“El acuerdo de paz en Colombia es un ejemplo para el mundo porque puso fin a un conflicto de más de 50 años”
Carlos Ruiz Messieu,
Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia
¿Si el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) no hubiera denunciado un plan de exterminio contra sus principales dirigentes, si no contabilizáramos en dos años de su desmovilización el asesinato de cerca de 150 ex combatientes, si el mundo no observara con espanto el sistemático asesinato de lideres sociales y defensores de derechos humanos -más de 600 en los últimos dos años-, si los pronunciamientos del gobierno -enmarcados dentro de un doble discurso- no parecieran intentos velados por torpedear el Acuerdo de Paz o “volverlo trizas” y desconocer que es de obligatorio cumplimiento, el Consejo de Seguridad de la ONU habría realizado en este momento su segunda visita al país?
Por supuesto que no se trata de una visita fortuita o casual ni del estricto desarrollo de una agenda inamovible. Es la inquietante realidad nacional la que obliga esta inspección, y la convierte en un importante acontecimiento tanto en términos fácticos y políticos como simbólicos. No solo es importante porque el Consejo haya incorporado el Acuerdo de Paz a la resolución que el 25 de enero de 2016 aprobó una misión política para monitorear y verificar la dejación de las armas, y el cese bilateral y definitivo del fuego con la guerrilla, cuyo mandato, luego de autorizar la segunda misión a Colombia el 10 de julio de 2017, fue prorrogado de forma unánime el 13 de septiembre de 2018, por un año más. Es sumamente importante porque su visita es una forma de reconocer la trascendencia del Acuerdo de Paz a nivel planetario, renovar el apoyo de organismos internacionales a su implementación, fortalecer y oxigenar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que viene siendo arrinconada por el gobierno y su bancada a través de una fuerte campaña de desprestigio y la amenaza de un recorte presupuestal del 30%[1] (amenaza que parece haber sido suspendida, como lo notificó el presidente Duque a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, el pasado 11 de julio, el mismo día en el que se daba inicio a la visita del Consejo de Seguridad de la ONU, y dos días después que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) lograra que un grupo de cooperantes internacionales expresara su voluntad de aportar recursos). Esta visita es importante porque es en sí misma una exigencia, clara pero discreta, para que se manifieste la voluntad política del gobierno de reafirmar la solidez jurídica que garantiza el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz, para garantizar derechos fundamentales, fortalecer la democracia e impedir que una nueva y costosa “guerra sucia” se desate en Colombia.
“Lograr la paz no es para nada fácil. Un acuerdo es un papel muerto sin la implementación, y para lograr esa implementación es necesario que las entidades del Sistema Integral logren una cooperación estrecha y eso es lo que estamos apoyando con fondos y con apoyo político. Debemos asegurarnos de que este sistema pueda trabajar”[2], declaró Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia, durante la reunión que se realizó el pasado 9 de julio entre representantes de la diplomacia internacional y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para analizar los principales retos de la implementación de los acuerdos de paz.
Para la comunidad internacional y para los sectores ‘Propaz’ del país es muy importante construir un real escenario de pos conflicto, alcanzar una paz completa, rodear el proceso de paz y evitar a toda costa su ruptura, pues un paso atrás significaría un devastador aumento en la violencia, los asesinatos selectivos, las masacres y el desplazamiento forzado; lo que además generaría inseguridad y enorme inestabilidad en la región. Entre 2016 y 2019 casi medio millón de personas fueron desplazadas en el país, según informó Christian Visnes, director del Consejo Noruego de Refugiados; cerca de 700 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados, se produjeron 32 masacres que dejaron 151 víctimas (la última ocurrió hace menos de una semana en Tibú, Catatumbo, Norte de Santander)[3], circularon decenas de amenazas y varios ciudadanos se vieron obligados al exilio. Con el retorno de la guerra estas cifras aumentarían considerablemente; reportando topes incluso mayores a los padecidos en el momento más álgido de nuestra guerra. Las trágicas y costosas consecuencias de fallidos procesos de paz las conocemos bien en Colombia.
