Hoy en medio de un contenido pánico colectivo, generado en parte por una prensa irresponsable, el país recuerda que hay instalaciones médicas cerradas porque varias EPS fueron intervenidas por entes estatales paquidérmicos y cómplices de lo que venía ocurriendo con el sistema de salud privado, que creó la Ley 100 de 1993. Infraestructura que bien podría servir para atender allí a los contagiados por el virus o, simplemente, para que fungieran como satélites para aminorar los desafíos logísticos de la pandemia.
En esos complejos médicos abandonados, transitan la inmoralidad de gerentes, de políticos profesionales, jueces, liquidadores, administradores, superintendentes y de los operadores políticos que con la ley 100 de 1993, convirtieron la salud en un negocio rentable para unos pocos; modelo que precarizó la vida de médicos y enfermeras, convertidos en instrumentos silenciosos de un esquema de negocio que, basado en el logro de una mayor eficiencia, hizo de la entrega de paliativos para millones de usuarios, un modus operandi que se acercó a una forma de criminalidad. Y qué paradoja, sobre esos mismos médicos y enfermeras, altamente castigados por la ley 100, recaen las esperanzas del resto de la sociedad para que la pandemia no termine desbordando el sistema de salud. Y es tal el nivel de subvaloración del oficio de la medicina, que en el Valle del Cauca la gobernadora y otras autoridades hacen un llamado para que personal médico preste sus servicios de manera voluntaria. Y en Boyacá, circula un consentimiento del Hospital Regional de Duitama[3], para que lo firmen médicos mayores de 60 años, en el que asumen la responsabilidad ante los riesgos de contagio. Por qué no buscar recursos económicos para pagarles a los médicos, eso sí, garantizado condiciones de bioseguridad
Esa crisis moral y ética que también se manifiesta en la subvaloración de los médicos y del resto del personal de la salud, hace aún más inviable a este país en medio de semejante coyuntura. Y esa “déficit” moral y ético, y la consolidación de un ethos mafioso, se acompasa con un inexistente liderazgo en sus intelectuales, en su dirigencia, cada vez más atada a sus mezquinos intereses e incapacidad para llevar al país por caminos de un desarrollo que beneficie a las grandes mayorías; se suman a esas ausencias de liderazgos, las universidades públicas y privadas, históricamente de espaldas a esas realidades sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que hoy, por cuenta del Covid19, parecen que se nos presentan con mayor claridad: pobreza, miseria, subempleo, y la ruindad de los voceros- no líderes- de los más reconocidos, mediáticamente, agentes de la sociedad civil.
Esa misma sociedad civil que en su conjunto, jamás ha logrado concebir una agenda común. Por el contrario, cada asociación, gremio, organización, sindicato o iglesia aprendió a luchar exclusivamente por los intereses de sus representados. Y con la rapidez como se disemina el coronavirus, de esa misma manera nos contagiamos de insolidaridad, “importanculismo” y de todos los males que puede crear el mercado, cuando a este nos entregamos sin mayor reflexión.
Y tan fuerte ha sido esa mano invisible del mercado, que tiene a sus pies al Estado colombiano. Estado que, fruto de una amalgama de intereses privados, hoy deviene con un carácter privatizado y corporativo, el mismo que le impide al Jefe del Estado adoptar innovadoras decisiones para afrontar los desafíos de la declarada pandemia. Y por supuesto, las fuerzas del mercado hicieron lo mismo con la Política. Pepe Mujica lo advirtió hace un tiempo: “la política, la eterna madre del acontecer humano, quedó engrillada a la economía y al mercado…”[4].
Y como de esa amalgama de intereses de la élite política y económica brota un orden social, económico y político, ese orden jamás acogió o asumió lo estatal y lo público más allá de los cicateros intereses de unas cuantas familias que en esta crisis generalizada y de parálisis nacional y mundial, deben estar orando al Santísimo para que no permita que el Covid19 toque a sus miembros y menos aún, a sus patriarcas más sobresalientes.
Duque, el párvulo
La emergencia sanitaria tomó a Colombia con el débil liderazgo de Iván Duque Márquez. Presionado por las circunstancias y por los llamados de sectores académicos y políticos, quien funge hoy como Jefe de Estado tomó decisiones que podrán ser consideradas tardías, si la situación médica y sanitaria se agrava.
La demora en el cierre de las fronteras y en particular, la aérea, permitió reconocer y advertir en Duque su pequeñez como ciudadano y político, su inexperiencia para tomar decisiones prontas y arriesgadas, y un talante autoritario que lo acercó a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Poner en la Casa de Nariño a quien en su vida jamás administró un ente territorial no solo es y será el mayor error político del propietario del Centro Democrático (es una micro empresa electoral, y no un partido), sino que es la expresión del poder, tan incontrastable, como dañino, que concentra el banquero Sarmiento Angulo.
