La modernización del agro es una prioridad. A este proceso contribuiría la formali-zación de los acuerdos de La Habana. Con razón, el primer punto del documento firmado por el gobierno y las Farc se refiere a la reforma rural integral (RRI), que propone cambios sustantivos en el ordenamiento del territorio, en la formalización de la propiedad, y en el mejoramiento de la productividad. La RRI es un propósito que se debe buscar, aún si fracasaran las negociaciones en La Habana. La RRI es un paso necesario para cerrar la profunda brecha urbano/rural, y para mejorar las condiciones de vida en el sector rural.
Las tareas concretas que se deben llevar a cabo para conseguir la RRI ya han sido esbozadas en el estudio de la Misión para la Transformación del Campo (Saldar la Deuda Histórica con el Campo. Marco Conceptual de la Misión para la Transformación del Campo), y en el Informe Nacional de Desarrollo Humano, (Colombia Rural. Razones para la Esperanza). El primer trabajo fue dirigido por José Antonio Ocampo, y se terminó en el 2015, y el segundo por Absalón Machacho, y se entregó en el 2011. Ambos estudios tienen coincidencias que vale la pena resaltar.
1. El ordenamiento territorial debe ser una prioridad. Tiene que haber convergen-cia entre el uso del suelo y su vocación. Se observan dos fenómenos preocupan-tes: la ampliación de la ganadería extensiva y la eliminación de los bosques. La asimetría entre vocación y uso del suelo está generando daños que son muy difíciles de revertir. El cierre de la frontera agrícola debe realizarse de tal manera que el uso del suelo sea sostenible. En el plan de desarrollo de este gobierno, Todos por un Nuevo País, el crecimiento verde se plantea como una estrategia de “largo plazo”, que debe permitir alcanzar un “crecimiento económico sostenible”. La competitividad nacional y regional tienen que ser compatible con el desarrollo sostenible.
El desarrollo regional debe tener en cuenta, además, los flujos de personas y bie-nes que se presentan alrededor de las grandes aglomeraciones urbanas. El estu-dio El Sistema de Ciudades en Colombia, coordinado por Carolina Barco y termi-nado en el 2012, mostró la relevancia de pensar las interacciones que se llevan a cabo entre las ciudades, y entre éstas y su territorio. Duranton / dice que el exa-men de la eficiencia de las ciudades no se debe reducir a lo que pasa al interior de la ciudad, sino que “debe contemplar la eficiencia entre ciudades”. En Colombia Rural se calcula el índice de ruralidad a partir de dos variables: densidad y distancia. Una población es más rural en la medida en que sea menos densa, y esté más lejos de un centro urbano relevante.
2. Definición de los derechos de propiedad. Hay consenso en la necesidad de formalizar la propiedad en el campo. Esta condición básica para el desarrollo del capitalismo en Colombia todavía no se ha cumplido y actualmente la mayoría de los predios rurales no están debidamente formalizados. Los acuerdos de La Habana insisten en la conveniencia de formalizar la propiedad privada. Desde esta perspectiva es bienvenida, entonces, la preocupación por la consolidación del catastro multipropósito, que permitiría: i) agilizar la actualización catastral, ii) ampliar el uso de la información catastral, que actualmente se reduce al aspecto fiscal (predial), iii) articular de manera técnica los datos de catastro con la de las oficinas de registro.
Siguiendo las disposiciones del plan de desarrollo Todos por un Nuevo País, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) elaboró el documento Conpes no. 3859 de 2016, Política para la Adopción e Implementación de un Catastro Multi-propósito Rural-Urbano. De acuerdo con el DNP, “… en la actualidad, el 28% del territorio nacional no cuenta con formación catastral, y el 63,9% del área formada tiene catastros desactualizados (722 municipios)”.
Situación catastral del país a enero de 2015
Fuente: DNP (2015, Reajuste de Avalúos Catas-trales para la Vigencia 2016, Documento Conpes, no. 3852, DNP, Bogotá, p. 8) a partir del Igac
El cuadro resume la situación catastral del país a enero 2015. En el sector rural el 56% de los catastros están desactualizados. Esta situación contrasta con la de Bogotá, Medellín y Cali, en donde la actualización es de 100%. Estas 3 ciudades, junto con Antioquia, tienen descentralizado el catastro, así que su formación no depende del Igac. Sería conveniente que otras ciudades le soliciten al Igac y al DNP la delegación para actualizar directamente sus catastros.
Además de las ventajas fiscales, la actualización del catastro favorece la formalización de la propiedad, y la modernización del agro.
3. Equidad y sostenibilidad. Existe un cierto consenso alrededor de los vínculos que existen entre sostenibilidad y equidad. La sostenibilidad ambiental está íntimamente ligada a la equidad. Sin ésta no es posible lograr la sostenibilidad. La equidad es una condición necesaria para que haya equidad. La equidad que favorece la sostenibilidad no sólo es intergeneracional. El proceso debe comenzar desde ahora, así que la equidad intrageneracional es relevante. El mejoramiento de la distribución del ingreso y de la riqueza es una tarea que no se debe posponer.
Las declaraciones gubernamentales a favor de la equidad contrastan con las pro-puestas de reforma tributaria, que insisten en aumentar el IVA, y son temerosas frente a las impuestos a la riqueza. Todo indica que se buscarán fuentes de ingreso que no toquen los grandes capitales. Los impuestos a la tierra serían un camino expedito para mejorar la distribución de la riqueza, y la actualización catastral es un instrumento esencial para lograr este propósito.
4. Convergencia rural/urbana. Los estudios reconocen la existencia de una pro-funda brecha entre lo urbano y lo rural, y muestran la necesidad de que haya convergencia. El acercamiento entre la ciudad y el campo es una expresión de modernidad. Y por esta razón, la Misión de Transformación del Campo y el Informe de Desarrollo Humano proponen modificar la política pública, de tal manera que el énfasis se ponga en la oferta de servicios públicos, más que en la distribución de subsidios monetarios directos. El Estado tendría que aumentar la inversión en servicios básicos como acueducto, educación, salud, vías terciarias, asistencia técnica y créditos blandos. Si la oferta de estos servicios mejora de manera sustantiva, habrá convergencia en las condiciones de vida de las zonas urbanas y rurales. Las pequeñas unidades productivas pueden ser eficientes si tienen el apoyo del Estado. Por tanto, el gasto público destinado al campo tiene que aumentar de manera sustantiva. Y la financiación de este gasto es posible si los impuestos se fijan con criterios de progresividad, buscando que la tarifa del impuesto vaya creciendo a medida que el ingreso y la riqueza aumentan.
Jorge Iván González
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13 de octubre de 2016
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