Por eso no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se desate una nueva “guerra sucia”, como la que en el pasado puso punto final a un proceso de paz, generó muerte, violencia, terror, ruina, empoderó al narcotráfico y significó el exterminio de todo un movimiento político, producto de la alianza criminal entre miembros de la fuerza pública -incluyendo altos mandos militares-, políticos, empresarios, ganaderos y terratenientes locales, con grupos narcoparamilitares. Este quiebre institucional profundizó el conflicto y lo degradó a niveles impensables.
Para garantizar el avance del proceso de paz es necesario actuar desde lo político, abordar diversos escenarios y reconocer que mientras se impongan el crimen y la impunidad y desde al alto gobierno no se realicen serios esfuerzos por desarticular las redes mafiosas y por cumplir con el Acuerdo, será casi que imposible consolidar una paz estable, o por lo menos verosímil. ¿Acaso es creíble la paz o el posconflicto en un país en el que la pobreza se extiende como un cáncer, la injusticia social es escandalosa, cada dos días asesinan a un líder social en absoluta impunidad y circulan panfletos amenazantes mientras el ministro de Defensa justifica los crímenes y los reduce a problemas entre vecinos por faldas y linderos o robos de ropa extendida, para negar su sistematicidad?. Prevenir el crimen, combatir la estructura criminal, defender lo pactado y blindar el sistema de justicia es fundamental para el logro de la paz.
Proteger el Proceso de paz exige acciones visibles, audaces y colectivas. Por un lado es importante sensibilizar a la sociedad sobre el genocidio en marcha, lograr que la ciudadanía sienta empatía con las víctimas, exprese su indignación públicamente, se organice y exija al gobierno resultados efectivos en materia de protección y aplicación de justicia. También es fundamental contar con los suficientes recursos financieros para garantizar el funcionamiento de la nueva institucionalidad, el cumplimiento de cada uno de los puntos de los Acuerdos, financiar los proyectos productivos, programas de capacitación y reubicación de los desmovilizados, y asumir una eficaz y rotunda lucha contra la impunidad. Pero más allá de empatía, conciencia y recursos, es prioritaria la voluntad política del Gobierno Nacional; sin ella todo es demagogia y retórica simplista.
Las recientes expresiones de apoyo de la comunidad internacional y de sus organismos son hechos de carácter político que ayudan a estimular esa frágil voluntad del actual gobierno por cumplir como Estado con la palabra empeñada. Las visitas de delegaciones diplomáticas de la Unión Europea (en representación de 13 países) y de del Consejo de Seguridad de la ONU (con 15 países miembros) para examinar la ejecución del proceso de paz y escuchar distintas voces sobre su desarrollo, son esenciales para garantizar no sólo el cumplimiento del Acuerdo, también para despejar la ruta hacia nuevas negociaciones, pues este acompañamiento confiere una mayor seguridad y confianza respecto al cumplimiento de lo que se pacte a futuro.
Para la Unión Europea (UE) la falta de garantías en materia de seguridad y el asesinato de ex combatientes y líderes sociales ponen en peligro la paz de Colombia. Por eso sus acciones se desarrollan en tres direcciones: Cooperación económica, sensibilización social y voluntad política. Iniciado el mes de julio la UE anunció la entrega de 2 millones de euros (unos 7.190 millones de pesos) para fortalecer la unidad especial de la Fiscalía que investiga los sistemáticos asesinatos de dirigentes sociales, ambientalistas, reclamantes de tierras, voceros de las comunidades desplazadas, defensores de los derechos humanos y exguerrilleros que se acogieron al proceso de Paz, y lo están cumpliendo. El objetivo de este programa es desmantelar las organizaciones criminales e identificar a los responsables de los homicidios para combatir la impunidad como aseguró la embajadora de la UE en Colombia, Patricia Llombart, en rueda de prensa. “El proyecto tendrá una duración de 18 meses y quiere fortalecer las capacidades de la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) de la Fiscalía General aumentando de esta manera su potencial de pesquisa en casos de homicidios y amenazas contra líderes sociales, excombatientes de las Farc, líderes comunales y políticos y personas que participan directamente en la implementación del Acuerdo de Paz”[4].
