Pese al escepticismo de algunos sectores, por tratarse del séptimo intento de negociación entre el gobierno colombiano y el ELN, las posibilidades de llegar a acuerdos son hoy mayores que en el pasado.
Un poco de historia
Desde 1975, con posterioridad a la operación Anorí en la que murieron Antonio y Manuel Vásquez Castaño hermanos del máximo líder Fabio Vásquez y, aproximadamente, cien guerrilleros más, el ELN se aproximó al gobierno liderado en ese momento por López Michelsen con el ánimo de buscar la reinserción, sin que se concretara propuesta negocial alguna.
Posteriormente durante el período presidencial de César Gaviria (1990-1994) se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia de esa guerrilla, pero no se concretó la desmovilización total. Durante el Gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998) nuevamente se intentó un acercamiento con el ELN y en 1998 se firmó un preacuerdo entre la sociedad civil y el grupo guerrillero, respaldado por el Gobierno, para iniciar un proceso de paz, que no tuvo mayores avances.
Nuevamente, durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, entre 2005 y 2007, se iniciaron fases exploratorias para acercamientos con el ELN, sin que se obtuvieran resultados positivos. En 2014 el presidente Juan Manuel Santos anunció un nuevo acercamiento al grupo guerrillero, condicionando el inicio de diálogos a la liberación de los secuestrados. En 2017 se instaló en Ecuador una mesa de negociación y se decretó un cese al fuego de carácter bilateral que debía durar hasta enero de 2018 pero terminado éste, los diálogos se interrumpieron por dos situaciones: la primera por atentados perpetrados por la guerrilla y la segunda porque el gobierno ecuatoriano en cabeza de Lenin Moreno se negó a seguir siendo garante del proceso de paz.
Finalizado el mandato de Santos los diálogos quedan suspendidos y el gobierno Duque en septiembre de 2018, un mes después de la posesión del presidente, declara que no reanudará los diálogos en medio del conflicto y retira el equipo negociador del gobierno, solicitando, en enero de 2019, la extradición de los líderes del ELN que se encontraban en Cuba.
La negociación en el marco de la paz total
En el marco de la ley 2022 del 4 de noviembre de 2022 el gobierno nacional, desarrolla el postulado constitucional del derecho a la paz como una política de Estado. Es así como en el artículo 2 define la paz total, así:
“La política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y
transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral,
tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a
procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos
de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y
duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los
colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel
posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La política de paz será una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos
de paz firmados y a los que se llegaren a pactar, así como a los procesos de paz
en curso y los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de
estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En taI sentido,
cumpliendo con los requisitos constitucionales vinculará a las autoridades de
todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus
actuaciones a su implementación y cumplimiento. Los gobiernos deberán
garantizar los enfoques de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural,
territorial e interseccional en la construcción de las políticas públicas de paz.
De la política de paz de Estado hará parte la cultura de paz total, reconciliación,
convivencia y no estigmatización, para ello, contará con la participación de la
sociedad civil, incluyendo los espacios del sector interreligioso. La política de paz
garantizará el respeto a la libertad religiosa y de culto.”
El postulado legal implica una convocatoria nacional que va mucho más allá del desarme de los grupos políticos alzados en armas y de las organizaciones de crímenes de alto impacto pues siendo transversal y participativa, la pretensión del gobierno es ir forjando en el imaginario social una cultura de paz que enfrente los retos, las diferencias, los conflictos sociales en la lógica de los derechos y no en la de la guerra que ha sido la constante de casi todos los gobiernos en la cruenta historia nacional.
El equipo negociador
La voluntad sincera del actual gobierno en el logro de un país en paz, con superación de la pobreza, vigencia de los derechos humanos y construcción de una cultura de paz es una garantía real para el éxito de la negociación con el ELN.
La conformación del equipo negociador del gobierno refleja muy claramente el enfoque de género, étnico, cultural y territorial del que habla la norma atrás citada, a más del político y gremial. Es la expresión de la voluntad real de inclusión y paridad a la que el gobierno se ha comprometido. De 16 personas en la mesa de negociación, 8 son mujeres representantes de distintos sectores gremiales, sociales, territoriales, étnicos e incluso religiosos. También en la mesa de diálogo estarán dos congresistas, dos militares en retiro, un experto en asuntos medioambientales, un congresista, representantes étnicos y territoriales, liderados por el excombatiente Otty Patiño.
