La Oficina Nacional de Control de Drogas de los EEUU reportó, a finales de junio pasado, que en 2020 los cultivos de coca en Colombia crecieron 15% frente al 2019. También creció el volumen de cocaína producida. De acuerdo a ese reporte, serían 245.000 hectáreas y más de 1.010 toneladas métricas de cocaína[1]. En ese mismo mes, la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, había reportado un descenso del 7% en la superficie cultivada, aunque admitía que la producción de cocaína subió a 1.228 toneladas[2]. Es decir, los reportes contienen diferencias en la cantidad de cultivos, pero coinciden en que ahora se produce más cocaína que nunca antes.
El 30 de junio, el ministro de Defensa Diego Molano, celebró la incautación de un laboratorio en Samaniego Nariño en el que fueron halladas seis toneladas de cocaína. Según el ministro, esa producción pertenecía al ELN. El Fiscal Francisco Barbosa celebró dicho “golpe al narcotráfico”, el cual tendría un valor de nueve millones de dólares[3]. Los funcionarios aseguraron que éste fue el golpe más importante en lo corrido de 2021. Una noticia espectacular que sirve para titulares de prensa, la cual se suma a los reportes del gobierno en los que da cuenta de la destrucción de 130.000 hectáreas de cultivos de coca a través de la erradicación forzada en 2020, la cifra más alta de los últimos tiempos, y de la incautación de 505 toneladas de cocaína en ese mismo año.
La respuesta del presidente Iván Duque al reporte de la Casa Blanca indica que su apuesta por el prohibicionismo puro y duro continuará, sin revisar sus planes y sus indicadores en política de drogas. Para el gobierno, lo que corresponde es seguir erradicando forzadamente, sin importar los riesgos y daños que dicha estrategia conlleva para las comunidades.
El Congreso y el presidente de los EEUU.
La Comisión Hemisférica de Drogas del Congreso de los EEUU, en diciembre de 2020, después de meses de investigación propuso a la administración Biden un nuevo enfoque en las políticas de drogas. Mecanismos como la certificación anual que da cuenta del grado de compromiso en la lucha contra drogas por parte de los países, resultan “anacrónicos”[4] según un documento que fue público. También se dijo allí que las fumigaciones aéreas con glifosato no sirvieron para el combate a los cultivos y que la extradición debería revisarse. Otro reporte que contiene un análisis crítico fue presentado este año por el International Crisis Group, sobre coca, erradicación y violencia concluyendo que EEUU y Colombia deberían revisar sus acciones puesto que “…Centrar el poder punitivo del Estado en un cultivo ilícito está destinado a fracasar hasta que los agricultores tengan una mejor opción”[5].
El Embajador de Estados Unidos en Colombia, en entrevista con El Espectador, dio a conocer algunos aspectos de la nueva política de ese país hacia Colombia, a propósito del reporte de la Casa Blanca que hemos citado aquí. Según Philip Goldberg, un diplomático de carrera: 1. La demanda mundial de cocaína aumentó durante la pandemia, llegando también a países de Asia, mientras que crece en EEUU y Europa. Es decir que su país acepta tener una responsabilidad en el mercado de drogas vigente; 2. Las diferencias de cifras con la UNODC se deben a metodologías y fechas diferentes, en cómo se hacen las mediciones de las dos entidades; 3. Plantea una estrategia integral contra el narcotráfico, que contribuya al desarrollo social y económico de las zonas más pobres y conflictivas del país; y 4. Es mejor hacer negociaciones y acuerdos con las comunidades para sustituir las cosechas de coca que seguir erradicando forzadamente para siempre[6].
Sin embargo, dado que la legalización es un escenario lejano todavía, y teniendo en cuenta que los cultivos están ubicados en las zonas más conflictivas, el gobierno de Colombia busca combatir a los grupos generadores de violencia que se financian con el dinero del narcotráfico. De hecho, en esto coinciden la postura del Embajador con la repetida por varios ministros de Defensa, según la cual la violencia y más aún las masacres se originan en la existencia del narcotráfico[7]. De tal suerte que reducir el narcotráfico significaría menos masacres, y para afectar al narcotráfico hay que atacar los cultivos. Ergo, los cultivos son los culpables de la violencia. En esta lógica, los programas de sustitución se convierten en apéndice de las estrategias coercitivas y del uso de la fuerza por parte del Estado.
