Como afirma Guillermo Mosquera en entrevista concedida a Molano (03, 05,2020), El Cauca ha sido uno de los departamentos más golpeados por la guerra, dado que allí se condensan todos los ingredientes de “una mezcla explosiva”: Grupos armados legales e ilegales, narcos, indígenas, comunidades afro, campesinos, terratenientes, agroindustriales, coca, marihuana, oro y privilegiada salida al mar. Controlar el corredor Pacífico es clave en materia geopolítica, dada la biodiversidad, los grandes caudales de agua, los páramos, la existencia de 50 mil hectáreas en solicitud de concesión minera, con minerales de oro, platino y cobre, donde 17 empresas multinacionales mineras africanas, canadienses estadounidenses, alemanas y colombianas, codician su explotación. La existencia de potencial hidroeléctrico y la intención de grupos de poder para materializarlo, así como el posible Puerto de Timbiquí, con facilidad para el acceso de buques de gran calado, lo que hace pensar que detrás de los negocios de narcotráfico hay intereses mucho más relevantes, por lo que la función de la explotación de la coca es la de crear condiciones logísticas, rutas, caminos, deforestación y desarraigo de población para facilitar la implementación futura de megaproyectos.
Durante la Sesión de la Comisión Séptima del Senado realizada el 06 de mayo de 2020, la Ministra del Interior, Alicia Arango adujo desconocimiento del Gobierno Nacional, con respecto a qué está “haciendo mal, para que esto no funcione”, en referencia al orden público en el departamento del Cauca, como lo informa Caracol Radio (06,05,2020). Así mismo, manifestó que hay dificultades y que los resultados no son óptimos para nada y son preocupantes como consecuencia de los asesinatos de líderes y los conflictos de tierras.
Manteniéndose en la línea de soluciones militares, propuso incrementar el sistema de recompensas, intensificar la presencia militar mediante focalización de municipios en el departamento y abordar el tema de tenencia de la tierra, a través de la Agencia Nacional de Tierras, mientras se garantiza la protección “al sector privado”.
Por su parte, la Vicefiscal Martha Janeth Mancera en su intervención en el debate de control político realizado en la Comisión Segunda del Senado el mismo día seis de mayo planteó que el 42,8% de los asesinatos está concentrado en la Zona Norte del Departamento, en Caloto y Santander de Quilichao, en las zonas rurales, mientras que las amenazas y hostigamientos ocurren en los cascos urbanos. Además, señaló a la minería ilegal y al narcotráfico como las dos grandes fuentes de financiación de los grupos criminales que se nutren del comercio de oro, platino y plata.
En su intervención, ubicó la presencia del ELN en el centro del departamento, en los municipios de El Tambo, Argelia y el Plateado. Es de anotar que El Plateado no es un municipio; es un corregimiento del Municipio de Argelia ubicado a dos horas al sur y constituye un punto estratégico para el transporte de estupefacientes, ya que por allí se llega a López de Micay en la costa Pacífica Caucana. También comunica con el Municipio de Guapí en la costa Pacífica. Ambas rutas son disputadas por el ELN y las disidencias de las FARC “Carlos Patiño”. En el norte del Cauca, la Vicefiscal advirtió la presencia de las disidencias del frente “Dagoberto Ramos”, en Caloto, Corinto, Jambaló, Toribío, Santander de Quilichao, así como acciones esporádicas en Inzá.
Es de anotar, como lo informa la Redacción Judicial del Espectador (06, 05,2020), que el propio Fiscal General de la Nación reconoció ante la Comisión Segunda del Senado que en el departamento del Cauca solamente existe presencia de la fiscalía en 7 u 8 municipios y solamente tres cuentan con Policía Judicial. En dicha sesión, además, informó que desde el comienzo de la pandemia se han judicializado a 129 presuntos integrantes del ELN, Clan del Golfo y Caparros del Bajo Cauca.
En lo que respecta al Defensor del Pueblo, Carlos Negret, como lo informa Navarro (01, 05,2020), advirtió que ha emitido, al menos, diez alertas con respecto al riesgo en un departamento donde la inversión social no llega, cuyo territorio sufre la disputa por el control por parte de bandas criminales y disidencias de dicha guerrilla, tras la reincorporación a la vida civil de dicho movimiento. Advirtió, además, que ante la ausencia de propuestas sociales y la carencia de oportunidades, los campesinos se ven sometidos a las economías ilegales, en un contexto de disputa por el control territorial por parte de las disidencias “Dagoberto Ramos”, “Jaime Martínez”, “Carlos Patiño”, el Ejército y el ELN.
