En este artículo examinaré algunas partes relacionadas con la desigualdad en asuntos económicos con base en la lectura de las siguientes partes del documento, en especial en el punto B, “políticas de inclusión productiva” con trabajo decente y apoyo al emprendimiento que se encuentra dentro del capítulo denominado “transformaciones (pp.61-67).
La introducción de esta parte denominada “transformaciones” comienza con un planteamiento sobre el deber ser, sobre el establecimiento de una seguridad humana que garantice el desarrollo de oportunidades y capacidades. Se afirma que el Estado debe ser “garante de oportunidades de desarrollo” y se expone la noción de seguridad humana: “esta noción de seguridad humana centrada en el bienestar integral implica una provisión de justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales para garantizar la dignidad humana y promover la reconciliación social”. Y a continuación enfatiza que se busca que “todos los habitantes gocen de una seguridad plena, al tiempo que se promueve el desarrollo integral, la reconciliación, la protección y el empoderamiento de las personas para que puedan vivir en un ambiente de paz, felicidad y libre de discriminación y exclusión.”
Hasta el momento se trata de buenos deseos, de aspiraciones de una vida mejor en una forma tan general que puede ser compartida tanto por Álvaro Uribe como por Peñalosa. El asunto es entender por qué este mundo ideal solo existe en la esperanza de los autores del proyecto de plan de desarrollo o en la Constitución Política.
A continuación, el proyecto de plan nos informa que “hay un rezago de las políticas sociales” y se presenta alguna información y análisis sobre la situación actual:
– “Existe una deuda histórica, ya que no se ha logrado consolidar un crecimiento social y económico en igualdad de condiciones para toda la población.”
– “Persisten problemas estructurales que limitan la garantía de los derechos y del bienestar integral de la población”:
a) “el país todavía cuenta con una buena parte de la población en condición de pobreza -el 39% de pobreza monetaria, el 12,2% de pobreza extrema y el 18,1% de pobreza multidimensional.”
b) “gran parte de la población está en situación de vulnerabilidad, y ante cualquier choque puede volver a retornar en situación de pobreza (31%).
c) “persisten problemas de acceso, calidad y pertinencia de la educación en todos los niveles que limitan las oportunidades de movilidad educativa y social. De cada 100 niños que ingresan en preescolar solo el 30% se gradúan de bachilleres y el 20% accede a la educación superior.”
d) “El país aún registra mortalidad evitable con tasas inaceptablemente altas; la razón de mortalidad materna se encuentra en 65,8 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos y la mortalidad de 5 años presenta una tasa de 12,11 por cada 100.000 nacidos vivos, evidenciando baja capacidad preventiva y predictiva, así como un desarrollo incipiente en atención primaria en salud.”
e) “Aún existen hogares sin acceso al derecho de agua potable y saneamiento. Más de 3,2 millones de personas carecen de soluciones adecuadas de agua potable y de estos el 82% está ubicado en zonas rurales. Además, más de 5 millones de personas no tienen resuelto el manejo de sus aguas residuales (DANE, 2021).”
A lo anterior se suma “el creciente reto del cuidado”:
– “se ha venido acelerando el proceso de envejecimiento de la población, y cada vez más personas con dependencia que requieren servicios de cuidado y que recaen desproporcionalmente sobre las mujeres.”
– “Aproximadamente el 4,3% del total de la población colombiana son personas con alta dependencia y el 9% de la población colombiana está dedicada a las labores de cuidado directo (DANE, Censo de Población 2018, y ENUT 2020-21)”.
Sobre los problemas de conectividad
a) El 40% de hogares aún no tienen acceso a internet (fijo o móvil) y la gran mayoría, el 71% se concentran en zonas rurales”.
b) “aún existen regiones del país que no cuentan con una adecuada accesibilidad y conectividad vial – el 41% de los municipios se encuentra a más de dos horas de las ciudades principales, y aún tenemos cerca de 58 municipios que no se encuentran conectados a la red vial carretera.”
Sobre los asuntos económicos
El proyecto del plan establece un descubrimiento histórico: “para lograr que la población logre una seguridad humana y económica se requiere que accedan a oportunidades de generación de ingresos” y por tanto “es importante que desde esta transformación se aborden problemas estructurales del mercado laboral”. Pero “La estructura productiva e institucional no brinda suficientes oportunidades de trabajo e ingresos y la mayoría de ocupados tiene empleos de baja calidad, generando amplias desigualdades sociales.” Con respecto a esto presenta la siguiente información de diagnóstico:
A) “El desempleo, que en el país asciende al 11% afecta principalmente a las mujeres y jóvenes -un 14% frente a un 8,9% para hombres y un 18,4% para jóvenes.”
B) “El 58% de los ocupados son informales que no logran acceder a seguridad social.”
C) “Altos y persistentes niveles de informalidad empresarial, que se refleja en el índice multidimensional de informalidad empresarial -el 88% en los últimos tres años-.”
D) “el financiamiento sigue siendo una barrera a los emprendimientos y MiPymes. Hay una baja recurrencia de los emprendedores al sector financiero, apenas el 9,11% se endeudó con un banco, mientras que con recursos propios emprendió el 60,1%.
Sobre la economía popular
– “Los trabajadores de la economía popular han sido históricamente excluidos, lo cual se manifiesta de diferentes formas. No son reconocidos como trabajadores y por ello no se incluyen en el marco de derechos y garantía de los beneficios sociales asociados al trabajo. Tampoco se reconocen sus unidades económicas y organizaciones comunitarias ni su contribución a la riqueza social y económica del país ni se incluyen en la construcción de políticas públicas ni en el desarrollo institucional.”
