Hacer un balance de la política pública de participación en la ciudad de Bogotá, solo tiene sentido si nos conduce a una reflexión más profunda del tema; me explico, afirmar que durante el año 2016 el gobierno de Peñalosa “formó” 220 personas en el diplomado “Participación y construcción de paz”, o como lo dice el informe de rendición de cuentas 18 mil personas “en procesos, espacios académicos y de participación”, es irrelevante si se tiene claro que en el horizonte “(…) la democracia como propuesta y proceso se inscribe en el contexto de lucha de clases y de busca de sociedades más igualitarias, participativas y de buen vivir.” (Grzybowski, 2016). Lo relevante es indagar si esa política pública contribuye efectivamente a construir una sociedad más igualitaria o como afirmó el director del IDPAC durante la rendición de cuentas contribuye al goce efectivo de derechos.
Por ello esta lectura trasciende la evaluación de lo planeado por el gobernante y lo logrado según los objetivos y metas propuestas en el corte del año e indaga más por el significado profundo de la participación en el plan de desarrollo e incluso en algunos momentos irá más allá de éste.
La participación en la “Bogotá mejor para todos 2016-2020”
El plan en su objetivo central se propone: el desarrollo pleno del potencial de los habitantes, el logro de la felicidad, el aprovechamiento del momento histórico, la oportunidad única para transformar la dinámica de crecimiento, recuperar la autoestima ciudadana, incrementar el bienestar, la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor. Propósitos que suenan bien, pero, que carecen de un significado concreto de la política, claro, esto no solo es atribuible a este plan de desarrollo, en general los planes de desarrollo contienen un enorme populismo.
La Bogotá mejor para todos, también, se propone un objetivo de cultura ciudadana que se manifiesta como el acatamiento voluntario de las normas y de las decisiones mayoritarias.
La Cultura Ciudadana estará encaminada al cumplimiento voluntario de normas, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley, en un marco de valoración de las decisiones de la mayoría, y un respeto radical por los derechos de las minorías consagrados en la Constitución. Se desarrollara de manera transversal en todos los sectores que integran el Distrito Capital y en los pilares, ejes y programas del Plan de Desarrollo.
En este marco la participación queda subsumida al acatamiento de la norma, de la ley, y de las decisiones de la mayoría, por ende es dable entender que siendo el plan de desarrollo una norma, la participación no podrá entenderse por fuera de éste y la oposición quedará relegada por efecto de las decisiones de la mayoría, fortaleciendo una visión restrictiva de la participación.
Si observamos en el pilar uno, del plan de desarrollo, (artículo 13) se propone el programa “Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía” cuyo objetivo es “generar las condiciones a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que permitan el ejercicio de una ciudadanía activa* y corresponsable en la transformación política social y económica de su realidad, de manera que sean partícipes de las decisiones en sus territorios”. A pesar de lo bien que suene, la ciudadanía activa es en relación con el acatamiento de las normas y la transformación social y la participación en decisiones, tiene que ver más con la reducción de la transgresión de las normas que con los contenidos sustantivos de la democracia.
En igual sentido se orienta el concepto de Democracia Urbana, pero todavía más restrictivo al reducirlo al manejo del espacio público y al acceso igualitario a este, bajo la primacía del interés general sobre el particular, ejemplos como el de los habitantes de calle, exacerbado por la intervención del Bronx, por no mencionar el tema de los vendedores ambulantes, deja entrever la distancia que hay entre el acatamiento de la norma, el interés general y las problemáticas de poblaciones minoritarias. Por otro lado, la definición de construcción de comunidad y cultura ciudadana va por el mismo camino, la prioridad es el acatamiento de las normas y la participación y la cultura ciudadana se entiende como el aporte al aumento del acatamiento de la norma, en el entendido que ello disminuye la criminalidad y aumenta la percepción de seguridad.
El plan también considera un modelo de participación de organizaciones sociales, comunitarias y comunales que se reduce a “obras menores, proyectos e iniciativas de carácter social en los barrios”, replicando experiencias de anteriores administraciones como obras con saldo pedagógico, que si bien han sido reconocidas como metodologías de gestión participativa han mostrado debilidades a la hora de fortalecer procesos de participación activa.
El Idepac en su rendición de cuentas se refirió a la gestión realizada en tres grandes estrategias: 1) Formación en Participación, 2) Fortalecimiento de organizaciones e instancias de participación 3) Promoción de la participación.
Respecto a la formación en participación, la actual administración ha seguido una ruta trazada desde gobiernos anteriores con las escuelas de liderazgo e incluso, también, muestra el número de personas como un indicador importante de la gestión. Sin embargo cabe preguntarse en términos de la democracia participativa que pertinencia y significado tienen estos procesos?: la idea inicial de las escuelas de liderazgo estaba dirigida a fortalecer los liderazgos, a través de la promoción del pensamiento crítico que permitiera analizar y participar efectivamente en la realidad de las comunidades, esta idea se ha venido desplazando hacia la adquisición de conocimientos y herramientas para mejorar la acción de los líderes y lideresas, abandonando la construcción del pensamiento crítico, en este sentido estos procesos de formación orientados al liderazgo social, han adquirido una estructura más formal tipo diplomado, especialización con titulación al final, pero han dejado de ser relevantes en las realidades locales. En términos de la democracia participativa lo esperable es que la formación se conecte con las realidades locales y potencie la participación, ello no sucede y esta ha sido una deuda que permanece a través de los distintos gobiernos, especialmente los post constitución.
