A las mesas anteriores hay que agregar la Mesa de negociaciones con los Comuneros del Sur que corresponde a la escisión del Frente Sur del ELN que se separó en marzo del año 2024 de esta organización y decidió emprender una negociación por fuera de la Mesa de negociaciones que se había instalado con esa insurgencia desde el mes de noviembre del año 2022. En resumen, hay activas siete mesas de negociación, una se encuentra suspendida: la mesa de negociaciones con el ELN a raíz de la toma violenta por parte de esta guerrilla de la región del Catatumbo que ha dejado como resultado un centenar de muertos y más de 50 mil desplazados que aún permanecen en refugios y albergues temporales en distintas ciudades de la región sin que se vislumbre por ahora una salida pronta a la profunda crisis humanitaria que se presenta en los 11 municipios de la región. Este ataque criminal llevó al gobierno a congelar la mesa de negociaciones con el ELN. La otra mesa designada pero no instalada es la que corresponde al proceso con el Clan del Golfo. En las últimas semanas operaciones conjuntas de la Fuerza Pública han dado de baja al menos a cinco dirigentes importantes de esta estructura criminal sin que al momento se sepa con certeza cuál es la respuesta de esta organización que es la más extendida en el país con una presencia continua en 239 municipios y con algún grado de presencia esporádica en otros 77 municipios para un total de 316 municipios en 24 departamentos del país.
El proceso con las Disidencias de las FARC ha terminado en la división de esas dos Disidencias. El Estado Mayor Central se dividió entre los grupos que apoyan a Iván Mordisco que se retiraron de la mesa de negociaciones y los frentes que dirige Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, quienes tienen su mayor presencia en la región del Catatumbo y que son precisamente el blanco del ELN en dicha región, cuentan con presencia activa en Caquetá y Guaviare. Son un poco más del 45% del total de guerrilleros del antiguo Estado Mayor Central. Con este sector de las Disidencias se mantiene la mesa de negociaciones que avanza aún, pese a las dificultades que se presentan en la región del Catatumbo. Con esta insurgencia es posible avanzar en un proceso que involucra principalmente problemas y reivindicaciones regionales. Faltan importantes decisiones en materia jurídica sobre todo en materia de justicia que el marco de la Ley 2272 no definió. Este punto es clave puesto que no se ha definido un mecanismo de justicia transicional que resuelva el problema de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que no podrán ser ni amnistiados ni indultados de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional de la cual es signatario el Estado colombiano, así como los mecanismos de verdad, justicia y reparación a las víctimas.
También la Segunda Marquetalia se dividió entre los que siguen las orientaciones de Iván Márquez y los que siguen las orientaciones de Walter Mendoza que ahora se denominan Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Esta última fracción es la que se mantiene en negociaciones con el gobierno en la Mesa de Negociaciones. Con esta fracción los acuerdos han avanzado, aunque un grave incidente se presentó el 19 de febrero del presenta año cuando uno de los negociadores Geovany Andrés Rojas, alias “la araña” fue detenido por una orden de extradición vigente. Pese a esta detención, la mesa de negociaciones se mantiene. Esta insurgencia tiene presencia principalmente en el corredor pacífico nariñense en la región de Tumaco y municipios de esta región y en el Putumayo en la frontera con el Ecuador. Aquí las perspectivas de negociación son también esperanzadoras y al igual que con las Disidencias de Calarcá Córdoba las reivindicaciones son fundamentalmente de carácter regional, sustitución de cultivos de coca y economías de minería ilegal y reivindicaciones relacionadas con vías, escuelas, centros de salud, y en general todas las problemáticas de estas regiones periféricas del país. También enfrentan la inexistencia de un marco jurídico como el anotado para las Disidencias de Calarcá Córdoba.
Los procesos de diálogos sociojurídicos presentan avances significativos en Medellín y el Valle de Aburrá. Allí se vienen cumpliendo unos acuerdos de desescalamiento de la violencia, de suspensión de prácticas extorsivas y de afectaciones a la población civil. Como resultado han disminuido significativamente los asesinatos presentando cifras que son las más bajas en cinco décadas, pero el proceso adolece también de un marco jurídico que permita dar pasos significativos para el desarme, la reincorporación, las penas aplicables en un esquema de sometimiento a la justicia, el manejo de los bienes que estas estructuras entreguen en el marco de ese sometimiento así como los componentes de verdad, justicia y reparación a las víctimas, las penas que pagarían los integrantes de dichas estructuras y la extradición que pesa sobre algunos de los líderes de estas estructuras criminales.
La vía más expedita con las que estarían de acuerdo estas bandas urbanas ligadas a economías ilegales, narcotráfico y microtráfico es la de la reforma a la Ley 975 de 2005 conocida popularmente como Ley de Justicia y Paz que justamente tiene como fecha de terminación este año 2025. La reforma de esta ley es fundamental para que puedan avanzar los procesos con el Clan del Golfo, y los procesos de Medellín y el Valle de Aburrá, así como los procesos de Buenaventura, Quibdó y las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo que no entendemos es porqué la Oficina del Alto Comisionado de Paz no ha presentado dicha reforma al Congreso de la República. Los procesos avanzan, pero requieren con urgencia de un marco jurídico que resuelva los procesos de desmovilización colectiva y enfrente las temáticas señaladas.
Comuneros del Sur avanzan los acuerdos
Como ya señalamos el Frente Sur del ELN se escindió y decidió emprender una negociación autónoma con el gobierno nacional, se conformó una mesa de negociaciones y este cinco de abril entregó 585 artefactos explosivos para que fueran destruidos como en efecto ocurrió en evento que contó con la presencia del presidente de la República Gustavo Petro Urrego y Roger Garzón que funge como el vocero de esta insurgencia en el proceso de negociaciones. Esta estructura cuenta con 100 guerrilleros en armas. En el evento también se firmaron acuerdos para la reparación de las víctimas, la memoria histórica, alternativas frente a la minería ilegal y la sustitución de 5.000 hectáreas de coca en 10 municipios del departamento de Nariño en donde tienen presencia activa estos insurgentes. En tres meses deberá entregar el resto de material de guerra y debe iniciarse el proceso de reintegración de los insurgentes a la vida civil. Este logro es importante y muy simbólico. El reto esta en que a este avance se sumen los otros procesos que avanzan tanto con las Disidencias de las FARC como con los grupos con quienes se adelantan diálogos sociojuridicos.
Si estos procesos avanzan en lo que resta del presente gobierno la oposición y los guerreristas que quieren levantar de nuevo la bandera de la seguridad democrática tendrán serias dificultades para posicionar este tema como agenda central de la próxima campaña electoral. El gran obstáculo lo sigue representando el ELN que en medio de esta coyuntura aumenta sus criticas al gobierno y mantiene una postura a todas luces equivocada sobre la supuesta vigencia de una lucha armada degradada y penetrada profundamente por el narcotráfico así sus principales voceros pretendan negarla.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: https://www.cnr-c.org/?p=18458
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