliente (López) entre ellas la atención de varios alcaldes en el marco de un posible tráfico de influencias”[9].
– Luis Fernando Velasco, exministro del interior. “Sneyder Pinilla (exsubdirector de la Ungrd) y Olmedo López han asegurado tener pruebas contra el ahora exministro del Interior por la supuesta compra de congresistas para que se aprobaran las reformas del Gobierno nacional”.
-Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Fue acusado ante la Corte Suprema de haberle ordenado que ofreciera contratos de la UNGRD a congresistas, a cambio de obtener votos que le sirvieran al Gobierno en el Legislativo. En concreto: Olmedo habló de un supuesto “cónclave” en la Casa de Nariño en el que se tomó la decisión de buscar los votos de los congresistas a cambio de contratos”[10]. La repetida diatriba de López y su subalterno Pineda, no ha sido demostrada, pero será la justicia la responsable de despejar todas las dudas relacionadas con este caso.
El presidente Petro ha dicho que en su gobierno no se tolera la corrupción. “Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”. Y así debe ser, pero igualmente es necesario adoptar medidas preventivas.
¿Se puede acabar con la corrupción?
Desde la Presidencia se anunció la conformación de una mesa técnica para revisar el escándalo de corrupción en la UNGRD, pero en dicha mesa entre otros funcionarios del alto gobierno, se incluyó a Andrés Idárraga, secretario de la Transparencia, quien también ha sido señalado, y ello ha generado un nuevo -y justificado- malestar. Si bien es importante que el presidente tome decisiones, estás, por darse en un contexto tan complicado, con la derecha política buscando su quiebre, la gran prensa desinformando y la mayoría de la nación desconcertada y mirando con espanto las noticias sobre corrupción, se hace perentorio romper el esquema de las salidas tradicionales para actuar con mayor audacia e imaginación, buscando reestablecer la confianza de la ciudadanía, garantizando procesos de designación pública abiertos y transparentes, e impulsando nuevos liderazgos que cuenten con la calidad humana, valores éticos y formación académica para asumir el reto del cambio. No se puede hablar de transformación repitiendo patrones o gobernando con los representantes de una clase política forjada en los acuerdos oscuros, las practicas deleznables y los apetitos burocráticos. Hay más país, más nación, más personas calificadas libres de padrinazgos políticos y con hoja de vida en lugar de prontuario, que podrían sumar en lugar de restar.
La corrupción se propaga como un cáncer cuando no ha sido enfrentado con todos los recursos necesarios. En 1996 el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, pronunció un discurso titulado “El cáncer de la corrupción”, para ayudar a los países a “controlar” (¿no a derrotar?) este mal social. Si bien se trató de un hecho significativo porque era la primera vez que la cabeza de esta organización multinacional reconocía la importancia de debatir y analizar las consecuencias sociales, políticas y culturales de la corrupción, se quedó corto a la hora de ir a su causa estructural y plantear una solución efectiva. Dejó la tarea pendiente.
En Colombia durante la campaña presidencial de 1978, el candidato Julio César Turbay Ayala, quien resultó vencedor y condujo un polémico mandato caracterizado principalmente por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos dijo, sin el menor asomo de rubor: “Tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Esta frase que ha sido objeto de toda clase de burlas e interpretaciones, sugería que la corrupción es un mal imposible de derrotar, que debe ser aceptado con resignación, como si fuera algo natural, sólo hay que regularlo para no caer en excesos. No hemos entendido que hasta la más pequeña corrupción tiene efectos nefastos en la vida y en la conciencia de las personas y las sociedades.
En un estudio del Observatorio Fiscal, se afirmó lo siguiente: “La Contraloría y la Procuraduría coinciden en que la corrupción le cuesta a Colombia más o menos $50 billones de pesos cada año, casi lo mismo que pierden las arcas del Estado por evasión de impuestos (incluyendo el contrabando), según cifras aproximadas de la DIAN, cuesta tanto como el recaudo total por concepto de IVA. Es decir que entre corrupción y evasión se van más de $100 billones al año. Para que usted se haga una idea, $100 billones es casi la mitad del presupuesto nacional (que en 2018 es de $236 billones)”[11].
