Este es un adelanto importante en cuanto a las consideraciones de seguridad que se encuentran en el país, así como significa un paso significativo en términos de paz. De esta manera, en este documento se aborda la nueva política, haciendo claridades y presentando lo significativo que es este avance. La política que se plantea en la actualidad es una deuda histórica con el país y apunta en una dirección correcta.
Una deuda histórica por resolver
La política que se presenta tiene la característica de verse imbricada en la Paz Total, los direccionamientos dados por la Seguridad Humana y el intentar responder a las demandas propias del Acuerdo de Paz; esto lleva a que sea ambiciosa, pero necesaria. Es una política diferente a cualquiera que se hubiera presentado en el país en las temáticas de paz y seguridad por las implicaciones que puede tener, así como por el direccionamiento que se le ha dado.
Lo primero es que hay un diagnóstico profundo en cuanto a las problemáticas que se presentan en el fenómeno de la violencia y la delincuencia en el país, haciendo una focalización bastante rigurosa. De este modo, la amplitud del fenómeno logra concretarse en puntos fundamentales que deben considerarse para hacer la política. Entonces, la política es ambiciosa por naturaleza, pero logra delimitar puntos concretos en los que busca materializarse.
Lo anterior se deriva de un componente conceptual inicial, en el que el foco de atención es hacer frente a las conductas delictivas y las organizaciones criminales. Así, la política se centra en encontrar las causas del fortalecimiento de dichas conductas y organizaciones, hallando formas concretas a partir de las cuales se puede impactar el fenómeno.
Lo segundo, se encuentra permeada por la política de seguridad y logra aterrizar de manera exitosa el concepto de Seguridad Humana. De esta manera, se da una conjugación entre poner en el centro al ser humano, la garantía de sus derechos y acciones concretas para lograrlos. No es una política ambigua, más sí amplia, que intenta responder en diferentes frentes.
Tercero, teniendo en cuenta la Seguridad Humana, la política señala cuatro dimensiones (financiera, política e institucional, armada y transnacional) y dos factores (socioculturales y de fortalecimiento del Estado) que facilitan las organizaciones criminales. Con este foco la política tiene cuatro componentes con los que busca responder: desmantelamiento, contribución a la transformación del Estado, acción integral del Estado, monitoreo y evaluación; siendo cada uno un objetivo específico de la misma. Esto lleva a que haya un ejercicio de énfasis en puntos específicos lo cual orienta la política y le permite responder a la población sujeto de protección.
Cuarto, este esfuerzo que se plantea en la Política de Desmantelamiento no es de corto plazo; por el contrario, intenta responder a dinámicas que se han dado de manera estructural y han llevado al fortalecimiento de las organizaciones ilegales y la delincuencia. De esta manera, un aspecto que debe profundizarse es la cantidad de diagnósticos y recomendaciones que se estructuran alrededor de la forma en la que se ha dado la violencia, así como las posibles formas de responder a ellas.
Una de las labores fundamentales de dicha política es que refleja las importantes brechas de información y de interrelación que se presentan en el Estado colombiano, las cuales no habían sido resueltas. De esta manera, en el documento se plasma la necesidad de actualizar los conocimientos sobre las organizaciones criminales para poder plantear esfuerzos en cómo combatirlas.
Quinto, esta política se encuentra atravesada de forma transversal por el enfoque de género, lo cual lleva a que tenga un foco diferente, siendo el que más se hace presente en los diferentes momentos. Asimismo, se proclama con enfoques diferencial, de seguridad humana, territorial, transnacional, étnico, interseccional y de participación ciudadana; lo cual se evidencia en la manera como se trata a las diferentes poblaciones, buscando que estas se encuentren recogidas.
De esta manera, a manera general, es una política que se encuentra focalizada, que responde a una amplia demanda de la sociedad colombiana, pero que logra centralizar esfuerzos para fijarse en los campos fundamentales a partir de las consideraciones conceptuales. Esta es, sin lugar a duda, un avance importante para una deuda histórica por resolver en el país, siendo un paso hacia la paz y la construcción de un plan de seguridad que comprenda las causas de la delincuencia.
El Estado más allá de ser la solución
Uno de los puntos diferenciales que tiene la política de desmantelamiento es que reconoce el papel del Estado más allá del planteamiento simplista de que es la solución per se a la violencia; por el contrario, mira que en los procesos con las organizaciones criminales ha tenido un rol diferencial y, en algunos casos, ha sido un actor que ha potencializado la violación de derechos humanos. De esta manera, este es un paso fundamental para comprender el delito en el país por parte de estos grupos, así como ayuda a detectar posibles alternativas de respuesta para que no se instrumentalice la institucionalidad.
La posición que se tiene en cuanto al Estado es compleja y reconoce diversos puntos, los cuales se pueden resumir en tres: Primero, la necesidad de que haga presencia integral en cada uno de los territorios del país, dado que es un factor que permite hacer frente a las organizaciones delincuenciales por medio de la oferta institucional. De esta manera, sí se mira como un elemento de transformación a nivel territorial por medio de la focalización de acciones en factores específicos de riesgo y teniendo lineamientos claros de acción.
