Con la captura de Justo Pastor Perafán jefe de los carteles de la droga de Cauca y Bogotá realizada el 19 abril de 1997 en la capital tachirense de San Cristóbal, se hace pública la presencia de carteles colombianos de la droga en Venezuela.
Pero son las Autodefensas Unidas de Colombia con los Frentes La Gabarra y Fronteras quienes hacen de esta ruta de tránsito de droga hacia Estados Unidos y Europa la joya de la corona de los narcos colombianos.
Más tarde con el acuerdo de desmovilización realizado por los paramilitares y el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el Bloque Catatumbo hace entrega de armas en diciembre del 2004 en el muncipio de Tibú, Norte de Santander. A partir de este momento rutas, hombres y armas, son vendidos al mejor postor, a través de una especie de franquicia de negocios ilegales.
La salida de los paramilitares de la región provoca una serie de disputas y reacomodamientos territoriales en la zona fronteriza, liderados principalmente por ex comandantes de las AUC como Juan Carlos Rojas Mora alias Jorge o el gato creador de las Águilas Negras, Jimmy Veloria alias Jairo sicario, Duberney Vergara alias Wilson o maniquemao, Adrián de Jesús Meza Carrasquilla alias Camilo y Maximino Cuesta Valencia alias Sinaí, desatándose la primera guerra entre grupos armados surgidos de las AUC, que se mantuvo por alrededor de tres años.
Mientras tanto Carlos Mario Jiménez alias Macaco comandante del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, extraditado en mayo del 2008 a Estados Unidos, vende las rutas a Wilber Varela alias Jabón, quien no solo decide asentarse en el Estado Mérida de Venezuela sino que traslada a los Rastrojos del norte del Valle para garantizar dominio y control del territorio, hasta su asesinato a finales del mes de enero del 2008.
El 10 de noviembre del año 2010 Carlos Andrés Palencia Gonzáles alias “Visaje”, antiguo sub comandante del frente fronteras de las AUC en el Área Metropolitana de Cúcuta emprende la fuga cuando era trasladado de Cúcuta a Montería para cumplir con una diligencia judicial. Se vincula a los Urabeños por sus viejos vínculos con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Desde allí recibe la orden de alias el “Zarco” de organizar y comandar meses después la entrada de los Urabeños a la región y al Estado Táchira de Venezuela, lo que implicaba enfrentarse a Los Rastrojos.
Esta segunda guerra fue advertida a lo largo de la frontera a través de la distribución en lugares públicos de cientos de panfletos firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia anunciando su “traslado hasta este rincón fronterizo del país para combatir y cumplir con nuestra misión”.
Como venía ocurriendo en el resto del país aquí también se desató lo que las autoridades locales llamaron “una guerra a muerte”, que inició con dos masacres en el municipio de Villa del Rosario con una diferencia de ocho días, dejando como saldo 10 miembros de Rastrojos asesinados. Dos años después estos fueron desalojados de Cúcuta, Villa del Rosario y San Antonio del Táchira, con decenas de sus miembros asesinados.
Esta pugna los obliga a asentarse en los municipios fronterizos de Puerto Santander y Boca de Grita (Estado Táchira Venezuela), importante corredor fronterizo para la criminalidad, que comunica con el área rural de Cúcuta, El Zulia y Tibú, otrora centro de mando del Frente Fronteras de las AUC, en donde continúan hasta el día de hoy. Esta ubicación les permitió no solo sobrevivir a la persecución, sino también fortalecerse, como lo han demostrado los ataques realizados en el último año contra las bases de los Urabeños.
Otra consecuencia de esta nueva guerra, fue la conformación de organizaciones de carácter local, puestas al servicio del narcotráfico y el crimen organizado, como las Autodefensas del Norte de Santander Nueva Generación ANS y el Bloque la Frontera, lideradas por Oscar Alejandro Sandoval Arguello alias Candado, José Gratiniano Escamilla Melo alias Santiago y Francisco Colins Nero Lemus alias Frank o el Negro, desarticuladas por las autoridades poco tiempo después de ser creadas, a través de una serie de operaciones denominadas Génesis, Safari I y II, y Tenaza.
