Informe de la ACNUDH sobre derechos humanos en Colombia en 2020
Recientemente, Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia, presentó el informe anual sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2020. Aunque reconoce algunos mínimos avances, como en el tratamiento a la migración venezolana y disminución de homicidios, el panorama sigue siendo preocupante, tanto en materia de desigualdad social, seguridad territorial, cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz, garantías para los líderes y lideresas sociales, defensores de Derechos humanos y desmovilizados de la guerrilla, como en violencia de Estado. ¿Por qué este informe, que fue llevado el pasado 24 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, por la Alta Comisionada Michell Bachelet, pasó casi desapercibido tanto por el gobierno nacional como por la gran prensa local?
“El presente informe analiza la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Como lo señala el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP)[1], el informe examina la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz relacionados con la justicia transicional, las garantías de seguridad, la reforma rural integral y los derechos de las víctimas”, explica en su introducción.
El informe evalúa en 23 páginas la situación de derechos humanos en el país, a partir de un diálogo fluido con entidades de gobierno y organizaciones sociales, como de un trabajo en campo que aun cuando se vio disminuido por la pandemia, logró realizar “183 misiones al terreno y 798 actividades de fortalecimiento de capacidades con instituciones del Estado y la sociedad civil”.
En el informe de hace un año, la ACNUDH afirmaba que el 2019 había sido un año muy violento para los derechos humanos en Colombia. “Decenas de masacres, más de cien asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas, aparecen detallados en el informe anual de la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia”[2]. El 2020 no fue mejor, y esta reiterada agonía parece ser una constante histórica. La violencia que padece Colombia es endémica, sistemática y extrema; pero no es una condena: detrás de su persistencia hay decisiones políticas y económicas; pero también causas estructurales que no hemos sido capaces de encarar y derrotar.
De Rivero, indica en su presentación virtual, que el informe contiene diagnósticos y recomendaciones importantes para mejorar la situación derechos humanos en el país, y que es también una herramienta de cooperación internacional de la ACNUDH con el Estado colombiano. Y está muy bien, no sólo por lo que significa su evaluación y la certeza de un acompañamiento internacional, sino por lo que confirma. Organizaciones sociales, como Indepaz, CAJAR, CCJ o Codhes, entre muchas otras, vienen advirtiendo sobre los graves hechos de violencia que han llevado a algunos sectores sociales a pensar que la paz a construir luego de la firma del acuerdo de 2016, hoy es más esquiva que nunca. A los asesinatos selectivos de líderes sociales, desmovilizados y ambientalistas, a las masacres, desplazamientos forzados, agresiones y amenazas a los defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, entre otros sectores, se suma la ausencia de políticas audaces capaces de contener la violencia, diezmar los grupos armados, propiciar salidas políticas negociadas, capturar a los principales cabecillas de agrupaciones criminales, desarticular su andamiaje financiero ligado al narcotráfico, identificar su red de corrupción y complicidad a nivel institucional, y garantizar que estas violaciones no queden en la impunidad. Todo ello ensombrece el panorama y nos lleva a reconocer que Colombia necesita con urgencia un cambio de timonel.
Indepaz documentó en el 2020, 81 masacres, 310 líderes sociales, 12 familiares de líderes sociales y defensores de derechos humanos y 64 firmantes del acuerdo de paz asesinados [3]. Y en lo que va corrido del 2021, contabiliza el asesinato de 28 líderes sociales y defensores de DDHH, 10 firmantes de acuerdo de Paz de 2016, y 15 masacres[4]. Esta realidad de violencia se da en medio de las enormes limitaciones económicas y los nuevos conflictos sociales y políticos, derivados de la pandemia y de las decisiones que, bajo su sombra, toma el ejecutivo.
El informe de la ACNUDH afirma que “En respuesta a la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Colombia emitió dos decretos, uno en marzo y otro en mayo, declarando el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional[5]. El aislamiento preventivo decretado para enfrentar la crisis sanitaria tuvo un impacto en los derechos al trabajo, a un nivel de vida adecuado y a la educación. La emergencia sanitaria afectó de manera particular a las poblaciones que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres y la población rural, afrodescendiente e indígena, agudizando las desigualdades sociales”.
