Legalmente no tiene discusión como lo hemos señalado de tiempo atrás en esta Revista que una de las vías que estaba abierta para la refrendación del Acuerdo firmado el 12 de noviembre en La Habana, era la del Congreso de la República, como lo señaló la Corte Constitucional en el falló que dio vía libre al plebiscito realizado finalmente el 2 de octubre. Las razones que esgrimieron tanto los negociadores del Gobierno como el presidente, Juan Manuel Santos, fueron principalmente tres. La primera, la fragilidad del cese al fuego bilateral por los hechos ocurridos en el Sur de Bolívar en que fueron asesinados dos integrantes de las FARC-EP el día martes 15 de noviembre y también por los hechos ocurridos durante esos mismos días en Tumaco, departamento de Nariño. A ello vino a sumarse el asesinato de cinco líderes sociales en diferentes regiones del país, principalmente en Caquetá y Nariño durante los días 20, 21 y 22 de noviembre. Con ello se demostró la fragilidad del cese al fuego por las dificultades derivadas del limbo en que entró el proceso toda vez que los más de 6000 guerrilleros de las FARC no se han concentrado en las zonas veredales establecidas por la suspensión del Acuerdo derivada del triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre. En estas circunstancias la labor de la Misión de Naciones Unidas se torna sumamente difícil pues la guerrilla no ha iniciado el proceso de desarme y reintegración y esto no será posible sin la aprobación del Acuerdo y el trámite de una ley de amnistía e indulto que es el primer paso para la efectiva dejación de armas por parte de este grupo insurgente.
Un segundo argumento se relaciona con lo que el presidente Santos ha llamado la polarización del país. Según el primer mandatario recurrir a la vía de un nuevo plebiscito aumentaría el grado de polarización del país toda vez que la mayoría de los autoproclamados voceros del NO han reiterado su oposición al nuevo acuerdo al que señalan de ser el mismo acuerdo del 26 de septiembre solo barnizado con pequeñas modificaciones y que no satisface sus aspiraciones. En estas circunstancias deberíamos agregar que no es claro que la correlación de fuerzas se haya modificado sustancialmente toda vez que apenas algunos sectores de las iglesias cristianas, y la jerarquía de la iglesia católica ahora manifiestan su respaldo al nuevo acuerdo. Esencialmente y pese a las divergencias manifestadas en sus documentos de propuestas, se mantiene una unidad entre los sectores del Centro Democrático de Uribe, los conservadores de Marta Lucía Ramírez y el expresidente Andrés Pastrana y el exprocurador, Alejandro Ordoñez. En estas circunstancias no es claro que un nuevo plebiscito pudiera obtener un amplio resultado favorable al nuevo acuerdo, por tanto Santos no quiere arriesgar y prefiere afrontar la vía del legislativo para la aprobación del Acuerdo.
Un tercer factor tiene que ver con los tiempos necesarios para la aprobación y la puesta en marcha del acuerdo. Un plebiscito demoraría mínimo un mes para su convocatoria y con la incertidumbre sobre sus resultados al tiempo que los cabildos abiertos también tendrían una duración similar o incluso un poco mayor. Se descartan esos mecanismos de refrendación por las urgencias en el tiempo y en la fragilidad de los acuerdos. En resumen estas tres razones fueron las que llevaron finalmente a las FARC-EP y al Gobierno Nacional a privilegiar el camino del Congreso de la República que deberá aprobar el Acuerdo del 12 de noviembre firmado este 24 de noviembre en el teatro Colón de Bogotá.
Sobre la legalidad del camino seleccionado no hay dudas, el debate que promueven los opositores es sobre la legitimidad del Congreso para su aprobación, pero, esa es otra discusión. Uno de los problemas de la oposición de derecha consiste en que sus planteamientos y sus posturas son los de la oposición a toda costa. Uribe tenía la posibilidad de un apoyo crítico al acuerdo manifestando sus desacuerdos pero no atravesándose a la paz, pero eso no fue lo que decidió. Su estrategia en el proceso ha sido la de buscar a toda costa cuatro puntos que sabe que la guerrilla de las FARC no va a aceptar porque en la práctica significarían una rendición incondicional de la misma. Ganar en la negociación lo que no se ganó en la guerra. Esos cuatro puntos son la ilegibilidad política de los jefes insurgentes hasta que no paguen sus penas; el desmonte de la Justicia Transicional para los agentes del Estado, los terceros comprometidos en su organización y financiamiento y los actores paramilitares. Sólo concibe una justicia transicional para las guerrillas y además la reclusión de sus jefes en colonias agrícolas y el cuarto punto conseguido a medias en el nuevo acuerdo es que no se considere al narcotráfico como delito conexo con el delito de rebelión o sea con el delito político que en la práctica niega la propia jurisprudencia de las altas Cortes de Justicia en el país.
Así pues dada la oposición cerril de los autoproclamados voceros del NO y ante el deterioro del cese al fuego y los altos riesgos de que el proceso explote el Gobierno asumió la responsabilidad y el costo político de refrendar los acuerdos por la vía del Congreso de la República. Esto tiene un alto costo político para el proceso que queda pendiente de los resultados de las elecciones del año 2018. La seguridad jurídica del mismo es frágil puesto que Uribe ha calculado que puede ganar las elecciones presidenciales con un candidato de los suyos y reformar el pacto o en todo caso debilitarlo al extremo. Tiene un riesgo para las FARC que tendrán que aplicarse al desarrollo del Acuerdo y al estricto cumplimiento del mismo so pena de una contrarreforma en temas sensibles como las mencionadas en los puntos anteriores y al mismo tiempo le plantea retos inmensos tanto al gobierno como a los sectores genuinamente comprometidos con la salida negociada al conflicto.
Hay que tener en cuenta que los tiempos son limitados para hacer todo lo que precisa el proceso. Se requieren cerca de 48 leyes ordinarias, leyes estatutarias y reformas constitucionales para poner en marcha la totalidad del Acuerdo, pero además de la aprobación se requieren procesos de conformación de los organismos como el Sistema de Justicia Transicional para la Paz que requiere del proceso de selección y nombramiento de los Magistrados, dotarlo de la infraestructura y de los soportes legales consignados en el Acuerdo lo propio habrá que hacerse con la Comisión de la Verdad o con organismos como la Comisión Nacional de Garantías para el desmonte de los grupos herederos del paramilitarismo o la conformación del Fondo de Tierras para la Paz, la aprobación del Estatuto de la Oposición o las circunscripciones especiales de paz que requieren de leyes estatutarias para su puesta en marcha, esto solo para mencionar algunos de los temas más relevantes. Todo ello demora al menos un año si la Corte Constitucional no rescata para el proceso el mecanismo de la vía rápida o fast track que fue condicionado en su artículo quinto a que los electores aprobaran en el plebiscito el Acuerdo.
Así pues que además de las premuras del tiempo por la complejidad de la agenda pactada hay un nuevo factor político derivado del triunfo del NO en el plebiscito y de la negativa de sus autoproclamados voceros a suscribir el acuerdo o por lo menos a no oponerse a la realización del mismo. El proceso se hará en medio de una campaña electoral polarizada que de hecho ya arrancó. Así pues volveremos a las urnas como desde 1998 en que las FARC vuelven a marcar la agenda y el punto de división entre la guerra y la paz. Solo que ahora y como en el año de 1998 y después de toda la sangre y los millones de víctimas las FARC están del lado de la finalización del conflicto. En esas estamos.
Pedro Santana Rodríguez: Director Revista Sur
Bogotá 24 de noviembre de 2016.
Deja un comentario