Son tan amplios y variados los temas que, en efecto, no queda más que tomarlo por partes e intentar hacer un análisis sobre cada aspecto. El Observatorio Rural ha tenido los “ojos puestos” en todos estos procesos de propuesta, diseño y formulación de política pública, conscientes de las necesidades del país por tener una reforma rural integral, la misma que no parece vaya a darse al menos en este período presidencial.
El modelo del sector rural en Colombia ha estado caracterizado por la falta de atención hacia su crecimiento y desarrollo, a causa del énfasis en los procesos de urbanización. Como consecuencia, se ha acrecentado la gran brecha social y económica entre lo rural y lo urbano, dejando al sector rural en una condición de atraso productivo y un escenario de precariedad en la calidad de la vida. El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, publicó un informe sobre el sector rural (PNUD, 2011, pág 33), en el cual se identificaron seis rasgos que caracterizan al modelo actual del sector rural en Colombia y que son congruentes con otros informes como el de la Misión Rural (2015).
- No promueve el desarrollo humano y hace más vulnerada a la población rural.
- Es inequitativo y no favorece la convergencia.
- Invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres.
- Es excluyente.
- No promueve la sostenibilidad.
- Concentra la propiedad rural y crea condiciones para el surgimiento de conflictos.
- Es poco democrático.
- No afianza la institucionalidad rural.
Ahora bien, el PND propuesto por el Presidente Duque, proyecta dos grandes apuestas para el sector. La primera de ellas, es la necesidad de implementar medidas que fortalezcan a los productores del sector agropecuario en general, con especial énfasis en lo relacionado al café, debido a la alta volatilidad de precios de este producto (volatilidad que es mucho menor a la de la mayor parte de los productos que cosechan los campesinos); Se plantea la creación del Fondo de estabilización de precios del café, que tiene por objeto implementar mecanismos para proteger a los productores de precios bajos para, estabilizar sus ingresos. Adicionalmente, se proponen medidas de compensación a productos pesqueros y agropecuarios de origen nacional y la implementación del Seguro Agropecuario.
La segunda gran apuesta para las zonas rurales, en especial para las más abandonadas por el Estado, es la extensión de los servicios públicos, financieros y viales. Por la parte de los servicios públicos se hace énfasis en el servicio de energía, por ejemplo, desde el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI, y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER. Cabe resaltar que abogan en la implementación del uso de energías no convencionales y la eficiencia energética.
Se propone seguir adelante con el proyecto de energización de la región pacífica, en especial para las zonas rurales apartadas y dispersas de esta región. Valga decir que este programa fue implementado desde la administración pasada. También se creará el Fondo Pacto por el Chocó, que tendrá como objetivos la recuperación de la navegabilidad y de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de energía, la ejecución de obras de infraestructura y saneamiento básico, el fortalecimiento de las políticas de comunicación, la seguridad alimentaria, el fomento y promoción del turismo, y la explotación acuícola sostenible.
Por otro lado, los servicios financieros hacen referencia a políticas que proponen la implementación de microcréditos para expandir y el cubrimiento y combatir la usura, por ejemplo, el “gota a gota”. También la implementación de la cédula rural, la cual tiene como objeto formalizar la actividad de producción agropecuaria, promover la inclusión financiera, controlar el otorgamiento de créditos, subsidios, incentivos o apoyos estatales a las actividades agropecuarias y rurales. Los servicios financieros siguen teniendo en Finagro y en el Banagrario sus pilares fundamentales, aspecto que ya ha sido así históricamente y que la realidad ha mostrado algunas bondades, pero también sus enormes deficiencias.
En cuanto a temas de infraestructura vial, hay varios planteamientos de políticas encaminados a proyectos de desarrollo de vías terciarias, planes de movilidad sostenible y, sobretodo, la conexión con zonas que antes estaban afectadas por el conflicto armado. El problema son las metas que sin lugar a dudas son tímidas para las necesidades del país.
Llama la atención, de buena manera, el artículo que trata de la creación del “Fondo para el Buen Vivir y la equidad de los pueblos indígenas de Colombia” que tiene varios objetivos, entre ellos, el acceso a los derechos territoriales, el fomento al emprendimiento y desarrollo económico propio, el fortalecimiento de la institucionalidad de los pueblos Indígenas, el empoderamiento de las mujeres, familia y generaciones de los pueblos indígenas, entre otros.
