“Siempre una obediencia ciega supone una ignorancia extrema”.
Jean Paul Marat
La Corte Suprema de Justicia negó la libertad otorgada por una jueza de la República a dos miembros de la Primera Línea, Adriana Esperanza Bermeo Súa y Santiago Márquez Chárriz, designados como ‘voceros de paz’ por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión se tomó al acoger los argumentos de la Procuraduría General de la Nación que, en una acción de tutela, indicó que en la decisión se había configurado un defecto procedimental, por haber emitido “con desconocimiento del principio de oralidad y de doble instancia”, lo que, además, iba en contravía de los principios del sistema penal acusatorio, según reveló la Corte Suprema en su controversial decisión.
Si bien es cierto que un defecto procedimental puede suceder en cualquier caso, en este, en específico, en medio de un contexto bastante complejo, en el que los entes de control parecen estar configurando, lo que el mismo presidente Petro, ha denominado un “golpe blando”[1], se advierte una clara intención política detrás de la decisión. No es ajeno a este contexto la suspensión de hace un año de Daniel Rojas, presidente de la SAE, por parte de la Procuraduría ni las recientes suspensiones del superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, el pasado 8 de noviembre de 2023, y la del canciller Álvaro Leyva Durán, proferida el pasado 24 de enero de 2024 por la Sala de Instrucción Disciplinaria; ambos con apertura de investigaciones disciplinarias. Tampoco son hechos aislados las indagaciones contra el entonces ministro del Interior Alfonso Prada, y contra algunos congresistas del Pacto Histórico, como María José Pizarro, Alexander López, David Racero y Wilson Arias, a quien la Procuraduría (de forma temeraria) le formuló cargos por acusar a la Policía de torturar y violar los derechos humanos y civiles de manifestantes en el Valle, en el contexto del estallido social de 2019.
La Fiscalía y la Procuraduría han manifestado su desacuerdo con la liberación de los jóvenes pertenecientes a la Primera Línea y se han negado a reconocer que esta formación ciudadana, que ni siquiera se configura en movimiento político (aunque tenga incidencia política,) surgió como respuesta al abuso sistemático por parte de la fuerza pública, con el objetivo de proteger y defender los derechos de los manifestantes y de la ciudadanía en general (pues muchas personas que no hacían parte de las protestas también fueron objeto de violencia, asesinatos, tortura y agresiones) y frenar los ataques indiscriminados y violaciones a los derechos humanos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), durante las protestas.
Estos dos entes de control no se han limitado a desconocer los fallos judiciales y a dejar sin efecto las audiencia en las que se otorgó la libertad a miembros de la Primera Línea designados como “voceros de paz”, ambas han lanzado una peligrosa ofensiva judicial que violenta seriamente principios rectores dentro de un Estado democrático. Sus ataques, porque son ataques, son contra la agenda del actual gobierno; sin duda.
La Fiscalía abrió proceso penal y llamó a interrogatorio a la jueza Lilyan Bastidas Huertas, por haber ordenado la libertad de los dos jóvenes que solicitó el gobierno como gestores de paz, mientras que la procuradora Margarita Cabello le abrió proceso disciplinario y penal por presunto prevaricato a la vez que llamó a la creación de una agencia especial dentro del ente de control para hacer seguimiento a este y a otros casos en curso. Desde este organismo se viene implementando un manual para el hostigamiento y la persecución tanto de jueces que llevan los procesos judiciales contra miembros de la Primera Línea como contra los jóvenes encarcelados, y a quienes se les han violado sus derechos constitucionales. La procuradora además solicitó a todos los jueces informar sobre los procesos relacionados con la liberación de miembros de la Primera Línea, candidatos a gestores de paz.
Aunque las agencias especiales se constituyen para garantizar la intervención del Ministerio Público, en casos de “especial connotación” nacional debido a la gravedad de los delitos, la naturaleza del hecho criminal o la calidad de los agentes que son señalados de cometer los delitos, en este caso de los jóvenes de la Primera Línea a los que se les revocó por vicio de procedimiento su libertad, el Ministerio Público informó que designó al titular de la Procuraduría 17 Judicial II Penal, para tener actuación y representación en todas las etapas del proceso que se adelanta en contra de la juez Bastidas Huertas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales, denunciada penal y disciplinariamente por presuntas irregularidades al decidir la libertad de los dos ex miembros de la primera línea designados por el Gobierno Nacional como voceros de paz[2].
Reversar las ordenes de libertad de quienes han sido designados gestores de paz, no es algo menor. Se trata de ir contra la principal apuesta del actual gobierno como es garantizar el cumplimiento de su política de Paz Total, Ley definida como “el nuevo contrato social que garantizará los derechos fundamentales de la gente en el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro, en donde la Seguridad Humana se basará en la protección de la vida y su plena realización a partir de políticas sociales, medioambientales, económicas y culturales”[3].
