Para la Organización de Naciones Unidas “el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes”[1]. En nuestra legislación penal se tipifica el delito de terrorismo señalando que lo comete “el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella…..”[2]
Pareciera que no habría lugar a confusiones con acciones distintas a las de provocar terror o miedo y que no podría ni remotamente pensarse que quienes hacen exigencias, marchando y gritando consignas en ejercicio de los derechos fundamentales a la libre expresión, la locomoción y la protesta, sean por ese hecho terroristas.
Pero en Colombia donde las normas dicen una cosa y su aplicación en muchas ocasiones no corresponde a ellas se normalizó identificar la protesta social con terrorismo lo que es completamente inadecuado y peligroso para cualquier persona que participe en una manifestación y más aún cuando han sido los presidentes de la República, anteriores al actual, quienes de manera pública tildaron de “terroristas” y “extremistas” a quienes salían a las calles a hacerse oír sin ser cuestionados jamás por los grandes medios de comunicación, por los calificativos falsos y descalificantes, que ponían en la mira de asesinos del paramilitarismo y la extrema derecha a quienes eran señalados de esa manera. La sociedad colombiana cada vez menos educada y con mayor acceso a los grandes medios de comunicación asumió esas voces como una verdad.
Cuando se produjo el estallido social de 2021, en el que miles de ciudadanos se lanzaron a las calles a manifestarse en contra del gobierno de Iván Duque, gran parte de la sociedad colombiana había asumido esa verdad y repitió los denuestos del gobierno de la época, replicados por los grandes medios. De “vándalos” y “terroristas” calificó el entonces presidente[3] a quienes lideraron la protesta, los jóvenes de la primera línea de las marchas. Estas fueron violentamente reprimidas a lo largo y ancho del país y en algunas ciudades los mandatarios locales exhibieron su autoritarismo y arbitrariedad en contra de quienes ejercían su legítimo derecho a la protesta, como fue el caso de Bogotá con la alcaldesa Claudia López. Se registraron más de 80 casos de homicidio[4] numerosas lesiones oculares y cientos de desaparecidos de los cuales más de veinte personas aparecieron muertas.
En tal contexto se detuvo a más de 220 personas. La celeridad de la Fiscalía General para adelantar investigaciones contra ellas contrastó dolorosamente con la morosidad para esclarecer los crímenes en contra de los marchantes.
Si bien en las protestas se cometieron actos vandálicos, lo que parece ser inevitable en grandes marchas que se produzcan no solo en Colombia sino en cualquier lugar del mundo[5], el vandalismo no puede ser calificado como terrorismo.
Reprochables los gobiernos anteriores y los medios de comunicación dando el calificativo de terroristas a quienes no lo son, pero peor aún que lo haga la Fiscalía General de la Nación que se encargada de investigar delitos e imputar ante los jueces a los infractores. El Fiscal General, compañero de universidad y amigo personal del expresidente Duque y quien ha convertido el ente investigador en un instrumento para perseguir a sus enemigos políticos y mantener impunes a sus amigos, ha elevado más de 50 imputaciones a personas que siguen detenidas desde las protestas del 2021.
Los expertos: Clément N. Voule, Relator Especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos; Irene Khan, Relatora Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión; y Miriam Estrada-Castillo (Presidenta Relatora), y Mumba Malila, Ganna Yudkiviska, Priya Golapan y Matthew Gillett, expertos del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, quienes forman parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas expidieron un contundente informe en el que se insta al Estado colombiano a no utilizar indebidamente las medidas antiterroristas y los delitos penales graves, como el terrorismo, para procesar a personas por participar en protestas contra las políticas del Gobierno. El informe que se ha conocido este año hace referencia al gobierno anterior que atrozmente reprimió el clamor social.