Afirmar que el aumento en la pobreza, el desempleo y la precarización laboral, conlleva a un incremento en los índices de violencia, inseguridad, y homicidios, no es novedad; de hecho, hace siete años, un grupo de investigadores del Banco Mundial realizó un estudio en América Latina demostrando que una distribución del ingreso más equitativa contribuye a mitigar la violencia[6]. Aún cuando el informe de la ACNUDH valora las medidas adoptadas por el Estado colombiano para incorporar un enfoque basado en derechos humanos en su respuesta a la pandemia y reconoce los esfuerzos sostenidos del gobierno para afrontar el ingreso de cerca de 1,8 millones de migrantes venezolanos desde 2015, así como una mínima disminución en la tasa nacional de homicidios respecto del año anterior, al pasar de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2020, afirma que hay un aumento en la desigualdad social (Colombia fue considerado el país más desigual de toda América Latina, por el informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (Idere Latam)),[7] Colombia continúa enfrentando una violencia endémica y la tasa de homicidios, reportados por la Policía Nacional “es particularmente alarmante en los departamentos de Cauca (53,71), Chocó (54,31), Putumayo (42,8) y Valle de Cauca (45,17)”.
La ausencia de una presencia integral del Estado, en estas regiones del país, limita su capacidad para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación, indica el ACNUDH. Asimismo, señala que se “observó que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos ocurrió principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan la violencia endémica”. Y más adelante afirma que la iniciativa del Gobierno de crear cinco “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”[8] busca “iniciar el establecimiento de una presencia estatal, y sugiere que el despliegue de instituciones y autoridades civiles es crucial para la prevención de la violencia y la expansión de las garantías de derechos humanos”.
Sobre seguridad y derechos humanos documenta 76 masacres[9], que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes. Otros cinco casos adicionales continúan siendo documentados. En el 66 por ciento de los casos, los presuntos perpetradores eran grupos criminales. Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62 por ciento de estos hechos. El Gobierno informó al ACNUDH que estableció una unidad espacial para coordinar la respuesta estatal a estos casos”.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) confirmó el asesinato de 73 ex miembros de las FARC-EP, para un total de 248 homicidios desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016[10]. “El 17 de agosto, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación emitieron un comunicado conjunto[11] expresando su preocupación por las masacres y la persistencia de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP.
Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios[12] , la violencia habría causado 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. Según la misma fuente, 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales”, indica el informe.
Las cifras, que más que cifras son el rostro de una verdadera tragedia humanitaria, que se traduce en pérdidas de vidas humanas, desmantelamiento del tejido social, pobreza, violencia, marginalidad, reducción de los índices de desarrollo humano, debilidad institucional y democrática e incapacidad -o falta de voluntad política- para enfrentar este ciclo de terror, despojo, desplazamiento y muerte que domina en las regiones, en especial las más pobres y discriminadas, o dominadas por actores armados, son realmente alarmantes y contrastan con las respuestas formales, tibias y desgastadas del gobierno nacional.
De hecho, la ACNUDH expresa su preocupación por “la falta de avance en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (prevista en el Acuerdo de Paz[13] ). A pesar de haber convocado reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (encargada en virtud del Acuerdo de Paz de desarrollar esta política)[14], hasta la fecha el Gobierno y los actores de la sociedad civil representados en esta entidad no han logrado acordar una política. El Gobierno propuso que las políticas públicas existentes eran suficientes, mientras que la sociedad civil elaboró y presentó una nueva propuesta de “Lineamientos de política pública para el desmantelamiento de los grupos criminales objeto del Decreto 154 de 2017”[15] para ser considerada por la Comisión”.
La falta de una articulación efectiva entre sociedad civil y entidades gubernamentales y tal vez de dientes también en la Comisión Interinstitucional, para frenar la violencia y desarticular los grupos ilegales que operan en varias regiones en complicidad con autoridades locales, civiles, policiales, y militares, no son los únicos hechos preocupantes. Tanto para el ACNUDH como para las organizaciones sociales y ciertos sectores políticos del país, las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública y las autoridades penitenciarias persisten, casi siempre en impunidad.
