La pregunta a resolver: ¿cómo lograr que la ciudadanía organizada, que se echó al hombro la sostenibilidad del proceso en los recientes meses de incertidumbre, además de la buena disposición de los voceros de las estructuras, se empodere como el actor crucial y definitivo para desactivar el conflicto urbano, en un escenario de dialogo sociojuridico, ajeno a una negociación política?
La pregunta es importante porque no se trata de concebir la participación ciudadana como un formalismo para simplemente darle connotación democrática al diálogo entre el gobierno y los voceros de las organizaciones delincuenciales, como suele ocurrir en las negociaciones de paz donde la ciudadanía se convoca para que opine, pero hasta ahí: las decisiones son a puerta cerrada y los aportes que los ciudadanos entreguen a la mesa, quedan como letra muerta, para alimentar los informes, pero sin injerencia en los resultados. Ocurre hoy con el intento del gobierno y el ELN. En el derrotero del proceso la participación ciudadana se describió con letras mayúsculas, tema principal en la agenda, múltiples asambleas sociales y territoriales a lo largo y ancho del país que alimentaron un grueso informe con propuestas para ser entregadas a la mesa de negociaciones. Hoy esa amalgama de organizaciones civiles y académicas que con entusiasmo arroparon el espacio negociador no son escuchadas como un interlocutor valido para, por ejemplo, intentar sacar del atolladero las conversaciones entre los representantes del gobierno y la guerrilla. Ese proceso no debiera desaprovechar el alto capital social, institucional y político generado a su alrededor, resultado de la disposición ciudadana para acompañar y facilitar el éxito del mismo.
En el texto de la Hoja de Ruta suscrito por el gobierno y la sociedad civil para la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, se considera: en Colombia, la Constitución Política de 1991 establece en el artículo 3 que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes”. En este marco, la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, se asume en el más alto nivel, como Constituyente Primario y Poder Soberano, para cualificar la gestión del gobierno y hacer efectivos los elementos esenciales del Estado. En función de dicho mandato, y reconociendo que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento busca promover la participación, la presente Hoja de Ruta para la Participación de la sociedad civil en el proceso de Paz Urbana que el Gobierno del Cambio lleva a cabo en Medellín y el Valle de Aburrá, según los lineamientos establecidos en la ley 2272 de 2022, por la cual se definió la política de Paz del Estado, ratificados por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-525 del 2023. De igual manera en el texto se recuerda que la Ley 2272 de 2022 considera en su Artículo 2° que: “De la política de paz de Estado hará parte la cultura de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización, para ello, contará con la participación de la sociedad civil, incluyendo los espacios del sector interreligioso”.
Por tanto, los temas y procedimientos de la participación se alinean con los propósitos y naturaleza del Estado, como lo plantea la constitución política, (Art. 2). En ese sentido los diálogos socio-jurídicos (entre el Gobierno Nacional y voceros de las estructuras armadas) se subordinan al poder constituyente y en consecuencia se darán de manera simultánea y complementaría a los escenarios de deliberación y concertación que se establezcan entre comunidades, organizaciones sociales y el conjunto de la sociedad civil, en el marco de los planes, programas y acciones del Gobierno Nacional en el territorio que se orienten a la construcción de paz territorial.
Propósitos de la Hoja de Ruta para la participación
Textualmente: establecer el conjunto de pautas y procedimientos asociados con las formas acordadas para que la sociedad civil participe en la construcción del proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Sus propósitos son:
- Establecer mecanismos e instancias para garantizar la participación activa y plena de la sociedad civil en el proceso de Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá
- Construir colectivamente una agenda social para la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá y la ruta para su implementación.
- Realizar acuerdos entre la sociedad civil y el Gobierno Nacional para territorializar la construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá
- Concertar la priorización de barrios para la implementación de estrategias integrales que contribuyan con el desescalamiento de las violencias y la construcción de paz
En el documento suscrito el 17 de octubre, se considera que la hoja de ruta debe posibilitar el desarrollo de una agenda temática que facilite entender el carácter del proceso de paz urbana como la implementación integral del Estado social de derecho en el territorio y el transito a la legalidad, más allá de un ejercicio de dialogo entre el gobierno y los voceros de las estructuras. La agenda temática que se acogió como base para la deliberación pública, tuvo como un insumo los avances que, en tal sentido, se habían cristalizado en la mesa de dialogo sociojuridico de la cárcel de Itagüí.
Por ello quedó expreso que el propósito principal de las organizaciones, colectivos y actores que hagan parte de la instancia de participación de la sociedad civil, será la construcción y puesta en marcha de una agenda social para la Paz Urbana, la cual se elaborará teniendo como punto de partida los siguientes ejes articuladores:
1. Ética de la Vida. Identificación de las formas de las violencias urbanas en los territorios: Este eje está centrado en la protección de la vida como máxima en la construcción de la Paz Urbana, en la realización de todas las acciones necesarias para evitar más muertes y el sufrimiento humano relacionado con las violencias, en la protección del derecho a la vida e integridad física para los habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá.