“El uso de acusaciones tan atroces para perseguir conductas violentas durante las protestas supone una grave amenaza para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y para la legitimidad de los marcos y leyes internacionales contra el terrorismo (…) Tiene un efecto amedrentador y fomenta las campañas de vilipendio contra los movimientos de protesta en el país”[6]
El informe de los expertos independientes rechaza las manifestaciones violentas durante las protestas indicando que el Estado “debe responder a la violencia, entre otras cosas investigando, previniendo y disuadiendo tales actos, las personas violentas entre manifestantes pacíficos deben ser tratadas con justicia y de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos (…) Las penas de prisión por actividades de protesta no violentas y por el ejercicio de derechos humanos, como la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión, son siempre desproporcionadas y, por tanto, incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”[7]
Este llamado urgente de la ONU al Estado colombiano está hoy dirigido prioritariamente a la Fiscalía General de la Nación, a la jurisdicción y, por supuesto, a los gobiernos anteriores que estigmatizaron y criminalizaron la protesta social con el deleznable logro de que una parte de la sociedad identificara protesta con terrorismo, situación que aprovecha el actual Fiscal General, Francisco Barbosa, para romper por completo los estándares internacionales de derechos humanos e imputar por terrorismo a jóvenes que protestaron y/o que cometieron actos de vandalismo, en una retorcida interpretación y aplicación del tipo penal de terrorismo consagrado en nuestra legislación penal.
Poca o ninguna difusión le dieron los grandes medios de comunicación a este importantísimo informe de Naciones Unidas y oídos sordos seguirá haciendo el señor Barbosa cuyas acciones distan mucho de las que se espera de ese funcionario en un Estado Social de Derecho constituyéndose en un obstáculo para el logro de la paz en que está empeñado el actual gobierno.
Las protestas en las cárceles no se detienen: se ha reanudado la huelga de hambre[8] que algunos presos desde 2021 han implementado exigiendo justicia y garantías procesales. La situación es en extremo preocupante para ellos pero está en manos de los jueces corregir las arbitrariedades cometidas por la Fiscalía
Durante los 10 meses de gobierno de Gustavo Petro sus opositores han tenido garantías plenas en el ejercicio de su derecho a la protesta. A pesar de actos de vandalismo y agresiones injustificadas, que los grandes medios han ocultado, ocurridos durante las marchas que han protagonizado, no se ha criminalizado su protesta como ocurrió en los gobiernos anteriores, no hay muertos ni lesionados en sus filas y han podido expresarse libremente como debe suceder en una democracia.
Felizmente se aproxima el final del período del actual Fiscal General y le compete al señor Presidente de la República la elaboración de una terna que deberá enviar a la Corte Suprema de Justicia para el nombramiento de un Fiscal que, además de ser un jurista experto en asuntos penales, sea una persona independiente de probada ética. En esta terna no puede haber errores. Debe conformarse con tres personas idóneas y honorables que garanticen que, cualquiera de las tres, ejerza su función sin sesgos políticos, religiosos ni de ninguna índole, que devuelva al ente investigador la credibilidad perdida y ofrezca la posibilidad de justicia pronta y expedita para la ciudadanía.
Finalmente es importante reiterar la necesidad de que los canales de comunicación del gobierno nacional sean verdaderamente masivos y que la pedagogía democrática y de derechos humanos involucre la ruptura de imaginarios culturales que haga entender a la ciudadanía que los derechos fundamentales, incluida la protesta social y la expresión no son actos de terrorismo, que su exigencia es la mínima aspiración que podemos tener en una sociedad que se llama a sí misma democrática.
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[1] Motor de búsqueda https://www.ohchr.org/es/topic/terrorism-and-violent-extremism
[2] Artículo 343 código penal colombiano
[3] Ver revista Semana y El Tiempo marzo 2022
[4] Motor de búsqueda Indepaz.org.co
[5] Alemania, Rusia, España, Suecia, Reino Unido, Francia, Filipinas, Indonesia https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional
[6] Motor de Búsqueda https://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/03/colombia-misuse-counter-terrorism-measures-prosecute-protesters-threatens
[7] ibidem
[8]El Espectador junio 30 de 2023
María Consuelo del Río M
Foto tomada de: CNN en Español
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