“El ACNUDH recibió alegaciones sobre 42 casos[16] de privaciones arbitrarias de la vida, en las que habrían estado vinculados miembros de la fuerza pública y autoridades penitenciarias, que resultaron en la muerte de 73 personas, incluyendo dos mujeres, siete niños, tres indígenas, cinco afrodescendientes y dos personas LGBTI. La policía habría estado presuntamente implicada en 30 casos, que involucran 37 víctimas; el ejército presuntamente en 11 casos, con 13 víctimas; y en un caso, las autoridades penitenciarias habrían sido presuntamente responsables de la muerte de 23 personas. En 38 de los 42 casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares y policiales, mientras que cuatro ocurrieron cuando las víctimas estaban bajo la custodia del Estado. Trece de los 42 incidentes ocurrieron en el contexto de protestas. En todos los casos, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones.
[…] En los 38 casos relacionados con operaciones militares y policiales, 11 ocurrieron en el marco de la participación de militares en actividades de prevención y persecución de delitos, el cumplimiento de órdenes de captura y allanamiento, o erradicación de cultivos de uso ilícito y la lucha contra grupos criminales. El ACNUDH reitera que la participación de las fuerzas militares en dichas operaciones debe ser excepcional, justificada, temporal, restringida, y subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles[17].Además, los militares que participan en operaciones de cumplimiento de la ley deben considerarse funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sujetos a los estándares y normas del derecho internacional de los derechos humanos sobre el uso de la fuerza[18].
Treinta y tres personas perdieron la vida en los cuatro incidentes registrados bajo custodia estatal en prisiones o centros provisionales de detención. En uno de estos casos, el 21 de marzo, 23 presos murieron en la prisión La Modelo en Bogotá, debido al presunto uso desproporcionado de la fuerza por guardianes de la prisión durante un motín. Otros tres casos ocurrieron dentro de tres Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional en Arboletes (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Soacha (Cundinamarca), en donde según la información obtenida murieron 10 personas, incluyendo ocho que murieron quemadas dentro de sus celdas” dice el informe.
[…] Y frente a las denuncias recibidas –y publicadas en los medios nacionales ̶ en relación con el empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar contra 130 personas, entre quienes se incluían a personalidades políticas, jueces, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el Estado respondió indicando que se habían adoptado medidas administrativas y disciplinarias, incluyendo cambios en la estructura de mando, la cesación de 12 oficiales presuntamente implicados y el envío de actas a las autoridades judiciales correspondientes”.Otro tema preocupante para el ACNUDH es la situación de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos.
“La defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. En 2020, el conoció 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Debido a las restricciones derivadas de la pandemia, el ACNUDH solo pudo documentar 53 casos[19] y continúa verificando 80[20]. De los casos documentados, en el 9 por ciento las víctimas fueron mujeres, el 21 por ciento indígenas y el 4 por ciento afrodescendientes.
[…] Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente: 72 por ciento de los casos ocurrieron en Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca[21]; 77 por ciento en zonas rurales; 91 por ciento en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional; 94 por ciento en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia endémica; 96 por ciento en municipios con economías ilícitas; y 85 por ciento en departamentos donde existen “enclaves de producción de coca” identificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. […] De los casos verificados, el 25 por ciento fueron presuntamente cometidos por grupos criminales, 15 por ciento por grupos de disidentes de las FARC, 13 por ciento por el ELN, y el cuatro por ciento por integrantes de la policía o del ejército. El ACNUDH también recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones[22] contra personas defensoras de derechos humanos; 67 por ciento de las víctimas fueron hombres, 26 por ciento fueron mujeres y dos por ciento pertenecían a la población LGBTI. El 44 por ciento de los casos ocurrió en áreas rurales; el 14 por ciento en Bogotá; y el 42 por ciento en otras zonas urbanas. El mayor número de casos fue reportado en Bogotá y Cauca.En 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 449 violaciones contra periodistas, incluyendo 152 amenazas[23], y el ACNUDH documentó dos casos de homicidios de periodistas”.
El informe indica que, en 2020, la Unidad Nacional de Protección asignó medidas de protección a 3.740 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. No obstante, algunos retrasos en la notificación de las decisiones, en la implementación de las medidas de protección y en la idoneidad de las mismas, especialmente en zonas rurales, incrementaron los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos. En 2020, cuatro personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de homicidio en cuatro departamentos, a pesar de contar con medidas de protección”.
