Un análisis de lo expresado en esta entrevista, por la entonces Ministra de Trabajo[1], entrega luces sobre lo que se está cocinando entre el Gobierno, el sector financiero y entidades rémoras, como la ANIF y FEDESARROLLO, para desmontar los derechos humanos y las garantías fundamentales de millones de colombianos, en pro del beneficio económico de unos pocos. Pocos pero dueños de mucho, entre otras cosas de los bancos, los medios de comunicación, las constructoras, etc,.; y de grandes accionistas (entre ellos altos funcionarios de este Gobierno) que, a pesar del fracaso histórico de los fondos privados de pensiones, han adquirido sospechosamente un número multimillonario de acciones, como si adivinaran que las condiciones de estos fondos van a cambiar y a convertirse en un lucrativo negocio. Negocio montado a partir de los derechos económicos y sociales de la gente y la condena a muerte de nuestro Fondo Público Pensional, COLPENSIONES.
En la primera parte de la entrevista, la Ministra, al mejor estilo de Cantinflas, explica: “Primero, que no es una reforma pensional, es una reforma al sistema, a la estructura del sistema de protección de la vejez” Y a la pregunta de ¿cuál es la diferencia?, responde: “Qué los pensionados son solamente 3 millones y las personas que trabajan 23”. Puesto así, mañana, cuando el Gobierno anuncie la reforma laboral, que dirá: que no es una reforma laboral, sino una reforma a la estructura, al sistema de protección de los colombianos, porque los colombianos somos 45 millones, y los que trabajan 23, o mejor dicho solo 3 millones que trabajan, porque si tu trabajo no te da para cotizar regularmente a la seguridad social, y de esta manera ahorrar para tener derecho a pensionarte con, al menos, un salario mínimo, eso no se puede llamar trabajo.
Con gran desparpajo, continua la entrevista, y la Ministra Arango, para explicar lo dicho, desembucha las siguientes cifras y realidades: “Pasa eso por muchos motivos: primero, porque muchos no alcanzan el número de semanas, se les pasa la edad y quedan con un bono pensional que, desafortunadamente, se lo gastan en seguida, no es un bono pensional para su vejez. Otro, porque hay mucha informalidad en Colombia, y entonces la gente no cotiza. Y el otro porque, es que, en un país donde el 44% gana menos del salario mínimo ¿de qué estamos hablando? De 23 millones cotizan 8 millones 300 solamente, y de esos solamente se pensionan 3 millones (…) Es un país que tiene que mirar y decir. ¡Algo está mal!.”
Estamos hablando Ministra, que la privatización de la seguridad social, a través del sistema de fondos privados de pensiones, que se estipuló e instauró hace 25 años a partir de la Ley 100 de 1993, es un fracaso. Que la promesa de que nos íbamos a pensionar más personas y mejor pagas fue una mentira, y que hoy no pueden venir a culpar del descalabro neoliberal a la gente, y mucho menos a COLPENSIONES, que contra todo pronóstico no desapareció y, por el contrario, ha generado que, ante la estafa de un sistema privado de pensiones, que pensiona mal, o no pensiona, sino que da bonitos para la vejez, la gente ha migrado en masa hacia el Fondo Público, ante la corrupción y el mal manejo de los fondos privados (que paradójicamente fue el discurso con el que privatizaron la seguridad social en Colombia).
Pero de fondo, las cifras que confesó la Ministra Arango, nos sirven para desnudar varias falacias institucionales. La primera es que, las cifras de desempleo, que hoy son preocupantes, pues vistas a la luz de lo dicho por la Ministra, deben ser vistas como catastróficas. Meter en la misma bolsa a quién tiene un empleo formal y, por tanto, puede cotizar ante el sistema de seguridad social, con quienes no tienen estabilidad laboral e, incluso, con los informales que venden chicles en los semáforos, pues sirvió para mejorar los índices de la política social, entre ellos la pobreza, pero no para proyectar políticas o medidas efectivas y reales ante problemas tan delicados como la seguridad para la vejez.
Esa política de cambiar los indicadores para que se vean resultados positivos en empleo o en pobreza, nos está pasando factura. Primero, porque no nos dejó ver ni analizar la gravedad de los problemas sociales que se nos venían encima; segundo, porque ante la miopía de las cifras, no pudimos reaccionar a través de medidas eficaces para generar condiciones de productividad y, sobretodo, de creación de más y mejores oportunidades laborales, de empleo digno. Y tercero, porque lo que tenemos hoy es una sociedad fracturada, enormemente desigual, que tiene una política social para colocar curitas ante una herida tan profunda como la pobreza. Pobreza cuya raíz es la ausencia de recursos, o el bajo ingreso de la inmensa mayoría de la población ya que, como lo confesó la propia Ministra, cerca de la mitad de los colombianos que “trabajan”, ganan menos de un salario mínimo. De esta forma, un nuevo mejor indicador de pobreza debería ser la cotización regular al sistema de seguridad social, de al menos un miembro de la familia.
