1. La acusación ministerial
El informe presentado a inicios de 2024 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene una extensión de 34 páginas. Los conceptos básicos que constituye en núcleo del análisis son dos: sellers’ inflation y windfall taxes. El primero, hace referencia a presiones inflacionarias que se amplifican en un contexto de poder de mercado de las firmas; el segundo, corresponde a los impuestos a las ganancias extraordinarias o, en general, a medidas que tengan como objetivo fomentar la competencia y reducir así el poder de mercado.
La investigación es una aplicación al caso colombiano de estudios realizados en países desarrollados que privilegian los factores microeconómicos respecto a los macroeconómicos para explicar los orígenes de la inflación actual: Weber y Wasner (2023), Hansen et al (2023), Dullien et al (2023) y OCDE (2023). El análisis para determinar el aporte de las utilidades a la inflación se realiza descomponiendo el deflactor del Producto Interno Bruto (PIB) o del valor agregado por factores de ingreso (utilidades, salarios e impuestos indirectos).
Para explicar cómo, tras periodos de estabilidad en la inflación, la pandemia indujo a un proceso inflacionario generalizado a nivel mundial, Weber y Wasner (2023) desarrollaron un proceso de tres etapas: i) impulso, ii) propagación y amplificación, y iii) conflicto con los trabajadores. Para enfrentar un proceso de Sellers’ inflation, Weber y Wasner (2023) recomiendan medidas para controlar la inflación en la etapa de impulso, antes de pasar a la de propagación y amplificación. Algunas de las medidas que plantean los autores para hacer frente a estos episodios inflacionarios son los windfall taxes y los impuestos a las ganancias extraordinarias.
El estudio de Minhacienda concluye: “en este documento se evidencia que tanto en los países desarrollados como en Colombia se presenta un aumento importante de la contribución de las utilidades al incremento de la inflación, siendo más determinante que el costo salarial unitario”.
Según Minhacienda, la mayor captura de la utilidad por parte de las firmas es la razón que explica las recientes presiones inflacionarias observadas en el país. Lo anterior podría estar relacionado con el poder de mercado de las firmas; condición que les permite ajustar precios para maximizar su utilidad
El factor clave que explica el episodio de Sellers’ inflation en Colombia es la mayor habilidad de las firmas colombianas para fijar precios, amplificando las presiones inflacionarias que ya se venían observado en Colombia por cuenta de choques tanto de oferta como de demanda.
A través de una descomposición del deflactor del Producto Interno Bruto (PIB) por ingreso se observa que históricamente en Colombia las utilidades de las firmas han sido el factor que más ha aportado a la inflación, y además se ha dado un reciente repunte en su contribución. En efecto, al realizar la descomposición del deflactor para Colombia se evidencia que, desde 2001 hasta 2019, tanto el costo laboral unitario como la utilidad unitaria presentaban tasas de crecimiento similares. A partir de 2021, la utilidad unitaria empezó a presentar tasas de crecimiento superiores a las observadas en el costo laboral unitario. Lo anterior se refleja en el aumento de la contribución de la utilidad unitaria a la variación del deflactor del PIB en 2021 y 2022, por encima tanto de la contribución del costo laboral unitario como de la contribución de la utilidad unitaria en décadas prepandemia.
El poder de mercado de las empresas les habría permitido proteger sus márgenes de utilidad ante el aumento de costos, trasmitiendo este choque a los precios de los consumidores. Lo anterior abre el debate sobre la necesidad y efectividad de controlar y reducir la inflación exclusivamente a través de instrumentos macroeconómicos, dado que, bajo este enfoque, la inflación estaría explicada por factores microeconómicos.
