Este Acuerdo[1] tiene tres ejes: acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Un centro de preocupación transversal es el relacionado con los defensores de derechos humanos ambientales.
A la fecha ha sido ratificado por 9 de los 22 países firmantes[2]. Está en trámite ante sus respectivos Congresos en Argentina, Costa Rica, Perú, México y Colombia. Para su entrada en vigencia son necesarias once ratificaciones.
Su contenido ha tenido amplio respaldo, entre otras instancias internacionales, en Naciones Unidas, en la Cepal y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Colombia el presidente Iván Duque remitió el proyecto de ley para la ratificación de este Tratado al Congreso de la República con mensaje de urgencia en el entendido que su gobierno, y por su intermedio el Estado, se encuentra comprometido con el país y con la comunidad internacional para garantizar el pleno cumplimiento de las disposiciones allí establecidas.
Hasta aquí todo parecería un asunto de mero trámite, pues se trataría simplemente de gestionar entre los partidos de gobierno, que hacen mayoría en el Congreso, su aprobación.
Pero ya aparecieron los partidarios de hacer trizas todo aquello que no corresponda con sus particulares intereses. Por ejemplo, en la audiencia pública convocada por la Comisión segunda de la Cámara de Representantes el 14 de septiembre, se destaparon las cartas de quienes se oponen a la ratificación del Tratado.
En un hecho con muy pocos precedentes, todas las organizaciones gremiales (lideradas en este caso por los ganaderos y los petroleros) hicieron públicas sus falsas verdades para advertir sobre los presuntos riesgos y graves peligros que Escazú le traería al país[3].
En la audiencia citada fue claro que el Consejo Gremial Nacional adoptó un libreto que cada uno de sus voceros fue leyendo para que no quedaran dudas alrededor de la unidad de cuerpo en su propósito de oponerse a un Tratado que es defendido por el presidente que unánimemente también ayudaron a elegir.
Por si fuera poco, los congresistas del Centro Democrático que participaron de la audiencia, liderados por la senadora María Fernanda Cabal, se sumaron al libreto gremial y, con fuego amigo, acaban de generarle al gobierno, a su gobierno, un nuevo y delicado desafío político.
En resumen, los enemigos del Tratado de Escazú argumentan que:
-Afecta la soberanía nacional. El país quedaría en manos de la Cepal y de ONGs internacionales de tendencias fundamentalistas y con peligrosas agendas políticas.
-Colombia cumple con todos los estándares de Escazú y no es necesaria una nueva legislación ni una nueva institucionalidad. “No más burocracia” decían en la audiencia.
-La inseguridad jurídica que genera, ahuyenta la inversión privada, en particular la inversión extranjera y obstaculiza el comercio internacional.
-No se necesita más legislación ambiental. Es suficiente la que existe.
-Las consultas previas constituyen un evidente obstáculo empresarial.
-Ampliar el acceso a la información para cualquier ciudadano pone en riesgo el derecho a la información privada de las empresas.
-El incremento de trámites y procedimientos reduce la competitividad.
Por el contrario, en la audiencia se escucharon voces de autoridades territoriales, de dirigentes políticos, de la academia, del movimiento ambiental, de Asocar y de la comunidad internacional que, en defensa del Tratado, argumentaron que[4]:
-La aprobación de este instrumento favorece la garantía de derechos de los dirigentes ambientales que hoy vienen siendo sistemáticamente amenazados. Colombia es el país de América Latina con mayor número de defensores de derechos humanos y medio ambiente asesinados. Esto significa que se podrá avanzar hacia la protección al derecho a la vida, a la democracia ambiental, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Con Escazú se reitera la voluntad política del Estado y las obligaciones que el país ha adquirido con los sistemas de protección universal y regional de derechos humanos, específicamente respecto de las personas defensoras del ambiente como la vida, la integridad física y libertad, entre otros.
-La soberanía del país está asegurada en dos de los principios adoptados en el Tratado: el primero “Soberanía Permanente de los Estados sobre sus Recursos Naturales”, y el segundo “Buena Fe” (Art. 3.i y 3.d). Recurrir a la Corte Internacional de Justicia será una opción, no una obligación. Además, esta Corte solo conoce controversias entre Estados. En cualquier caso, la regla general es que debe agotarse primero la vía jurisdiccional interna.
