Para la fiscalía Fajardo como gobernador no hizo los estudios necesarios ni la proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar ni se blindo la contratación con un seguro de riesgo cambiario. Hay que advertir que estos estudios no son exigidos en Colombia y los seguros cambiarios tampoco. Con este argumento cientos de funcionarios públicos incluidos varios ministros de Hacienda deberían también ser imputados. El delito no adivinar como se comportará el dólar en el futuro.
La verdad es que la debilidad de los argumentos muestra que las verdaderas intenciones del uribismo en el gobierno y en la fiscalía, así como en los demás organismos de control, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, vienen siendo utilizados sin ningún rubor para favorecer los intereses políticos del uribismo que teme perder el poder en las elecciones próximas tanto a Congreso como a la presidencia de la República. Así el propio Fajardo se niegue a asumir públicamente ese debate, pues, considera que su coherencia ideológica lo obliga a no denunciar estos hechos como persecución política, sino acudir a los organismos de la justicia para allí demostrar lo infundado de esta imputación, la verdad es que el caso de Fajardo se suma a la creciente utilización de los organismos judiciales en provecho del uribismo desesperado por sus bajos niveles de aceptación y el miedo a perder las elecciones y con ello el poder en las próximas elecciones.
La posición de Fajardo es desde luego respetable. Pero que sea respetable no nos obliga a compartir su postura ni a dejar de denunciar que los organismos judiciales vienen siendo utilizados con fines políticos y que esto no es un caso nuevo. Quizás el más notorio fue la decisión del entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, que el 9 de diciembre del año 2013 destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, destitución que fue derogada por sentencia del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fueron esas decisiones las que le permitieron a Petro retornar a la Alcaldía de la ciudad y terminar su período. Luego vinieron múltiples procesos sancionatorios todos ellos encaminados a sacar del ejercicio político a Petro que ha ido ganando todos esos procesos amañados y antidemocráticos.
Las más recientes decisiones de la justicia que por supuesto permanecen en la impunidad se relacionan, para mencionar solo tres, con la creciente utilización sobre todo de la fiscalía para interferir en los procesos judiciales con un tinte marcadamente sesgado en beneficio del uribismo y del gobierno. El primero de ellos es la solicitud de preclusión del proceso contra el expresidente Uribe por soborno y compra de testigos en el proceso iniciado por Uribe contra el senador de la oposición, Iván Cepeda. Este proceso sigue su curso en la fiscalía donde el fiscal encargado de la misma, Gabriel Jaimes opera, como lo han denunciado las víctimas, como parte de la defensa de Uribe y no como un organismo imparcial. Pero aún en estas circunstancias a la fiscalía a la que se ha sumado la procuraduría general de la Nación, no han logrado desmontar la investigación realizada por la Corte Suprema de Justicia que llevó a la detención el 4 de agosto de 2020 del expresidente. Ahora corresponderá a un juez decidir sobre la solicitud de la fiscalía de cerrar el caso.
Un segundo hecho notorio es la investigación sobre ingresos de dineros provenientes del narcotráfico para la compra de votos en las elecciones presidenciales del año 2018 en favor del candidato y actual presidente Iván Duque Márquez. Las interceptaciones que dan cuenta de este hecho y las investigaciones correspondientes no solo no avanzan, sino que los agentes encargados de estas interceptaciones que fueron ordenadas en el curso de una investigación, por los jueces competentes, han sido detenidos y acusados de interceptaciones ilegales en otros procesos con el evidente propósito de amedrentarlos. Estos han ido demostrando que las pruebas contra ellos son endebles. Pero mientras tanto las investigaciones por la compra de votos con dineros provenientes del narcotráfico duermen en los anaqueles de la fiscalía. Nada avanza en este proceso.
Un tercer hecho tiene que ver con la compra de votos en la Costa caribe y concretamente en el departamento del Atlántico a favor de Duque por los clanes políticos de los Char dueños del poder en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico, que militan en Cambio Radical socio del actual gobierno de Duque. En esa compra también habría participado el clan de los hermanos Gerlein, dueños del partido Conservador. La denuncia la hizo la exparlamentaria Aída Merlano hoy presa en Venezuela. El gobierno de Colombia, como en un chiste macabro, ha pedido a Guaidó que la deporte cuando todos sabemos que este autoproclamado presidente de Venezuela no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Así funciona la fiscalía de Barbosa y el uribismo en el gobierno.
Pues bien, además de condenar la politización de la justicia y denunciar y condenar por supuesto de manera clara y enérgica la infundada acusación en contra de Sergio Fajardo hay que proyectar el debate más allá. Con esta decisión la fiscalía busca sacar de la contienda electoral a Fajardo lo cual debe ser rechazado sin ambigüedades. Pero hay que ir más allá en el sentido de examinar las innumerables fallas del diseño institucional de la Justicia en el país. Con la reelección presidencial se afectó aún más la independencia de este organismo toda vez que Uribe intento por todos los medios con una débil oposición de la Corte Suprema, que rechazó la terna presentada por Uribe para someter la fiscalía, pero, algo logro y fue que los gobiernos que le siguieron pusieran sin ningún recato a sus amigos en este organismo para que les protegieran sus fechorías. Santos hizo nombrar a Néstor Humberto Martínez quien lo que hizo fue proteger a Santos de las investigaciones por el financiamiento ilegal de su campaña por la corrupta firma brasilera Odebrecht que también financió en el año 2014 de manera ilegal la campaña del uribista, Oscar Iván Zuluaga. Ahora Barbosa ha sido nombrado por Uribe-Duque para proteger a Uribe en los múltiples procesos que se le siguen y por supuesto proteger a Iván Duque. Esas instituciones que tanto dice defender Fajardo son un antro de corrupción y deben ser profundamente reformadas.
La fiscalía debe pertenecer íntegramente al poder judicial, los períodos del fiscal no deben coincidir con los del presidente de la República, pero, se debe reformar la forma como hoy se elige este importante funcionario del Estado. Actualmente es el presidente de la República quien envía una terna para que la Corte Suprema de Justicia en sala plena lo elija. Esto debe ser radicalmente modificado. La mejor alternativa para proveer ese cargo debería ser la de concurso público organizado por el propio poder judicial que garantice la autonomía e independencia de este organismo. Otras formulas se han propuesto, pero a nuestro juicio son intermedias y no garantizan la plena independencia de la Fiscalía, una de ellas es la que la terna sea conformada por la Corte Suprema de Justicia y que elija el presidente de la República. Aún se mantendría una injerencia del ejecutivo que no parece ser conveniente como lo demuestra la realidad en el país. Lo que queda claro es que la fiscalía es hoy una dependencia del ejecutivo y que ha perdido total credibilidad en el país lo cual es muy grave en una sociedad desgarrada por la violencia y con las más altas tasas de impunidad en el mundo para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La reforma a la justicia no da espera. Lo de Fajardo es apenas una muestra de hasta dónde puede llegar el uribismo y sus socios mafiosos para mantenerse en el poder que además comparte impúdicamente con los grandes conglomerados económicos y financieros del país y por supuesto con la ayuda de los grandes medios de comunicación que son propiedad de éstos últimos.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: https://www.las2orillas.co/
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