Un mes atrás esta misma embajadora lanzó la campaña “Defendamos la vida” para visibilizar la realidad del exterminio y acompañar a los líderes y defensores de derechos humanos que luchan y resisten en sus territorios, aunque sus vidas se encuentren en grave peligro. Esta valiosa iniciativa se articuló con otra propuesta de la sociedad civil “Un líder en mi lugar”, que hizo posible que en prensa, radio y televisión, incluso en el espacio televisivo del Minuto de Dios y en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República[5], líderes sociales y defensores de derechos humanos pudieran informar al país sobre su situación y los riesgos que afrontan en sus comunidades. Durante varios días el tema del asesinato de líderes sociales ocupó la agenda nacional y preocupó a buena parte de la sociedad.
La realización de diferentes eventos para evaluar el proceso de paz y hacerle seguimiento, así como las visitas de delegaciones diplomáticas (que son reportadas con destacado despliegue en la prensa mundial), a los territorios donde se juega la vida y se realiza la paz, son mensajes claros que el gobierno no puede desoír. “El acuerdo de paz aún es la mejor noticia del mundo”, dijo Eamon Gilmore, enviado Especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia durante el evento “Avances y retos de la reincorporación de excombatientes de las Farc”, organizado por Colombia2020. Gilmore también declaró que es necesario implementar el acuerdo completo para que el país pueda superar las causas que ocasionaron el conflicto, entre ellas, la pobreza en la que viven miles de colombianos.
Voces autorizadas, jefes de Estado y representantes de organismos internacionales se han unido durante los últimos meses tanto para condenar los asesinatos y el aumento de la violencia, como para manifestar su rotundo apoyo al Proceso de Paz. Quizás la más contundente fue la visita del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo presidente declaró al salir del país: “no hay marcha atrás en el Acuerdo de Paz”.
La extensa agenda de tres días que cumplieron los 15 delegados del Consejo, enfocada en conocer la implementación del Acuerdo de paz, revisar sus avances y expresar su irrestricto apoyo, se desarrolló en un momento clave para el país, no solo porque se advierte con insistencia sobre el riesgo en el que se encuentra la construcción de la paz, como lo señaló la congresista Juanita Goebertus al diario El País de España: “El proceso de paz en Colombia está en riesgo. Sin voluntad política se desmorona”, también se hace evidente que los pasos que debían cumplirse para que entrara un real postconflicto no se han cumplido a cabalidad, y buena parte de este quebrantamiento es totalmente achacable al gobierno Duque, que desde antes de serlo, ya anunciaba su poca voluntad de garantizar el cumplimiento de lo pactado. “Con la elección de Duque, y lo que se ha convertido en un año de ataques en el discurso a la implementación del acuerdo de paz, la segunda mitad de 2018 y lo que lleva de 2019 ha demostrado una desestabilización territorial brutal. La tensión territorial se incrementó día a día mientras en Bogotá estábamos teniendo discusiones hiperpolarizadas sobre temas como las objeciones a la ley de la JEP, que en nada le cambian la vida a la gente”, afirmó Goebertus.
El Consejo llegó a Colombia con la misión de verificar la correcta implementación de los puntos 3.2 y 3.4 del acuerdo de paz sobre reincorporación a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político-, y garantías de seguridad para los excombatientes y las comunidades afectadas por el conflicto. “El Consejo de Seguridad viene a expresar su apoyo absoluto al Proceso de Paz de Colombia. Todos los integrantes del Consejo están completamente comprometidos y respaldando el proceso de paz de Colombia. (…) Vienen a reiterar ese apoyo, a evaluar de manera presencial cómo va la evolución y la implementación del Acuerdo de Paz, y también vienen a evaluar nuestra labor”, aseguró Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación.
