La tasa de “tributación real” de los trabajadores asalariados es aproximadamente el 50%.
El producto interno bruto es igual al valor total de la producción del país durante un año, descontando el consumo intermedio, es decir las materias primas, insumos, etc. Igualmente, el producto interno bruto equivale a la suma de los ingresos que reciben los agentes de la producción. De acuerdo con las cifras de cuentas nacionales del DANE la distribución primaria del ingreso es aproximadamente 37% para la remuneración a los asalariados, 36% excedente bruto de explotación y 27% ingreso mixto.
Según la metodología de las cuentas nacionales, el ingreso mixto corresponde a las unidades productivas donde no hay relaciones salariales, es decir, productores como los campesinos, artesanos, pequeños talleres, vendedores, profesionales independientes, cuenta propia en general. Descontado el consumo intermedio, el resto del ingreso corresponde al “dueño” de la unidad de producción. Los ingresos promedio de estos trabajadores son menores al ingreso promedio de los trabajadores asalariados y al ingreso promedio de los capitalistas, los dueños de los medios de producción.
El resto del producto interno bruto se lo reparten entre aproximadamente 11 millones de trabajadores asalariados y menos de 1 millón de capitalistas, de los cuales una fracción pequeña son grandes capitalistas que concentran la gran mayoría de la producción y del ingreso. Nuevamente según las cifras de cuentas nacionales del DANE, los trabajadores asalariados reciben aproximadamente el 50% del total y el resto se lo quedan los capitalistas. En el año 2016, por ejemplo, la cifra total fue de aproximadamente 564 billones, correspondiendo 287 billones a los asalariados y 277 billones a los capitalistas. Como los trabajadores asalariados son muchos más resulta que el promedio de ingreso anual es de $26 millones para los asalariados y de $320 millones para los capitalistas. La sopa nacional se distribuye por tanto muy desigualmente: la cuchara de los capitalistas es en promedio 12 veces más grande que la cuchara, es decir, cucharita, de los trabajadores.
Pero son los trabajadores asalariados los que hacen todo el trabajo, los que elaboran los productos, los que los venden, llevan la contabilidad, pagan la nómina, etc. Incluimos aquí dentro de trabajadores asalariados: 1) los que realizan todas las funciones necesarias para producir y comercializar los productos y administrar el dinero y el crédito, lo que incluye por tanto el operario directo en la transformación de materias primas como a los empleados administrativos; 2) los trabajadores asalariados con distintas escalas de remuneración.
Pero en su conjunto, como clase que vive de su salario, a pesar de las diferencias a su interior, tiene que pagar un tributo o impuesto muy grande a los capitalistas, terratenientes y el Estado: la mitad de todo lo que produce no se queda en sus manos. Esto es como si trabajara la mitad del tiempo para producir el equivalente de su salario y la otra mitad para generar el excedente bruto de explotación, que le es arrebatado. En términos de Marx, se trata de una tasa de plusvalía del 100%, que equivale a la división del excedente bruto de explotación entre la remuneración total a los asalariados.
El excedente bruto de explotación o la plusvalía es un gran fondo que, en un primer momento, se lo reparten los capitalistas (productivos, comerciales, financieros, así como los propietarios de la tierra). Es un gran fondo, un gran botín por el cual luchan las distintas empresas capitalistas por medio de la competencia y también por medio de la supresión de la competencia, a través de prácticas oligopólicas y monopólicas. Este botín también se concentra mucho; por ejemplo, en la industria manufacturera un puñado de apenas 150 empresas de un total de 8.500 (apenas 2%) se queda con el 31% del excedente bruto de explotación.
En esta rapiña participa también el Estado, que por la vía de impuestos directos e indirectos pretende quedarse con una parte de la sopa. La cuchara del Estado es grande, aproximadamente 20%, aunque es menor que la de la mayoría de los países más desarrollados, y afecta el excedente bruto de explotación, razón por la cual los capitalistas hacen todo lo posible por reducirla. Pero adicionalmente el Estado, tanto por la vía del impuesto directo a la renta, como del impuesto indirecto (IVA), les arrebata a los trabajadores parte de su remuneración salarial e ingreso mixto, con lo cual reduce aún más su ingreso promedio. Con los ingresos obtenidos el Estado financia un conjunto de bienes y servicios que le llegan subsidiados a la población trabajadora de menores ingresos, especialmente en materia de educación, salud, servicios públicos, vivienda y bienestar familiar, con lo cual le devuelve un poco de lo que se le ha arrebatado. De acuerdo con la directora del Departamento Nacional de Planeación la masa total de subsidios asciende a aproximadamente 70 billones en 2017. Si se suman estos ingresos “indirectos”, resulta entonces que los ingresos de los trabajadores aumentan un poco pero no se afecta sustancialmente la distribución del ingreso.
