El Gobierno Nacional y el llamado Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco acordaron el inicio de un cese al fuego bilateral temporal de 10 meses que iniciaría el próximo 8 de octubre. “Si bien esta decisión fue confirmada el pasado 20 de septiembre, los atentados en el Cauca durante los días posteriores pusieron en tela de juicio la voluntad de paz de algunos frentes e, incluso, de la unidad de mando del EMC. Sin embargo, en las últimas horas algunas estructuras de este grupo armado se pronunciaron para acatar la orden y cumplir en los territorios donde operan con un cese de operaciones ofensivas contra la fuerza pública”[1].
El frente Jaime Martínez, autor de los atentados en Timba (Cauca), y en Potrerito, Jamundí (Valle del Cauca) que dejaron a varios civiles muertos y heridos, y las filas guerrilleras al mando de Gregorio Vera Fernández, más conocido con el alias de Iván Mordisco o Iván Losada, que controlan los frentes 10 (Martín Villa), 45 y 28 de esta disidencia, se acogieron a la directriz nacional de su estructura guerrillera para frenar ataques, no entorpecer campañas electorales cumplir con el cronograma y aplicar el cese al fuego pactado.
A través de un video publicado el lunes pasado y difundido por varios medios de comunicación, los hombres de Iván Mordisco anunciaron la suspensión de acciones ofensivas en todo el territorio nacional contra la fuerza pública, policial y militar, reservándose, eso sí, “el derecho a la legítima defensa” en caso de ofensivas de su contraparte, y aseguraron que brindarán todas las garantías para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Esta decisión, entró en vigor desde la medianoche del 25 de septiembre pasado y se extenderá hasta la jornada del 8 de octubre, cuando inicie el cese al fuego bilateral.
Pero a la vez que ratifican una voluntad de paz que el país anhela creer, en ese mismo vídeo el mando guerrillero hace una grave denuncia que debe ser investigada en profundidad, y que, de ser cierta, deberá arrojar resultados concretos en materia de verdad y justicia. “La fuerza pública ha suplantado a las FARC para atacar poblaciones de la mano con grupos paramilitares. Los gobernantes en las regiones no han hecho nada para parar estas prácticas que ponen en riesgo no solo el cese de acciones ofensivas sino el cese al fuego próximo a establecerse”, agregaron los guerrilleros[2]. Esta denuncia debe ser tomada en serio por los organismos competentes, y atendida con la mayor celeridad posible.
Sin embargo, más allá del asunto, los diálogos para encontrar una salida política a la encrucijada de la guerra, siguen su curso, y ya varios frentes armados han expresado su voluntad de paz. El Franco Benavides, que opera en Nariño, ordenó el pasado 23 de septiembre la liberación de los soldados retenidos desde agosto pasado. “Acatando la orientación inmediata de dejar en libertad a los soldados profesionales Nelson Gabriel Vásquez Reina y Ever Paz Pantoja del Batallón Boyacá, retenidos en maniobras militares. Queremos que sea tenido como un gesto de buena voluntad en esta Paz Total”, afirmaron sus combatientes.
Asimismo, como un paso en la dirección correcta, el soldado Juan David Estrada Suárez, quien había sido secuestrado por la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, fue liberado hace dos días, y entregado a una caravana humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), que facilitó el reencuentro con su esposa y el resto de su familia. “El militar, oriundo del departamento de Nariño, había sido secuestrado por el grupo armado al margen de la ley el pasado 12 de agosto entre los municipios de Santander de Quilichao y Caloto”[3].
Por su parte el Frente Ismael Ruiz informó también su decisión de suspender las acciones ofensivas contra la fuerza pública en los departamentos Tolima y Huila, hasta el 8 de octubre de 2023 como un gesto de voluntad y paz.