En el capítulo sobre “Derecho a la reunión pacífica”, el informe recuerda la brutal muerte del abogado Javier Ordoñez a manos de la policía, el pasado 8 de septiembre, lo que desató una fuerte oleada de protestas ciudadanas contra la violencia policial, que derivó en disturbios. “Estos fueron reprimidos con fuerza por varios miembros de la policía haciendo uso de sus armas, incluyendo armas letales[24]. Según la Veeduría Distrital, estas acciones resultaron en 11 personas víctimas de privación arbitraria de la vida[25]. Adicionalmente, se obtuvo información sobre 581 personas heridas, 61 de ellas por arma de fuego; el 56 por ciento de los heridos fueron civiles y el 44 por ciento miembros de la policía”. También durante estos incidentes, 10 personas defensoras de derechos humanos, plenamente identificadas con chalecos distintivos, habrían sido trasladados a lugares de detención temporal y dos de ellas habrían sido presuntamente agredidas físicamente. Adicionalmente, se conocieron dos situaciones que presuntamente involucrarían a miembros de policía en actos de violencia sexual durante las protestas y que habrían ocurrido en dos Comandos de Atención Inmediata. También se recibió información de seis casos contra periodistas que cubrían las protestas, quienes habrían sido agredidos físicamente por la policía”.
El 22 de septiembre, la Sala Civil de la Corte Suprema ordenó medidas para garantizar el derecho a la reunión pacífica, resaltando la “intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”[26]. En esta sentencia se ordenó, entre otras cosas, al Ministerio de Defensa presentar disculpas por “los excesos de la fuerza cometidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía (ESMAD) durante las manifestaciones que iniciaron el 21 de noviembre de 2019”; conformar una mesa de trabajo para reformular las directrices relacionadas con el uso de la fuerza; incluir en la normatividad vigente la obligatoriedad del cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales en la materia; en un plazo no mayor a seis meses explicar públicamente hechos que hayan producido daños a la vida e integridad producto del uso de armas letales o no; y la suspensión del uso de las escopetas calibre 12”.
Entre las recomendaciones de la ACNUDH, precisas y enfocadas en brindar solución a la crisis en derechos humanos, prevenir nuevas formas de violencia y comprometer al gobierno para que avance en el cumplimiento de su deber, propone fortalecer el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para mujeres, implementar el Protocolo existente en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos para garantizar la incorporación de los enfoques de género, étnico, intersectorial y territorial, y lograr una mayor articulación entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal con las comunidades, para la implementación de medidas colectivas que aborden los riesgos estructurales y refuercen y complementen las medidas de autoprotección de las comunidades. También recomienda dar continuidad a los mecanismos como las Mesas por la Vida, la campaña Lidera la vida y las Cumbres sobre Diálogo Social, que permitieron que personas defensoras de derechos humanos del nivel local tuvieran la posibilidad de dialogar con autoridades nacionales sobre el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar la protección”.
El informe concluye reiterando la necesidad de garantizar el derecho al territorio a los pueblos indígenas y afrodescendientes, brindar una atención prioritaria a los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, apoyar la formulación autónoma y participativa de los protocolos de los pueblos indígenas y afrodescendientes para el relacionamiento con terceros, y garantizar de manera efectiva el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Finalmente invita al Estado a ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú.
El informe en líneas generales es alarmante, como lo fueron también el del 2019 y el del 2018. Pero hoy más que antes, el silencio del gobierno es elocuente, la multiplicidad de formas en las que se ejerce y perpetua la violencia en Colombia, es pavorosa, y las repuestas que brindan las instituciones responsables, sea el ministerio de la Defensa mediante una política pública, la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, atendiendo las numerosas solicitudes de protección que recibe o la Fiscalía General de la Nación, a través de investigaciones y condenas, podrían ser más efectivas y menos formales. Hoy se hace evidente la ausencia de un real y sentido compromiso con la búsqueda de una paz posible, con la protección de los líderes sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y campesinas, con el deber de dar cabal cumplimiento e implementación del acuerdo de paz y la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el territorio nacional, o incluso más allá, para no excluir a los millones de compatriotas que fueron arrojados al exilio tanto por violencia política como económica.