Frente al tema de la sustentabilidad ambiental el PND deja mucho que desear: las metas propuestas en cuanto a la deforestación no muestran otra cosa distinta que a mantener los niveles actuales. Puede ser que sea un tema de interpretación de las metas, sería lo esperado, pero ya distintos actores sociales vienen haciendo hincapié en esto, que seguiría conduciendo al país por los caminos de un crecimiento no sustentable con efectos drásticos para la productividad rural.
Con respecto al problema de la inequidad en el sector rural, la propuesta de la vivienda rural efectiva aspira dar un respiro a aquellas familias que viven en precarias condiciones, ya sea para adquirir una nueva vivienda o acceder a planes de mejoramiento de su propiedad. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, institución que estará a cargo de esta política, en reemplazo del Ministerio de Agricultura, tendrá que demostrar que las zonas rurales hacen parte real de toda su atención. Este cambio, a todas luces coherente, le va a implicar una caída sustancial del presupuesto, cercana al 22%, y una reorganización a Minagricultura.
Frente a los temas de empleo decente y de protección social, las propuestas se encaminan a que se establezcan mecanismos de cotización a la seguridad social y al pago por días e incluso por horas de los salarios, lo cual es a todas luces unas propuestas que serán contrarias a las pretensiones de formalización laboral.
El problema de la concentración de la propiedad rural uno de los temas más álgidos y sensibles frente a un período de los postacuerdos, lastimosamente no se aborda en el articulado y como es sabido este fenómeno, es generador de conflictos sociales, desplazamiento forzado y migración hacia las cabeceras de los territorios. Se proponen pactos territoriales, aunque de poco alcance, para fomentar el desarrollo regional y la presencia institucional en los territorios, También el sistema de Adecuación de Tierras, que, aunque favorece a los productores, no menciona nada con respecto a la re-distribución de tierras.
En conclusión, lo propuesto en el PND, el modelo para el sector rural parece tener algunas ideas interesantes, aunque con vacíos importantes. Implementar políticas encaminadas a la protección de los pequeños productores del campo y el acceso a financiamiento, además de la formalización a través del seguro agropecuario y la cédula rural, permitirían una mayor seguridad al momento de invertir en las diferentes actividades de las zonas rurales. Además, las propuestas por la conexión de las zonas rurales en temas de vías y de servicios públicos, pueden hacer pensar en un mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas.
La otra cara de la moneda son las falencias o faltas de propuestas de política en cuanto a la concentración de la propiedad, los incentivos y protecciones a la representación política de los habitantes de las zonas rurales, los intentos por hacer una reforma laboral y de protección social afectando a los trabajadores del campo, las limitadas propuestas productivas y el papel de la mujer campesina, que aunque se mencionan varios pactos generales, se ignora el hecho de que las diferencias de género y la invisibilización de la mujer es mucho más aguda en el campo, por lo que proponer políticas de orden general puede llevar a avances precarios.
El país no logra hacer de la ruralidad una propuesta de desarrollo integral, son ideas dispersas y débiles que se quedan sin la contundencia estructural necesaria para hacer del campo una alternativa productiva. El modelo de desarrollo obviamente no cambia y el olvido por el campo sigue estando presente en el PND, que no es otra cosa que la continuidad de las políticas públicas que en el país se viene implementando de tiempo atrás.
Desde La Salle recogemos en lo que hemos llamado el Manifiesto rural (2019), un compromiso que, como Universidad, sociedad civil y como país, debemos tener para hacer del mundo rural y de la Colombia profunda, una alternativa cierta de vida digna. Una apuesta que como país debemos hacer frente a una reforma rural integral. El PND puede tener efectos importantes, aunque limitados y dispersos, pero al mismo tiempo implica retrocesos en temas que deberían ser prioridad de atención productiva, generación de mercados, de democracia, de calidad de vida para las poblaciones rurales.
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Jaime Alberto Rendón Acevedo y Juan Sebastián Forero Pulido: Observatorio Rural Universidad de La Salle
Foto obtenida de: Colombia Informa
Bibliografía
Departamento Nacional de Planeación. (2015). Misión para la Transformación del Campo. El Campo Colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz. Bogotá D.C.
PNUD. (2011). Colombia rural: Razones para la Esperanza. Informe Nacional de Desarrollo 2011. Bogotá.
Universidad de la Salle (2019). Manifiesto de la Universidad por un pacto de la ciudad con el campo. Un compromiso con el desarrollo rural y territorial. Bogotá, ULS. En imprenta.
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