El hecho de que el gobierno nacional haya recogido la ley estatutaria que reglamenta lo concerniente a la JEP, tal como lo solicito el ministro del Interior, Guillermo Rivera, a los presidentes de las comisione primeras de Senado y Cámara, Carlos Fernando Motoa y Telesforo Pedraza, respectivamente, pone en grave peligro el proceso de seguridad jurídica del proceso de paz y afecta considerablemente a las víctimas, como quiera que este proyecto es fundamental para darle estructuración a todo el andamiaje de la JEP. En la misiva se asegura que “a juicio del Gobierno nacional, es necesario revisar y precisar algunos contenidos fundamentales de dicha iniciativa, previo a su discusión en el Congreso de la República”.
Ojala esa revisión y precisión de que habla el gobierno; que aparte de retardar la implementación de la justicia en favor de las víctimas, no sea también una forma de abrir la puerta para que se pretenda modificar aspectos de lo acordado en La Habana a la luz de la reciente sentencia que emitió la Corte constitucional, en el que se cambian algunas condiciones del procedimiento legislativo del fast track, y que permitiría a algunos de los legisladores enemigos del proceso de paz meterle mano a la iniciativas legislativas para modificar de manera regresiva los acuerdos.
En cuanto a lo que tiene que ver con la ampliación política de la democracia, hay que decir, que la derrota sufrida por el proyecto del acto legislativo 05 de 2017 del Senado en el cual se busca adicionar 16 nuevos miembros a la Cámara de representantes a través de una circunscripción transitoria para la paz, hace más gravosa la crisis por la que está atravesando el camino de la implementación de lo acordado en La Habana.
Es verdad que hay algunas precisiones a este proyecto que es preciso definir política y conceptualmente: En primer lugar, esas circunscripciones pretenden hacer justicia política y social con los ciudadanos de 167 municipios de la periferia colombiana, que representan el 7.6% del censo electoral nacional; y que han sido históricamente afectados por el conflicto político armado de manera directa, y por su puesto por la ausencia y el total olvido del Estado.
En segundo lugar, hay que decir que en esos 167 municipios, según un reciente estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE), hay una gran presencia institucional de organizaciones campesinas y comunales, y de las comunidades negras, como quiera que un 71% de los consejos comunitarios se ubican en esas regiones; y habitan allí, además, cerca del 45% de los resguardos indígenas. Es decir, hay una fuerte presencia institucional de la democracia participativa a través de las organizaciones cívicas y comunitarias, y de las minorías nacionales y del campesinado organizado, que con la aprobación de las circunscripciones de paz harían más efectiva su participación política a partir de la democracia representativa a través de las nuevas curules en la Cámara de Representantes.
Son municipios con mucha densidad geográfica y muy poca densidad poblacional; y en 77 de ellos hay un serio déficit de cedulación lo que ha generado muchas dificultades para procesos electorales en el pasado, y de paso, los ha mantenido en la marginalidad política y electoral puesto que nunca han sido rentables política y electoralmente para los partidos políticos; como quiera que en promedio hay un puesto de votación cada 63.2 kilómetros. De tal manera que, el tejido social y político de las comunidades en esas zonas nunca los han articulado los Partidos Políticos, sino las organizaciones sociales, cívicas, comunales y comunitarias; y por supuesto las organizaciones legítimas y legales de las minorías nacionales quienes son los que actualmente representan los intereses de todo orden de esas comunidades.
Pretender ahora archivar el proyecto de ley con el argumento de que este no permite la inscripción de candidatos de los partidos políticos a la circunscripción especial de paz, incluido el nuevo partido político de las FARC, es desconocer la historia de la lucha social, política y de resistencia contra la violencia de los habitantes de esas regiones periféricas, y a quienes han articulado históricamente la defensa de sus interés a través de las organizaciones sociales y comunitarias. Esta circunscripción, seguro estimulara la participación política electoral de las comunidades, y a largo plazo empoderara a los partidos políticos con los intereses más sentidos de las comunidades y de las organizaciones sociales y populares, reinventando la manera de hacer la política en esas zonas.
Ahora bien, estoy de acuerdo que no es posible que haya ninguna zona de la geografía nacional en la cual no se pueda hacer la actividad política de los partidos, pero cuando las organizaciones sociales, cívicas y comunitarias articulan los interés de la sociedad, éstas bien podrían ser habilitados como nominadores de candidatos a participar en la democracia representativa a nombre de sus organizaciones de manera transitoria por dos periodos constitucionales a la Cámara de Representantes como se pactó en La Habana, que van del 2018 al 2022, y del 2022 al 2026, , independiente, de que tengan o no los candidatos, una concepción política diversa.
Esta habilitación que pretende el proyecto de ley para que solo las organizaciones de las comunidades presenten candidatos a la circunscripción especial de paz para la Cámara de Representantes en esos 167 municipios, no es de ninguna manera un impedimento para que los Partidos Políticos y los grupos significativos de ciudadanos presenten sus propios candidatos a las elecciones de alcaldes y gobernadores, concejales y diputados, y representantes a la cámara por las circunscripciones departamentales y senadores de la república en esos municipios, y por supuesto; no limita a los ciudadanos de esos municipios para que voten para las listas a esas corporaciones por candidatos de los Partidos Políticos que allí inscriban sus respectivos movimientos o partidos políticos.
Esperemos entonces que el próximo periodo legislativo sea más fructífero en despejar el camino para implementar con éxito los acuerdos de La Habana, y que podamos por fin hacer justicia con las víctimas que constituyen en esas zonas de la periferia colombiana el 37,4% del total nacional.
Héctor Alonso Moreno: Profesor Universitario