La paulatina aceptación de los frentes de lo que se viene conversando con el Gobierno Nacional, el reconocimiento de una estructura piramidal con un mando único y la voluntad expresada por la partes cuando en Suárez (Cauca), las delegaciones del Gobierno y del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias, anunciaron que el próximo 8 de octubre en Tibú, región Catatumbo, Norte de Santander, se instalaría la mesa de diálogo, parecen ser señalas positivas que indican que la lógica de la guerra -que ha imperado durante décadas-, empieza a ser sustituida por la una lógica de la vida. Por ello, mientras se inician los diálogos de paz en una mesa de conversaciones, se establecerá vía decreto, un Acuerdo de Respeto a la Población Civil, el cual se ampara en el protocolo adicional II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.
El jefe negociador del Gobierno Nacional en el proceso de diálogo con el EMC, Camilo González Posso, considera que el inicio del cese al fuego con este grupo armado es un hecho “histórico”, que además ha sido blindado y asegurado a través de diversos protocolos de vigilancia, seguimiento y control, para garantizar que las partes cumplan con todos los acuerdos a los que se lleguen. Sin embargo, es importante ir con cautela, no sobredimensionar los logros y mantener una agenda realista, que permita ganar la confianza de la ciudadanía y despertar el interés y la participación, reconociendo su importancia y los efectos que su éxito tendrían en el país. Es fundamental contar con una estrategia de comunicaciones efectiva, realizar un proceso transparente de participación, convocar fuerzas sociales, organizaciones, gremios, sectores políticos, clero, y atender las voces de expertos, que han acompañado diferentes procesos en el mundo, rescatando lo que podría ser aplicable a nuestro contexto. No puede ser un proceso autista ni marginal. ¡Vamos por la Paz Total!
La falta de confianza plena en las delegaciones y los miedos, especialmente en los territorios castigados por la guerra y la violencia, no son arbitrarios ni restan legitimidad a este nuevo intento de paz; todo lo contrario, suponen retos que con templanza y coherencia política, se pueden superar. Hay muchas razones para temer y no creer, pero también las hay para considerar que el tiempo del cambio ha llegado. El hastío de la guerra, la conciencia sobre sus impagables costos, el anhelo de las mayorías de empezar a escribir otra historia y el espacio político de negociación que hoy facilita el gobierno del Pacto Histórico, podrían conducir a un fin definitivo del conflicto armado. Pero debemos asumir que puede ser un cierre cualquiera. Los vacíos de procesos anteriores, las condiciones sociales y las contradicciones políticas que estimularon la violencia durante décadas y los retos planetarios del presente, son lecciones y hechos que no se pueden perder de vista. El acuerdo de paz debe ser abierto, limpio, transparente, profundo, dinámico y debe avanzar con hechos de paz, no con una empolvada retorica que el país conoce de memoria. Es necesario una negociación que vaya más allá de definir la suerte de un puñado de hombres y mujeres alzados en armas. Debe, además del reconocimiento de las víctimas y sus derechos y del aparato de poder que empujó la guerra, especificar las causas estructurales que dieron origen a la lucha armada y permitieron que un asfixiante laboratorio de violencia y una escandalosa injusticia social, convivieran con una democracia tan antigua como formal. Un horizonte distinto debe ser visible para el país.
Este intento de cese al fuego tendrá que ser verificable y definitivo en un momento no muy lejano, pues el país aún recuerda el fracaso de meses atrás, cuando el gobierno anunció el 31 de diciembre de 2022 un cese al fuego por seis meses. “Sin embargo, el alto al fuego con la disidencia fue suspendido el 21 de mayo tras conocerse que el Frente Carolina Ramírez, adscrita a ese grupo disidente, asesinó a cuatro niños indígenas, que habían sido víctimas de reclutamiento forzado en Caquetá”[4].