Y ante el débil o casi nulo liderazgo, obstinación e incapacidad para adoptar medidas, varios alcaldes y gobernadores se le adelantaron al gobierno nacional, y tomaron decisiones jurisdiccionales en el marco de la autonomía territorial; esas medidas y decisiones de los gobernantes locales y regionales terminaron por confrontar al gobierno nacional, hasta el punto que, de manera abrupta, Duque emite el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, en el que se lee: “1. La dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar propagación del COVI19 en el territorio y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza presidente de la República.2. Aplicación de las instrucciones en materia orden público del presidente de la República. Las instrucciones, actos y órdenes del Presidente de la República en materia de orden público, en el marco emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19 se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes. Las instrucciones, los actos y órdenes de los gobernadores se aplicaran de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. Y 4. Sanciones. Los Gobernadores y Alcaldes Distritales y Municipales que omitan el cumplimiento de los dispuesto en este Decreto, serán sujetos a las sanciones a que haya lugar”.
Al tono desafiante del decreto se suman dos elementos: el primero, que el presidente asumió el manejo de la emergencia sanitaria y médica como un problema de orden público, cuando lo que se le estaba pidiendo, desde varios sectores, era que reaccionara de manera rápida ante la inminente llegada del coronavirus al país por los principales aeropuertos, debido a la llegada de extranjeros y de colombianos que tuvieron contacto con ciudadanos europeos o asiáticos contagiados o portadores asintomáticos del covid19; y el segundo, la previa reacción de la señora ministra del interior, Alicia Arango, quien desestimó los riesgos de la pandemia. El fino y al parecer eterno fusible de Uribe, señaló: “No se pueden cerrar las ciudades y menos donde no ha llegado el virus”[4].
Dentro de las decisiones que molestaron al gobierno de Duque se destacan las adoptadas por la gobernadora del Valle del Cauca, en coordinación con el alcalde de la capital. Los toques de queda anunciados por estos dos mandatarios y que por unas horas perdieron viabilidad jurídica, hoy se reconocen como medidas legítimas, social y políticamente. Eso sí, días atrás el excandidato a la presidencia, Gustavo Francisco Petro Urrego, recomendaba la adopción de esas medidas, como de otras, como por ejemplo, el cierre total del sistema de Transmilenio, por las evidentes aglomeraciones en las estaciones de pasajeros, de un ya colapsado sistema de transporte masivo.
Mientras el sistema de salud trata de responder, en las condiciones precarias en las que funciona, son varias las medidas que se le vienen exigiendo y proponiendo a Duque Márquez para que adopte. Entre estas, concertar con la banca privada el congelamiento de deudas para empresas y particulares ante un cese generalizado de la producción.
Al desacertado manejo dado a la emergencia sanitaria y médica asociada al Covid19, se suman los amotinamientos en 13 cárceles del país. En la reacción de la fuerza pública y los agentes del INPEC, el saldo de las acciones de presos amotinados y personal uniformado habla de 23 muertos y 82 heridos. Que los amotinamientos fueron fruto de una coordinación entre presos, confirma, de un lado, que el gobierno no estimó adelantarse a tomar medidas en estos centros carcelarios que exhiben hacinamientos de más del 100% y, del otro lado, que la coordinación vía celular, es la prueba fehaciente de que el INPEC, de tiempo atrás, es una rueda suelta (de la corrupción), a la que nadie parece interesado en ponerle frenos o límites. Y claro, se suma a lo anterior una equivocada política criminal.
Una vez superada la pandemia del coronavirus, se esperan cambios culturales profundos en los actuales procesos civilizatorios, incluidos, por supuesto, en el que estamos insertos en Colombia. Quizás resulte más fácil para otras sociedades asumir esos cambios, por cuanto no tienen esos niveles de inmoralidad que tenemos en este país. Se espera que esos cambios se den también en materia de cultura política y en el sentido de lo colectivo que debe primar en la operación del Estado. En las elecciones de 2022 sabremos si aprendimos algo de esta crisis.
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[1] Véanse estas tres columnas: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2020/03/confinados-para-pensar.html; https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2020/03/el-covid19-y-el-decrecimiento.html; y https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2020/03/mas-alla-del-covid-19.html
[2] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2020/01/es-posible-luchar-contra-la-corrupcion.html
[3] Llegó a mi correo un ejemplo del documento.
[4] Véase: Presidente Pepe Mujica, discurso ante Asamblea General de la ONU, septiembre de 2013. https://www.youtube.com/watch?v=wl2nMudbSm8
Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Foto tomada de: Periodico La Ultima
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