Como para que nadie se monte en el caballo ilusorio de esa materialización sin retorno, el senador José Obdulio Gaviria, a la manera de un personaje de laboratorio sombrío, ha advertido que si el llamado Centro Democrático conquista el poder, echará atrás lo acordado; es decir, modificará la Justicia Especial de Paz; un hecho que sencillamente constituiría el incumplimiento del Acuerdo con las Farc, por parte del Estado; y la destrucción de ese tratado interno de reconciliación.
Este propósito avieso del uribismo pone en el centro de la disputa presidencial, como nunca antes, el problema de las definiciones de la guerra interna y de su solución política. La oposición cerril de esta fuerza, a la solución acordada, empuja las cosas; ya no a la tentativa por disuadir a un gobierno para que busque la paz, sino a que, ya firmada, no la cumpla, lo que es peor. Saboteo y al mismo tiempo incumplimiento visceral, sería la promesa negativa de esta campaña.
Los compromisos en marcha
El acuerdo de paz, sin embargo, camina firme. 6.300 hombres y mujeres en armas se han instalado en las zonas veredales, rodeados y protegidos por la fuerza pública, una circunstancia que hace irreversible el proceso de desarme. Y, con todo, algunos personajes del uribismo, en una demostración de la más patética de las fidelidades a la post-verdad (al desconocimiento de los hechos evidentes), han calificado las marchas hacia los campamentos como una pura pantomima, afirmando que en vez de guerrilleros se trataba de desempleados, reclutados al azar.
Por parte del Estado, el Congreso enfrenta la obligación de aprobar, en las dos vueltas restantes, la Justicia Especial, algo que debe cumplir de inmediato, a pesar de las objeciones no muy fundadas del fiscal general. Aprobada por el mecanismo del fast track, la tarea pendiente en manos del Ejecutivo, será la de levantar sin dilaciones su armazón, a fin de que comience a operar; de modo que se convierta en el antídoto más eficaz para sortear las eventualidades de que un futuro gobierno la deje morir por inanición; o de un manotazo, la invalide.
En todo caso, el desafío no es pequeño. Se trata de mantener en pie un compromiso en el que ha quedado empeñada la voluntad de todo el aparato del Estado, como encargado de reconstituir y ampliar el “Contrato Social”, esa “ficción real”, en la que precisamente se apoya su soberanía.
¿Coalición por la paz?
Humberto de la Calle ha propuesto sensatamente una coalición para defender el Acuerdo, de cara al 2018. Aparte de que seguramente él mismo querrá encabezarla, la propuesta queda flotando como una necesidad imperiosa, a partir de un liderazgo colectivo de todos aquellos que se quieran convertir en voceros de la paz, objetivo que sigue siendo un factor de primer orden en las definiciones políticas; tal vez uno de los vectores centrales en las fracturas que separan a los actores reales que se disputan el poder.
Unas fracturas que dejaron dividida en dos mitades exactas la ciudadanía votante en el plebiscito de 2016. De hecho, el uribismo y las franjas de electores más prevenidas, refractarias y conservadoras, obtuvieron el triunfo por un estrecho margen. En 2014 también la fractura y la polarización entre los dos bloques se hizo evidente. Para que Santos y su proyecto de paz ganaran en la segunda vuelta, el aspirante y el estado mayor de su campaña tuvieron que tensar al límite su discurso, concentrándolo todo en el punto de la paz a fin de movilizar a la opinión, en torno de una baza mayor. Lo cual, tampoco hubiera servido si no hubiesen contado con el respaldo del electorado de izquierda, especialmente movilizable alrededor de esta empresa.
Las tensiones
Para el 2018, las perspectivas de una coalición por la paz no son tan claras como en el pasado, pues las fuerzas que la componen evidencian tendencias a la fragmentación; lo que en realidad se traduce en las tensiones internas propias del santismo.
El gobierno de Santos y el proyecto de la paz han supuesto una geometría variable de coaliciones en la que caben: a) el núcleo duro de los aliados que sostienen al gobierno; a saber, el partido de la U, el partido liberal y Cambio Radical; b) este mismo núcleo, más una parte del partido conservador, la de la fracción parlamentaria que, aunque “independiente”, ha apoyado a Santos; y c) esta coalición santista, más las pequeñas bancadas de la izquierda y de los verdes, favorables a la negociación.
Con el horizonte electoral, cada vez más cerca, las aspiraciones presidenciales implicarán, por lo menos: a) que el vicepresidente Vargas Lleras, de la coalición gubernamental, se lance por su cuenta; aunque también esté disponible con respecto a una consulta interpartidista, escenario ventajoso, pues tiene opinión pero no un partido grande; y b) que por otra parte el liberalismo promueva a la candidatura de Humberto de la Calle, después de algunos forcejeos con el ministro Cristo y el senador Juan Manuel Galán; y c) que incluso la U se comprometa sin mucho optimismo con un candidato como el exministro de defensa Pinzón, de poco arrastre.
Los anteriores son hechos probables que irían en el sentido de las divisiones al interior de la coalición de gobierno, cuando se está precisamente frente a una competencia riesgosa contra el uribismo. En esas condiciones, la alianza tripartita que llevó al presidente Santos a la reelección, podría romperse. Ahora bien, esa triple alianza (U-L-CR) perdió en la primera vuelta de 2014, frente a Oscar Ivan Zuluaga. No hay que olvidar el hecho de que fueron los votantes independientes y los de izquierda, quienes en la segunda vuelta acudieron a salvar los muebles del naufragio, frente a un uribismo que emergía como una inminente amenaza contra las negociaciones de paz.
La siempre omnipresente amenaza
Aunque los precandidatos uribistas no levantan cabeza por ahora, el país está frente a una fuerza de oposición que, aferrada radicalmente al recurso político del movimiento “anti-paz”, puede alzar una ola conservadurizante y prejuiciosa, sobre la cual haga surf un candidato cualquiera, ungido por el jefe, con posibilidades así de conquistar la presidencia.
Siempre aparecerá su sombra como un peligro, el cual aumentará, si la coalición santista se fractura irremediablemente; y si la izquierda acentúa su atomización de liderazgos personalizados y distantes entre sí; atomización agudizada ahora con las querellas envenenadas al interior del Polo
Ocurre sin embargo que la amenaza del uribismo contra la paz ya negociada y particularmente contra la Justicia Transicional podría provocar, por reacción, un compromiso de fuerzas decisivas dentro del establecimiento, tales como el partido de la U y el partido Liberal; a objeto de afianzar un frente en defensa de la paz, de modo de hacer frente al uribismo. Algo que sí resulta difícil es una coalición ampliamente mayoritaria, en tiempos previos a la primera vuelta de la elección presidencial. Ahora bien, si una candidatura como la de Humberto de la Calle se quedara por fuera, con los resultados de la primera vuelta, la suerte de la presidencia se estaría agitando en esa doble alternativa representada por un uribista y por el vicepresidente Vargas Lleras. Con lo cual ya no habría mucho margen para que el votante de izquierda, amigo de consolidar la paz, se decidiera entonces a votar por esta última.
Queda mucho tiempo y la arena está abierta para distintas combinaciones y para el cruce de alianzas variopintas. Lo cierto es que, con la intervención del uribismo en el ring electoral, la paz será una carta decisiva, a jugar, por parte de los bloques electorales que finalmente tomen forma.
Ricardo García Duarte: Exrector Universidad Distrital de Bogotá
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