En la actual administración, la participación se define como una herramienta para construir la democracia y la paz[1], lo que se traduce en la continuidad del modelo de la democracia liberal representativa, en la cual la participación es un instrumento de legitimación contrario a la democracia participativa donde la participación es una cualidad de la democracia. Esta diferencia que parece sutil en el discurso, en la realidad comporta diferencias sustanciales, mientras la participación como instrumento sirve para resolver problemas concretos y superar dificultades[2], que no desafían al modelo, en la democracia participativa, la participación hace parte fundamental de las personas en todas las esferas de la vida.
Y este es el gran nudo gordiano de la política pública de participación, que apunta a construir agendas neoliberales progresistas, es decir, hablan de diversidad, incidencia, democracia, paz, derechos humanos, pero la acción que deviene de estos contenidos es restrictiva al marco del modelo neoliberal, nada más ejemplicante que el derecho a la salud, que a pesar de contar con un desarrollo normativo y jurisprudencial en una perspectiva amplia de derechos, la política pública que lo concreta es cerrada y circunscrita al mercado, ello concordaría con lo que plantea Nancy Fraser respecto a la etapa actual del capitalismo donde: (…) el actual (régimen) autoriza a las finanzas globales a disciplinar al Estado y la población en interés inmediato de los inversores privados.[3]
En el tema de fortalecimiento de organizaciones e instancias de participación, se muestra como lo más destacado la ampliación de la participación en las elecciones de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y de algunos consejos consultivos, así como la reactivación de otros, acciones que pueden ser valoradas como positivas. Sin embargo es necesario ir más allá para valorar realmente el significado de estos resultados, veamos el caso del Consejo Distrital de Discapacidad: está conformado por 13 funcionarios de la administración distrital y 7 representantes de organizaciones sociales de discapacidad, y es la “instancia consultiva, de asesoría y gestión del Sistema Distrital de Discapacidad para la coordinación, planificación, concertación, adopción y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Discapacidad en el Distrito Capital”.[4] Una dificultad expresada desde hace tiempo respecto de este y otros consejos, es su carácter consultivo, no vinculante, pero quizás lo más preocupante es el diseño mismo de estos consejos que eclipsan la participación, por ejemplo todas las decisiones se toman por mayoría y en su conformación el gobierno asegura tener siempre esta mayoría (13 contra 7), ello implica nuevamente una concepción restrictiva de la participación, donde la concertación entre el Estado y la sociedad queda en duda especialmente en aquellas propuestas que no sean del recibo del gobierno.
Esta estructuración de la participación tiene que ver con la concepción del modelo neoliberal bajo los principios de eficiencia, eficacia y calidad, de la participación, que en nuestro país tuvo desarrollo con las instancias y espacios de participación, encerradas en un doble propósito por un lado el de organizar la participación de la sociedad en el desarrollo de las políticas públicas de gobierno, como una forma de generar gobernabilidad, pero sin la posibilidad de ir más allá, y por otro lado el de mostrarse como el único camino de incidencia que tiene la sociedad. Ello ha frustrado y debilitado otros procesos de participación, a la vez que “disciplina” a la sociedad para que no aspire a contenidos que no están dentro del plan de desarrollo, eso es imposible.
La tercera estrategia, la promoción de la participación, se desarrolla principalmente a través del programa “uno más uno =todos, una más una = todas”, que corresponde a lo que se mencionó anteriormente como modelo de participación de organizaciones sociales y que está dirigido a realizar pequeñas obras y proyectos en los barrios, este programa se complementa con Bogotá Líder, y con otros como Bogotá Abierta. La característica principal de estos programas es que conllevan a una participación de baja intensidad, que legitiman la acción del gobierno y disciplinan a las comunidades en relación con sus expectativas de participación.
Este panorama de la participación me hace recordar el documental dirigido por Ava DuVernay, Enmienda XIII, que presenta una perspectiva muy reveladora de la lucha por los derechos civiles de las comunidades negras y la problemática carcelaria en los Estados Unidos. Una de las sensaciones con las que uno queda después de ver este documental, es cómo la política pública fue ingeniosamente manipulada para lograr objetivos que no podían revelarse y menos declararse públicamente[5]. Cuando el gobierno de la Bogotá mejor para todos, considera que el modelo de participación son pequeñas obras y proyectos y al mismo tiempo impulsa la afectación de la reserva van der Hammen, no quedan dudas sobre qué tipo de participación es la que este gobierno quiere fortalecer, pero la evaluación finalmente pertenece a la ciudadanía, en el sentido más amplio posible, quien tendrá que escoger entre fortalecer un modelo restrictivo, orientado a mantener las condiciones del mercado y resolver “pequeñas causas”, o meterse en los debates fuertes de la ciudad que tienen que ver con su futuro y ampliar la participación más allá de la restrictiva oferta institucional.
Carlos Alberto Lerma Carreño: Investigador Corporación Latinoamericana Sur
NOTAS
* El subrayado es mío
[1] Palabras del director del Idepac, Antonio Hernández, durante la Rendición de Cuentas
[2] Ibíd.
[3] Nancy Fraser en: https://www.sur.org.co/ee-uu-dialogo-sobre-las-izquierdas-ante-las-elecciones-presidenciales/
[4] Acuerdo 008 de 2015
[5] Bill Clinton años después de su gobierno admitiría que se equivocó, esto lo muestra el documental.
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