Erradicación forzada y derechos humanos
Pero la erradicación forzosa conlleva choques con comunidades campesinas. Se trata de operaciones militares y policiales que desconocen la secuencia correcta de que tratan los Principios Rectores del Desarrollo Alternativo[8] que fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2013, van en contravía de las Directrices Internacionales de Derechos Humanos y Políticas de Drogas adoptadas por la OMS y el PNUD[9], entre otras agencias del sistema de Naciones Unidas, y no respetan la secuencia establecida en el Acuerdo de Paz de 2016, el cual es política pública vigente según la Corte Constitucional. En el Punto 4 de dicho Acuerdo, se advirtió que primero se debe ofertar la vinculación a programas de sustitución voluntaria y solo en caso de negativa de las comunidades o de imposibilidad por razones de fuerza mayor se podría aplicar la erradicación forzada.
El gobierno Duque revirtió ese abordaje y priorizó la erradicación forzada. Aumentó los grupos móviles de erradicación y decidió tramitar a toda costa el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato. Más campañas de eliminación de cocales conllevaron más enfrentamientos y desconfianzas. El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria registró “95 incidentes entre campesinos y fuerzas del Estado entre 2016 y 2020”, pero el Ministerio de Defensa señaló a noticias Caracol TV que. en 2020, se presentaron 1.862 “choques violentos” entre sus tropas y las comunidades, dando cuenta de 107 heridos entre el personal encargado de la erradicación (por diversas causas entre ellas los campos minados).
En marzo 26 del presente año, el Programa Somos Defensores, la Asociación Minga y VisoMutop presentaron un informe sobre agresiones a defensores de derechos humanos vinculados a la sustitución voluntaria[10]. Allí se da cuenta de 75 homicidios cometidos contra personas que promovían la búsqueda de alternativas a los cultivos de coca desde que se firmó el Acuerdo de Paz hasta finales de 2020. El Gobierno nacional aceptó que según sus registros iban 73 casos. Además, se registran homicidios de campesinos, indígenas y afrodescendientes que se niegan a la erradicación forzada sin haber recibido previamente la oportunidad de acogerse a proyectos alternativos.
Junto a Ricardo Vargas en Junio de 2020[11], considerando el creciente número de denuncias por afectaciones causadas al tejido social de las comunidades mediante la erradicación forzosa, reclamamos que el gobierno nacional cumpliera con sus obligaciones legales en las operaciones de erradicación, atendiendo unos mínimos parámetros de información a los organismos de derechos humanos –tales como las Personerías, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo-, además de las organizaciones locales que promueven garantías y derechos de las poblaciones. En esta dirección, actualmente, varias gobernaciones han expedido decretos que buscan garantizar el derecho a la protesta social aun en casos de oposición a la erradicación forzada, como el Decreto 0203 de la Gobernación de Putumayo.
La sustitución voluntaria, lenta pero más sostenible
El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos basó sus éxitos iniciales en acuerdos colectivos e individuales, llegando en menos de un año (entre 2017 y 2018) a casi 100.000 familias cocaleras. Cientos de asambleas comunitarias permitieron que voluntariamente se erradicaran más de 40.000 hectáreas, en una acción completamente pacífica, sin necesidad de amenazas de judicialización y sin operaciones militares detrás. Pero los enamorados de las cifras de erradicación de hectáreas pusieron en competencia al PNIS con el Ministerio de Defensa y advirtieron el bajo impacto de dicho programa, no por la generación de confianza con las comunidades sino por la relación hectáreas versus número de familias participantes. Y desde ahí vinieron las acusaciones de ineficiencia primero y luego de resiembra por parte de funcionarios, curiosamente, algunos de ellos encargados de la implementación de la paz.
Reivindicando los principios del desarrollo alternativo, los derechos humanos y el comercio justo, investigadores del Transnational Institute[12] y de la cooperación alemana han introducido temas asociados a la tenencia de la tierra, el vínculo con la reducción de pobreza rural, los lazos que juntan las apuestas de desarrollo y sustitución con el medio ambiente y el acceso sostenible a mercados lícitos. Sin embargo, estos elementos insertos en distintas evaluaciones, durante la administración Duque, cedieron frente a la tecnocracia que reclamó a los funcionarios de Santos una mala planificación del Programa y un desfinanciamiento de los acuerdos de sustitución suscritos. Así las cosas, pasaron tres años para atender a cuenta gotas los compromisos de inversión contemplados en el Plan de Atención Inmediata del PNIS.