Vale la pena relacionarlos pues de ellos dependerá, en gran medida, el éxito de esta negociación. Son ellos: La congresista María José Pizarro, las periodistas María Jimena Duzan y Mabel Lara, la directora de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Rosmery Quintero, la activista por los derechos de los indígenas Dayana Paola Urzola, la directora de la ONG de derechos humanos Humanidad Vigente Olga Silva López, la pastora presbiteriana Adelaida Jiménez, la abogada Nigeria Rentería quien fue negociadora del equipo de gobierno en La Habana, el senador Iván Cepeda Castro, los militares en retiro Álvaro Matallana y Orlando Romero, el ambientalista Rodrigo Botero, el experto en asuntos étnicos Horacio Guerrero, el representante de ganaderos José Félix Lafaurie, el activista afrodescendiente Carlos Rosero y, por supuesto, el jefe negociador Otty Patiño.
Por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN están en la mesa de diálogo Pablo Beltrán, quien será el jefe negociador, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Vivian Henao, Manuela Márquez, Cataleya Jiménez, Bernardo Téllez, Aureliano Carbonell, Gustavo Martínez, Óscar Serrano, Ricardo Pérez, Edwin Restrepo, Américo Trespalacios, Mauricio Iguarán y Simón Babón. Nicolás Rodríguez, Gabino, ex comandante del grupo guerrillero asesorará al equipo.
Tanto la Organización de Naciones Unidas como la iglesia católica acompañaron la instalación de la mesa de diálogo el pasado 21 de noviembre en Caracas y las delegaciones de Cuba, Venezuela y Noruega, como países garantes de este proceso, también estuvieron presentes.
La heterogeneidad del equipo negociador y su diversidad de miradas y concepciones del país contribuirá al enriquecimiento del debate que se avecina y seguramente podrá facilitar el entendimiento general de la necesidad de paz para un futuro posible.
Los puntos a negociar
La reanudación de los diálogos parte del estado en el que quedaron suspendidos en el gobierno de Juan Manuel Santos; en consecuencia, los puntos a negociar son los que se habían acordado previamente.
- Participación de la sociedad en la Construcción de la Paz
Sobre este punto que convoca a la sociedad en su conjunto se recibirán en la mesa de diálogo iniciativas y propuestas que hagan viable la paz total. Seguramente los diálogos regionales vinculantes que se desarrollan a lo largo y ancho del país con miras a la construcción del plan nacional de desarrollo, podrán nutrir esta iniciativa de participación social, así como las expresiones de muchos sectores que se han venido organizando, superando de alguna manera la desesperanza traducida en apatía social de años anteriores. Hoy el gobierno del cambio ha devuelto esa esperanza perdida lo que hace suponer una amplia participación en este escenario de diálogo y concertación.
- Democracia para la Paz
En este punto se plantea realizar un debate para examinar la participación y las decisiones de la sociedad en las problemáticas que afectan su entorno. De alguna manera se trata de repensar la democracia y las formas participativas sobre las decisiones efectivas del Estado.
- Transformaciones para la Paz
En este punto se recogerían las propuestas que haya hecho la sociedad civil en materia de programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental
- Víctimas
Busca el reconocimiento de las víctimas y sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. El gobierno, a través del comisionado de paz, ha expresado con vehemencia que, aunque no se ha definido nada en materia de amnistías, no habrá impunidad, agregando que los derechos de las víctimas se van a respetar.
- Fin del conflicto
En este punto se definirá el fin del conflicto armado y el tránsito de los excombatientes a la legalidad, considerando la situación jurídica del ELN y sus integrantes, las condiciones y garantías de seguridad para quienes dejen las armas y el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo para que no se repita. Este aspecto de seguridad de los excombatientes es uno de los aspectos más complejos, teniendo en cuenta el asesinato de más de 340 firmantes del acuerdo del teatro Colón.
- Implementación
Se trata de acordar un plan general de ejecución de lo acordado con sus correspondientes mecanismos de control, seguimiento y verificación, en los que participarán la sociedad, la comunidad internacional, el Gobierno y el ELN.
