No le faltó razón al ministro, porque, en primer lugar, el fallo considera “plausible” la acusación de genocidio formulada por el equipo de juristas convocados por el gobierno surafricano y, en segundo lugar, porque atendió a la petición de Suráfrica de que la Corte tomara “medidas cautelares” destinadas a impedir que Israel siguiera realizando acciones susceptibles de ser calificadas de genocidas. De hecho, el fallo incluye un listado de las medidas que Israel debería poner inmediatamente en marcha para impedir que se consume el genocidio.
La valoración negativa al fallo, también se produjo ese mismo día y fue por parte de gazatíes entrevistados por la cadena de Al Jazeera in situ, quienes se mostraron decepcionados porque entre las medidas cautelares la Corte no hubiera incluido el alto al fuego inmediato. Hamás y la Autoridad Palestina coincidieron, sin embargo, en calificar al fallo de la Corte de “avance en el reconocimiento de las demandas del pueblo palestino. Aunque no faltaron muchas voces en el mundo que también expresaron su desacuerdo con el mencionado fallo. Entre ellas destaco la Jeff Halper, antropólogo y destacado activista israelí, quien publicó en el portal Counter Punch, un artículo crítico titulado “The ICJ´s Ruling on `Plausible Genocide` in Gaza: an Incomplete Victory”. En el mismo coindice con los argumentos favorables al mismo expresados por el ministro surafricano, pero al mismo tiempo hace suyos los de los palestinos que sufren diariamente los aterradores bombardeos israelíes en carne propia. “Para poder prevenir eficazmente un `genocidio plausible` – afirma – las seis medidas provisionales que prohíben a Israel continuar con sus acciones genocidas tuvieron que emitirse junto con un alto fuego inmediato”.
Pero ha habido voces aún más críticas. Como la del lúcido y muy bien informado analista político canadiense, Michel Chossudovsky, quién publicó en el portal Global Resarch un artículo cuyo título es un diáfano anticipo de su contenido: “The ICJ Requieres Netanyahu to `Prevent` and `Punish` Those Responsable for Genocide”. Su argumento central es que el fallo de la Corte deja en manos de Netanyahu y de su gabinete tanto las medidas de prevención y castigo del genocidio, como incluso la definición de cuáles son las acciones violentas realizadas actualmente en Gaza que merecen dicho calificativo. Porque, como es bien conocido, uno de los puntos más destacados del argumentario elaborado por el gobierno de Netanyahu para justificar ante la opinión pública mundial su criminal campaña de bombardeos de la población civil de Gaza es el de acusar a Hamás de genocida, porque “pretende destruir Israel”. Chossudovsky añade que es inaceptable que la Corte delegue en Netanyahu y su gobierno tales tareas porque son ellos los responsables políticos de todas las acciones emprendidas por Israel en Gaza que son “plausibles” calificar de genocidas. Son ellos quienes deberían ser juzgados por dichas acciones por lo cual están inhabilitados para convertirse en jueces de las mismas. Existe en este punto un conflicto de intereses, como existe igualmente un conflicto de intereses -agrega Chossudovsky – en el caso de la presidencia de la Corte Internacional de Justicia. El cargo lo ostenta actualmente la jurista Joan E. Donoghue, quien fuera asesora legal de la secretara de Estado, Hillary Clinton, en el gobierno de Obama. En resumen: no se puede ser juez y parte a la vez.
Pero si el fallo de la Corte Internacional de Justicia tiene una indudable importancia política. Tanta o más importancia política tienen las reacciones ante el mismo. Empiezo, como no podría ser de otra manera, por las de Israel. Y específicamente la de Netanyahu y su gobierno que, como sabemos, se apresuró a calificar la demanda por genocidio de Suráfrica de “antisemita” apenas se divulgó la noticia de la misma. Por lo que no sorprendió a nadie que cuando la Corte publicó su fallo sus ministros reiteraran a voz en cuello esta injusta descalificación. Yoav Gallant, el ministro de defensa, afirmó: “La Corte se extralimito al dar curso a la demanda antisemita de África del Sur”. E Itamar Ben Guir, ministro del interior, fue todavía más lejos: “La decisión del tribunal antisemita de La Haya demuestra lo que ya sabíamos: que este tribunal no busca justicia sino la persecución del pueblo judío”. A mi desde luego no me sorprendieron. Netanyahu y su gabinete están tan dominados por la inquebrantable convicción de ser “el pueblo elegido”, que han recibido como una afrenta intolerable que la Corte haya sido capaz de prestar el más mínimo crédito a la acusación de genocidio. Es tal fanatismo o su ofuscación que no le concedieron la más mínima importancia al hecho de que la Corte les haya concedido el favor de no incluir el alto al fuego en Gaza entre las medidas cautelares y les haya abierto además la posibilidad de manipular a conveniencia el informe que deben rendir a la Corte el próximo mes sobre el cumplimiento de dichas medidas. Ni siquiera han tomado en cuenta el hecho de, que tal y como ha advertido la propia Corte, el juicio puede durar años sino décadas antes de que se produzca una sentencia.
En el hipotético caso de que fuera condenatoria sería por lo demás muy difícil que la acatara el llamado Occidente colectivo. No olvidemos que cuando se conoció la noticia de la presentación por parte de Suráfrica de una demanda por genocidio de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido se apresuraron a declarar que no estaban dispuestos a acatar un fallo que fuera en contra Israel. Entre otras cosas porque, en el caso de que le condenaran por genocidio, sus propios gobiernos podrían ser acusados de cómplices del mismo. Como de hecho lo está siendo el presidente Biden, contra quien ha presentado en un juzgado de California una demanda por “cómplice de genocidio” el colectivo Defensa internacional de la infancia.
Para subrayar el desprecio de Netanyahu por la el fallo de la Corte, ordeno ese mismo día intensificar los bombardeos aéreos con centenares de víctimas civiles. E hizo más: el mismo día de la presentación del fallo de la Corte, la inteligencia militar israelí, presentó una lista de 7 funcionarios de UNRWA, la agencia de la ONU que gestiona la ayuda humanitaria a los refugiados palestinos, acusados de haber participado en la incursión militar de Hamas 7 de octubre pasado. Que posteriormente fue ampliada hasta 11. Una cifra irrisoria si se compara con los más de 13.000 funcionarios de la agencia y simplemente escasa si se la compara con los 103 funcionarios de la misma muertos en los bombardeos israelíes de Gaza. Acusación, todavía sin probar ante ningún juez, ha sido sin embargo suficiente para que suspendieran sine die la financiación de UNRWA, los 16 países responsables del 60 % de la misma. Entre los que destacan, cómo no, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
Así es como Netanyahu, contando con la complicidad expresa de la sedicente “comunidad internacional”, dan respuesta a una de las siete medidas cautelares exigidas por la Corte Penal Internacional: “Permitir y facilitar la prestación de servicios básicos y de asistencia humanitaria al pueblo de Gaza”.
Sólo me resta para concluir, recordarles que una cosa es el derecho y otra muy distinta la justicia.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: Forbes España
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