La defensa empresarial
El Consejo Gremial Nacional (CGN) elaboró un informe de respuesta que cuestiona las conclusiones del informe ‘Seller’s Inflation en Colombia’. Los 21 reparos presentados por los empresarios sobre el informe de Minhacienda son:
- El documento del Ministerio de Hacienda se basa en un estudio y un modelo elaborado por Isabella Weber y Evan Wasner llamado “Sellers’ Inflation, Profits and Conflict: Why can Large Firms Hike Prices in an Emergency” (Inflación, ganancias y conflicto de los empresarios: ¿Por qué las grandes empresas pueden subir los precios en una emergencia?), que se concentra especialmente en tratar de identificar la efectividad de la política monetaria para controlar procesos de inflación. El estudio fue realizado inicialmente para el mercado norteamericano durante la pandemia y luego para otros mercados desarrollados de la OECD, en los cuales predomina una estructura económica significativamente distinta a la nuestra, especialmente por la presencia de un gran sector informal y la alta dependencia de nuestra economía de productos importados.
- El estudio reconoce e identifica que las principales causas de la inflación registrada recientemente tiene que ver con las restricciones en la cadena logística, los efectos de la meteorología en el caso de la producción de alimentos y energía eléctrica, y productos que tienen especial condición al tratarse de productos con precios regulados, es decir precios definidos por la vía administrativa del Estado. El estudio también ilustra el incremento en el consumo de la economía, explicado por una recuperación del mercado laboral, un aumento en la cartera de consumo y la reactivación de la demanda represada.
- Es un error asignar la responsabilidad de la inflación a sólo uno de los agentes analizados en el estudio, y a sólo una de las variables que tienen participación en las acciones de mercado, cuando son múltiples los actores internos y externos que tienen participación en la economía.
- Afirma el estudio que uno de los grandes impulsores de la inflación en Colombia pudo haber sido el aumento de utilidades generadas en productos derivados de la minería y el petróleo. Pero no menciona, que estos precios están determinados especialmente por su valor en los mercados internacionales, que se convierten en pesos después de haber aplicado la tasa de cambio, y en ese orden no están determinados por criterios locales.
- Para el caso del servicio público de electricidad, el estudio no considera el alto choque entre demanda y oferta.
- El estudio del Ministerio no reconoce la importancia relativa que tiene en Colombia la economía informal, sin capacidad para fijar precios en el mercado.
- Después de haber aplicado un modelo de deflactores, el documento trata de identificar cuáles son los pesos específicos de tres variables dentro de la generación de incrementos en precios: impuestos, utilidades y costo laboral. Es erróneo simplificar la economía en estas tres categorías.
- En el estudio no se reconocen los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania sobre el mercado de commodities e insumos para la producción de alimentos a nivel global. Para el mes de marzo de 2022, el índice de precios de alimentos de la FAO llegó a su nivel más alto desde que fue creado. Tampoco se tienen en cuenta las condiciones climáticas y sanitarias en la oferta de alimentos.
- El modelo de deflactores no identifica correctamente cuáles son las causas y los efectos entre unas variables y otras. No es apropiado extraer conclusiones sobre la influencia relativa de los factores en un ejercicio de correlación. Correlación no implica causalidad.
- El estudio reconoce el efecto de las políticas monetarias y fiscales expansivas sobre el consumo privado, pero desconoce el efecto inflacionario que ello ha registrado.
- El último periodo analizado por el modelo identifica el mayor efecto sobre la inflación causado, primero, por los costos laborales unitarios, seguido por los impuestos unitarios y en última instancia por la utilidad unitaria, lo que es contrario a las conclusiones del estudio.
- El encabezado del documento se focalizó en la variable que aparentemente ha tenido el menor impacto en la inflación. Esto no coincide con las explicaciones dadas por todos los analistas económicos incluyendo las autoridades de gobierno, según las cuales la inflación tiene causas que provienen del shock de oferta generado por la pandemia, especialmente el shock importado dada la realidad de los mercados internacionales.
- Los documentos técnicos de instituciones como el Banco de la República o el DNP subrayan que esas ideas son responsabilidad de los autores y no necesariamente comprometen a la institución.