En contraste con las visiones oficiales, el Informe Especial de Organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca (05,2020), presenta un informe detallado desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se suscribió el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC EP hasta la fecha. Destaca que han sido asesinadas en el Departamento del Cauca 215 personas (12% mujeres y 88% hombres) líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares, lo que representa el 23,57% del total de homicidios de esta naturaleza cometidos en el país. Igualmente, en este departamento han sido asesinados 36 excombatientes del Partido FARC, lo que representa un 16,98% de los asesinatos cometidos contra estas personas a nivel nacional. De esta población, es de resaltar que 105 de las personas asesinadas eran indígenas, más otra vinculada al PNIS, 21 eran afrodescendientes más dos afros vinculados al PNIS, 16 campesinos, 23 campesinos-comunales; 6 campesinos-comunales vinculados al PNIS y 12 campesinos-PNIS, 13 dirigentes cívicos, dos comunales, 10 sindicalistas y 4 víctimas del conflicto armado. Solamente 29 de estas personas formaban parte de organizaciones urbanas, lo que significa que el 86,51% de los homicidios están ligados a conflictos por la tierra, al territorio y a los recursos naturales. De todos ellos, el 69,30 % eran integrantes de la Mesa Territorial de Garantías.
Desde la posesión del Gobierno de Iván Duque han sido asesinadas en el departamento del Cauca 149 personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares, lo que representa un 29,24% del total nacional. Así mismo, en dicho período, 26 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz y 3 de sus familiares han sido asesinados en el Departamento del Cauca.
En lo que se refiere al inicio de las restricciones a la movilidad a causa del covid-19, 20 personas líderes sociales, defensoras de derechos Humanos y familiares han sido asesinadas en el Departamento del Cauca, lo que representa un 58,82% del total nacional de crímenes de esta naturaleza, en este lapso de tiempo.
En términos geográficos, esto significa que desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno Nacional y las FARC EP hasta la fecha, se han cometido asesinatos en 37 de los 42 municipios del Departamento del Cauca contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares, lo que representa un 88,09% del departamento con crímenes de esta naturaleza. Así mismo, en 20 de los municipios que forman parte del PDET Alto Patía Norte del Cauca se presentaron 173 homicidios contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares y en 12 de los 42 municipios se cometieron asesinatos contra excombatientes de las FARC EP.
También, es de anotar que desde la posesión de Iván Duque se presentaron homicidios contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares en 26 municipios del departamento. La mayor frecuencia de estos hechos se ubica en Caloto, Toribío, Corinto, Suárez y El Tambo. Precisamente, este último municipio y en Mercaderes es donde se han presentado la mitad de los asesinatos durante la pandemia del covid-19.
El informe subraya que la mayoría de los homicidios se concentran en regiones del Departamento con altos niveles de militarización, donde desde el 1 de enero de 2017 se adelanta el “Plan Victoria por la consolidación y estabilización de las regiones”. El informe, así mismo, coincide en señalar que los asesinatos se presentan en las zonas históricas donde hacían presencia las FARC EP, que han sido copadas por grupos armados ilegales y la fuerza pública. Resalta, así mismo, retomando informes oficiales que dicho patrón de violencia pone de relieva la dificultad para llenar el vacío de poder dejado en vastas zonas y que la ausencia o insuficiente presencia de instituciones públicas, tanto civiles como de seguridad, ha permitido la expansión de grupos armados ilegales con el propósito de captar los ingresos de las economías ilegales y aprovechar recursos naturales, lo que se traduce en conflictividades violentas alrededor de la tierra, los mega proyectos viales, minero energéticos e hidroeléctricos, las rentas del narcotráfico y de la minería ilegal.
En cuanto a los presuntos responsables de los asesinatos, la mayoría de los casos permanece indeterminada tanto en lo relacionado con la autoría material como intelectual. En lo referente a indicios, cerca de la tercera parte se atribuye a grupos paramilitares. En lo referente a las amenazas, casi todos utilizan siglas de organizaciones sucesoras del paramilitarismo como el Clan del Golfo, Águilas Negras, AUC, entre otras. En algunos casos, se presume la autoría de grupos residuales y otros al ELN. En once casos de homicidios se afirma que han ocurrido bajo la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional en desarrollo del uso desmedido de la fuerza o en contextos de protesta social.
Así mismo, establece que en lo corrido de 2020 se han presentado 5 masacres en los Municipios de Piamonte, Argelia, El Tambo, Buenos aires y Mercaderes.
