Se impone ahora analizar con espíritu crítico lo allí enunciado. Anotar los aciertos y desaciertos permitirá al Ejecutivo acertar en las decisiones de política pública que se adopten internamente en este tema. Un asunto prioritario donde se juega la gobernabilidad de más del 60% del territorio nacional, y donde viven millones de colombianos que votaron por la promesa de “paz total”, que en su lectura incluía la reactivación del Acuerdo de Paz de 2016, el fin de la criminalización del campesinado y su inclusión en programas de desarrollo rural sostenibles y de largo plazo. Definiciones y acciones que pueden concretarse en el territorio colombiano con voluntad política y celeridad institucional sin esperar el beneplácito internacional.
Con los Estados Unidos, la potencia que ha marcado la agenda antidrogas en el continente y que al parecer pretende contener el ímpetu progresista regional que decidió Colombia en las elecciones del 2022, se impone discutir un marco de cooperación distinto, más equilibrado y responsable, donde la certificación unilateral a partir de metas represivas de corto plazo no sean el punto de partida y la razón de ser de lo que se acuerde entre los dos países. Solo unas estrategias nacionales claras sobre Drogas y Narcotráfico pueden marcar los límites de la actuación de Washington en Colombia.
Los pormenores del discurso internacional de Petro
La intervención de Gustavo Petro, plena de figuras retóricas y reclamos airados, llama a la comunidad internacional a rectificar las estrategias de cooperación con que pretenden resolverse los problemas del hambre, las drogas, la deforestación y el cambio climático en los países del sur global, buscando las causas profundas de una crisis que amenaza la supervivencia misma del planeta. Criticó también el modelo de desarrollo que privilegia el lucro desmedido, la dependencia de los combustibles fósiles y las guerras que periódicamente desatan las potencias militares contemporáneas.
Al referirse a Colombia, Petro relacionó, ciertamente con alguna ligereza, las adicciones capitalistas al carbón y el petróleo con la coca y la deforestación de la selva amazónica a la que se “envenena” y arrasa sin misericordia. Con vehemencia afirmó que la guerra contra las drogas debe detenerse porque fracasó en sus objetivos y ha causado daños irreparables en el mundo, entre ellos, poblaciones marginalizadas y excluidas; campesinos, indígenas, afrocolombianos, jóvenes y mujeres perseguidas o encarceladas en todo el continente, y un desastre ambiental que apenas empieza a reconocerse. Petro culpó a la guerra contra drogas de ser causante de miles de muertes en Latinoamerica y en Estados Unidos.
En plena sintonía con lo expresado en sus discursos de campaña, en el día de su posesión y en la reunión de presidentes de la Comunidad Andina de Naciones, Petro en la ONU, convocó a los países vecinos a conformar un bloque regional que reclame ante el concierto de naciones, cambios en las políticas de drogas que permitan construir una era de paz en donde se respeten los derechos humanos, muchas veces violentados a nombre de la lucha contra el narcotráfico.
Aunque muy general, todo lo anterior es aceptable. Sin embargo, quisiéramos ver como lo enunciado en estos escenarios se concreta en la realidad de las regiones, donde aparecen ya visibles graves contradicciones.
Acciones que contradicen el progresismo manifestado en el discurso
Después del 7 de agosto, comunidades de Putumayo, Córdoba, Catatumbo, Guaviare y Meta vienen denunciado la continuidad de la erradicación forzosa de cultivos de coca, como si nada hubiera cambiado. Para esos pobladores rurales que apoyaron a Petro hasta en un 80 y 90 %, como sucedió en la Costa Pacífica, por ejemplo, no deja de ser paradójico que mientras su líder busca reformas de drogas en el plano internacional, pasados tres meses de su elección, no se haya ordenado la suspensión del uso de la fuerza como mecanismo principal para la contención de los cocales.
La erradicación forzada de cultivos forma parte de la estrategia de reducción de la oferta, mecanismo impuesto por Estados Unidos, hace varias décadas y monitoreado por ellos mediante la certificación unilateral por colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Dos asuntos sobre los que nada se dijo en el Programa de la Campaña “Colombia: Una potencia mundial para la Vida” liderada por Petro. En la erradicación forzada intervienen los Estados Unidos a través de la sección de narcóticos de su Embajada en Bogotá, la que “invierte” su asistencia técnica y económica en construcción y mantenimiento de bases antidrogas, materiales y equipos para los escuadrones de erradicación, tecnología, entrenamiento, combustibles y aeronaves, entre otros.
Recientemente, el ministro de Defensa Iván Velásquez se pronunció diciendo que la erradicación forzada no se ha suspendido. Ello solo procederá, según el Ministro, cuando hayan avanzado los diálogos con los grupos armados. Aquí se encuentran dos afirmaciones que son problemáticas. La primera es una frase repetida desde hace cinco décadas en Colombia a tono con la figura de “garrote y zanahoria”, la que ofrece programas de desarrollo alternativo bajo ópticas prohibicionistas. La segunda frase regresa a la idea incubada en el gobierno de Juan Manuel Santos de que los cultivos son propiedad de los actores armados, de tal manera que al negociar con ellos los cultivos se acaban. Esto muestra que no se están considerando las lecciones aprendidas del proceso con las FARC EP en este punto en particular.
Más sensato, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna quien acaba de señalar que apoya el proyecto sobre Tratamiento Penal Diferenciado que se acaba de presentar en el Congreso y que se buscarán tierras productivas y bien localizadas para entregar a los campesinos ante las dificultades que persisten al proponerles sustituir cultivos por cadenas productivas sin futuro de mercado.