Expectativas en torno a la negociación
A diferencia de lo que ocurría con gobiernos anteriores, los puntos a debatir en esta reanudación de las conversaciones parecen muy cercanos a la agenda del gobierno lo que debería facilitar los acuerdos necesarios. Tanto el propósito de lograr la paz total como el empeño de que ese objetivo se cumpla a través de una participación ciudadana efectiva y vinculante son metas del gobierno nacional y en esa dirección viene actuando de manera inequívoca. La velocidad con la que se han reanudado los diálogos con el ELN, la expedición de la ley 2022, la implementación de los diálogos regionales vinculantes, todo ello en los primeros 100 días de gobierno y ejecutando aún el plan de desarrollo del gobierno anterior deberían revelar a la sociedad colombiana que el propósito de paz esta vez es real, que no hay intereses privados o personales que estén por encima de este empeño y que esta negociación va a responder a las necesidades que se expresen en los diversos territorios.
La especificidad de esta negociación generará dinámicas y metodologías diferentes a las que se han desarrollado en conversaciones y acuerdos anteriores. En algunos sectores se pretende que hay que “calcar” lo acordado con las extintas FARC-EP y traerlo a la mesa, pero no comprenden que son organizaciones distintas que conciben el Estado y la política de manera diferente y que, si bien hay que aprender de las experiencias, no lo es menos que en cada momento histórico la realidad debe imponerse y crear sus propias formas de abordaje. El hecho mismo de que se parta de las propuestas de la sociedad obligará a crear un modelo propio de negociación que tendrá que priorizar las propuestas ciudadanas en la medida en que en ninguna sociedad las políticas públicas oficiosas o resultantes de acuerdos sociales o nacionales podrán solucionar todas las problemáticas que se planteen pues siempre existirá un límite presupuestal y de acción. Pero la coincidencia entre el gobierno nacional y los puntos con los que se reanuda el diálogo, así como lo expresado por los líderes de los equipos negociadores, permiten inferir que en esta ocasión los diálogos ofrecerán resultados satisfactorios para las partes y por encima de ellas para el país.
Otro aspecto que ha generado dudas y temores en algunos grupos de personas es la inclusión en el equipo negociador del gobierno de personas que en el pasado no han sido proclives a los acuerdos negociales ni a la paz. Sobre eso hay que recordar que la unidad nacional a la que llamó el presidente Petro desde el principio de su mandato conlleva el acercamiento con los sectores más refractarios y críticos al progresismo como expresión de democracia. El gobierno entiende con absoluta claridad que la paz total es una construcción social que parte de acciones y políticas de gobierno, pero que avanza en cada acción y palabra de todo el conglomerado social y por ello para que se haga realidad urge un accionar pleno desde lo colectivo, sin exclusiones de ninguna clase. En esa medida es coherente con sus postulados la diversidad de pensamiento en la mesa de negociación que, más que un obstáculo, puede enriquecer las conversaciones y llevar a reflexiones inesperadas pero necesarias.
Como quiera que la negociación debe partir de las propuestas ciudadanas, en la medida en que ellas se presenten a la mesa, se construirán las metodologías y cronogramas de implementación de ellas, lo que diferenciará esta negociación de las que la han precedido.
Las dificultades presentadas en los acercamientos anteriores, por las reticencias de algunos sectores del ELN de dejar la lucha armada, se enfrentan hoy al triunfo por vía electoral de Gustavo Petro que demuestra la posibilidad de acceder al poder en Colombia, dentro de la legalidad del Estado. A ello se suma el viraje que se está dando en el continente de gobiernos de extrema derecha a gobiernos progresistas y de izquierda, que prueban que la posibilidad armada de acceso al poder es anacrónica en el siglo XXI.
Un elemento adicional para inferir que en esta ocasión se concluirá con éxito este proceso con el ELN es que el diálogo se ha reanudado sin condicionamientos previos por parte del gobierno. Ojalá que las expresiones optimistas y de voluntad de lograr acuerdos de las dos partes en la instalación de mesa de Caracas se concreten de manera positiva.
En suma, puede considerarse que están dadas las condiciones para que el diálogo sea fructífero y el país pueda respirar mejor con un actor armado menos, que le permita dedicar sus esfuerzos a la erradicación de todas las violencias, discriminaciones y exclusiones, la peor de las cuales es la pobreza. El Ejército de Liberación Nacional no tendrá una oportunidad igual a ésta para concertar lo necesario para el desarme y la construcción de paz.
María Consuelo del Río Mantilla, Abogada y defensora de derechos humanos.
Foto tomada de: El Espectador
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