Segundo, reconoce las virtudes de la acción conjunta, a partir de las cuales empieza a hacer una planificación y permite abrir la puerta a ajustes necesarios para que se puedan fortalecer las capacidades de la administración. Así, reconoce las debilidades de la acción estatal, por lo que busca corregirlas y ampliar su alcance conjunto.
Tercero, el Estado ha estado interrelacionado con el fenómeno de las organizaciones criminales, por lo que es necesario hacer una retroalimentación sobre los hechos ocurridos y reforzar en el comportamiento de los funcionarios una distancia de las conductas ilegales. Una de las cualidades que presenta el texto es que busca que se generen interrelaciones entre las diferentes instituciones para generar acciones que reduzcan el surgimiento de cualquier tipo de acción ilegal con el Estado. Este es un punto diferencial y nuevo al interior de la nueva política, dado que es una respuesta a dificultades históricas que ha tenido el Estado colombiano.
Dentro de las características que resaltan se encuentran: analizar las relaciones que han permitido que el Estado se vea en correlación con las organizaciones criminales, crear un marco vinculante y reforzar las medidas de control interno ante cualquier tipo cooptación o relación con estos grupos, fortalecer mecanismos institucionales de investigación e inteligencia, mejorar la cualificación de los funcionarios y robustecer los mecanismos interinstitucionales.
La política como respuesta al Acuerdo de Paz
Esta Política de Desmantelamiento es una respuesta al Acuerdo de Paz con las FARC, dado que su objetivo primordial es contribuir a la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra las personas y comunidades sujetos de protección de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. De esta manera, una de sus labores es buscar políticas para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en cuanto a poblaciones vulnerables que se encuentran dentro de su misionalidad.
La política de desmantelamiento busca hacer frente a las organizaciones criminales frente a las acciones que ejecutan contra comunidades vulnerables, incluyendo los líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, firmantes de la paz, organizaciones sociales, campesinado, entre otras. De esta manera, se disponen labores de inteligencia, activación y disposición de rutas, labores contra la corrupción y fortalecimiento de mecanismos.
Asimismo, al interior de las acciones planteadas por la política, hay diversas que buscan hacer un reconocimiento de las poblaciones que han sido afectadas por la violencia en los diferentes diagnósticos para poder tomar decisiones y hacer recomendaciones; lo cual le da voz a los afectados por estas organizaciones criminales de manera directa, no sin presentarse la necesidad de tener cuidado en estos espacios ante las amenazas que muchas de estas personas tienen. Igualmente, se van a fijar estándares de verdad, justicia, reparación y no repetición para los diferentes procesos de desmantelamiento.
Una de las atribuciones adicionales que tiene la política es que no solo se basa en el reconocimiento de la acción estatal como una forma para hacer frente a los factores y a las dimensiones que fortalecen las organizaciones criminales; por el contrario, hay un reconocimiento de las formas colectivas y comunitarias que se han desarrollado en el territorio, las cuales han sido fundamentales para poder impulsar formas de protección en el territorio, respuestas a la cultura de la ilegalidad y la creación de redes de apoyo.
Esta es una respuesta al Acuerdo de Paz, buscando generar los mecanismos y condiciones necesarias para que se dé el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Entonces, no se centra solamente en las posibilidades de la negociación, sino que reconoce un amplio espectro en el que la idea base es hacer frente a las prácticas estructurales que llevan a su fortalecimiento.
Conclusión
La Política de Desmantelamiento es un avance sustancial para la paz en el país. El reconocimiento de lo que implica el esfuerzo de este documento es fundamental, dado que intenta articular diferentes perspectivas en un solo texto que resulta ambicioso, por las necesidades explicativas y de profundización del mismo, a la vez que plantea acciones concretas para hacer frente a las organizaciones criminales y acciones delincuenciales contra las poblaciones sujetos de protección.
El reto de la política es significativo, por lo que es importante profundizar en la forma en la que se va a llevar a cabo. No obstante, las apreciaciones conceptuales, el enfoque y el buen direccionamiento de las diferentes políticas del gobierno que se articulan en ella (como la Paz Total y la Seguridad Humana) llevaron a que se presentara un documento que puede lograr un camino solido hacia el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Cabe resaltar que este no es planteado como un ejercicio que se acabe en el final del presente gobierno, sino que se fija como un proceso de largo aliento en el que es necesario que se recojan insumos que fortalezcan de manera permanente la planificación para mejorar las perspectivas en cuanto a las mismas.
Esta en sí misma no es una política de paz ni de seguridad en su totalidad, pero tiene una conjugación de ambas que buscan responder al Acuerdo de Paz. Este es un esfuerzo por reconocer, el cual actúa de manera crítica, yendo más allá de las visiones tradicionales, viendo los errores y conjugando aprendizajes.
Farid Camilo Rondón Raigoza, Magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, profesor ocasional y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.
Foto tomada de: Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
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