Mientras el país nadaba en cocaína, las elites se codeaban con los nuevos patrones que financian campañas electorales en las regiones. La administración Duque fue abandonando[13] las prioridades del acuerdo de paz y formuló otras iniciativas en su reemplazo: “Hecho a la medida” y “pago por servicios ambientales”, manteniendo a flote, con escasa financiación, los programas de la agencia de tierras. Pero las cifras suministradas por el propio gobierno reflejan un escaso avance en sus apuestas, un bajísimo número de hectáreas y familias intervenidas, y un reducido impacto en los territorios.
Aunque este gobierno le dio un impulso inicial a los PDET, terminó dejando a un lado la participación ciudadana que movió la primera etapa de la construcción de tales planes, sustituyéndola por firmas consultoras que diseñaron una hoja de ruta única para terminar dedicado principalmente a la priorización de proyectos tramitados a través del OCAD Paz y, por último, a resguardar los respaldos de sectores políticos que se apropiaron en los territorios del discurso y de los proyectos PDET. La consejería para la estabilización reportó, mientras se escribía esta nota, que a través del OCAD Paz se han aprobado 365 proyectos por valor superior a los 3,7 billones de pesos.
Al cierre
Debe destacarse que el Director de la UNODC Pierre Lapaque, así como el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, han coincidido en señalar que la primera opción debería ser la sustitución voluntaria. Los acuerdos con campesinos demuestran, desde finales de los años 80s, que donde las familias se comprometen a erradicar voluntariamente, ellas honran su palabra. Por su parte, los indígenas también han confirmado su compromiso con programas alternativos, y Consejos Comunitarios Afro en Nariño también han demostrado su cumplimiento. Aunque la medición de éxito no puede ser limitada a ese indicador. Más bien, la superación de la monodependencia de ingresos basados en el cultivo de coca, es una consecuencia de acciones más amplias que contemplen, de entrada, una reducción progresiva, la participación local y los medios de vida alternativos.
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[1] https://elpais.com/internacional/2021-06-27/la-casa-blanca-alerta-de-que-los-cultivos-de-coca-en-colombia-alcanzaron-cifras-record-en-2020.html
[2] Si le interesa lo que dijo la ONUDC para Colombia, puede ver más información en este link: https://www.unodc.org/colombia/es/datos-y-tendencias-del-monitoreo-de-territorios-afectados-por-cultivos-ilicitos-en-colombia-2020.html
[3] https://www.elespectador.com/judicial/incautan-seis-toneladas-de-cocaina-al-eln-en-selvas-de-narino/
[4] https://es-us.noticias.yahoo.com/reporte-proceso-certificaci%C3%B3n-drogas-eeuu-031350872.html
[5] Puede ver el resumen de dicho informe aquí: https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/87-deeply-rooted-coca-eradication-and-violence-colombia
[6] Vea la entrevista completa aquí: https://www.elespectador.com/mundo/record-de-cultivos-de-uso-ilicito-en-colombia-otra-secuela-del-covid-19/
[7] El Ministro Carlos Holmes Trujillo (qepd) insistió muchas veces en dicha lógica. https://www.radiosantafe.com/2020/12/15/ministro-de-defensa-insiste-que-el-narcotrafico-es-la-razon-de-las-masacres-en-colombia/
[8] Puede verse el documento completo aquí: https://es.scribd.com/document/455425968/A-RES-68-196-S-Principios-rectores-de-desarrollo-alternativo
[9] Si le interesa puede leer estas directrices aquí: https://visomutop.org/directricesinternacionalessobrederechoshumanosy-politicade-drogas/
[10] Puede ver el informe completo aquí: https://visomutop.org/informe-especial-la-sustitucion-voluntaria-siembra-az/
[11] Puede verse el texto completo del documento mencionado en https://colombiapeace.org/files/200630_viso.pdf
[12] Sugiero ver de Martin Jelsma el documento “vasos comunicantes”. En este link se encuentra un resumen https://www.tni.org/es/publicacion/vasos-comunicantes-derechos-humanos-cultivo-ilicito-y-desarrollo-alternativo
[13] Por parte del PNIS se supo que fueron asignados, en junio del presente año, recursos para la etapa de proyectos productivos en los municipios de Briceño y San José del Guaviare, dos de los casos donde ha avanzado ese programa, a pesar de la crítica por la atención poco oportuna de los compromisos con las familias que arrancaron su coca.
Pedro José Arenas García, Cofundador de Corporación Viso Mutop
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