Se informa que desde la firma del Acuerdo de Paz se han presentado amenazas en 29 de los 42 municipios del Departamento del Cauca, ya sea amenazas individuales, colectivas, directas o indirectas, mediante panfletos, llamadas o mensajes. En 202 han ocurrido 59 hechos de amenaza contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares en el departamento. Los hechos se han dirigido contra voceros campesinos, indígenas y afro descendientes, integrantes de la Mesa Territorial de Garantías del Departamento.
También, se han denunciado durante 2020, hechos de desplazamiento forzado, individuales y colectivos, en los Municipios de El Tambo, Argelia, Guapi y López de Micay. Es de resaltar el desplazamiento de 119 familias de las Veredas La Hacienda-La Paz, La Palma-Pambilal y San Antonio Medio y Bajo, quienes llegaron al Corregimiento el Plateado, en el Municipio de Argelia. En abril, en medio de la pandemia, cerca de 280 personas han sido desplazadas de manera forzad de los corregimientos de San Juan de Micay y Huisitó, del Municipio del Tambo, aunque la comunidad afirma que fueron 100 personas más, desplazadas de Betania, Nayita y Sabaletas, que no reportaron con la esperanza de poder retornar.
Así mismo, pese a la concertación del “protocolo para la coordinación de acciones y garantías a la protesta pacífica”, incluido en la Resolución 1190 de 2018, a la fecha no se implementa su contenido, particularmente en lo que respecta al papel de la fuerza pública, a las instancias de coordinación, a las misiones de verificación y a los enfoques y principios. El informe es enfático en la denuncia por parte de las organizaciones agrarias, étnicas, campesinas, estudiantiles, sindicales, sociales y populares del Departamento con respecto a que en el desarrollo de las jornadas de protesta de la Minga Social Suroccidente, el Paro Universitarios, el Paro Nacional, las Jornadas de Liberación de la Madre Tierra y los procesos de resistencia por la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y acciones de exigencia de ayudas humanitarias de emergencia en el marco de la Pandemia del Covid-19, las fuerzas combinadas de la Policía Nacional, el ESMAD y el ejército han procedido con fuerza desmedida y utilizado artefactos no convencionales o armas letales, dejando personas heridas, con lesiones contundentes, así como falsos judiciales, infiltraciones y sabotajes, estigmatización, señalamiento y persecución, por parte de mandos de la fuerza pública.
El informe concluye reiterando propuestas de concertación y cumplimento de compromisos del Estado Colombiano con respecto a la protección de los derechos humanos y de cumplimiento, de los Acuerdo de Paz. Igualmente, hace un llamado a la sociedad en general para promover un pacto firmado entre todos los líderes sociales, gremiales, culturales, ambientales, estudiantiles y académicos de rechazo a los asesinatos y agresiones contra las personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y del derecho a la paz. Así mismo, invita a un diálogo internacional por la paz y de rechazo a iniciativas de guerra o injerencia militar con el pretexto del combate al tráfico de drogas y por el rechazo a una nueva fase de la guerra antidrogas en la región, desde México hasta La Patagonia o como estrategia geopolítica en las fronteras de Colombia con Ecuador, Panamá y Venezuela.
Fuentes:
- Molano, Marcelo. Las guerras en el Cañón del Micay, Cauca. Entrevista con Guillermo Mosquera, líder campesino de Argelia. Agencia Prensa Rural. 3 de mayo de 2020
Ver: https://prensarural.org/spip/spip.php?article25363
- Caracol Radio. No sabemos qué es lo que estamos haciendo mal en Cauca: Mininterior. 06,05, 2020.
- González Gaitán, José Andrés. La guerra por el Cauca entre el ELN, disidencias, EPL y Clan del Golfo.Caracol Radio. 06,05,2020.
Ver: https://caracol.com.co/radio/2020/05/07/nacional/1588815701_721699.html
- Navarro, “LO DEL CAUCA ES UNA GUERRA POR LA COCA Y LA MINERÍA ILEGAL”: DEFENSOR DEL PUEBLO. Caracol Radio. 01,05,2020
Ver: https://caracol.com.co/emisora/2020/05/01/popayan/1588361247_627342.html#
- Redacción Judicial. De los 40 municipios del Cauca, solo en ocho hay presencia de la Fiscalía: Fiscal General. El Espectador. 6 May 2020 – 9:24 PM
- Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia “Francisco Isaías Cifuentes”, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y las Organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca. INFORME ESPECIAL Situación de emergencia por vulneraciones a los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca. Popayán. Mayo 2020.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo arco Iris
Fuente tomada de: Rcnradio.com/
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