En este compendio de records o más bien de anti records, hay uno que destaca: es el primer gobierno capaz de presentar 4 reformas tributarias en sus cuatro años de mandato, es decir, en una nación acostumbrada a tener reformas de su sistema fiscal cada 18 meses, lo de Duque constituye una verdadera proeza, que debemos en primer lugar a la ineptitud de su gestión, pues hay que recordar que la reforma de 2018 tuvo que ser repetida -y añadida, como no- en 2019, por un infantil error de trámite que llevó a la Corte Constitucional a declararla inexequible.
En segundo lugar, le debemos tantas reformas al fracaso de su modelo económico, la divisa “menos impuestos, más trabajo” típica de los gobiernos de derecha, pero que viene acompañada de “mermelada” en ingentes cantidades -típica de los gobiernos colombianos de derecha- y que supone una contradicción fiscal que solo puede ser arreglada mediante enormes déficits fiscales y endeudamientos, llegó a un punto de quiebre con la pandemia. Así, con recursos fiscales menguados y necesidades de gasto enormes, el gobierno no tuvo de otra que realizar un gigantesco endeudamiento para viabilizar algunos programas de emergencia frente a la crisis, que tampoco -valga la pena decirlo- han sido la panacea para los enormes problemas sociales.
Finalmente, un tercer factor que explica el permanente activismo tributario de Duque consiste en repetir el mismo error de los gobiernos desde Uribe Vélez a la fecha: pensar que, eliminando impuestos a determinados sectores y actividades, y adornándolos con beneficios y tratamientos preferenciales, se logrará un gran desarrollo económico. No ocurrió con las zonas francas, no ocurre con la economía naranja, no ocurrirá con ninguna propuesta que no tenga una idea estructurada y evaluada, pero eso es lo que menos importa, todos sabemos que los beneficios tributarios son la moneda de pago por el apoyo de sectores empresariales a los gobiernos, para eso financian campañas: para obtener un jugoso descuento tributario que les permita hacerse cada vez más ricos.
Pero más allá de la comedia montada en el Ministerio de Hacienda sobre un aparente consenso y diálogo nacional, que repiten los aúlicos del gobierno en el Congreso, es claro que las manifestaciones de abril y mayo dejaron en claro que la inmensa mayoría de los colombianos no estaba en disposición de seguir financiando al gobierno mientras que reducidos grupos de la sociedad se hacían inmensamente ricos -entre otras cosas- al no pagar impuestos o pagando muy pocos. Lo que la gente en las calles demostró es que estaba hastiada de impuestos, mermeladas, coronavirus, encierro, desempleo, angustia y expresó esa furia contenida, en las calles.
El ministro Restrepo entonces montó foros en el Congreso, audiencias públicas en varias regiones del país, para constatar lo evidente: nadie quiere pagar impuestos. Ni el ciudadano de a pie que literalmente ya no tiene con que, ni los pequeños empresarios quebrados que no tienen como, ni los grandes capitales que no quieren, porque su éxito económico no depende de su habilidad para los negocios, sino principalmente de su habilidad para no contribuir.
Por eso presentó una reforma de mínimos: $15,2 billones. Una cifra que no es despreciable pero que se recaudará no a través de un enorme esfuerzo tributario, sino a través de una mezcla de medidas, algunas de cuyas cuales son bien dudosas en materia de recaudo:
- Por vía tributaria la reforma propone aumentar temporalmente las tarifas nominales de impuesto a la renta empresarial y mantiene la sobretasa al sector financiero. Ambas medidas discutibles, la primera porque cuando se habla de empresas se mete a todas en el mismo saco, y en el actual panorama, las pequeñas y micro empresas han sido duramente golpeadas por la crisis y ahora el gobierno (que las ayudó bien poco en 2020) quiere que todos paguen por igual en esta “demostración de solidaridad de la clase empresarial”. Es claro que los grandes empresarios no se preocupan ante esta subida de tarifas porque el negocio está en la tarifa efectiva, es decir, en lo que realmente pagan después de todos los beneficios que obtienen y es justamente el sector del gran empresariado y especialmente el sector financiero, los que más se benefician de estos tratamientos especiales.
- Medidas como el aplazamiento de la deducción del 100% del Impuesto de Industria y Comercio (actualmente se deduce el 50%) es el otro componente de “recaudo”, nada nuevo, porque las empresas ya vienen usando el descuento del 50%, es en realidad el aplazamiento de un beneficio tributario.
- Curiosamente la reforma introduce otro nuevo beneficio a los evasores: un impuesto de normalización de activos, que no es otra cosa que “perdonar” a cambio de un pequeño estipendio económico, a quienes han omitido declarar activos en el exterior. El gobierno de Duque estima que son 4.6 billones de pesos los que se encuentran sin declarar, no obstante, un exdirector de la DIAN (Juan Ricardo Ortega) señalaba hace unos años que el monto de dichos activos era de Usd 100.000 millones (unos 320 billones de hoy), una diferencia entre las cifras que es abismal y que induce a pensar que hay gato encerrado.
- Una política de austeridad que raya en lo macondiano: apenas representará el 0,6% del presupuesto, prometiendo un “recorte” en los Contratos de Prestación de Servicios en pleno año electoral, donde estos son la moneda de pago de los politiqueros de siempre para conseguir votos, politiqueros que apoyan al gobierno y que aspiran a quedarse otros 4 años en el Congreso. ¿En serio Duque les va a quitar el “pan de la boca a sus amigos”?
Finalmente, este recaudo, irá a parar en 4 o 5 billones de gasto social, y el resto para honrar los compromisos de la deuda pública. Eso es lo que está en el fondo: una política social inflada con anuncios y no con realidades (Ingreso Solidario de 160 mil pesos, devolución de IVA de 50 mil pesos cada dos meses, Apoyo a las nóminas de 40% del salario mínimo, ahora aparentemente orientado a las MYPIMES) que difícilmente logrará sacar a 22 millones de colombianos de la pobreza, y unos programas de subsidios al empleo joven que tienen el potencial de generar un efecto desplazamiento de la contratación (mejor jóvenes baratos subsidiados, que personal con experiencia sin subsidiar) y una matrícula cero que aparece nebulosa y sin capacidad de resolver el déficit financiero de las universidades públicas.
Respuestas desesperadas para una situación social que el gobierno NO entiende, y una solución tributaria para “no quedar mal con nadie” y tratar -como no- de seguir favoreciendo los poderosos intereses que sostienen con su dinero y sus canales de comunicación, la farsa de un gobierno cada vez más débil y sin capacidad de reacción ante una crisis económica y social sin antecedentes, medidas para acumular records en el libro de los pésimos gobiernos.
Jairo Bautista
Foto tomada de: Agencia de Periodismo Investigativo
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