Un sistema de salud capturado por el capital y la politiquería, con regímenes laborales precarios para médicos y enfermeras, además de los problemas de corrupción (cartel de la hemofilia, del baston, de la alimentación, etc.).
En el frente social, cerca de 3 millones de familias (12 millones de personas) vulnerables por fuera de los programas que pregonan apoyar “a las familias pobres y pobres extremas” a través de la entrega de unas asignaciones insignificantes, a tal punto que les ha toca salir a incrementarlas[1].
Por ejemplo, en el caso de la compensación del IVA se realizará el pago de $75.000 cada 2 meses “a las 700 mil Familias en Acción más pobres”. Este número de familias es aproximadamente el 50% de los hogares en pobreza extrema o el 1.6% de las familias pobres. El programa bandera de lucha contra la pobreza, “Familias en Acción”, cubre a 2´600.000 hogares, el 50% de las familias definidas por el DANE como pobres monetariamente[2].
Si a estos 3 millones de hogares vulnerables, que se encuentran por fuera de los programas sociales del Gobierno nacional, se adicionan las familias en pobreza monetaria, aproximadamente 4 millones (13 millones 73 mil personas), entonces se puede afirmar que la cobertura de los programas sociales es mínima, además de no existir claras diferenciaciones entre los rural y lo urbano.
De acuerdo con la Misión para la Transformación del Campo, el 41,3 % de los hogares urbanos cuenta con protección contributiva, mientras que este porcentaje es del 9.0% en el rural-disperso. El mercado laboral rural es heterogéneo y altamente segmentado, con una proporción importante de personas ocupadas por cuenta propia. De igual manera, encuentran que “un porcentaje importante de hogares rurales -más de la mitad- no cuentan con protección alguna”, adicional a que “la mayor parte de los ocupados rurales trabajan en actividades económicas de bajos niveles de ingresos y en posiciones ocupacionales con rentabilidades salariales que no llegan al SMLV, lo que conduce a que la mayor parte del trabajo del campo se sitúe dentro del umbral de la informalidad” (La Protección Social de la Población Rural. 2015).
Así pues, no resulta difícil señalar que las dos emergencias económicas declaradas por el Gobierno nacional han dado la espalda al sector rural, a la población pobre y vulnerable del campo y las ciudades, y las posibilidades de crédito asignadas han sido capturadas por los grandes terratenientes y empresarios rurales[3].
La segunda emergencia económica
El Gobierno nacional en sus considerandos de la nueva declaratoria de emergencia económica (Decreto 637 del 6 de mayo de 2020), utiliza los resultados de las encuestas realizadas por los gremios empresariales, donde reportan que: “las empresas sólo tienen 11 días para operar si destinan la totalidad de la caja de la compañía para cumplir con todas sus obligaciones, es decir, la nómina completa incluyendo seguridad social, proveedores, sector financiero, contratos y DIAN. En el caso de las empresas de la industria manufacturera tienen 12 días para operar.” En caso de que pudieran destinar su caja exclusivamente al pago del salario de los trabajadores, podrían subsistir 33 días y, en caso de tener que pagar la nómina completa, los recursos alcanzarían para 28 días”. En el caso del sector comercio “uno de cada tres comerciantes no tiene recursos para pagar sus nóminas y el 38% del comercio anuncia cierres o ingreso a la Ley de Insolvencia”.
En este documento, se hace uso de la información reportada por las empresas a la DIAN en sus declaraciones de renta, a efecto de calcular el peso específico de la nomina, del aporte a las Entidades (Sena e ICBF, entre otros) y de la Seguridad Social, a efecto de matizar los resultados empresariales; pues ellos, como grupo de presión, no independientes y al servicio de los intereses de sus afiliados, publicitan lo que les resulta benéfico para sus asociados.
La nómina
Las empresas presentan sus gastos de nómina en las declaraciones de renta. Este valor se puede relacionar con los ingresos brutos del sector o a nivel de actividad económica; o respecto al patrimonio o al efectivo.
No sobra señalar, que el efectivo se contabiliza dentro del patrimonio bruto y, éste representa el 7% de este y una quinta parte de las Inversiones en instrumentos financieros derivados. Esto resulta importante a efecto de matizar el considerando gubernamental.
De acuerdo con el Cuadro 1 y los Gráficos, se puede destacar lo siguiente:
No todos los sectores son homogéneos. Si para el Sector Minero los gastos de nómina representan el 6.9% de sus ingresos brutos, para el sector de las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos y de apoyo lo es en el 34.8%. Ello es el reflejo de cuan intensivo, en capital o mano de obra, es el sector o la actividad económica (Gráfico 1, Cuadro 1).
Ahora bien, la doceava parte del gasto de la nómina es una buena aproximación al costo mensual, y si se divide el ingreso bruto por este valor, entonces el ingreso bruto del sector minero, alcanzaría para 175 meses y de 34 para las actividades profesionales. Para el sector comercio, transporte, alojamiento y comidas, este sería de 148 meses.
Ahora bien, si este mismo valor se compara con el efectivo declarado (que representa tan sólo el 7% del patrimonio), alcanzaría para 4 meses en las actividades profesionales o 6 meses en la agricultura, o 10 en el comercio, hoteleria y comidas. El sector agropecuario resulta ser similar al de la industria manufacturera y más sensible respecto a otros sectores, por ejemplo, el financiero, donde el efectivo alcanza para 85 meses.