Pero lo que más preocupa es que el relato oficial va en contra vía de la realidad social, esa que cantó la Ministra en el canal Caracol. El Gobierno, Fedesarrollo y la ANIF han repetido hasta la saciedad que el problema de la economía colombiana son los “altos costos laborales”, por lo cual abogan por bajar, aún más, el salario mínimo, acabar las garantías laborales, desmontar COLPENSIONES y terminar, en el fondo, con el derecho constitucional al trabajo digno. Pero si algo genera atraso y estancamiento a nuestra economía, es precisamente lo contrario: nuestro aparato productivo no crece por la gran cantidad de gente excluida de él, nuestra economía está enferma por la gran cantidad de colombianos sin poder adquisitivo, sin acceso a lo más mínimo, y que no participan del mercado, porque no tienen con qué. Y además, porque nuestra economía está anquilosada, no por los costos laborales, que es una patraña del Gobierno y de algunos gremios, sino por los costos de capital, esa intermediación financiera que raya en lo criminal y, por lo cual, tenemos las altísimas tasas de interés, los elevados costos de las transacciones financieras, ese mundo volátil y especulativo donde además cayeron nuestros dineros, a través de su administración por los fondos privados de pensiones; costo de capital que, junto a un sistema tributario inequitativo, son los verdaderos culpables que se afecten las pequeñas y medianas empresas, que crean el 65% del empleo en Colombia.
Y dentro de esta gran parte de la población excluida económica y socialmente, los adultos mayores representan la mitad, ya que, según informes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, una de cada dos personas mayores de 65 años en Colombia no tiene recursos propios, o sea, la mitad de nuestros abuelos son pobres. Y lo peor, esta cifra tiende a escalar dramáticamente en los próximos años, dado que si en este momento el 76% de los colombianos está en la informalidad, quiere decir que junto a los desempleados y los inestables, tenemos una cifra inmanejable, en el futuro próximo, de personas mayores pobres, desprotegidas, que el Estado deberá atender con enormes recursos, a través de sus fallidas políticas asistencialistas, o dejar morir en la indigencia, lo cual si es una verdadera bomba social.
Por esto, de todo lo que expresó, sin siquiera sonrojarse, la entonces flamante Ministra de Trabajo, quiero destacar, para terminar, la siguiente frase: “Colombia tiene que cambiar su forma de contratar(…) Por ejemplo, un ingeniero de sistemas tu no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas”. Frase que resume la política y actitud de este gobierno frente al derecho al trabajo, a la seguridad social y por ende, al derecho a la vida digna. Esa tendencia a promover aún más el desempleo, la inestabilidad laboral y la informalidad, que hará, aún más imposible, que los colombianos podamos cotizar y aspirar a una pensión que nos dé una seguridad mínima para la vejez.
Esa ineptitud a la hora de proponer una política económica capaz de fortalecer la estructura productiva del país en función de la creación de trabajos de calidad o tan siquiera decentes; ese atraso para aprovechar, o al menos regular a favor de los colombianos, las nuevas formas de economía digital; esa tendencia a engañar a la gente reduciendo los derechos laborales y de seguridad social, a la vez que se lanzan pomposamente los famosos emprendimientos o proyectos productivos destinados a la población de escasos recursos, donde bajo el discurso que “todos somos empresarios”, estamos lanzando a la frustración y al fracaso a miles de familias vulnerables y, en el mejor de los casos, a la informalidad callejera, con cero opción de lograr la seguridad social a sus familias y mucho menos una pensión.
Por eso, como me dijo un amigo costeño, ingeniero de sistemas (anteriormente emocionado con la economía naranja): “Ajá Dile a la Ministra que: ¿por qué no pone el ejemplo y se pone a laborar ella por horas? Al final y al cabo ¿quién necesita a una ministra de trabajo de sus calidades, por más de dos horas en el despacho?
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[1] Entrevista completa de Caracol Noticias a la Ministra de Trabajo Alicia Arango, 2 de febrero de 2020, en el link: https://www.youtube.com/watch?v=YRevd6qIsUk
Gabriel Bustamante Peña
Foto tomada de: www.kienyke.com
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