- Las instituciones de control y vigilancia, por mandato constitucional y en cumplimiento de las normas relacionadas con la política de competencia, se aseguran que los agentes no abusen de su posición dominante de mercado. Es importante ver qué tan dispersa o concentrada es nuestra economía: de las 5’704.308 de empresas existentes en Colombia el 98,1 por ciento son microempresas.
- En cuanto a la metodología empleada; por un lado, en el deflactor solo se miden los precios de los bienes producidos en Colombia, y por otro lado, el modelo de equilibrio general nunca ha sido un referente empírico, sino un referente conceptual que no prueba la existencia de oligopolios.
- Respecto a la definición de utilidades unitarias, el valor agregado del excedente bruto de explotación incorpora costos de capital. Es un enfoque impreciso que distorsiona la categoría de utilidades.
- La muestra utilizada en el modelo base de (Weber & Wasner, 2023) se concentra en un grupo específico de empresas identificadas en relación con la inflación; los resultados no son generalizables para explicar la inflación en sectores distintos a los que pertenecen estas empresas.
- No es correcto afirmar que las empresas colombianas han incrementado los precios por encima de los costos. Al contrario, algunas empresas han tenido que sufrir pérdidas postpandemia. Esto quedó reflejado en el marcado aumento del índice de precios al productor; este experimentó un alza significativa frente al comportamiento del IPC.
- El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) calculado a partir de los activos de las empresas reportados en el Registro único empresarial y social (RUES) muestra que la concentración de mercado en el país se ha mantenido constante hasta 2023. De igual manera, en el RUES se registran 1,7 millones de unidades productivas, cifras que muestran el alto nivel de informalidad en el país, al compararlas con las registradas en la Encuesta de Micronegocios del DANE para 2022, 5,1 millones de unidades productivas. Las empresas informales no están registradas.
- No hay nada en el estudio que indique que una medida razonable para controlar la inflación sea el aumento de impuestos a las empresas.
- El análisis que ofrecen los autores Weber y Wasner no puede trasladarse mecánicamente a Colombia. Una adopción errada de teorías puede conducir a un mal entendimiento de los determinantes de la inflación y, en consecuencia, a tomar decisiones de política equivocadas.
El perdón ministerial
La viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Valdés, aseguró que el estudio no pretende “estigmatizar ni insinuar que los empresarios hayan incurrido en algo moralmente reprochable”, luego de que los gremios presentaran sus reparos y cuestionamientos al informe.
Cuatro son las reflexiones de la viceministra de Hacienda sobre la conclusión del estudio, el cual afirma que “las utilidades de las empresas colombianas han protagonizado la mayor contribución al IPC en 2021 y 2022”: i) numerosos estudios respaldan la idea de que las ganancias han desempeñado un papel fundamental en la inflación reciente a nivel mundial; ii) la nota macroeconómica replica una metodología internacionalmente usada para el caso colombiano; iii) las notas macroeconómicas buscan reflexionar sobre temas novedosos y de interés para los funcionarios; iv) es necesario continuar el diálogo y aportar nuevos insumos para la discusión y creación de una economía más sólida.
La prueba sumaria
El estudio oficial reconoce que en las últimas décadas la inflación ha sido considerada un fenómeno generado por factores macroeconómicos, principalmente por un exceso de demanda agregada en relación con la oferta, o los excesos de dinero circulante (por altos impulsos monetarios y fiscales) en relación con los bienes presentes en la economía. Sin embargo, para Minhacienda este enfoque es incompleto. Es necesario, además, la investigación microeconómica con el fin de establecer e incorporar en los análisis las utilidades o la capacidad de las empresas para fijar precios en cuanto desempeñan un papel determinante en la inflación. Es más, la necesidad y efectividad de controlar y reducir la inflación exclusivamente a través de instrumentos macroeconómicos, como la tasa de interés, es cuestionable o inoperativa. En resumen, la utilización de instrumentos monetarios ha perdido total vigencia en la lucha antinflacionaria (como la elemental elevación de las tasas de interés para contener los excesos de demanda agregada, tan usados durante los años recientes en la mayoría de gobiernos).
