La pregunta que surge de inmediato es ¿porque están presentándose esa serie de problemas en la implementación de la política de Paz Total?
Lo primero es que un conflicto no se negocia en las cárceles, este principio aplicado desde siempre por las partes en conflicto en las distintas negociaciones con grupos armados a lo largo de la historia de Colombia, no puede ser desconocido en la aplicación de la actual política de Paz Total del gobierno. Los problemas que han surgido se explican como consecuencia del entusiasmo desmedido que despertó la política de paz total al interior de las cárceles, se sobredimensiono la propuesta de llevar la paz total a la criminalidad urbana ligada al narcotráfico y el control de rentas criminales en los principales centros urbanos del pais, en cuyas barriadas manda el crimen organizado, estructurado a través de bandas criminales como los pacheli, los mesa, la oficina, en Medellín, entre otros u otras bandas organizadas de manera similar que en Cali, Bogotá y Barranquilla.
Esa exagerada expectativa generada por los anuncios del gobierno de Gustavo Petro de pacificar el narcotráfico, desato un frenesí en las cárceles de la Picota, Combita, Itagüí Pedregales y la Tramacua en los que pagan su condena jefes y capos de las principales bandas criminales, así como exparamilitares que han regresado al pais después de pagar su condena por narcotráfico en Estados Unidos y por supuesto prisioneros de las Autodefensas Gaitanistas que han sido capturados en la operación AGAMENON contra ese grupo criminal desde el año 2012, y termino pasándole factura a los esfuerzos que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Paz de acercar a la criminalidad urbana y el multicrimen a la estrategia de Paz Total.
En esa lógica del mundo del hampa y del oportunismo de abogados corruptos, se juntaron la psiquis bandida y mafiosa del delincuente que paga una condena y todos los días ficciona una manera de salir libre, con la falta de escrúpulos de algunos abogados que como buitres exprimen a sus víctimas cobrándole dinero por sus servicios y ofreciéndoles soluciones que violan la ley como incentivar coimas y sobornos a funcionarios del INPEC, operadores judiciales (jueces de ejecución de penas, fiscales) e incluso pagar lobby para engañar a la oficina del Alto Comisionado de Paz, a través de solicitar en primer lugar un certificado de facilitador en gestiones de paz con grupos criminales y después utilizar tal reconocimiento para tramitar libertades amparadas en esta labor, aspecto que para nada está indicado en el documento expedido por la oficina del alto comisionado de paz.
A esto se le suma la falta de experiencia de algunos funcionarios del gobierno que fueron designados para implementar la estrategia de Paz Total, quienes sin medir las consecuencias juridicas se adentraron en ese laberinto de la ilegalidad para llevar la propuesta de pacificación, tanto en lo referente al conflicto político, como con la cada vez más fuerte delincuencia común organizada, especialmente en zonas de frontera y en las zonas urbanas mas vulnerables de las principales ciudades del pais.
Por lo tanto lo que se debe hacer para rectificar estas fallas en el método de implementación de la Ley 2272 de 2022, es quitarle protagonismo a las mesas y espacios que se desarrollan en las cárceles en torno a posibles acuerdos en el marco de la política de Paz Total, una cosa es la promoción de la convivencia y el trabajo en procura de mejorar las condiciones de reclusión e incluso fortalecer los derechos a los subrogados penales y redención de la pena como medida de resocialización a través del estudio, el trabajo y las actividades en defensa de los derechos humanos al interior de los penales e incluso el estudio de nuevas normas que permitan reducir el alto hacinamiento carcelario y la introducción del enfoque restaurativo y distributivo en la ejecución de los castigos y sanciones a los que han sido condenados los privados de la libertad y otra muy distinta es otorgarle el rol de negociadores de paz de conflictos armados a las personas privadas de la libertad y encomendarle tareas de facilitadores de esas eventuales negociaciones con dichos grupos armados. Ahí esta parte del meollo del asunto.
De hecho, el ministerio de Justicia conjuntamente con el ministerio del Interior radicó un proyecto de ley para “humanizar las cárceles” el pasado 06 de febrero de 2022 que pretende: “Avanzar en superar el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte Constitucional en 1998 ante el hacinamiento en los recintos carcelarios. Las medidas incluyen consolidar la justicia restaurativa en el país, agilizar la concesión de beneficios judiciales a los presos y ajustar las penas máximas para algunos delitos”. El otro objetivo del gobierno con la aprobación de esta ley es: “Agilizar la concesión de beneficios judiciales. Varias figuras ya existen, pero no se aplican correctamente en la práctica y son “de papel”, Entre ellas están los permisos de salida por 72 horas, la prisión domiciliaria y la posibilidad de trabajar fuera de la cárcel durante el día y volver en la noche”.
Es decir, el relacionamiento con las personas privadas de la libertad vinculadas a grandes estructuras criminales de alto impacto debe ser manejado por el ministerio de Justicia y salir de la orbita de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. En aquellos casos de miembros de estas estructuras que sean incluidos en los listados finales que cada grupo armado suministre al gobierno nacional al final del proceso de sometimiento a la justicia y desarme colectivo que llegase a producirse de ser aprobado el proyecto que actualmente hace curso en el congreso de proyecto de Ley “Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto…”, estos recibirán los beneficios de los tratamientos penales especiales en calidad de prisioneros, pero no serán designados como negociadores o facilitadores de dicho proceso.