- Garantías para la exigibilidad del derecho a la Paz Urbana, frente a actores legales e ilegales.
- Diagnóstico de las causas de las violencias
- Estrategias para la no repetición de las formas de violencia urbanas
- Prevención de la vinculación de menores a las estructuras
- Análisis del conflicto social y de las violencias presentes en el territorio, precisando el rol de todos los actores legales e ilegales.
2. Diálogo social e integral para la equidad territorial. Este eje se centra en la construcción de planes integrales focalizados para territorios afectados por la violencia urbana, que busquen su regularización y la superación del control que ejercen las estructuras armadas ilegales, de tal manera que el proceso de Paz Urbana se constituya en una oportunidad para implementar debidamente el Estado Social y Ambiental de Derecho en los territorios y en las comunidades.
a. Necesidades generales y estructurales de las
b. Mejoramiento integral de las
c. Restauración del tejido
d. Formalización de la propiedad urbana y rural en Medellín y el Valle del Aburra, acceso a servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía, transporte, salud, educación, justicia.
e. Inclusión social priorizada, adaptada, focalizada y territorializada: Construcción de programas que darán respuesta a las demandas sociales y comunitarias en los territorios con presencia de las estructuras armadas.
f. Modelo de atención integral para niños, niñas y jóvenes para garantizar sus derechos, para evitar mediante las estrategias necesarias que la juventud llegue a hacer parte de los grupos.
g. Nueva institucionalidad para la Paz Urbana territorial: diseño, definición e implementación de una arquitectura institucional que permita la articulación e interlocución permanente y efectiva entre las entidades del Gobierno Nacional con los territorios y la institucionalidad local.
h. Educación para la paz, cultura de paz y no violencia: Construcción de planes integrales de gran alcance poblacional, sectorial y territorial de educación para la paz, de fomento y estimulo de una cultura de paz, no-violencia, no estigmatización y reconciliación.
i. La reindustrialización de la ciudad que permita el aumento de oportunidades de trabajo digno para los jóvenes y población adulta, proyectos de fortalecimiento de la economía popular, social y comunitaria.
3. Verdad para la reconciliación, la no repetición y la construcción de paz. Este eje busca contribuir al derecho a la verdad, la reparación simbólica y las garantías de no repetición de las víctimas y los territorios, generando escenarios de aporte a la verdad y
a. Escenarios de aporte a la verdad y reconocimiento. La verdad como herramienta para la reparación territorial. Su carácter reparador se extenderá hacia la restauración, la validación y la construcción de una narrativa colectiva que abrazará la verdad histórica dignificando a las víctimas y los territorios.
b. Dignificación de las víctimas y el territorio. Recuperar el testimonio de las víctimas de la violencia urbana, los daños sufridos y las estrategias de resistencia y afrontamiento desplegadas. Así como el fortalecimiento de iniciativas y prácticas de memoria de las víctimas y su expresión en el escenario público.
c. Participación activa de las víctimas en la construcción de la memoria colectiva, promover narrativas que contribuirán a la creación de un futuro arraigado a la no repetición.
4. Generación de nuevas economías: Se busca con este eje que la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá superen la incidencia de economías ilegales, de manera que sean las economías legales las que provean el sustento de las familias y el desarrollo de los
a. Generación de nuevas economías.
b. Estrategias de prevención para la no repetición de economías.
5. Exigibilidad del desmonte de las Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el Valle de Aburra: Exigir al Estado y las Estructuras las condiciones necesarias para el tránsito hacia el Estado Social de Derecho de las personas que conforman las estructuras armadas hacia formas que en el marco de la ley les permita proyectar los liderazgos, la identidad, principios y valores comunitarios teniendo como prioridad la ética de la
a. Garantías de seguridad humana integral y soberanía del Estado sobre los territorios en los que hoy las estructuras armadas ilegales ejercen diferentes
b. Garantías de seguridad para quienes se acojan al Estado Social de Derecho, como condición indispensable para la no repetición y la reconciliación.
Finalmente, quedó establecido que además de estos cinco ejes inicialmente propuestos, la agenda social para la Paz Urbana construida por la sociedad civil, podrá incluir otros temas o componentes que resulten de los espacios colectivos de conversación con los distintos sectores, poblaciones y territorios que hagan parte del proceso de participación.
La hoja de ruta suscrita es el camino para que la paz urbana sea el resultado de una sociedad civil cuya participación es activa y vinculante. Retador.
Jorge Mejía Martínez
Foto tomada de: cablenoticias.tv
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