En el estudio de la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio se describe como la inflación a nivel global mostró un aumento fuerte y sostenido desde finales de 2021. En particular, la inflación global alcanzó 6,3 por ciento en 2021 y 8,9 en 2022, ubicándose por encima del promedio registrado en la década previa a la pandemia (3,6% entre 2010 y 2019). Dentro de las razones que han explicado estas mayores presiones en los precios, tanto por oferta como por demanda, se encuentran: i) el aumento de la demanda agregada, consecuencia, principalmente, de la implementación de políticas monetarias y fiscales expansivas para mitigar el choque de la pandemia, así como el rebote del consumo privado posterior al cierre de la actividad productiva durante 2020 y parte de 2021; ii) disrupciones en las cadenas globales de suministro, que limitaron la oferta de bienes y servicios; y iii) la volatilidad en el mercado de commodities, que se intensificó con la invasión rusa a Ucrania que provocó aumentos en los precios de la energía.
Minhacienda adiciona a éstos argumentos la existencia de factores microeconómicos causantes del aumento “fuerte y sostenido” de la inflación. Esto es, la inflación reciente es predominantemente una inflación de productores (Sellers’ inflation), que tiene orígenes en la habilidad de las firmas con poder de mercado para fijar sus precios. Hay una relación entre el aumento de las utilidades de las firmas y el incremento en el nivel de precios. Las firmas grandes siguen dos principios en su estrategia de configuración de precios. En primer lugar, las firmas prefieren no reducir sus precios con el fin de evitar una guerra de precios que perjudicaría la rentabilidad de la industria a la que pertenecen. En segunda instancia, las firmas solo aumentan precios si confían en que eso no cambiará su participación de mercado, es decir, solo si creen que otras firmas también aumentarán sus precios.
A continuación se presenta una explicación alternativa, soportada en evidencia empírica, del comportamiento histórico de la inflación en Colombia. Hecho que nos permite establecer una mirada crítica respecto a los factores causantes del aumento “fuerte y sostenido” de los precios relacionados con los bienes y servicios que integran la canasta familiar de los colombianos.
Un alza persistente en los precios, eso es lo que significa la inflación, cuya tasa es la diferencia entre los índices de crecimiento de la producción nominal y real. La inflación es un juego de suma cero; un juego de redistribución en el cual, de una parte, las clases trabajadoras y los hogares populares pierden ingresos y bienestar (vía reducción del poder adquisitivo, transferencias negativas de sus ingreso y caída del salario real) y, de otra, las clases dominantes o capitalistas y el Estado ganan (los márgenes de utilidad y la tasa de ganancia aumentan y se elevan los montos que ingresan a la Hacienda Pública, vía impuestos o aumento de precios de bienes y servicios regulados, es decir precios definidos por la vía administrativa del Estado) lo que pierden los asalariados y los hogares. En cierto sentido, la inflación es un mecanismo que expresa el poder político y económico de las clases dominantes sobre la sociedad, lo que les permite extraer mayor plusvalía del trabajo social y transferencias del circuito de ingresos de los hogares al circuito del capital y a las arcas del Estado.
En Colombia, el alza persistente y sustancial del nivel general de precios se ha vuelto crónica y persistente. Después del año 1941 los precios no han cesado de aumentar: la inflación promedio anual entre los años 1906-1941 fue de 1,8 por ciento; en el período histórico siguiente, 1942-2024 se disparó por encima del 13,1 por ciento. La tasa de variación anual del IPC en el año 2022 fue de 13,2 por ciento; en 2023 se desaceleró ligeramente a 9,3 (sin alimentos la inflación se eleva a 10,4%); en 2024 se estima que por los altos costos del crédito y la reducción de la demanda (debido al empobrecimiento de los hogares) la inflación frene su ritmo de crecimiento a 5,5 (gráfico 1).