Durante su visita acudieron a diversas reuniones políticas y sociales. El primer día se encontraron con la Comisión de Paz del Congreso de la República, con el presidente Duque y su canciller, con delegados de la sociedad civil, miembros del partido FARC y funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El segundo día visitaron el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caldono, Cauca, en compañía de representantes del Gobierno Nacional, autoridades locales y miembros de las FARC, para dialogar con excombatientes y líderes de las comunidades aledañas y conocer en terreno los retos y avances de la implementación del proceso; también se reunieron con 20 líderes sociales, indígenas su mayoría, en una escuela rural de esta población. Durante esta visita fueron testigos del desarrollo de diversos proyectos productivos que adelantan los excombatientes con el apoyo de la comunidad, como la tienda de artesanías “Hilando la Paz” y algunos cultivos frutales. Horas después participaron en una asamblea del Centro Integrado de Información Electoral para Arauca, Norte de Santander, Santander y Magdalena Medio que se realizó en Bucaramanga para examinar las condiciones del escenario preelectoral. Además tuvieron “un encuentro con líderes y lideresas sociales, incluyendo a las comunidades étnicas, y escucharon las preocupaciones y los desafíos sobre la seguridad en los territorios”[6].
En la reunión realizada en la Comisión de paz del Congreso, la Misión de la ONU escuchó las intervenciones de todos los voceros de los partidos políticos ‘Propaz’, quienes señalaron que pese a las dificultades que afronta el proceso, la paz se consolida y poco a poco se hace irreversible. Entre los principales retos a enfrentar destacaron la falta de presencia del Estado en los territorios; la no implementación total del acuerdo, los asesinatos de líderes y excombatientes en medio de una “actitud retórica” por parte del gobierno nacional, y las dificultades para el reinicio de los diálogos con ELN. Los representantes de los países miembros del Consejo se pronunciaron en defensa de la paz. China declaró que “el proceso de paz de Colombia es un modelo brillante en el mundo”; Francia señaló que “es un proceso histórico y un éxito para el Consejo de Seguridad”, y EEUU expresó su respaldo y pleno interés en lograr la consolidación de la JEP y del SIVJRNR.
En la reunión que sostuvieron con representantes del Gobierno Nacional, el presidente Duque solicitó ampliar la presencia de la Misión un año más en el país. “Hoy le he entregado al señor Presidente del Consejo de Seguridad (de la ONU, Gustavo Meza-Cuadra), la carta que ratifica que queremos el acompañamiento de la Misión por un año más, porque consideramos que su trabajo, su escrutinio y su acompañamiento es vital para el éxito de este proceso de reincorporación”, enfatizó el Jefe de Estado, en declaración a los medios periodísticos en la sede de la Cancillería[7].
El partido FARC también dirigió una carta al Consejo de Seguridad para manifestar sus preocupaciones y perspectivas, advirtiendo que el Acuerdo de Paz “atraviesa por un estado crítico, que de no revertirse y acentuarse puede configurar la perfidia”.
“Es cierto que el proceso de implementación hereda del gobierno anterior numerosas
dificultades. No obstante, advertimos que la concepción de la implementación del Gobierno actual está lejos de coincidir con los compromisos del Estado colombiano al suscribir el Acuerdo de paz y de atender en forma estricta el marco normativo constitucional y la propia jurisprudencia constitucional sobre los alcances de las obligaciones del Estado, particularmente de lo derivado del Acto Legislativo 02 de 2017, conocido como el “blindaje jurídico” del Acuerdo.
Comprendemos que por efecto de los resultados electorales, el Gobierno posee todo el
derecho de desarrollar su programa político acorde con sus convicciones políticas e ideológicas, pero al mismo tiempo está en la obligación de implementar el Acuerdo de paz, así éste contenga en sus definiciones aspectos que no estén dentro de sus prioridades o incluso que sean contrarios a su visión política. El principio universal del pacta sunt servanda[8] no admite interpretaciones”.
