La concentración de la propiedad agraria es uno de los factores generadores de violencia porque implica que los grandes propietarios del campo utilizan sistemas arbitrarios en su relación con los campesinos y trabajadores rurales. Los grandes hacendados, latifundistas y terratenientes, mediante la organización de grupos paramilitares, han consolidado su control de las mejores tierras mediante un despojo sistemático que acumula muchas décadas.
El Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc firmado en el segundo semestre del 2016 consensuo un paquete de cambios agrarios que se nombró como Reforma Rural Integral para entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos y legalizar 7 millones de hectáreas.
Transcurridos 8 años de tal pacto agrario los resultados son un completo fracaso en el proceso de implementación de los consensos alcanzados en el Teatro Colon para erradicar la violencia y consolidar la convivencia en el campo.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha retomado esta estrategia de entrega de tierras a los campesinos para lo cual ha determinado varias rutas de acceso como la compra de tierras, la adjudicación por la SAE de tierras incautadas a las mafias de la droga y la entrega de las propiedades que administra la Unidad para la reparación de las víctimas.
No obstante, los grandes esfuerzos y el compromiso de la señora Ministra de Agricultura y de las instituciones del sector agropecuario, aún se presentan muchas dificultades y obstáculos.
Para el caso concreto de la SAE que es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda que administra, gestiona y democratiza activos provenientes de actividades ilícitas; buscando la creación de valor público, social y ambiental para el tránsito de las economías rentistas y economías ilícitas a un sistema económico productivo, distributivo y participativo que sea sostenible e integral y aporte a la Paz Total del territorio colombiano, los resultados no son tan plausibles como consecuencia del clientelismo, la corrupción y el descarado tráfico de influencias que presuntamente compromete a destacados directivos de esta entidad que asignan a dedo bienes, hoteles, universidades y vehículos de alta gama.
Se ha necesitado la demanda constante de las comunidades campesinas y de reincorporados de las FARC, para que la pesada burocracia responda a tiempo. Cito el caso de la Hacienda Berlín, en el municipio de Acacias, predio en el que se concentraba el ganado incautado a las mafias de la droga en el Guaviare, Meta y Casanare, y que subastaban, en procesos muy oscuros, conjuntamente el Comité de Ganaderos de Puerto López y el jefe de Control Interno de la SAE.
La Veeduría ciudadana “SAE con transparencia” hizo decenas de derechos de petición para que tal predio se cargara a los programas de reforma agraria sin mayor resultado porque los funcionarios de la SAE argumentaban que dicha hacienda era intocable por ser la joya de la corona de la entidad; se necesitó la intervención directa del presidente de la república en el municipio de Mesetas, cuando se dieron las peligrosas amenazas contra la Zona de Reincorporación Mariana Páez para que el traslado de mas de 140 familias de guerrilleros reincorporados de las Farc fueran ubicados en la Hacienda Berlín de Acacias.
La propia Veeduría “SAE con transparencia” ha solicitado en reiteradas oportunidades a los directivos de la entidad, como el doctor Jaime Osorno, para que se organice un paquete de reforma agraria con el resto de fincas incautadas a Puntillo (QEPD), el creador del grupo paramilitar los Puntilleros, ubicadas en Acacias (Cencerro), Tauramena, Magdalena Medio (Morroa), Cunday y el Guamo, en el Tolima, pero tal petición no ha sido atendida adecuadamente y desestimada de manera irresponsable.
Esas fincas están en manos de la viuda del Puntillero quien las maneja a su antojo con arrendatarios que en realidad son testaferros.
Hoy 25 de abril del 2024 la Agencia Nacional de Tierras – ANT – y la Sociedad de Activos Especiales – SAE –, con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, firmaron un convenio para transferir paquetes de predios –en manos de la SAE- y así agilizar la Reforma Agraria.
Estas fincas están en proceso de extinción de dominio a narcotraficantes o a personas relacionadas con otras actividades ilegales.
Con la Reforma Agraria se busca entregarles 1,5 millones de hectáreas de tierra fértil para producir alimentos a familias campesinas, negras e indígenas que no la tienen o la tienen de manera insuficiente.