El reto que tenemos que asumir no es el de reducir la corrupción, es y debe ser el de erradicarla por completo, inculcar el respeto por lo público, entender las consecuencias que tiene en materia de desarrollo, equidad, justicia social y calidad de vida para millones de personas, y para el nombre, la dignidad y la vida de quienes terminan por ceder a ella. La corrupción no es un asunto menor. No es sólo desprecio por lo público, es abuso de poder y precariedad moral, es una forma de socavar las instituciones y los valores democráticos, y puede ser también un crimen contra la humanidad.
En algún medio señalaban que la corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD) se facilitó por su diseño, porque miles de millones se giran fácilmente sin ningún tipo de control. Y puede ser cierto, pero no es su causa. Si bien es necesario que se adopten medidas de blindaje, transparencia, protección y control de los recursos públicos -o privados también- a lo que deberíamos apuntar como país y como individuos es a desarrollar tal nivel de conciencia que, aunque fuera fácil robar, no se robe porque lo público (que es de todos), se respeta, porque no es correcto, porque hacerlo daña, perturba, fractura la democracia y la historia de miles de personas. Actuar con decencia y respeto debería ser una premisa nacional.
Algunos pensarán, sin embargo, que combatir la corrupción es un ideal inalcanzable, un imposible que se opone a la naturaleza humana; pero no es verdad. Solo lo hemos normalizado. Pero lo cierto es que erradicar la corrupción es posible, de hecho, hay países (como los escandinavos) libres de su dominio, y hacerlo permite economizar recursos, cancelar deudas y evitar nuevas, pone freno a prácticas indebidas, ayuda a concretar diversos objetivos de desarrollo que mejoran la calidad de vida y el bienestar de las personas y sus comunidades, dignifica la función pública, enaltece la condición humana y fortalece los sistemas democráticos.
Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, publicó hace seis meses en su portal una nota, en la que afirmaba que: “La aparición cotidiana de la corrupción nos ha llevado a justificar frases como “roba, pero hace” o la trágica fórmula de “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. La realidad es que nada de eso es aceptable, mucho menos para una sociedad con retos tan apremiantes en materia social, económica y ambiental, por mencionar algunos de los profundos déficits de nuestro país. […] sin duda, el Estado debe avanzar en investigar y sancionar de manera más ágil y contundente las redes de corrupción, en proteger de manera adecuada a quienes la denuncian, en rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, entre otros aspectos. Pero debemos asumir una responsabilidad más compartida en la lucha contra la corrupción”[12].
Recuperar la integridad política (empezando por garantizar transparencia en la financiación de campañas y de partidos políticos) es fundamental para combatir este flagelo; fortalecer el estado de derecho, crear un código ético para servidores públicos, un sistema de contratación abierto y transparente, registros públicos obligatorios de actividades y reuniones de funcionarios públicos, informes periódicos de rendición de cuentas para que el ciudadano logre acceder a estas plataformas y ejercer veeduría, siendo necesario motivar, educar y generar espacios de participación incidente y vinculante, fortalecer el sistema de justicia, más sanciones, en fin. Todo ello es válido, por supuesto, pero si no se deja de normalizar lo que no lo es, de justificar lo que nos daña, de minimizar su impacto y banalizar la baja moral y la ausencia de principios éticos a nivel social y político, será muy difícil salir de esta espiral de miseria moral en la que algunos trafican con su conciencia y se hacen obscenamente ricos mientras condenan a su pueblo a vivir en el atraso, la violencia, la injusticia y la miseria.
El cáncer ha hecho metástasis en todas las estructuras del Estado, pero existe la quimioterapia social, terapias efectivas -no de choque, necesariamente- que ayudarán a derrotarla para siempre. Y estas empiezan por una educación que rompa con la creencia de que el “ADN de la codicia” hace inexorable la corrupción. No es así. El verdadero sitio de poder no está fuera ni en el bolsillo ajeno. Está en el interior, en la conciencia humana.