La esperanza es que este informe, crudo y repetido, como las recomendaciones que hace junto con organizaciones sociales que trabajan día a día en defensa de la vida, los derechos humanos, sociales, económicos, políticos y culturales, sirva para ir más allá de las “Mesas Técnicas”, los “Comités de análisis”, las “Unidades espaciales” , las “Comisiones de evaluación”, los globos verbales rimbombantes y distractores, y de la retórica sinfín que es incapaz de detener la muerte y la estela de dolor y derrota que deja a su paso.
// Para consultar informe completo en:
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf
//Ver presentación de Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia en:
https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/eventos/470-eventos-ano-2021/9549-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2021
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[1] Acuerdo de Paz, puntos: 3.4.3; 3.4.7.4.2; 5.1.2; 6.3.4 y 6.4.2.
[2] Noticias ONU; “El 2019, un año muy violento para los derechos humanos en Colombia”. Bogotá, 26 de febrero de 2011.
[3] Indepaz; “Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020”. Ver en: http://www.indepaz.org.co/lideres/
[4] Con corte al 1 de marzo de 2021. Ver en: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
[5] Decreto 417 del 17 de marzo del 2020 y Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.
[6] Banco Mundial; “Está demostrado: con menos desigualdad se tiene menos crimen”. Washington, D.C, 3 de septiembre de 2014. Ver en:
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/09/03/latinoamerica-menos-desigualdad-se-reduce-el-crimen
[7] “De 182 territorios analizados en América Latina (departamentos para el caso nacional), Colombia es el país con las mayores desigualdades territoriales. En otras palabras, ningún otro país de Latinoamérica tiene brechas tan grandes entre sus regiones en niveles de desarrollo”. Por Forbes Staff; “Colombia es el país más desigual de toda América Latina”, Sección Economía y finanzas. Colombia, 30 de octubre de 2020. En: https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-america-latina/
[8] Decreto 2278 de 2019.
[9] Para más información sobre la definición de masacre que utiliza el ACNUDH, véase E/CN.4/2001/15, párr. 88 y E/CN.4/2000/11, párr. 27.
[10] S/2020/943, párr. 46.
[11] Véase
https://www.hchr.org.co/files/comunicados/2020/Comunicado-conjunto-ONU-Agosto-17-2020.pdf.
[12] Véase
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia_situacion_humanitaria_ene-dic_2020_vf.pdf.
[13] Véase el Acuerdo de Paz, punto 3.4.3.
[14] Creada por el decreto 154 de 2017 como parte de la implementación del punto 3.4.3 del Acuerdo de Paz.
[15] Véase
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETOpor ciento20154por ciento20DELpor
ciento2003por ciento20FEBREROpor ciento20DEpor ciento202017.pdf.
[16] En 13 departamentos: Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
[17] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de Alvarado Espinoza et al. vs. México. Decisión del 28 de noviembre de 2018. Resumen ejecutivo disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_370_esp.pdf; A/HRC/31/66; Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, artículos 4, 5 y 6; Código de conducta de Naciones Unidas para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, artículos 1 y 3.
[18] Véase los comentarios a) y b) al art. 1 del Código de conducta de Naciones Unidas para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
[19] El ACNUDH orienta su observación en dos factores: el primero en relación con la actividad de defensa de derechos humanos realizada por la víctima según lo establecido en la Resolución A/RES/53/144, y el segundo en relación a si la hipótesis principal de su asesinato está relacionada con el desarrollo de tal actividad.
[20] Otras cifras muestran una tendencia al aumento. Según la Defensoría del Pueblo, 139 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2020 (134 en 2019), mientras que Somos Defensores (un conjunto de organizaciones no gubernamentales) registró 135 víctimas.
[21] En los últimos tres años, el mayor número de casos de asesinatos de defensores fue reportado en Antioquia y Cauca.
[22] Estas agresiones se refieren a casos de desaparición, secuestro, seguimientos, estigmatizaciones y atentados contra su vida.
[23] Véase https://www.flip.org.co/index.php/es/atencion-a-periodistas/mapa-de-agresiones.
[24] Véase párr. 15. 22
[25]Véase https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202020/Informe_El%2009%20y%20el %2010%20de%20septiembre%20en%20Bogota%20(29092020)%20VF.PDF.
[26] Véase https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizarderecho-a-protesta-pacifica/
Maureén Maya
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