La inflación ha estado tan presente en la historia económica de Colombia que ha tomado el aura de un fenómeno natural. A largo plazo la historia es una historia de inflación crónica de precios, o sea, de mayor explotación del trabajo y de exacción fiscal y económica de los ingresos de los hogares populares. Era de esperar que en las épocas buenas subieran los precios y bajaran en las malas. Esto sucedió hasta mediados del siglo XX, se presentaban procesos deflacionarios (un período en el que descienden la mayoría de precios, costos y salarios) como durante la crisis económica mundial ocurrida de finales de los años veinte y principios de la década de los treinta en el siglo XX: el PIB cayó hasta en -3,6 por ciento y los precios descendieron en 21,7 por ciento. En general, hasta mediados del siglo XX los países capitalistas se caracterizaban por oleadas sucesivas de aumentos y caídas en los precios.
La inflación secular es un fenómeno moderno. El comportamiento de la tasa de inflación media anual desde 1951 muestra que la inflación de mediano y largo plazo de Colombia registra un ascenso continuo. Ni siquiera con la recesión más crítica durante los últimos 120 años, en 2020 en medio de la agudización del impacto de la pandemia por covid-19, cuando el PIB cayó en picado hasta un -8,61 por ciento, los precios fueron negativos. Al contrario la inflación registró un crecimiento de 1,61 por ciento en 2020 y se aceleró en los años siguientes hasta el 13,2 por ciento en 2022.
Fuente: elaboración del autor con base en cifras históricas Banco de la Republica, Dnp y Dane
El alza persistente en el índice de precios al consumidor transfiere ingreso de los trabajadores y clases populares a las clases dominantes, política y económicamente. Este proceso está acompañado de altos niveles de desempleo e informalidad (en el total nacional, la tasa de desocupación promedio anual de 2023 fue de 10%; en el trimestre móvil septiembre – noviembre 2023 la proporción de ocupados informales fue 55,5%); encarecimiento del crédito o precio del dinero (tasas de interés actual: 13%), caída del PIB real (crecimiento del PIB-real de solo 1% para 2023); aumento de la pobreza (36,6%) la indigencia (13,8%) y la clase media vulnerable (30,7%) y de desigualdad social (el índice Gini es de 0,556, nivel que genera alta conflictividad social). En resumen, la inflación tiene un impacto negativo directo en el bienestar y nivel de vida de los trabajadores y las clases populares al elevar el precio de la canasta familiar y hacerla inasequible para quienes pierden el poder adquisitivo de sus ingresos; adicionalmente, acentúa la concentración del ingreso y la riqueza. Un aumento en el Gini de la distribución general del ingreso proviene de un aumento en el ingreso de la propiedad relativamente al ingreso de los trabajadores. En resumen, el grado general de desigualdad del ingreso en última instancia se fundamenta en la relación entre ganancias y los salarios, esto es, en la división básica del valor agregado.
En los análisis de los determinantes de la inflación es necesario distinguir entre presiones inflacionarias y mecanismos de propagación del incremento continuo en el nivel general de precios. La diferenciación teórica obedece al hecho fundamental de que todo proceso inflacionario genera mecanismos que tienden a hacerlo acumulativo. Estos mecanismos, denominados mecanismos de propagación o factores de inercia inflacionaria, no pueden explicar los orígenes de un proceso inflacionario pero ayudan a comprender su persistencia. El concepto de presión inflacionaria puede ser definido, en cambio, como aquella fuerza económica que tiende a generar o acelerar un proceso inflacionario en un momento y país determinado. Desde el punto de vista de sus causas, la literatura económica distingue tres clases de inflación: i) inflación por exceso de demanda o tirón de demanda; ii) inflación por presión de costos o empujón de costos; iii) inflación estructural.