Las Farc también advirtieron sobre una simplificación de sus contenidos, un estancamiento o revisión de facto en sus desarrollos normativos, que se expresa, por una parte en la inexistencia de una agenda legislativa que dé cuenta de asuntos cruciales y urgentes de la implementación en los diferentes puntos del Acuerdo a incorporar en el ordenamiento jurídico; y por la otra, en la pretensión – sin éxito hasta el momento- de revisar o desmontar aspectos sustanciales de lo convenido, como se enunció en las objeciones presidenciales a la JEP, y se manifiesta en otros proyectos de desarrollos normativos. También cuestionaron la política antidrogas del actual gobierno, contraria a los conversado en La Habana, y la falta de una acción gubernamental orientada a la superación de las condiciones de la violencia política para garantizar la vida de líderes y lideresas sociales -que no son víctimas de una actividad delictiva común, sino de quienes quieren silenciarlos por oponerse al despojo de tierras, a la extracción minero energética, las economías ilegales-, y el proceso de reincorporación política.
“Desde que suscribimos el Acuerdo de paz, fuimos conscientes de que uno de sus propósitos principales consistía en la superación de las condiciones de ejercicio estructural de la violencia en nuestro país, ejercida contra la oposición política y social. No por casualidad, concebimos desde la propia agenda de diálogos y negociaciones, un proceso de reincorporación articulado también con la provisión de garantías de seguridad, lo cual quedó consagrado en el punto 3.4 del Acuerdo de paz”.
Pese a las fallas en el proceso, el partido de las FARC ratificó su voluntad de seguir avanzando hacia su plena consolidación. “Una de las prioridades para avanzar en la reincorporación es que los exguerrilleros tengan acceso a la tierra (…) ratificamos nuestro compromiso con la paz de Colombia y seguiremos compareciendo ante las diferentes instancias del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación las veces que seamos requeridos”, sostuvo el presidente de la FARC, Rodrigo Londoño”[9].
Antes de abandonar el país, el representante de Perú y Presidente del Consejo de Seguridad, Gustavo Meza-Cuadra se pronunció en términos bastante positivos -aunque no exentos de cierta ligereza (porque más de 700 homicidios en dos años no son “algunos asesinatos” sino la muestra fehaciente de un genocidio en marcha en el que se puede identificar un patrón común y una sistematicidad)- sobre su experiencia en terreno: “Creo que los miembros del Consejo se llevan una visión compartida de que el proceso de paz es un objetivo que todos en Colombia, en este momento, comparten como un objetivo muy importante. Pero también sabemos que hay desafíos y los hemos visto, escuchado, entre otros el tema de algunos asesinatos de líderes sociales y también la necesidad de un apoyo en términos de infraestructura social de parte del gobierno”.
El embajador del Reino Unido ante el Consejo de Seguridad, Jonathan Allen, señaló que “este proceso de paz es importante no sólo para Colombia, sino también para la región y para el mundo; porque al demostrar que podemos tener éxito en dar los pasos necesarios, primero para lograr la firma de la paz y luego para ponerla en práctica, entonces mostraremos el camino, conduciremos el camino hacia como poner fin a los conflictos en todo el mundo. No es un proceso de paz fácil y no ocurre de la noche a la mañana, pero es muy importante”, aseveró.
En una última entrevista, antes de su partida, Carlos Ruiz Messieu, jefe de la Misión, declaró que el tema sobre el asesinato de exguerrilleros y líderes sociales será abordado en las próximas deliberaciones del Consejo de Seguridad; que le preocupa la polarización respecto al proceso, y que su apoyo a la JEP en su tarea de aplicar justicia restaurativa, es total. “Si no existiera la JEP, habría que crearla. (…)Su tarea no es la formalización de la impunidad sino el aseguramiento de la paz”.
El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de “mantener la paz y la seguridad internacionales”. Ello implica ir más allá de las formas para asumir la firme defensa del proceso de construcción de una paz posible en Colombia, acompañar a los líderes sociales y desmovilizados que permanecen en sus territorios, y hacerle entender al gobierno que la paz es un deber y un derecho que implica una profunda y seria transformación social, política, económica, cultural y, sobre todo, humana.