Si bien la ratificación del Presidente y la Ministra de Ambiente Susana Muhammad denunciando las aspersiones aéreas con glifosato como una práctica que envenena la tierra y que comporta riesgos a la salud de las comunidades es importante, no es novedosa porque esta técnica se suspendió en el 2015, ni suficiente porque, actualmente, el herbicida se sigue rociando con bombas de aspersión terrestre. Lo que preocupa hoy al campesinado es la erradicación terrestre forzosa y militarizada.
Las 23.216 hectáreas destruidas por este medio, en lo corrido del actual Gobierno, según declaraciones del Ministro de Defensa (El Tiempo, 2022), más las que se sumen en septiembre, están incrementando los conflictos socioambientales en lugar de desactivarlos y lejos de tejer relaciones de confianza con el Estado, las debilita. No criminalizar, no perseguir y no desplazar a los productores de hoja de coca como se lee en el programa de campaña implica sentarse con ellos a concertar soluciones creíbles, reconociéndolos además como sujetos de derechos en el nuevo gobierno alternativo.
En agosto pasado, los campesinos de San Miguel (Putumayo) que protestan contra la erradicación forzada terrestre, le advirtieron a la Ministra de Agricultura sobre la necesidad de concertar acuerdos de sustitución y suspender los contratos que el Gobierno Duque dejó firmados con operadores de erradicación para cumplir las metas comprometidas a diciembre del 2023. Lo que no ha ocurrido. Juan Carlos Garzón, investigador de la FIP, sostuvo que la erradicación forzada fue mayor en Agosto frente a Julio del presente año, justo mientras el Presidente develaba en sus discursos el fracaso mundial y nacional de la guerra contra las drogas.
Debido a las acciones de erradicación forzada, las comunidades se han pronunciado ante el señor Presidente, sus ministros de justicia, defensa, agricultura y medio ambiente, la Comisión de Paz del Senado que preside el Senador Iván Cepeda y la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de Naciones Unidas. En esencia manifiestan su molestia por la continuidad de una política errada que las aleja de las instituciones justo cuando se les ofrecía una mejor relación con ellas. No les cabe tampoco en la cabeza que los contratos hechos por Duque no se puedan modificar o reversar.
Igualmente, la alocución presidencial en New York, relacionó la expansión de la coca con la deforestación, lo cual es una verdad a medias. La Viceministra de Ambiente Sandra Vilardy, echando mano de información del IDEAM y otras entidades que monitorean la deforestación, señaló la tala indiscriminada y el acaparamiento especulativo de tierras de la nación para un inadecuado sistema de ganadería extensiva como las principales fuentes de deforestación. La coca incide, sí, pero su responsabilidad alcanza el 7% del total deforestado en el último año. Por eso también al campesino le resulta odioso el uso de la fuerza del Estado contra sus cultivos de coca, cuando sabe que quienes se enriquecen destruyendo la selva, manejan el negocio a control remoto desde las ciudades.
Propuestas inmediatas
En consonancia con el discurso nacional e internacional de no a la Guerra contra las Drogas desde la Corporación Viso Mutop se le propone al Presidente Gustavo Petro: 1) Ordenar la suspensión de la erradicación terrestre forzosa y llegar a los territorios con la oferta de sustitución voluntaria trazada en el Acuerdo de Paz y declarada vigente por la Corte Constitucional. 2) Alcanzar acuerdos rápidos de contención de hectáreas y de reducción progresiva concertados directamente con las comunidades y sin intermediación. 3) Adecuar con prontitud la institucionalidad de desarrollo territorial, desarrollo rural y sustitución de cultivos a la política de Paz Total, eliminando falencias e incoherencias heredadas del gobierno anterior. 4) Reconocer los Pactos Colectivos suscritos con voceros de las comunidades en 2017 que no fueron incluidos en el PNIS y empezar con ellos nuevos Acuerdos de Sustitución. 5) Direccionar la presencia de la fuerza pública hacia la persecución del narcotráfico y la protección de líderes y comunidades de territorios de sustitución amenazadas por actores armados. 6) Cumplir con los proyectos productivos de ciclo medio y largo comprometidos con las 100 mil familias participantes del PNIS y actualizar costos por inflación y localización geográfica con las comunidades que están o ingresen al programa. 7) En el caso de las familias en territorialidades étnicas perfeccionar la ruta diferencial de atención e incluir a los agricultores de marihuana y amapola. 8) Focalizar la acción estatal a través de programas de sustitución y de resolución de conflictos socioambientales hacia familias con cultivos de coca en áreas de manejo especial ambiental. 9) Convocar de inmediato las instancias de participación comunitaria del Programa PNIS en lo nacional, departamental y municipal. 10) Renegociar con los EEUU la meta de reducción de hectáreas que está prevista para el 2023, poniendo el énfasis en nuevos indicadores de orden socio-económico y ambiental más que en la superficie cultivada.
Si hay algo que precisar desde ahora es que la autocrítica es un ejercicio necesario y que reconocer las voces de la ruralidad y de la sociedad civil en estos temas posibilitará un mejor abordaje de los desafíos que frente a sí tiene el Gobierno de la paz Total.
Corporación Viso Mutop,
Aura María Puyana y Sandra Bermúdez, Sociólogas e investigadoras
Foto tomada de: Semana.com
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