Se trata simplemente de un listado de datos sin explicación alguna de las causas. Después del pobre diagnóstico anterior, no por lo breve que puede ser una virtud, sino por lo insustancial, repite la aspiración general de “avanzar hacia la protección de los derechos y de las libertades” y plantea el siguiente objetivo general:
“Una verdadera inclusión productiva de los trabajadores, en particular de los grupos que presentan las mayores barreras para la inserción laboral, de tal forma que puedan acceder a oportunidades productivas en condiciones de equidad, sin perjuicio de raza, orientación sexual, nacionalidad, lengua, religión, opinión política o filosófica. El trabajador debe contar con ingresos suficientes para desarrollar el plan de vida que considera valioso.” (p. 65).
Como puede verse, el proyecto del plan se caracteriza por: a) exponer un conjunto de aspiraciones generales, que bien podrían sintetizarse simplemente en cumplir lo establecido en la Constitución Política; b) presentar un conjunto muy básico e insuficiente de datos sobre la situación laboral y de ingresos de la población; c) señalar que hay una brecha entre las aspiraciones y la realidad; d) no exponer ninguna explicación sobre las causas de dicha brecha, es decir, del incumplimiento de la Constitución. Después de esto, el texto pasa a las propuestas. Examino a continuación las políticas de trabajo decente (numeral 4 del punto B del capítulo sobre las transformaciones, páginas 76 a77). El proyecto de plan no incluye meta alguna en materia de empleo e ingresos de los trabajadores asalariados, ni en términos absolutos ni relativos.
Políticas de trabajo decente y promoción de los derechos de los trabajadores
Esta parte consta de una breve introducción y de cuatro líneas de acción. En la introducción se informa que se “formulará y adoptará una Política Nacional de Trabajo Decente con el fin de promover desde el Estado igualdad de oportunidades, generación de empleo y estabilidad con especial protección en la mujer, que incluya a diversos grupos de trabajadores como los de la economía popular y comunitaria, rurales, del cuidado, asalariados formales, aquellos contratados mediante órdenes de prestación de servicios y demás formas temporales.” El texto enuncia los posibles contenidos de dicha política, que consisten apenas en una manifestación de intenciones, y ofrece que se fortalecerá la formalización laboral.
¡En otras palabras el proyecto de plan ofrece formular una política nacional de trabajo decente!
¿No debería este proyecto incluir ya “los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política que serán adoptadas por el Gobierno” como ordena la Constitución o el contenido que determina el artículo 5º de la ley 152 de 1994?
ARTÍCULO 5o. CONTENIDO DE LA PARTE GENERAL DEL PLAN. La parte general del plan contendrá lo siguiente:
a) Los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo según resulte del diagnóstico general de la economía y de sus principales sectores y grupos sociales;
b) Las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo y los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos;
c) Las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido;
d) El señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas; y de aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las normas constitucionales vigentes.
El proyecto presentado al Consejo Nacional de Planeación está muy lejos de cumplir con estos contenidos. Es prácticamente imposible comentar y criticar esta parte del proyecto porque no tiene contenido alguno.
Las líneas de acción planteadas son: a) prevención, inspección, vigilancia y control (IVC) para un trabajo digno en todas las regiones; b) el Estado como promotor de trabajo decente; c) trabajo decente en el campo colombiano; y d) promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Importante la oferta de fortalecer las labores de inspección y control de las normas laborales, dentro de lo cual se incluye una acción que ya empezó a concretarse como es la conformación del grupo élite en temas de género. Pero no se ofrece información sobre la situación actual de la inspección y vigilancia, ni se precisan las acciones específicas a desarrollar ni los recursos destinados para tal fin. Sería muy conveniente que esta labor del Ministerio del Trabajo tuviera una veeduría por parte de las organizaciones de los trabajadores y se comprometiera a elaborar y difundir informes a la opinión pública sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y legales.
Los otros puntos son vergonzosamente precarios. Consisten básicamente en exponer objetivos generales sin precisión sobre metas y acciones concretas. En los puntos relativos al trabajo decente en el campo colombiano y promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores, se limita a mencionar propósitos generales que se desarrollarán en el marco de la política nacional de trabajo decente.
Todo indica que todavía el gobierno no tiene claridad suficiente sobre las acciones a realizar en materia laboral y por tanto ofrece al Consejo Nacional de Planeación básicamente un conjunto de buenos deseos. Aunque es comprensible el criterio de entregar un documento corto que permita que mucha más gente pueda leerlo, convendría que el DNP lo complementara con documentos técnicos anexos en los cuales precise el diagnóstico.
Un tema de tanta relevancia en la medida en que constituye la relación social básica del capitalismo -la relación entre el capital y el trabajo-, a partir de la cual se genera todo el producto interno bruto y el valor agregado del cual solo se deja una parte a los trabajadores ameritaría por parte de un gobierno de izquierda un tratamiento más profundo. La desigualdad fundamental en el marco del capitalismo se origina en la división entre capitalistas y trabajadores asalariados y se expresa en primera instancia en la distribución del valor agregado entre las dos grandes clases. Un gobierno que ofrece reducir sustancialmente desigualdades debería exponer con claridad una meta en materia de distribución del valor agregado entre ganancias y salarios.
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: Departamento Nacional de Planeación
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