Una experiencia similar equivaldría a desquebrajar la confianza que se viene tejiendo en este nuevo intento de paz. Tal vez por ello, el 20 de septiembre, cuando se informó la fecha de inicio del cese al fuego y quedó establecido que el 8 de octubre de 2023 arrancaría la mesa de conversaciones y el cese al fuego de diez meses, se informó que en la segunda semana de noviembre se instalaría el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) a nivel nacional, dando paso a la preparación de los puntos regionales y locales. “Al igual que con el proceso con el ELN se mantendrán las visitas humanitarias en los territorios y se conformará una comisión especial para atender la situación de integrantes del EMC que están privados de la libertad”.
Ahora, si bien es importante un cronograma y una ruta clara, que involucre a la sociedad y le cuente al país cómo se están desarrollando los acercamientos con las disidencias y los demás grupos armados, hay que tener mucho cuidado para no caer en infidencias ni en intromisiones indebidas, que en el pasado, hicieron fracasar otros intentos de paz. Basta con recordar el fallido diálogo de la Puerta del Cielo de 1997 cuando en el marco de las elecciones presidenciales, la filtración a la prensa del preacuerdo del Palacio de Viana, llevó a que sectores cercanos a la campaña de Andrés Pastrana lo interpretaran como una estrategia para favorecer la campaña del candidato liberal Horacio Serpa; por lo que el ELN se levantó de la mesa. O cuando los intentos los Acuerdos de Cese al fuego y Diálogo Nacional, de 1984 con la guerrilla del M-19 y con el EPL, fracasaron, por múltiples razones como el asesinato de los firmantes Oscar William Calvo y Jairo Calvo, y los atentados a Carlos Pizarro y Antonio Navarro, pero sin duda, las tergiversaciones de la prensa, enrarecieron el ambiente y minaron la confianza que se intentaba construir.
Para el avance de las negociaciones, además de la buena voluntad, el compromiso de las partes y el cumplimiento de lo que se va pactando es indispensable que el Acuerdo de 2016 se implemente integralmente, y que se garantice verdad y justicia en el proceso de exterminio de los y las combatientes desmovilizados. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, afirmó que las disidencias, el ELN y el ‘clan del Golfo’ están detrás de la mayoría de los asesinatos. “Las disidencias son las principales responsables de los casi 400 asesinatos de exguerrilleros que sí se acogieron a los acuerdos”[5].
Aunque el comisionado para la Paz, Danilo Rueda ha asegurado que se están construyendo consensos en medio de las diferencias, para algunos desmovilizados no se está reconociendo la importancia y el deber de implementar el acuerdo de paz. “No hemos ahorrado un solo esfuerzo, un solo día en reconocer que el acuerdo de paz del Teatro Colón es la columna vertebral de la política de paz”, aseguró el comisionado Rueda.
Sin embargo, su imposibilidad para asistir de manera presencial a la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que se abordaría el tema de la seguridad de los excombatientes por encontrarse buscando caminos de diálogo con voceros de un grupo ilegal en aras de llegar a la paz total, fue bastante criticada. El senador Julián Gallo, de Comunes, el partido heredero de las FARC, sostuvo: “No pudo ser peor la excusa del comisionado: no puede ir a la audiencia que tratará el tema de asesinatos de firmantes de paz porque está ocupado atendiendo a quienes los están asesinando”. A las críticas se sumó, una vez más, el último líder de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko. “El presidente Petro ha dicho incansablemente que, para construir paz en Colombia, hay que implementar integralmente, en su letra y en su espíritu, el acuerdo de paz. Eso parece no haberlo entendido el comisionado de Paz, Danilo Rueda”, manifestó. “Su displicencia hacia el acuerdo de paz es una grave irresponsabilidad histórica que perjudica la construcción de una paz estable y duradera”, le espetó” [6].
Sin embargo, se trata de un juicio bastante severo, pues son múltiples los frentes que debe atender el comisionado de paz, quien siempre ha defendido e insistido en el deber de avanzar en el desarrollo de nuevos procesos de diálogo, que permitan alcanzar el ideal de una paz total, integral, plena y robusta, lo cual exige una estricta implementación de lo pactado, garantizar medidas de protección para todas las personas que confiaron, se la jugaron por la paz y decidieron abandonar la lucha armada, y desarticular las redes criminales que participan en el plan de exterminio.