Una resistencia conservadora
En términos concretos y de corto plazo, el proyecto de financiamiento del gobierno o reforma tributaria disfrazada que se presentó recientemente al Congreso, genera una atención especial en los medios de comunicación, debates en el Congreso y diversos escenarios, preocupación en los potenciales perjudicados y satisfacción en los beneficiados.
Señala Jorge Enrique Robledo que el proyecto de financiamiento es una “cruel reforma tributaria” que grava a los sectores pobres y medios y beneficia los más poderosos. Considera que se trata especialmente de un ataque fuerte a la clase media, razón por la cual llama a la movilización y a la resistencia[1]. Petro afirma que se trata de un gobierno criminal que pone impuestos a la comida cuando el 54% de los hogares está en inseguridad alimentaria. La CUT y FECODE afirman que el proyecto de ley de financiamiento del gobierno de Duque y Carrasquilla es “un asalto al bolsillo de millones de colombianos, siendo las principales víctimas la clase media y los pobres[2]”. A las críticas al proyecto de ley se han sumado representantes de los partidos políticos tradicionales e incluso del propio Centro Democrático, partido de gobierno, los cuales aparecen también en los medios “defendiendo” los intereses de las clases pobres y medias.
Desde la perspectiva de los intereses de fondo de los trabajadores se trata de un debate que oculta lo principal, el dominio de un sistema social y económico donde un porcentaje mínimo de los hogares controla la propiedad de los medios de producción y pone a trabajar a millones de sus compatriotas a su servicio, estrujándoles la mitad de su producto y condenando además a una proporción muy grande a vivir en condiciones deplorables.
Efectivamente la propuesta tributaria del gobierno toca intereses concretos de los trabajadores y resulta comprensible que líderes de los partidos tradicionales traten de aprovechar políticamente el descontento popular, pero resulta desconcertante que líderes de “izquierda” y organizaciones defensoras de los trabajadores adopten la perspectiva del propio sistema económico y no expliquen a las clases trabajadoras que el problema de fondo se encuentra en otra parte. El llamado a la movilización y la resistencia es profundamente conservador, no cuestiona el modelo económico y simplemente se concentra en tratar de aumentar un poco el tamaño de la cucharita de los trabajadores o mejor en impedir que lo disminuyan.
En “Salario, precio y ganancia”, un texto de Marx publicado en 1863 donde examina el tema de la movilización obrera a favor del mejoramiento de los salarios Marx plantea con claridad que todas las acciones de los trabajadores en defensa de su salario son elementos importantes en la perspectiva de su organización y formación de conciencia política, pero que no debe limitarse a esto: “No debe olvidar que lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos efectos; que lo que hace es contener el movimiento descendente pero no cambiar su dirección; que aplica paliativos pero no cura la enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta inevitable lucha guerrillera, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aun con todas las miserias que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador de ‘Un salario justo por una jornada de trabajo justa’, deberá inscribir en su bandera revolucionaria ‘Abolición del sistema del trabajo asalariado’” (Salario, precio y ganancia, página 74, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1976).
Es un triunfo evidente del sistema económico y político dominante que no esté en la agenda de la izquierda la abolición del sistema de trabajo asalariado.
Alberto Maldonado Copello
________________________________________________________________________________
[1] https://www.youtube.com/watch?v=DG5KBqzlJw4
[2] Texto publicado en El Espectador el Domingo 4 de noviembre de 2018. “…el gobierno pone a funcionar la lógica de rebajarle a los ricos y cobrarle más a los pobres, tanto que 11,3 billones serán producto de meterle la mano al bolsillo del pueblo…con el fin de resolver principalmente que Colombia pague pronta y cumplidamente los intereses y amortizaciones de la deuda externa equivalentes a 52 de los 258 billones de pesos del presupuesto del año 2019”. “La ley de financiamiento le rebaja significativamente los impuestos a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras al reducirle su gravamen en los próximo 4 años del 34% al 30% lo que representa que al 2020 dejen de pagar $11,88 billones”. Y finalmente, “lo que se requiere hoy para reactivar la economía es mejorar la capacidad adquisitiva de la población con alzas generales de salario, con lo cual podrá adquirir mayores bienes y servicios, mejorando el consumo y por ende la producción…”
Deja un comentario