“La corrupción sigue teniendo un impacto desproporcionado sobre los pobres y los más vulnerables, aumentando el costo y reduciendo el acceso a la salud, la educación, la justicia, la electricidad y otros servicios básicos, lo que exacerba la desigualdad”.
World Bank Group.niciativas anticorrupción.
#SerCorruptoNoEsNormal
Campaña de Transparencia por Colombia.
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[1] Cambio; “Los 1,2 billones que giró la UNGRD”. Por Yohir Akerman. Bogotá, 9 de Junio de 2024. Ver en: https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/los-12-billones-que-giro-la-ungrd
[2] Caracol Noticias: “¿Qué pasó con los carrotanques contratados por la UNGRD para La Guajira?”. Bogotá, 6 de mayo de 2024. Ver en: https://www.noticiascaracol.com/caribe/que-paso-con-los-carrotanques-contratados-por-la-ungrd-para-la-guajira-rg10#
[3] El colombiano; “Consejera para las Regiones Sandra Ortiz rechaza señalamientos de corrupción: buscan “desviar la atención de los verdaderos implicados”. Medellín, 3 de mayo de 2024. Ver en: https://www.elcolombiano.com/colombia/sandra-ortiz-rechaza-senalamientos-de-corrupcion-dice-que-buscan-desviar-la-atencion-GD24412949
[4] Peres: La mesa de diálogos para la paz con el ELN desmiente las graves acusaciones de Olmedo López”. Ver: https://www.pares.com.co/post/la-mesa-de-di%C3%A1logos-para-la-paz-con-el-eln-desmiente-las-graves-acusaciones-de-olmedo-l%C3%B3pez
[5] El País; El escándalo de corrupción en la UNGRD se extiende a la ‘paz total’ de Petro”. España, 17 de julio de 2024. Ver en: https://elpais.com/america-colombia/2024-07-17/el-escandalo-de-corrupcion-en-la-ungrd-se-extiende-a-la-paz-total-de-petro.html
[6] El Tiempo; “Delegación de Paz: suspensión de práctica de secuestro por Eln ‘nunca ha estado sujeta a ofrecimiento alguno de contraprestaciones o beneficios económicos’. Bogotá, 17 de julio de 2024. Ver en: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/delegacion-de-paz-suspension-de-secuestro-por-eln-nunca-ha-estado-sujeta-a-ofrecimiento-alguno-de-contraprestaciones-o-beneficios-economicos-3362902
[7] Ver trino del mandatario en el siguiente enlace:
Entonces un proceso de paz cuyos miembros de la comisión negociadora incluye hasta miembros de la oposición, que cuenta con presencia de la Iglesia Católica, y los militares, que tiene como garantes a países extranjeros, cuyas reuniones tienen acta pública se enredó en una sucia… pic.twitter.com/cJ8j7zBFpc
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 17, 2024
[8] El colombiano; “¿Olmedo López salpicará a Carlos Ramón González en escándalo de la UNGRD?”. Mayo 6 de 2024. Ver en: https://www.elcolombiano.com/colombia/olmedo-lopez-delataria-a-carlos-ramon-gonzalez-caso-ungrd-DA24423101
[9] Idem.
[10] El País; “El caso de corrupción de la UNGRD cerca al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla”. España, 17 de julio de 2024. Ver en: https://elpais.com/america-colombia/2024-07-18/el-caso-de-corrupcion-de-la-ungrd-cerca-al-ministro-de-hacienda-ricardo-bonilla.html
[11] Observatorio Fiscal de la Pontífice Universidad Javeriana; “¿Cuál es la “justa proporción” de la corrupción (y la evasión)?”, Por Jefferson Contreras. Bogotá, 4 de septiembre de 2018
[12] Transparencia por Colombia; “¿No más corrupción?”. Por Andrés Hernández. Enero de 2024. Ver en: https://transparenciacolombia.org.co/no-mas-corrupcion/
Maureén Maya
Foto tomada: La Silla Vacía
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