A continuación se postula y se comprueba empíricamente que la tasa de inflación es una función de: i) la mayor exacción (exigencia, sobre todo hablando de impuestos) de los ingresos de los ciudadanos colombianos por parte del Estado y su concentración en el mismo; ii) aumentos arbitrarios de los márgenes de ganancia, rentas, acumulación y crecimiento de la economía capitalista; iii) de la financiarización de la economía o mayor poder del capital financiero sobre el resto de la economía y el conjunto de la sociedad y iv) de la concentración y centralización del capital unido, de una parte, al poder de extracción de mayor plusvalía del trabajo social y, de otra, a la transferencia de ingreso de los hogares al circuito del capital.
Mayor confiscación estatal, aceleración de la inflación. El Estado añade otra dimensión al análisis de la distribución del ingreso y la inflación. Los impuestos, las transferencias y los subsidios tienen un impacto directo sobre la distribución del ingreso después de los impuestos y en el nivel de los precios relativos del mercado. La ley wagneriana conocida también como «ley de la cuota creciente» o «ley de la ampliación continua de la actividad estatal» antiguamente era considerada positiva con fundamento en la creencia generalizada que esta ampliación autógena de las actividades estatales promovía el desarrollo social, la igualdad y satisfacía las necesidades comunitarias. Actualmente, la evidencia empírica genera escepticismo: el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo condujo a una gran institución de autoservicio, a la concentración del gasto en actividades improductivas (financiamiento de fuerzas represivas, burocracia, asistencialismo, cooptación política de potenciales electores y desvió de recursos para satisfacer la corrupción y promover la búsqueda de rentas de las mafias políticas en que se han transformado la mayoría de partidos y movimientos políticos). El crecimiento sostenido del gasto público es antiproductivo, injusto e inflacionista.
En Colombia, el crecimiento sostenido del gasto público en relación al PIB aumentó, durante el período 1947-2024 de 5,4 por ciento a 29,6 (gráfico 2). La correlación entre la inflación y el gasto público es significativa y de signo positivo: 0,41.
Fuente: elaboración del autor con base en cifras históricas Cepal. Banco de la Republica, Dnp y Dane
El Estado confisca la propiedad del sector productivo y la desvía social, política e ilegalmente al sector improductivo. El estado democrático se convierte en agencia de presión extraeconómica. Los gastos sociales y los impuestos sirven más para redistribuir el nivel de vida de los trabajadores que para cambiar su nivel de vida promedio: en conjunto, los trabajadores en gran medida pagan por sus propios beneficios sociales. Además, la desigualdad y la falta de democracia se reafirman debido a la ayuda y la complicidad de las instituciones políticas y los intereses de las «democracias» aunadas al capitalismo patrimonial. La función principal del Estado consiste en mantener y defender el dominio y explotación de las clases. Adam Smith advertía que los que hoy se suelen llamar «capitalistas amiguetes» acuden al gobierno en busca de favores, privilegios y protecciones frente a la competencia extranjera y nacional.
La preponderancia que tienen los impuestos indirectos (IVA y consumo) respecto a los directos (sobre la riqueza y los niveles de ingreso) ahondan las desigualdades sociales y empobrecen a trabajadores y clases populares, debido a que son regresivos. En Colombia las tasas impositivas del IVA y el consumo han registrado un aumento imparable desde la segunda mitad del siglo XX (independiente de la tendencia política de los gobernantes) y se ha expandido a la totalidad de bienes y servicios de la canasta familiar. Los hogares pagan una quinta parte del valor de las compras familiares en impuestos; un crimen del Estado al encarecer la canasta familiar, empobrecer a las familias populares y condenar al hambre a quienes tienen ingresos insuficientes.
La crisis general mundial de principios del siglo XXI es una dolorosa refutación de las fantasías de la izquierda y la derecha, en que un Estado sabio y benevolente supuestamente controla el dinero y las finanzas para el bien común.
