Los resultados del mes de junio reflejaron el impacto del confinamiento en un país donde se demostró que la informalidad es la principal característica del mercado laboral. Incluso donde buena parte de la población con un trabajo formal quedó en vulnerabilidad ante la fragilidad de las empresas, o mejor, ante la escasa trascendencia de las ayudas implementadas por el Gobierno.
En efecto, los resultados del mercado laboral al mes de junio presentan un deterioro considerable si se les compara con el mismo mes de año 2019. Solo la población ocupada, para el total nacional descendió en 4.273.000 personas. Esto es en realidad una tragedia económica pero también humana. Los demás datos se pueden convertir en fenómenos relativos, simples estadísticas que dependen de los énfasis que se quieran realizar. Por ejemplo, la población desempleada creció en 2.176.000, mientras que la población considerada inactiva, es decir, que no busca trabajo, probablemente no por voluntad en un contexto de confinamiento e incertidumbre, creció en 2.598.000 personas. En otras cuentas, con una población en edad de trabajar de 39.834.000 personas, 21.490.000 (el 54%) se encuentra inactiva o se declara como desempleada.
Ahora, de la población que está ocupada el DANE suele medir la informalidad como un factor económico, es decir, a partir del trabajo en empresas de menos de cinco trabajadores, y se calcula en el 46.2% de la población ocupada al mes de junio de 2020. Otra forma de medirlo sería a través de los aportes a la seguridad social y con este parámetro se tendrían datos cercanos al 68% de quienes cotizan a pensiones. Los dos indicadores se vuelven discutibles, pero lo cierto es que el Covid ha mostrado no solo la vulnerabilidad de los puestos de trabajo sino la cantidad de personas que dependen de trabajos esporádicos y del día a día para lograr su sustento.
Ahora, los temas que la Misión se propone abordar son: Protección social al trabajador, determinación de salarios; Formación para el trabajo y el desarrollo humano; Análisis de reformas pasadas y recientes del mercado laboral. No se ve, por lo tanto, donde se van a abordar los temas de la recuperación del empleo perdido; todo va a quedar en las acciones para la reactivación económica, que cómo se dijo, no están siendo lo suficientemente robustas como para generar el rápido crecimiento prometido por las autoridades, una actitud completamente incoherente, contraria a políticas sensatas de apoyo y protección al tejido productivo y social. Por ejemplo, con el plan de reactivación el Gobierno (con inversiones del 10% del PIB) espera la creación de un millón de empleos, escasamente una cuarta parte de los empleos perdidos en la crisis.
Otros elementos de prueba de que la Misión no va a tener mayores incidencias, son las propuestas que se siguen insistiendo desde diferentes sectores gremiales y académicos. Un primer paquete de reformas que se le exigen al Gobierno tiene que ver con: el pago por horas, la definición de salarios por productividad regional y el jornal diario integral para el campo. El argumento de ello es la motivación a la contratación y con ello a la formalidad del trabajo a través de lograr así pagos a la seguridad social de manera parcial, es decir, donde se debe de eliminar el pago básico por un salario mínimo legal vigente; en definitiva, se trata de la eliminación del piso del salario mínimo.
Eduardo Lora, con todo el prestigio que le acompaña, insiste en una propuesta que profundiza lo que se ha querido desde diferentes reformas laborales, es decir, abaratar los costos de contratar un trabajador. Y esto se lograría, plantea, eliminando las contribuciones que hacen los empleadores (12% de la nómina) y los trabajadores (4%) al régimen pensional. El Estado a través del presupuesto entra a garantizar una pensión mínima de un tercio de un salario mínimo, y quienes puedan ahorrarían en los fondos privados para aumentar esos recursos pensionales. Carlos Caballero Argáez, no solo apoyó tal iniciativa sino que la consideró simple y audaz.
No son novedosos los sentidos de estas propuestas. Ya se han implementado acciones como la modificación a dominicales, festivos, trabajo nocturno; también se eliminaron aportes a salud, Sena e ICBF cuando los salarios son menores a 10 salarios mínimos; se han incentivado los practicantes a los que se les reconoce hoy el 75% de un salario mínimo, sin auxilio de transporte. Bueno así no más para no alargar la lista. Los caminos de abaratar el trabajo no han sido la alternativa a la generación de empleos y mucho menos a su formalización, la evidencia empírica así lo demuestra. Insistir en esto es solo una ilusión del sistema por mantener la competitividad y la rentabilidad a costa de los ingresos de quienes han logrado tener un trabajo formal.
Así que los cambios en el mundo laboral seguirán insistiéndose por los mismos caminos que se han probado en las últimas tres décadas, desde la última Misión laboral en 1985. La idea como bien lo dice Caballero es pensar en la población trabajadora informal (recuérdese que en el campo es del 86%), pero lejos está de abaratar el trabajo y deteriorar las pensiones a los trabajadores formales, a quienes puedan lograrlo, para ver si de pronto el mercado reacciona de manera positiva hacia la creación de empleos.
La generación de empleos formales tiene que pasar por medidas estructurales concretas de reindustrialización y reruralización, pero también de sistemas de protección social que trasciendan la idea de los mínimos alimenticios (un tercio del mínimo legal vigente); esto llevaría solo a tener una población de bajos ingresos, aún más que ahora, demanda pequeña, para un mercado pequeño. Además por pensar en las remuneraciones de quienes se encargan del cuidado (esencialmente mujeres); por integrar de manera justa a la juventud a los mercados laborales, e incluso por salvaguardar la capacidad de ingresos a quienes están por fuera del mercado laboral.
Una renta básica sí que solucionaría buena parte de estos temas incluyendo el problema pensional, pero lejos está que un monto como el que se propone (que es similar al que hoy se tiene como el ingreso solidario transitorio) sirva para garantizar una vida digna. Esas propuestas darán pie, sin duda, a una sociedad futura sometida a pobreza absoluta. Por eso hay que volver a preguntar, ¿si los caminos de las reformas en marcha conducen a una profundización de lo que se ha venido haciendo, para qué se quiere hacer una Misión laboral?
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales. Universidad de La Salle.
Foto tomada de: El Colombiano
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