Una de las rutas para ello es el convenio marco por 600.000 millones de pesos que firmaron la Agencia Nacional de Tierras – ANT – y la Sociedad de Activos Especiales – SAE –, con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, con el fin de acelerar la Reforma Agraria mediante la transferencia de predios que eran de narcotraficantes o de personas inmersas en otras actividades ilegales, y entraron en procesos de extinción de dominio y están en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la SAE.
La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, dijo que se trata de tierras que eran de la mafia y que ahora la ANT le compra en bloque a la SAE para que pasen a manos de familias campesinas que trabajan la tierra y necesitan de ella.
Este es el cambio que prometimos: tierras que antes iban orientadas a alimentar la politiquería, la corrupción, a seguir alimentando cuentas ilícitas, ahora pasan a manos de población campesina, haciendo que la Reforma Agraria sea una realidad. Son 600.000 millones de pesos que compra directamente la ANT a la SAE que, además de comprar las mejores tierras de Colombia, van a alimentar el Frisco, fondo que revierte en el desarrollo rural, porque el Ministerio de Agricultura apuesta por una nueva política antidrogas, con un enfoque humano que dignifica la ruralidad colombiana, ha dicho Jennifer Mojica.
El convenio, suscrito por Juan Felipe Harman Ortiz, director de la ANT, y José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, ya arroja 38 predios viables para compra por parte de la Agencia, con avalúos aprobados y análisis técnicos y jurídicos elaborados por equipos de ambas instituciones.
Los 38 predios se encuentran distribuidos en Sucre, Córdoba, Santander, Meta y Antioquia, en zonas priorizadas para la Reforma Agraria y, sumados, miden unas 6.000 hectáreas y cuestan alrededor de 115.000 millones de pesos.
Entre ellos están las fincas Simba (850 hectáreas) y Potosí (389 ha), en San Antonio de Palmito, Sucre, y Ayapel (409 ha), en Ayapel, Córdoba, que costaron, sumadas, 38.750 millones de pesos, y cuya compra fue anunciada el pasado marzo, en las actividades de Gobierno con el Sur del Caribe, con la presencia del presidente, Gustavo Petro. Estas tierras pasaron a manos de campesinas, campesinos e indígenas de la región para la producción de alimentos.
Felipe Harman, director de la ANT, ha señalado que ellos están articulados en el Sistema de Reforma Agraria, con los proyectos productivos, con la apuesta de transformación del campo, revistiendo de dignidad y de paz este país.
El convenio irá hasta el 6 de agosto de 2026 y pretende que cuando la ANT le compre fincas a la SAE o esta se las done a la ANT, las transacciones se hagan con más agilidad. Además, por ser bienes del Frisco, la Agencia tendrá derecho a descuentos de hasta el 40 % del valor del predio.
Daniel Rojas, presidente de la SAE, ha manifestado que el convenio firmado implica un esfuerzo interinstitucional. La ANT, el Ministerio de Agricultura y la SAE hemos entendido que para hacer realidad la Reforma Agraria tenemos que trabajar coordinados.
El convenio define tiempos y compromisos para revisar los paquetes de predios con personal dedicado específicamente a ello por parte de las dos entidades.
En caso de compraventa, la Agencia analiza las fincas que postula la SAE, las visita, hace levantamientos topográficos y luego, con avalúos aprobados, las partes firman contratos interadministrativos y se ejecuta el negocio.
Para población campesina, la Agencia busca adquirir 300.000 hectáreas en 2024, entre compras, donaciones y otros mecanismos, y la meta es que 100.000 de ellas sean con la SAE. La SAE suministra un avalúo comercial, un equipo de la ANT le hace control de calidad al avalúo y se llega a un acuerdo entre las partes.
Posteriormente, las entidades firman una promesa de compraventa, la ANT le paga a la SAE el 80 % del valor de los predios, la SAE se encarga de sanearlos (pago de impuestos, impulsa desalojos cuando se requieran) y luego, contra escritura y registro, la ANT paga el 20 % restante.
La SAE ya ofertó un segundo paquete de 65 predios. La Agencia, por su parte, está estudiando su viabilidad técnica y jurídica, visitando las fincas y analizando la calidad de la tierra.
Ojalá las fincas incautadas a la mafia de los Puntilleros sean incluidas en este ambicioso programa de reforma agraria para atender las demandas de centenares de familias campesinas del Meta y el Guaviare que se cansaron de tanta tramitología en la SAE de Villavicencio y Bogotá.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: Agencia Nacional de Tierras
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