Crecimiento económico e inflación. En Colombia, durante el período 1906-2024, el producto interno bruto (PIB) aumenta a una velocidad superior promedio anual (4,4%) al doble que el crecimiento promedio anual de la población (2,2%); en consecuencia, el aumento real del ingreso per cápita es positivo en 2,2 por ciento anual promedio (gráfico 3). El sistema económico colombiano ha creado mucha riqueza a la larga, pero también una gran desigualdad, pobreza y exclusión. La relación entre la dinámica de la inflación y el crecimiento del ingreso per cápita registra una correlación significativa y positiva (0,27), pero inferior a la correlación simple entre la inflación y el aumento del gasto público respecto al PIB (0,41).
Fuente: elaboración del autor con base en cifras históricas Cepal. Banco de la Republica, Dnp y Dane
El capital es una particular forma social de la riqueza motivada por las ganancias. Con este incentivo se presenta el correspondiente impulso para la expansión, para convertir el capital en más capital y la ganancia en más ganancia. La ganancia es el excedente del precio sobre los costos de operación.
Las ganancias son la fuerza que impulsa al capitalismo. El capital es algo que se usa en el proceso de obtener una ganancia. Según Keynes, la ganancia es la máquina que mueve a la empresa. Las ganancias privadas no son lo mismo el beneficio social. Dentro del dominio del capital tanto los procesos de trabajo como el precio de las mercancías se convierten en medios para obtener una ganancia. No puede haber ganancia positiva sin tiempo de trabajo excedente. La relación del excedente respecto al tiempo de trabajo es lo que Marx llamaba la tasa de explotación. En 1767, James Steuart identifico dos tipos de ganancia: la positiva (ganancia por la producción del valor excedente) y la relativa (ganancia por enajenación). Dicho de otra manera, la ganancia tiene dos fuentes: la producción y las transferencias. En la primera hay un valor agregado; en la segunda se produce una transferencia de ingreso de los hogares (pérdida de riqueza) a los capitalistas vía cambios en los precios relativos o mediante la inflación.
El motivo de ganancia es central y su predominio crea el campo de fuerza que da forma y canaliza los resultados micro y macroeconómicos. A nivel macroeconómico, la demanda no puede ser independiente de la oferta. Las ganancias regulan tanto la oferta como la demanda. Como afirma Piketty, la generación de ganancias no conoce límites ni moral.
Poder del capital financiero e inflación. La tasa de interés es el precio del financiamiento, las empresas financieras existen para obtener ganancias y la competencia hace que la tasa de ganancia de los capitales financieros reguladores gravite en torno de la tasa general de ganancia. La inversión es guiada por la diferencia entre la tasa de ganancia y la tasa de interés. La tasa de los préstamos de los bancos a las empresas por lo general debería hallarse por debajo de la tasa de ganancia. La tasa de interés también está relacionada con el nivel de precios (gráfico 4).
Fuente: elaboración del autor con base en cifras históricas Banco de la Republica.
El proceso de financiarización económica es la etapa del sistema capitalista en la que las ganancias se persiguen vía canales financieros, y no, a través de los relacionados con la producción y distribución. El alza desigual de los precios da origen a una situación extraordinariamente favorable para que se especule con las mercancías y estimula que los capitales emigren de la esfera de la producción a los circuitos de la circulación y financieros. La tasa de interés nominal y el nivel de precios están correlacionados de manera fuerte y positivamente. La correlación simple entre la evolución de la inflación y el comportamiento de las tasas de interés es de 0,75. También existe una correlación alta, positiva y significativa entre la participación del gasto público respecto al PIB y las tasas de interés: 0,60. Los crecientes déficit fiscales, la expansión monetaria o la expansión indebida del crédito al sector público son unas de las principales fuentes de expansión de la demanda y, por tanto, de elevación de precios. En síntesis, los desbalances de las finanzas públicas son inflacionarios y presionan al mercado financiero elevando las tasas de interés.