No es el primer ataque de alguna de las ías a esta bandera del gobierno. Ya lo había hecho la Fiscalía General cuando se negó a levantar las órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo con los que el gobierno se quería sentar a dialogar, a principios del año pasado. “El fiscal se negó a levantar cualquier orden de captura de este grupo con un argumento jurídico inflexible y desde entonces ha puesto peros al levantamiento de órdenes de captura de miembros de grupos armados con los que Petro busca la paz”[4]. El avance en los diálogos con los armados ha sido lento y testarudo, y la lenta definición de un cese al fuego, bien se podría traducir en costos humanos y sociales, como ocurre en todo conflicto armado. La Fiscalía también ha obstaculizado las negociaciones políticas con Estado Mayor de las Farc (EMC), al negarse a reconocer las peticiones para la designación de sus negociadores, lo que motivó hace diez meses la ruptura parcial del cese al fuego.
Las decisiones de los entes de control de criminalizar la protesta ciudadana, de dar trato de peligrosos criminales a los jóvenes que asumen su deber y derecho de protestar para exigir al gobierno plenas garantías sociales y el respeto a sus derechos constitucionales, va en contra del mismo fundamento democrático de nuestro Estado. Cuando la fuerza pública ejerce la violencia de manera brutal, injustificada y extrema, como el mundo vio sucedió en Colombia durante las protestas de 2019 y 2021, y en otras tantas ocasiones, la ciudadanía tiene el deber defenderse. Si el Estado propone violencia, recoge violencia.
Hace tres años, alias “Menticol”, integrante de los escudos azules en 2019, explicó a la cadena internacional de noticias CNN que la Primera Línea se había creado “como un símbolo de unión, como seguridad después de la muerte de Dilan Cruz, un joven manifestante que murió el 25 de noviembre de 2019, a causa de un disparo en la cabeza hecho por un agente del Esmad; el caso pasó, por orden de la Corte Constitucional, a la justicia ordinaria luego de estar quieto durante varios meses en manos de la Justicia Penal Militar. “Nuestra primera línea se dedica a la defensiva, no a la ofensiva”, dijo[5].
Según la Comisión Accidental de Garantías a la Protesta Social del Congreso, a enero de 2023, se estimaba que 108 jóvenes capturados habían recuperado su libertad a través de un proceso judicial ordinario; y de estos, hasta donde se sabía, tres fueron asesinados tras ser excarcelados.
En enero de 2023, un juez de Control de Garantías de Bucaramanga (Santander) ordenó la libertad a los estudiantes David Esteban López Barrera y Brian Andrés Cabrales Jaramillo, quienes lideraron las protestas durante el paro nacional de 2021 como parte de la ‘Primera Línea’ y pasaron a convertirse en gestores de paz, luego de estar detenidos poco más de siete meses, cuando, en junio de 2022, se les impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria, acusados de participar en la fabricación y tenencia de sustancias químicas y explosivos en medio de las protestas.
La protesta ciudadana es parte esencial de las dinámicas sociales y políticas de un Estado y dentro de un territorio; tiene una causa y persigue un objetivo que no puede ser minimizado, desconocido, y mucho menos criminalizado, porque al hacerlo se está violando el mandato constitucional de escuchar al pueblo para profundizar la democracia y lograr el fin de la política, que no es otro que mejorar las condiciones de vida de las personas, a través de la creación de Estados justos, equitativos e igualitarios.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas, la cual además se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema internacional garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En efecto, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas -individuales y colectivas- de expresar públicamente opiniones, disensos, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales, afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados, e incluso ejercer veeduría frente al desempeño de funcionarios públicos. La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. De acuerdo con los instrumentos del sistema interamericano, el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático”[6].
En Colombia hablamos ahora, y ese es el eje de la discusión, de los movimientos sociales, políticos, incluso armados, que lejos de los discursos de la guerra, pueden reconocer une escenario democrático que permita su intervención vinculante para proponer desde la palabra y la acción cívica las transformaciones que hoy necesita el país para consolidar su viejo anhelo de paz. De la protesta a la propuesta, y de la acción de resistencia hacia la construcción de consensos para hacer de Colombia un país realmente viable. Y ese escenario, nunca la protesta se puede soslayar ni aplastar.
Olga Onuch, profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad de Manchester, afirmó hace algunos años a la BBC, que las manifestaciones organizadas también son un recordatorio crucial de que la gente tiene tanto el poder como el derecho de pedir un cambio”[7].
