Ya desde el inicio, hubo intensas críticas sobre el diseño del programa y había razones de peso para ello: en un país donde más del 60% del empleo es informal, era claramente previsible que este sería el sector más afectado por la pérdida de empleos, y allí es donde los salarios son más precarios y las condiciones de protección social son las peores. De otro lado también se criticó el monto establecido puesto que apenas cubría el 40% del salario mínimo percibido por el trabajador, aunque el costo real es mucho mayor para el empresario.
Los requisitos del programa establecían que solo empresas formales, inscritas en Cámara de Comercio, y con matricula mercantil vigente podrían acceder a los beneficios del programa. Esto limitaba claramente el espectro de empresas que podían acceder al auxilio, el cual a pesar de las críticas se acogió con alivio en casi todos los sectores de la sociedad colombiana.
Ya a finales de agosto cuando apareció el primer informe sobre la ejecución de los recursos del PAEF comenzó a verse la verdad del asunto: aunque las grandes empresas generan menos del 10% de los empleos formales en el país y representan menos del 3% de las unidades empresariales, recibieron más de la mitad de los recursos del programa, a finales de septiembre esto había equivalido a 1,46 billones de pesos.
En el otro extremo de la balanza, las medianas, pequeñas y microempresas que proveen el 90% de los empleos en el país, y son el 80% de las unidades empresariales habían recibido en su conjunto 1,5 billones de pesos. El desequilibrio es evidente: en el acceso al PAEF se privilegiaron a las empresas más grandes en detrimento del acceso a las MYPIMES mayores en número, pero menores en trabajadores por empresa.
Por ello cuando se analiza la distribución de recursos dentro del PAEF (gráfico 1) se evidencia que las grandes empresas aportan el 50% de los empleados, es evidente que los subsidios se focalizaron en pocas empresas que tienen muchos trabajadores, dejando de lado a pequeñas empresas con pocos trabajadores que representaban una carga administrativa mayor para el programa y un poder de lobby y de presión menos intenso.
Las consecuencias no se hicieron esperar: según el primer informe de ACOPI a finales de agosto 98 mil unidades de negocio -de las 140 mil que CEPAL estima que quiebren a final de 2020- se habían declarado en quiebra y habían cesado sus actividades de manera permanente, de ellas el 97% eran pequeñas y microempresas. Esto también explica porque el desempleo en Colombia llegó a cifras históricas del 22,7%, y aún en agosto sigue siendo inusitadamente alto (16,8%) afectando principalmente a mujeres y jóvenes, cuyas tasas de desempleo están disparadas.
Con este panorama, el gobierno presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley 210 Senado, por el cual planteaba una extensión de los subsidios del PAEF (nóminas y primas) hasta diciembre de 2020. Luego de los debates en el Congreso, la iniciativa amplió los subsidios hasta el mes de marzo de 2021 y estableció criterios diferenciales para que el subsidio fuera algo mayor para mujeres (50%) y sectores muy afectados por la crisis como el de turismo y los bares (también con un 50%).
En los debates en el Congreso muchas voces solicitaron aumentar el monto de la ayuda y focalizarlo por la escala de las empresas, con varias proposiciones que al fin por instrucción del Ministerio de Hacienda, no fueron aprobadas por la bancada gobiernista. Aun existiendo recursos para hacerlo, el gobierno se negó a aumentar el subsidio al 50% para todas las empresas y hacerlo progresivo por la escala de estas, en el fondo sabe que esta es una medida que mientras le hace aparecer como preocupado por los empresarios, permite compensar las pérdidas de los grandes cacaos del país, con quienes ha asumido un compromiso mortal para la economía, y ese es el mismo negocio al que juegan los congresistas que se sienten a gusto aprobando la entrega de recursos públicos a los que ya tienen mucho.
El titular de la foto en Palacio de Nariño, cuando se sancione la ley dirá que un gobierno y su bancada parlamentaria, preocupados por el empleo de los colombianos ampliaron un subsidio a las nóminas y contribuyeron a la reactivación económica; la historia por el contrario contará en unos meses lo que ya sabemos: que de esta crisis saldrán poderosas empresas gigantes y hará más ricos a los megarricos y quebrará a las pequeñas empresas aniquilando el trabajo y los sueños de sus empresarios, que el desempleo masivo aumentará la pobreza de los hogares más vulnerables a la crisis, pobreza que ya antes de la misma habían aumentado de manera escandalosa (más de 660 mil colombianos se empobrecieron en 2019), y que Colombia será un país más desigual y fracturado que antes de la crisis del COVID 19, y por ende más violento, inestable y difícil de gobernar.
Jairo Bautista, Docente Universitario Universidad Santo Tomás, Asesor Legislativo. @jbautista1505
Foto tomada de: Dinero
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