Al ser municipios que fueron escenario de operaciones militares y con un fuerte dominio por parte de la guerrilla de las FARC son así mismo lugares en que las economías ilegales relacionadas con los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal han tenido y tienen una presencia destacada. En estos momentos son uno de los principales objetivos por parte de los grupos paramilitares así como del Ejército de Liberación Nacional, ELN, sin que el Estado y la fuerza pública hayan logrado el control territorial. Ello a pesar que durante los últimos años se insistió casi hasta el cansancio que esta situación que se presenta ahora podría presentarse. Muchas voces recomendamos con base en experiencias negativas del pasado que estos territorios deberían ser ocupados por el Estado con una política integral como la que contemplan los acuerdos, pero, lo primero que debería hacerse en nuestro criterio era el copamiento militar y policial de esos cerca de 230 municipios en los que tenía una presencia activa y un dominio territorial las guerrillas de las FARC-EP. Para ello dijimos era imprescindible que una parte de la guerrilla fuera incorporada a la Policía Nacional para que contribuyera a esa ocupación territorial por parte del Estado que debería de inmediato emprender un plan integral de desarrollo. Eso no se hizo de inmediato y el resultado es que en estos territorios se vienen presentando asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y militantes de movimientos como la Marcha Patriótica, principalmente. Hay una lucha por parte de los paramilitares y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, por apropiarse del dominio militar en estos municipios del país. Por ello el principal reto para que el plan de desarrollo integral cubra y sea una realidad, para que se puedan elegir las circunscripciones especiales de paz, es que el Estado ejerza dominio territorial en estos lugares. Sin que ello ocurra las elecciones para elegir 16 representantes a la Cámara que visibilicen y les den poder político a esas comunidades corre un serio riesgo.
El proyecto para la creación de las Circunscripciones Especiales de Paz
El Gobierno Nacional ha puesto a consideración de las comunidades indígenas y afrodescendientes, en el proceso de la consulta previa, un proyecto de ley que busca poner en marcha la elección de 16 representantes a la Cámara en igual número de circunscripciones para un total de 176 municipios del país para dos períodos constitucionales: 2018-2022 y 2022-2026.
En el proyecto de Acto Legislativo se señala que éstas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de los candidatos. Las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales. Se desarrollarán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado.
Los candidatos solo pueden ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos, organizaciones sociales, consejos comunitarios o resguardos indígenas legalmente constituidos, cuando la circunscripción coincida en todo o en parte con sus territorios. Así mismo el proyecto señala que cuando el censo electoral de alguno de los municipios incluidos en estas circunscripciones supere los 50.000 ciudadanos aptos para votar, únicamente se habilitarán los puestos de votación y el censo electoral de la zona rural del correspondiente municipio y se excluirán los puestos de votación y censo electoral de la cabecera municipal.
Así mismo y para tratar de garantizar que se cumpla con los tres fines esenciales para las que fueron creadas en el Acuerdo de Paz, esto es: a) Promover la inclusión y la representación política de estos territorios excluidos y afectados por el conflicto; b) Permitir la realización de los Derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales; colectivos y del medio ambiente; y, c) Contribuir a la reparación de las víctimas y servir de instrumento de construcción de Paz,[i] el proyecto contempla que los partidos y movimientos políticos que cuentan con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica incluido el partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, no podrán inscribir listas de candidatos para las circunscripciones de paz simultáneamente con otras circunscripciones. Los candidatos además deberán ser habitantes regulares de la circunscripción o desplazados de estos territorios en proceso de retorno.
En éstas circunscripciones los ciudadanos podrán votar por los candidatos a la Cámara del respectivo departamento y además por la Circunscripción Especial de Paz. El proyecto de Acto Legislativo señala que la organización electoral adoptará medidas especiales para la vigilancia del censo electoral, para la inscripción de los candidatos y para la financiación de las campañas. Se promoverán mecanismos adicionales de control y veeduría ciudadana por parte de organizaciones especializadas y de partidos y movimientos políticos.
Observaciones al Proyecto de Acto Legislativo
Recientemente la Defensoría del Pueblo convocó una mesa de trabajo de la cual tomé parte al lado de investigadores, líderes de mesas de víctimas, organizaciones especializadas, agencias de cooperación, delegados de la Procuraduría General de la Nación, un magistrado del Consejo Nacional Electoral, la Misión de Observación electoral, delegados de la Corporación Sur y funcionarios de la Defensoría del Pueblo con el propósito de discutir el proyecto de Acto Legislativo. Así que los comentarios aquí expresados se relacionan con las conclusiones a las que llegamos y que pronto serán publicadas por la Defensoría del Pueblo.