LA DESCOMPENSACION DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACION DE LA PAZ TOTAL
El gobierno nacional ha cometido un error de cálculo al designar al senador Ivan Cepeda para cumplir solo funciones como negociador en la mesa con el ELN, porque lo ausenta claramente de los demás temas de trascendencia en la implementación de la paz total, de hecho Ivan Cepeda actual presidente de la Comisión de Paz del senado tiene en la práctica paralizada la labor de ese importante órgano asesor del congreso en materia de paz, ante la dedicación de tiempo completo que le exigen las negociaciones con el ELN en Caracas a inicios del año y ahora en Ciudad de México.
Un hombre con la experiencia del senador Cepeda, fogueado en los diálogos del Caguán y especialmente en los diálogos de La Habana entre las FARC y el Estado colombiano, está llamado a ser el co-director de las negociaciones con todos los grupos armados que manifestaron su intención de acogerse a la política de Paz Total del gobierno Petro, aun más cuando es claro que el ELN pretende eclipsar el resto de los procesos de negociación y de metas de la paz total en función de su propia negociación, lo cual es válido en el marco de las tensiones políticas que se desatan en un proceso de negociación entre una insurgencia y el Estado.
Tampoco se entiende porque Ivan Cepeda ha dejado solo a su partido el Pacto Histórico en las grandes batallas que actualmente está librando el gobierno en el congreso por sacar adelante las reformas sociales que el gobierno impulsa como programas bandera de su mandato, es el caso de las reformas a la salud, la pensional, laboral y de la justicia; máxime que en estos momentos el Pacto Histórico sufre una grave crisis de liderazgo ante el hecho cierto que uno de los grandes timoneles de esta coalición; el senador Roy Barreras, ha tomado distancia frente a la propuesta de reforma a la salud presentada por la ministra Carolina Cocho y respaldada por el presidente Gustavo Petro.
Esa agenda social es clave en el desenvolvimiento de la paz total en los territorios, porque toca las enormes brechas de desigualdad y exclusión que se han abierto entre la Colombia rural y urbana y que por supuesto también ha repercutido en el recrudecimiento del conflicto en la Colombia profunda. En ese mismo sentido el ensimismamiento en la negociación con el ELN de parte de importantes lideres del bloque parlamentario del PH y del propio gobierno, ha dejado sin talento humano al actual comisionado de paz Danilo Rueda, quien requiere rodearse de personas con experiencia en la conducción de las negociaciones y acercamientos simultaneas que la Oficina del Alto Comisionado de Paz está realizando en representación del presidente de la República y del Jefe del Estado.
Otro elemento que debe alinearse con la política de Paz Total, es la convicción política del gobierno nacional de la obligación que tiene el Jefe del Estado de alcanzar la paz en todo el territorio colombiano y por lo tanto adelantar diálogos con todos los actores ilegales armados que sea necesario; bajo el principio de la soberanía de la ley y el monopolio de la fuerza, pero con la independencia mandatada por la Constitución Política de Colombia y el voto popular, que le permite marcar distancia con los otros poderes del Estado y las otras ramas del poder público.
Recordemos que estas negociaciones a excepción de la mesa con el ELN, se están desarrollando en el territorio nacional, este hecho no es nuevo , así se desarrollaron las negociaciones de los años noventa, las del Caguán y las de Santa fe de Ralito, por lo tanto el Presidente como Jefe de Estado y su alto comisionado de paz deben ofrecer las mínimas garantías juridicas a los voceros de los grupos ilegales para que puedan realizar acercamientos de cara a un eventual proceso de sometimiento a la justicia o de negociación política, de acuerdo con la naturaleza de cada grupo armado. Garantías que permitan a los mandos y/o voceros de dichos grupos sentarse a dialogar en algún punto de la geografía colombiana con los representantes del gobierno, sin que su vida corra peligro o su seguridad jurídica no sea protegida temporalmente por la jefatura del Estado en su invocación del mandato de la paz como principio superior.
Dicho esto, el gobierno no puede caer en la trampa leguleya que le pretende imponer la fiscalía general de la nación, en cabeza del fiscal Barbosa, pues ante todo el presidente se debe a la Constitución Política y al logro de la Paz como derecho fundamental consagrado en la carta magna. En otras palabras el gobierno nacional debe definir lo más pronto posible, las áreas en donde desarrollar las conversaciones con cada uno de los diferentes grupos ilegales y designar equipos de negociadores o representantes del Estado que abran formalmente dichos diálogos y legitimen esos procesos; entre más claro sea el procedimiento legal establecido para formalizar los acercamientos, dejando claro en esos mismos reglamentos, los protocolos para su cierre y finalización en caso de no fructificar la negociación o el sometimiento de acuerdo al actor y las salvaguardas para reiniciar las acciones ofensivas y penales por parte del Estado ante este tipo de delincuencia, más informada estará la ciudadanía y las instituciones de los caminos posibles que puedan emprenderse por parte del gobierno en caso de ser positiva la fase de acogimiento o negociación o en caso de su ruptura.
Julio Arenas, Observatorio del Conflicto Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Actualidad RT
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