Concentración del capital e inflación. Como resultado de las variaciones de los precios relativos, la inflación produce cambios claros y característicos en la distribución del ingreso entre las clases sociales. La inflación contribuye a que el capital se concentre y se centralice (gráfico 5). Resultan perjudicados por la inflación, así mismos, los micro, pequeños y medianos empresarios, pues los costos se elevan y los precios de sus artículos crecen mucho más lentamente que el de los productos elaborados por las grandes empresas capitalistas y las industrias estatales o mixtas.
Fuente: elaboración del autor con base estadísticas del DANE
Es deshonesto, académicamente hablando, la argumentación del Consejo Gremial Nacional (CGN) al afirmar que es “importante ver qué tan dispersa o concentrada es nuestra economía: de las 5’704.308 de empresas existentes en Colombia el 98,1 por ciento son microempresas”; ellos lo saben pero lo ocultan, que es más importante la concentración del valor de la producción y el comercio en las unidades empresariales grandes y con poder.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Sociedades, en Colombia diez conglomerados económico-financieros son los dueños del país, determinan la economía y la política. El motor de la producción, la distribución, el cambio y el consumo depende de 50 empresas y 29 entidades financieras. Las 50 unidades productivas más importantes tienen ingresos operacionales equivalentes al 36,7 por ciento del PIB, emplean a 294.659 personas, esto es, el 1,3 por ciento del total de la fuerza laboral ocupada (22.567.452), corresponden apenas al 0,002 por ciento de las 2.161.000 unidades económicas que operan en el país y están registradas en Confecamaras (el 98% son micro y pequeñas empresas). Por el origen del capital, las 50 empresas más grandes se distribuyen de la siguiente manera: 29 (58%) son multinacionales; 7 (14%) son mixtas o públicas; 14 (28%) son privadas nacionales. En 2023, los cinco principales bancos con mayor participación, concentran y controlan el 72 por ciento de los activos y del mercado financiero.
El economista Kalecki desarrollo una teoría del oligopolio en que cada empresa establece su precio de venta mediante un margen de ganancia sobre sus costos primos (materiales y trabajo), y el tamaño de este margen de ganancia está determinado por el poder de monopolio de la empresa. Entonces el precio es un margen de ganancia sobre el costo primo de las empresas, lo que en un nivel agregado se traduce en una participación de las ganancias particular y por lo tanto en una participación salarial particular. Los márgenes de ganancia oligopólica sirven en gran medida para redistribuir la ganancia total existente y para enajenar o transferir ingresos de los hogares al circuito del capital, no para crearla.
Durante el período 2005-2023, la participación relativa de los patrones o empleadores en el total de la población ocupada en Colombia fue de 4,3 por ciento en promedio anual. En estos años, la apropiación del excedente bruto de explotación (ganancias) respecto al PIB generado socialmente en el país fue de 35,1 por ciento anual (el resto son ingresos salariales, mixtos, de los cuenta propia y de las unidades económicas populares). Durante la pandemia y en los años posteriores se redujo la participación de los empresarios capitalistas a 2,6 por ciento (mayor concentración y centralización del capital) y el excedente bruto de explotación bajo a 32,9 por ciento.
La correlación entre la participación del excedente bruto de explotación en el PIB y la dinámica de la inflación anual es negativo pero poco significativo: -0,13. Es casi que inexistente la correlación entre excedente y tasa de interés: -0,08. Como es lógico, la relación es alta, significativa y positiva entre excedente y el ingreso per cápita: 0,61. También es significativa pero de signo negativo la relación entre el excedente de explotación y la participación del gasto público en el PIB: -0,30.
En resumen, el aumento fuerte y sostenido de la inflación en Colombia durante los años recientes hay que investigarla en el campo de fuerzas entre el capital/Estado de una parte, y la capacidad de resistencia e influencia política y económica de los trabajadores y las clases populares, de otra. Las luchas democráticas no están por fuera de los conflictos distributivos, la justicia social, los precios relativos y la inflación.
Libardo Sarmiento Anzola, Economista y filósofo. Investigador, escritor y consultor independiente.
Foto tomada de: El Colombiano
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