En primer término se llama la atención a que el Acto Legislativo debería resaltar, cosa que no hace, el carácter reparador de los derechos políticos perdidos en la guerra por estas comunidades. El Acto legislativo debería hacer explícito el carácter reparador y de inclusión política, tanto territorial, como poblacional que tienen éstas circunscripciones. Así mismo resulta paradójico que en el proyecto no se mencione de manera explícita que las organizaciones de víctimas pueden presentar candidatos lo mismo que también debe señalarse que también podrán presentar candidatos las organizaciones campesinas. Esto debería ser explícito.
Así mismo se llama la atención que al permitir la inscripción de candidatos por los llamados grupos significativos de ciudadanos genera el riesgo de no poder controlar en debida forma la intromisión de poderes locales, legales e ilegales, ya que la logística y operación de procedimientos para la recolección y validación de firmas, es un problema complejo, que requiere recursos económicos y una infraestructura de carácter electoral, lo cual es contrario al espíritu de inclusión política y reparación de poblaciones vulnerables y abre la puerta a la entrada de poderes fácticos de esta elección especial.
Se llama así mismo la atención para que en la ley estatutaria que habrá de reglamentar el Acto Legislativo de estas circunscripciones de Paz deberá procederse a definir de manera muy preciso lo que se entiende por “organización social” en el sentido que dicha definición debe responder al espíritu del Acuerdo de Paz, es decir: cumplir con cerrar la brecha de representación política entre la exclusión de comunidades campesinas vulnerables y la sobre-representación de élites rurales así como servir de instrumento de reparación para las víctimas.
Así mismo se recomienda que la financiación de las campañas en estas circunscripciones sea totalmente pública, dirigida a las organizaciones, y prohibir las listas abiertas para fortalecer los colectivos y facilitar los apoyos económicos que entregará el Estado.
En la medida en que la estigmatización de estos territorios que sufrieron en gran medida los rigores del conflicto, debería hacerse un esfuerzo para que los medios de comunicación nacionales hicieran una amplia divulgación de las plataformas programáticas de los candidatos/as que se presenten en estas elecciones particulares, máxime que esta estigmatización ha provenido precisamente de estos medios nacionales de comunicación por lo que no se ve acertado que se limite el cubrimiento de estas elecciones a los medios regionales de comunicación. Así mismo y en la medida en que solo se elegirá un representante por cada circunscripción se requiere la visibilización de las mujeres y de su problemática en estos 176 municipios del país que por lo demás reúne cerca de dos millones de habitantes.
Así mismo se llama la atención a las autoridades electorales para que se instalen más puestos de votación en las zonas rurales de los municipios de éstas circunscripciones puesto que por la intensidad con la que se desarrolló el conflicto en estos territorios muchos puestos fueron retirados, y la población campesina de veredas y corregimientos tiene que desplazarse con muchas dificultades para encontrar un puesto de votación. La Registraduría Nacional debería iniciar desde ya de manera rápida y eficaz una campaña de cedulación masiva en éstas zonas ya que en estos territorios una parte muy significativa de la población no cuenta con documento de identidad y su derecho al voto se verá afectado de manera negativa si esta campaña no se realiza con prontitud. Así mismo se deberían conformar tribunales especiales seccionales de garantías electorales definidas para las circunscripciones con mayor riesgo de fraude electoral como se contempló en los Acuerdos de La Habana. Así mismo se insta al Gobierno Nacional para que se adelante una estrategia de pedagogía y de fortalecimiento de las organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas y étnicas, con el fin de que puedan participar en estas circunscripciones especiales de paz con el propósito que la contienda electoral no llegue a dividir y a fracturar el débil tejido social de estas regiones.
Así mismo se llama la atención a que las circunscripciones transitorias especiales de paz puedan ser capturadas por los grupos armados, las mafias locales y el clientelismo, ya que cruzados los datos de los territorios con presencia de grupos como el ELN, las bandas criminales, la disidencia de las FARC, los paramilitares entre otros, coinciden con los territorios donde se establecieron las 16 circunscripciones especiales. Además en estos territorios también encontramos presencia de mafias y economías ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico; débil presencia institucional, lo que favorece la captación de autoridades locales por grupos irregulares, y una mayor marcada tendencia al caciquismo político, a la corrupción y al clientelismo. Por lo anterior, se necesita una fuerte reglamentación que blinde el proceso de interferencias e intereses contrarios al fin establecido para las Circunscripciones Transitorias en el Acuerdo de Paz; y una fuerte estrategia de las entidades responsables de la prevención, la protección y la no repetición para tutelar la vida y la integridad de los candidatos y sus organizaciones.[ii]
Pedro Santana Rodríguez: Director Revista Sur
NOTAS
[i] Defensoría del Pueblo. Carta enviada al Ministro del Interior con comentarios y recomendaciones sobre las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Abril 9 de 2017.
[ii] Conclusiones de la Mesa de Trabajo sobre Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz realizada en Bogotá por convocatoria de la Defensoría Delegada para la atención a las Víctimas. Bogotá Abril 5 de 2017.