– Es un Acuerdo necesario para todos los gobiernos comprometidos con enfrentar la crisis ambiental. Es un tratado internacional de carácter regional sobre Derechos Humanos y Ambiente que garantiza los derechos de acceso que son esenciales para implementar adecuadamente las agendas nacionales ambientales
– En Escazú no se establecieron nuevos derechos, sino que se precisó la ruta de la efectiva implementación de derechos aplicados a asuntos específicamente ambientales.
-El Acuerdo fortalece la seguridad jurídica para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia como garantía del ambiente sano y una forma de prevenir los conflictos ambientales.
-Parte del valor agregado del Tratado es que desarrolla estándares específicos en asuntos ambientales. Lo que se busca es la implementación y no simplemente contar con normativa. El país debe avanzar en una aplicación y gestión que realmente asegure la plena aplicación de los derechos de acceso que están reconocidos en la Constitución. Por lo demás, las recomendaciones de la OCDE para mejorar el desempeño ambiental en el país están en sintonía con Escazú.
-Según el Acuerdo, los Estados parte cooperarán para el fortalecimiento de sus capacidades nacionales con el fin de implementarlo de manera efectiva, beneficios que contribuirán en el desempeño y el cumplimiento de funciones de nuestro Sistema Nacional Ambiental. La institucionalidad existente para la protección del ambiente en Colombia se verá robustecida con la ratificación del Acuerdo.
-Es claro que mejorar la gobernanza ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas termina disminuyendo los riesgos de inversión y fortaleciendo la confianza y la seguridad jurídica para las empresas. También se podrá avanzar hacia la disminución de la judicialización de los conflictos ambientales.
-En concordancia con la OECD este Acuerdo permitirá promover la participación pública en el proceso de las evaluaciones de impacto ambiental y considerar formas de participación para ciudadanos de países vecinos en las evaluaciones de impacto de los proyectos colombianos que los afecten.
-Es verdad que este Acuerdo no permite a los Estados formular reservas. Pero esta decisión es coherente con los Acuerdos Multilaterales Ambientales que disponen lo propio, como el caso del Acuerdo de París sobre cambio climático que fue ratificado por Colombia.
-Al país le irá mejor si su gestión ambiental se desarrolla bajo escenarios de una atención justa de los delitos y los conflictos ambientales, y si efectivamente se protegen los derechos constitucionales a la información y a la participación de la ciudadanía.
-La ratificación de este Acuerdo debe ser una importante oportunidad para retomar la iniciativa legislativa orientada a garantizar que las instituciones ambientales en general, pero las Corporaciones Autónomas Regionales, en particular, sean instituciones que garanticen la democracia y la transparencia en su quehacer.
Adicionalmente conviene mencionar que en la audiencia se escuchó al Ministro de Medio Ambiente, y a los voceros de los Ministerios de Minas, del Interior y de Relaciones Exteriores (aunque este último con ciertas reservas) ofrecer argumentación en favor de la ratificación de Escazú.
Por lo visto, la coyuntura generada por quienes se oponen a la ratificación del proyecto de ley presentado por el presidente Iván Duque reclama una urgente y mancomunada gestión de las ONG, de las comunidades étnicas, de los defensores de los derechos ambientales, de la academia y de los parlamentarios proclives al proyecto
Resultaría poco menos incomprensible ante la comunidad internacional y ante el país que un proyecto de ley presentado con mensaje de urgencia por el presidente termine sin las mayorías en el Congreso por la oposición de su propio partido.
El Tratado de Escazú debe ratificarse cuanto antes. Existe suficiente argumentación jurídica y académica, además de respaldo del movimiento ambientalista y de la ciudadanía. El Congreso tiene una inmejorable oportunidad para enviar al país y a la comunidad internacional un inequívoco mensaje sobre su compromiso con la buena gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, y la participación pública en la toma de decisiones ambientales.
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[1] El texto completo se puede consultar en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
[2] Los países firmantes fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, St Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Mientras que los países que lo han ratificado son Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, St Kitts y Nevis, Panamá y Uruguay
[3] En la audiencia intervinieron Fedegan, Asociación Colombiana de Petróleo, la SAC, el Fondo Nacional Avícola, Naturgas, Augura, Asocaña, FNC, Asocolflores, Fedearroz, ANDI, Consejo Gremial Nacional, Cámara de Comercio Colombi Americana y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría.
[4] Se recomienda la lectura del documento Siete razones de conveniencia y viabilidad jurídica para ratificar el Acuerdo de Escazú, preparado por la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia.
Oscar Arango Gaviria, Profesor Universidad Tecnológica de Pereira
Foto tomada de: Asociación Ambiente Y Sociedad
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