De ahí, que resulta por decir lo menos inconcebible, que el expresidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez y su designado presidente Iván Duque pretendan, a propósito del auto de detención, desconocer con sus pronunciamientos estos elementos que fundan la República como expresión de la civilización política; argumentando que el expresidente se encuentra secuestrado en su majestuosa hacienda escoltado por cerca de 200 guardaespaldas, por la decisión arbitraria y mafiosa de la Corte Suprema de Justicia que le ha violado el derecho humano fundamental al debido proceso.
La decisión de que altos miembros del gobierno, incluido el jefe del ejecutivo, responda ante el poder judicial por el cometimiento de actos contrarios a su deber funcional, a la constitución y la ley no es ninguna novedad en el presente siglo en América latina, como tampoco fue extraño en el siglo pasado la comparecencia de exgobernantes ante tribunales de carácter internacional. Lo anterior, solo hace parte del ejercicio correcto de la separación de poderes, y del respeto a la civilidad jurídica que expresa que nadie esté por encima de la ley por más alto cargo que ostente, máximo cuando su condición de mandatario emana de la voluntad popular.
Ecuador tiene preso a un expresidente y con orden de captura a otro de sus exmandatarios, lo mismo ocurrió con Lula en Brasil, también ha ocurrido con mandatarios en el Perú, uno de los cuales, Alan García, prefirió suicidarse antes que afrontar la vergüenza de un proceso penal con condena por corrupción. Panamá también vio a uno de sus expresidentes desfilar esposado ante los tribunales, en Argentina se adelantan procesos penales contra Cristina Fernández de Kirchner; Algunos de estos mandatarios cometieron execrables crímenes de lesa humanidad como el innombrable del Perú: el Chino Fujimori. También por la Madre Patria anda preguntando la justicia española por su majestad el Rey Juan Carlos quien huye no solo por actos de corrupción, sino también, de su propia esposa la reina Sofía por infidelidad y líos de faldas.
En ninguno de estos países ocurrió el apocalipsis, ni se precipito el juicio final a propósito de estos procesos penales contra expresidentes, ni mucho menos, se derrumbaron las instituciones que soportan los gobiernos democráticos. En Colombia, aparte de lujosos desfiles de camionetas 4X4 y de automóviles de marca en varias ciudades capitales pidiendo la libertad del reo, el único terremoto que produjo la detención del expresidente Uribe fue al interior de su propio partido, como quiera, que de un manotazo su hijo, Tomas Uribe, asalto la dirección del Centro Democrático y se apropió de la vocería política del partido para continuar, en menor escala, la diatriba contra la Corte Suprema de Justicia que su padre con alaridos insultantes gritaba en solitario desde su cómoda hacienda del ubérrimo, con la complicidad de algunas locutoras de noticias de televisión, que hoy ostentan, según ellas, la condición de periodistas. Por su parte, algunos de sus seguidores prefirieron activar una sincronizada bodega de redes sociales muy bien orquestadas para difamar a la Corte y a los opositores anti uribistas.
Finalmente, los flamantes parlamentarios del Uribismo terminaron batiendo una desteñida bandera de una constituyente y de un referendo, a fin de pretender cambiar el curso de la historia judicial que en América latina ha puesto preso a cerca de una decena de exmandatarios por corrupción y violación de los derechos humanos.
El expresidente Uribe y su partido de gobierno, incluido el inédito presidente Duque, deberían saber que en nada contribuyen a la defensa ante la Corte Suprema de Justicia estas estrategias cargadas de cizaña. Todo lo contrario, hoy día es más el nivel de apoyo nacional e internacional a la majestad de la Justicia en Colombia; y mucho más, el nivel de aceptación de la opinión pública a la medida justa de detención con hacienda por cárcel.
Hay que recordar que el proceso penal del expresidente Uribe es apenas el inicio de una serie de investigaciones que adelanta la Corte por delitos que incluyen crímenes de lesa humanidad. Son muchos los elementos probatorios acerca de su participación en la masacre del Aro y de Ituango, así como del asesinato de líderes políticos, sociales, y defensores de derechos humanos del país, por los que debe, en un futuro próximo, responder procesalmente el expresidente Uribe ante su juez natural.
De tal manera, que llegó el turno para que el poder judicial realice el juicio histórico de un expresidente colombiano vinculado directamente al conflicto político armado como determinador; para que al fin podamos los colombianos conocer la otra cara de la verdad histórica de lo que ha sido la violencia política en el país.
Héctor Alonso Moreno Parra, Politólogo
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