Ahora, si ese cambio va orientado a construir una verdadera paz, capaz de plantear otro diálogo nacional y otra manera de enfrentar los conflictos propios de toda colectividad humana, ¿no vale la pena intentar que los marginales liderazgos del pasado sean hoy los que promuevan la paz y la convivencia? ¿Si el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que sembró el terror en el país durante años actuando en connivencia con políticos regionales, terratenientes, empresarios, altos mandos militares, ganaderos, incluso miembros de la Iglesia Católica y del Congreso de la República, y tiene un prontuario criminal aterrador, que incluye, según fuentes oficiales, 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos de violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos, como masacres, puede ser gestor de paz, por qué no los jóvenes que asumieron el deber de la protesta ciudadana y se reconocieron como sujetos políticos con capacidad para decidir e incidir en el destino de la nación enfrentando en clara asimetría de armas -con violencia o sin ella- a los brutales agentes del Estado?
Los jóvenes Márquez Chárriz y Bermeo Súa, actualmente procesados por los delitos de concierto para delinquir, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, y violencia contra servidor público, son símbolo de una generación que resiste, que defiende sus derechos y busca aportar a la construcción de un país diferente, más digno, justo y que brinde mayores oportunidad de vida, trabajo y educación para las mayorías históricamente relegadas. Más que desmanes y caos público, como afirman los medios de comunicación los movimientos estudiantiles que protestan en la calle persiguen una transformación social y política, y su objetivo es por lo general loable y altruista, y lo hacen con lo que pueden y con lo que tienen con la esperanza de ser escuchados. La protesta social no es un tema que se resuelve con medidas policivas o coercitivas, como la adicción a las drogas, es un tema de política que exige, en aras de un bien mayor, como lo es la PAZ, el desarme de la palabra, la conciencia y el corazón.
Los órganos de control de un Estado no pueden ni deben ser amigos o enemigos del mandatario de turno. Su deber es ejercer veeduría y mejorar la gestión institucional. El llamado hoy es a cambiar el uso de entidades públicas para la persecución política por el deber de defender el pueblo y ejercer con valor y autonomía, ética y conciencia histórica el control fiscal y disciplinario sin violentar derechos fundamentales. La resistencia al opresor y la desobediencia civil, son armas políticas que la sociedad en su conjunto debe reconocer en su dimensión histórica y en su enrome poder transformador, como valores inherentes a una democracia que hacen posible la convivencia civilizada y el respeto a las libertades y derechos ciudadanos.
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[1] Definido por el creador del término, el politólogo estadounidense Gene Sharp, como un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. El «golpe suave» puede ejecutarse a través de cinco etapas jerarquizadas o de manera simultánea: 1. Ablandamiento (falsas matrices de opinión). 2. Deslegitimación, 3 Movilización ciudadana. 4. Combinación de las formas de luchas y 5, Fractura instituciones. Todo ello a través de la manipulación de los conflictos sociales y diferentes factores de malestar colectivo, como desabastecimiento, aumento de la criminalidad, manipulación de la moneda, parálisis económica (lockout patronal), denuncias de corrupción a través de los grandes medios sin sustento probatorio, entre otras, llegando incluso a promover un cerco económico y diplomático, una intervención militar o el desarrollo de una guerra civil prolongada. Sus armas son políticas, sociales, económicas y psicológicas.
[2] Infobae; “Jueza que liberó a dos miembros de primera línea sigue en problemas: Procuraduría creó un equipo especial para el proceso”. Bogotá, enero 2023. Ver en:
https://www.infobae.com/america/colombia/2023/01/05/jueza-que-libero-a-dos-miembros-de-primera-linea-sigue-en-problemas-procuraduria-creo-un-equipo-especial-para-el-proceso/
[3] Ministerio del Interior; Presidente Gustavo Petro, sancionó la Ley de la Paz Total”. Bogotá, 4 de noviembre de 2022. Ver en:
https://www.mininterior.gov.co/noticias/presidente-gustavo-petro-sanciono-la-ley-de-la-paz-total/#:~:text=La%20Ley%20de%20la%20Paz%20Total%2C%20es%20el%20nuevo%20contrato,pol%C3%ADticas%20sociales%2C%20medioambientales%2C%20econ%C3%B3micas%20y
[4] La Silla Vacía; “Siete choques de Petro con la justicia, la Fiscalía y la Procuraduría”. Por Santiago Rodríguez Álvarez. Bogotá, mayo 31 de 2023. Ver en: https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/siete-choques-de-petro-con-la-justicia-la-fiscalia-y-la-procuraduria/
[5] CNN; ¿Qué es la primera línea de las protestas en Colombia y qué es lo que piden?”. Bogotá, 5 de julio de 2021. “El nombre de “primera línea” tiene que ver con que son los que están más cerca al Esmad cuando este está lanzando bombas aturdidoras o gases lacrimógenos contra manifestantes. Este tipo de grupos también surgieron en las manifestaciones de Chile o Hong Kong en años anteriores”.
[6] OEA; “Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2019.
[7] BBC; “¿Para qué sirve realmente protestar? Por Valeria Perasso. BBC World Service. Londres, 24 noviembre 2018. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-44968621
Maureén Maya
Foto tomada de: Desinformémonos
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