Durante la audiencia de la JEP, algunos magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP fueron tajantes en sus intervenciones. “El magistrado Gustavo Salazar cuestionó que se estén presentando, entre otros crímenes, desplazamientos forzados de excombatientes por amenazas de otros grupos armados, y señaló que buena parte de las afectaciones a los ex-Farc están viniendo de disidencias de las Farc con las cuales hoy el Gobierno adelanta acercamientos de paz.
“Lo que vemos es que el Estado Mayor Central (disidencia) son los responsables de un número importantísimo de crímenes y no pasa nada, ellos siguen matando, siguen desplazando y eso no tiene consecuencias en términos del diálogo. Lo que está realizando esa agrupación son en esencia crímenes de lesa humanidad”, indicó[7].
La violencia y los crímenes siguen siendo parte de la narrativa histórica de Colombia. Pero nunca se había sentido, con tanta premura, el deber colectivo y político de construir un país diferente, de romper la espiral del odio y la violencia, y asumir el riesgo y el costo de lograrlo (siempre inferior a mantener una guerra perpetua). Buscar y ganar la paz obliga a aprender de los fracasos pasados, abrir las puertas del diálogo y la negociación, poner reglas claras de funcionamiento, establecer alianzas y consensos, buscar mecanismos, como viene haciéndolo el gobierno, para proteger a la población civil y asegurar cumplimiento en los procesos de negociación. No es admisible -ni ética ni humana ni políticamente- afirmar que los disidentes ya tuvieron su oportunidad y la perdieron. El tema no es lo que ellos decidieron en el pasado, por la razón que fuere ni lo que perdieron o ganaron (si algo ganaron) abandonando la mesa. El tema es que seguimos estando en una nación violentada que necesita y merece vivir en paz. Todo esfuerzo que se haga por alcanzarla debe ser respaldado. La paz es y debe ser total, porque de lo contrario no existe.
Para la PAZ todo, para la guerra nada, como dice Marta Gómez en su canción.
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[1] El Espectador, “Tras atentados, disidencia de Mordisco en Cauca dice que acatará cese al fuego”. Colombia+20. Bogotá, septiembre 25 de 2023. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/disidencias-de-mordisco-tras-atentados-en-cauca-emc-se-compromete-a-cumplir-cese-al-fuego/
[2] Ídem.
[3] La w Radio; “Quedó en libertad el soldado que había sido secuestrado por las disidencias en Cauca”. Bogotá, 26 de septiembre de 2023. Ver en: https://www.wradio.com.co/2023/09/26/en-libertad-el-soldado-que-habia-sido-secuestrado-por-las-disidencias-en-cauca/
[4] El Espectador, “Tras atentados, disidencia de Mordisco en Cauca dice que acatará cese al fuego”. Colombia+20. Bogotá, septiembre 25 de 2023. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/disidencias-de-mordisco-tras-atentados-en-cauca-emc-se-compromete-a-cumplir-cese-al-fuego/
[5] El País; “Danilo Rueda avanza en la paz total, pero se empantana en la implementación”. España, 24 de septiembre de 2023. Ver en: https://elpais.com/america-colombia/2023-09-24/danilo-rueda-avanza-en-la-paz-total-pero-se-empantana-en-la-implementacion.html
[6] Ídem
[7] El Tiempo; “’La inacción sigue cobrando la vida de firmantes de paz’: Londoño en audiencia de JEP
Homicidio de exFarc, desmovilizados”. Bogotá, 20 de septiembre de 2023. Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/asesinato-de-ex-farc-fiscalia-y-comisionado-de-paz-a-dar-explicaciones-a-la-jep-807727
Maureén Maya
Foto tomada de: Globovisión
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