Es claro que a nivel de las actividades estos indicadores cambian (Gráfico 4 y 5). Los dos indicadores, además de mostrar la heterogenidad a nivel de actividades, deja ver como los grupos de presión empresariales tan sólo observan las necesidades internas de su sector; pues ninguno de ellos destaca lo sensible que se encuentra el sector agropecuario o las actividades desarrolladas por los hogares.
El Gobierno nacional si bien puede escuchar los llamado de los grupos de presión empresariales, debe de tomar medidas de política pública sobre la base de información confiable, completa y análisis menos sesgados, de tal forma que su intervención favorezca a los grupos sociales y empresariales más vulnerables tal y como se lo exige el Estado Social de Derecho (Art. 1 de la Carta Política), como la restricción de ingresos fiscales autoimpuesta, dada su negativa a realizar una reforma tributaria estructural; aumentar de manera injustificada los beneficios tributarios a las empresas por más de 9 billones de pesos en la pasada reforma tributaria; o la negativa a utilizar un impuesto al patrimonio progresivo para las grandes corporaciones[4] y las personas naturales con patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos. No se puede olvidar que la justicia social fortalece la democracia, mientras que la profundización de la desigualdad la deteriora (Jacobs, E. 2017)[5].
Adicional a lo anterior, el Gobierno en sus considerandos hace un llamado a los trabajadores colombianos con base en una encuesta de la Federación Nacional de Sindicatos del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de la República Popular China, buscando que los costos de la pandemia recaiga sobre los trabajadores, al señalar: “Que, para que crisis como la de la actual pandemia, no resulte en despidos masivos, en países como China, la Federación Nacional de Sindicatos del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social ha sugerido adoptar medidas que facilitan compartir la carga entre el empleador y el empleado. Estas medidas incluyen la posibilidad de re-negociones salariales, rotación de puestos y licencias, así como permitir pago por horas trabajadas. (Fuente: Encuesta de medición del impacto del COVID-19, Federación Nacional de Sindicatos del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de la República Popular China.).
Con este tipo de intervenciones, se desentraña y profundiza la exclusión social y la desigualdad patrimonial y de ingresos, fortaleciendo a los agentes institucionales como extrainstitucionales que sostienen el régimen, tal y como Boaventura de Sousa Santos lo señala (https://www.sur.org.co/para-alimentar-la-llama-de-la-esperanza/).
Así pues, es la oportunidad para que de manera conjunta la sociedad bsuque alternativas que profundice el Estado Social de Derecho, mejore la intervención pública en beneficio de la población más vulnerable y en pobreza extrema en el campo como en las ciudades, que haga más justa la sociedad; y para ello, la busqueda de consensos calificados puede ser una primera aproximación , al igual que el cerrarle el paso a los agentes extra institucionales que elimina a los lideres sociales como a los campesinos, que luchan por proteger el teritorio y sus tieras, para mantener el statu quo.
_____________________________________
[1] El programa de Ingreso Solidario inicialmente anunció la entrega de $160.000 (18.2% de un SMLV) y luego lo incrementó a $320.000 (36.5% de un SMLV). Uno de los riesgos del programa “Familia en Acción” ha sido el de convertirse “en el único medio de lucha contra la pobreza”, y esta crisis lo esta demostrando. Adicional a ello, entre los últimos anuncios de la directora de Prosperidad Social, está el de la entrega de 2.601.252 incentivos en el programa “Familias en Acción” por un valor total aproximado de 711.000 millones de pesos. “El pago extraordinario será de 145.000 pesos por familia”; lo cual equivale a una entrega de $273.330 por familia (31.1% de un SMLV).
[2] Según el DANE, “la línea de pobreza extrema o línea de indigencia nacional del año 2018 fue de $117.605 pesos y la línea de pobreza monetaria nacional del mismo año fue de $257.433 pesos. De esta manera, la población cuyo ingreso per cápita de la Unidad de Gasto se encuentra entre $0 y $117.605 pesos, corresponde al 7.2% de la población colombiana que vive en condición de pobreza extrema y aquellos cuyo ingreso per cápita de la Unidad de Gasto de encuentra entre $0 y $257.433 pesos, corresponde al 27% de la población colombiana que vive en situación de pobreza” https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetaria_18.pdf.
[3]“La CGR encontró que de los $226.000 millones colocados en esta línea de crédito hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores. De los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos. Con corte reportado al 23 de abril de 2020 a la CGR por parte de FINAGRO, se han desembolsado créditos por $224.502.909.702. La línea no fue focalizada por productos, regiones y en pequeños productores para atender la situación de emergencia y contribuir con la producción y con la sostenibilidad alimentaria”.
[4] El patrimonio promedio de las 1000 empresas más grandes del país fue de $526 mil millones en 2018 y representó cerca del 39% del Patrimonio declarado ante la DIAN, por las Personas Jurídicas. Adicionalmente, la Super Intendencia de Sociedades reportó que en los últimos 5 años, estas 1000 empresas, tuvieron unas ganancias anuales cercanas al 5% del PIB y unos Ingresos Operacionales del 66% del PIB. En este escenario, ¿pueden estas empresas a contribuir a subsanar la crisis social que viven los hogares pobres y vulnerables del país?. Si se aplica una trifa del 1 por ciento sobre el patrimonio de las 1000 empresas, se recauda $5.26 billones.
[5] Jacobs, Elisabeth. 2017. En todas partes y en ninguna: la política en El Capital en el siglo XXI. En “Debatiendo con Piketty. La agenda para la economía y la desigualdad”. Editado por J. Bradford Delong, Heather Boushey y Marshall Steinbaum. Editorial Deusto. Cap. 21.
Jorge Espitia
Deja un comentario