Parte de los graves problemas que hay en cuanto a la preservación ambiental es la casi nula vigilancia que se realiza, más cuando las entidades encargadas de ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con los municipios, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura para la defensa, protección, la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, que son las corporaciones autónomas regionales, no cumplen con su labor, de hecho desarrollan labores contrarias a las que deberían estar cumpliendo para garantizar el bienestar ecosistémico del país.
Es por ello que hoy se vuelve necesario que generemos una revolución en las administraciones de estas corporaciones, construyendo procesos que realmente cumplan el fin misional de las mismas, pero, además, dando vuelco y erradicando la corrupción constante que tienen las mismas, corrupción que va desde estar cooptadas completamente por los clanes políticos y convertirse en las cuotas para pagar prebendas a funcionarios que muchas veces no cumplen con los perfiles requeridos, hasta aquellos que no realizan las tareas que deben cumplir debido a que están ubicados en estos cargos para facilitar los procesos de asignación de licencias o intervenciones ilegales en espacios que deberían ser de protección.
Son frecuentes las denuncias ciudadanas que se dan debido a las violaciones sistemáticas que hacen individuos e instituciones que creen que pueden salirse con la suya “solo” a punta de dinero, dádivas o de hacer parte de estos grandes procesos orquestados de ilegalidad, que creen que las riquezas naturales son recursos constantes, que no son finitos y que no requieren la responsabilidad de quienes nos decimos seres racionales. Esto implica afectaciones que van desde la pérdida de riquezas naturales, hasta afectaciones para las comunidades, en especial para las personas más vulnerables, es así que estas entidades que se han convertido en la puerta giratoria para exfuncionarios de gobiernos tanto departamentales como municipales. Por ende, quienes tienen injerencia y deben controlar estas corporaciones terminan decidiendo los destinos de generaciones y generaciones, tanto actuales como futuras, que se ven afectadas por las decisiones enmarcadas en intereses de poderes fácticos corporativos, políticos y de mafias que terminan, como es habitual, teniendo mayores impactos en las poblaciones históricamente vulneradas. Con el agravante de que esto implica altísimo riesgo para los recursos de nuestro país, que cuenta con riquezas como la mayor diversidad de aves en el mundo por metro cuadrado, mayor diversidad de orquídeas, segundo mayor registro de especies de árboles, tercero en diversidad de reptiles y cuarto en mamíferos, según la WWF Colombia.
Por las características enumeradas estas afectaciones son de carácter global-local, implicando incluso que estas decisiones tomadas desde las acciones de ilegalidad terminan siendo afectaciones que pueden tener impacto no solo en la población territorial específica del departamento, o la región, que afectan, sino escalar a nivel nacional, regional, latinoamericano e incluso afectaciones que pueden involucrar al mundo; porque entendemos que las divisiones políticas arbitrarias que realizamos los seres humanos muchas veces no tienen en cuenta las lógicas territoriales con las que interactúan los ecosistemas.
Esto, por ejemplo, lo podemos ver cuando se impulsan procesos de ampliación que están en discusión en este momento como los de la Avenida Longitudinal de Oriente, de la Troncal de los Andes, de la Perimetral de Oriente de Bogotá, entre otros, los cuales han frenado las comunidades precisamente porque afectan cuerpos ambientales que son de vital importancia para las lógicas de conexión ecosistémica, sumado a las diferentes violaciones que día a día se dan en procesos de infraestructura de construcción que terminan invadiendo zonas inundables, por ejemplo, las sábanas en Cundinamarca, que rodean a Bogotá, generando crisis cuando hay procesos de inundación pues se sabe que estas zonas son inundables, porque son parte de humedales que fueron “absorbidos” por el afán depredador de la gentrificación que sufre la región.
O que puede pasar como pasó en Mocoa, Putumayo, donde se produce la invasión de asentamientos humanos de las rondas del río, corriendo riesgos, llevando sobre todo personas en cinturones de pobreza a la muerte, familias al desplazamiento, por cuestiones de violencia económica, sumado a las implicaciones que tiene robar a los ecosistemas sus lógicas naturales y no coexistir con ellos.
Es cierto que es imposible dejar todos los procesos ecosistémicos intactos en la medida en que debemos existir en el entorno y que solo nuestra presencia lo altera, pero eso no justifica estas la inoperancia o complicidad de estas corporaciones, que deben cambiar su estructura, su funcionamiento y sus formas de actuar y realmente responder a su misionalidad, enmarcada en las directrices legales nacionales, donde deben primar:
- El ordenamiento territorial adecuado para las necesidades específicas.
- La provisionalidad adecuada de servicios públicos básicos para las poblaciones que están en su entorno y posibles visitantes.
- La garantía del cuidado de la preservación de las riquezas biológicas presentes en el territorio.
- La garantía de unos censos y adecuados reportes técnico-científicos de la biodiversidad presente, de las interacciones entre las diferentes especies en el ecosistema y como unos dependen de los otros.
- Cómo deben preservarse estas interacciones.
- Contar con normas realmente fuertes para sancionar a quienes tanto en la ejecución de la preservación como quienes en la interacción violenta con el territorio decidan saltarse las normas que permitan la coexistencia de los seres humanos con las riquezas biológicas que son absolutamente agotables.
Jiomar Estefanía Bohórquez Pérez
Foto tomada de: El Espectador
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