//Llama la atención, como informó Código Caracol, que el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, vocero de las objeciones a la JEP, no recibiera a la Misión de la ONU, y que en su lugar estuviera el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien un mes atrás calificó de irresponsable el informe en el que los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instan al gobierno colombiano a dejar de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, en especial el derecho a la vida. “Ignorar las garantías prometidas a los excombatientes aumenta la posibilidad de que abandonen el Proceso de Paz y Reinserción como también la posibilidad de que se unan a grupos disidentes o que vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos”[10], advirtió el informe que el gobierno rechazo.
// Ignorar o minimizar la relación de agentes de la Fuerza Pública con las amenazas y los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, condujo a finales del siglo XX a un genocidio político que costó la vida de más de cinco mil personas. ¿Colombia quiere repetir la historia?.
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[1] Hace una semana el Ministerio de Hacienda notificó al Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición sobre el recorte de 27 mil millones de pesos a su presupuesto para el 2020. Este recorte afectaría gravemente el desempeño de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) y la Comisión de la Verdad.
[2] Pares; “Comunidad internacional intenta rescatar la paz”. Bogotá, Julio 10 de 2019. Consultado en: https://www.las2orillas.co/comunidad-internacional-intenta-rescatar-la-paz/
[3] El Colombiano; “Masacres aumentaron en 2018”. Enero 9 de 2019. “Las cifras que entrega el Gobierno confirman que 2018 se convirtió en el año más violento”. A este reporte se suma la masacre de Tibú y las tres personas fallecidas en este hecho. Consultado en: https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/masacres-aumentaron-en-2018-CB10002541
[4] Fiscalía General de la Nación; “Fiscalía General de la Nación y Unión Europea lanzan proyecto para apoyar investigaciones de asesinatos de líderes sociales”. Bogotá, 8 de julio de 2019. Consultado en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/fiscalia-general-de-la-nacion-y-union-europea-lanzan-proyecto-para-apoyar-investigaciones-de-asesinatos-de-lideres-sociales/
[5] Mediante una proposición firmada por los congresistas Iván Cepeda Castro, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia, se aprobó por la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República la vinculación a la campaña ‘un líder en mi lugar’, para que los líderes sociales y defensores de derechos humanos puedan ser escuchados acerca de sus problemáticas como voceros de sus comunidades. El Nuevo Liberal; “Con expectativa, se recibió campaña ‘un líder en mi lugar’ en el Senado”. Mayo 15 de 2019. Consultado en: https://elnuevoliberal.com/con-expectativa-se-recibio-campana-un-lider-en-mi-lugar-en-el-senado/
[6] ONU; “El proceso de paz de Colombia sigue siendo, no solo un ejemplo para Latinoamérica, sino para la comunidad internacional”: presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Departamento de Asuntos Políticos. Bogotá, julio 14 de 2019.
Consultado en: https://colombia.unmissions.org/el-proceso-de-paz-de-colombia-sigue-siendo-no-solo-un-ejemplo-para-latinoam%C3%A9rica-sino-para-la
[7] Presidencia de la República; “Presidente Duque solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU prorrogar por otro año la Misión de Verificación del proceso de implementación de los acuerdos en Colombia”. Bogotá , julio 12 de 2019
[8] Además de ser una locución latina que traduce “lo pactado obliga”, es uno de los principios que preside la teoría general del contrato y expresa que los contratos vinculan a las partes, son obligatorios, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.
[9] Telesur; “FARC señala a la ONU incumplimientos de Acuerdos de Paz”. Julio 13 de 2019. Consultado en: https://www.telesurtv.net/news/farc-a-onu-preocupa-exterminio-desfinanciacion-paz-20190713-0014.html
[10] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; “Colombia: Expertos de la ONU condenan los ataques contra excombatientes reincorporados e instan a que se respete el proceso de paz”. Comunicados de Prensa. Bogotá, junio 4 de 2019. Consultado en: https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/440-ano-2019/9049-colombia-expertos-de-la-onu-condenan-los-ataques-contra-excombatientes-reincorporados-e-instan-a-que-se-respete-el-proceso-de-paz
Maureen Maya, Corporación Latinoamericana Sur.
Foto tomada de: Twitter.com
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