Estos y otros hechos facilitan la creación del Ejército Paramilitar Nortesantandereano que se conforma a partir de la unión de ex miembros de Rastrojos, Urabeños y del remanente producto de la desarticulación por parte de las autoridades de las ANS y el Bloque Fronteras. Al juntarse aspiraban a quedarse con una parte de las finanzas y del territorio. Se establecen en el municipio de Villa del Rosario, Los Patios y algunas comunas de Cúcuta.
Su núcleo principal opera como una fuerza semi rural, recostados a la frontera con San Antonio del Táchira, cubriendo un corredor estratégico para el tránsito de droga desde Colombia a Venezuela y el contrabando, actividades de doble vía altamente rentables proporcionadas por la ruta de Juan Frío, la Uchema y Palo Gordo Norte y Sur en el sector rural y el área urbana del municipio de Villa del Rosario y el corregimiento de La Parada, ubicado a pocos metros del Puente Internacional Simón Bolívar.
Esta segunda guerra dejaba un territorio dividido, una frontera compartida y en consecuencia una aparente calma. Los Rastrojos quedaban reducidos en la frontera de Puerto Santander con Boca de Grita, los Urabeños se quedaban con la mayor tajada en la frontera de Villa del Rosario, Cúcuta y Los Patios con San Antonio del Táchira y el EPN en las zona rural de Villa del Rosario y San Antonio del Táchira.
Así las cosas, se comienzan a considerar estos territorios como verdaderos trofeos de guerra, pues la intensidad de los enfrentamientos y la riqueza que le proveía así lo indicaba. Pero otra cosa son las constantes dinámicas políticas y económicas en la frontera, como ocurrió con la decisión tomada por el gobierno venezolano el 15 de agosto de 2015 de cerrar la frontera con Colombia y decretar 6 días después, Estado de Excepción en cinco municipios del Estado Táchira como Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia y adelantar una gran operación militar en la frontera del Estado Táchira-Norte de Santander, con el objetivo de localizar asentamientos humanos ilegales, grupos paramilitares y mafias del contrabando, que llevó a la expulsión, deportación y retornos voluntarios de miles de colombianos, muchos de ellos sin legalizar su permanencia en el vecino país. Así mismo propició el retorno a Colombia de las estructuras ilegales de Rastrojos y Urabeños, que operaban desde hace algún tiempo allí.
Este reacomodamiento cuenta con nuevos actores como una serie de bandas delincuenciales locales conocidas como “Los Canelones”, “Los Carteludos”, “los Diablos” y “Los Cebolleros, dedicados principalmente a controlar algunas trochas del contrabando, el micro tráfico, las extorsiones, las rutas de tráfico ilegal de personas y el robo de vehículos, lo cual lleva a un desbarajuste de las actividades criminales, afectando gravemente a la población civil que habita estos territorios.
Comienzan a presentarse denuncias de hechos graves de violaciones a los Derechos Humanos que representan un alto costo humanitario como homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual en menores de edad, desapariciones forzadas, amenazas a líderes sociales, secuestros y restricciones a la movilidad ciudadana e imposición de reglas de comportamiento social, acompañado de un control estricto del territorio.
Producto de las permanentes denuncias públicas y las acciones urgentes realizadas por organizaciones como la Fundación Progresar, el gobierno colombiano realiza consejos de seguridad sin ningún efecto positivo, acompañados de declaraciones destempladas señalando que los problemas de violencia ocurrían en Venezuela. Por su parte las autoridades venezolanas respondían que esta situación era producida en Colombia.
Ante esta grave situación se escucharon rumores de comunidades que trataban de organizarse para auto defenderse, lo cual acelera la decisión del Ejército de Liberación Nacional de trasladar a la frontera estructuras completas de guerrilleros de otras regiones del departamento, con el objetivo de poner orden en un territorio de histórica presencia, que en la práctica estaban perdiendo, desencadenándose una tercera guerra en una de las fronteras más importantes de Latinoamérica.
Esta situación altera transitoriamente los planes y las formas de operar de los actores ilegales allí presentes. Se imponen fronteras imaginarias entre los adversarios, se realizan persecuciones entre Urabeños y Rastrojos, los canelones se enfrentan a los diablos, el EPN trata de posicionarse en el área urbana de Villa del Rosario y el ELN los declara a todos objetivo militar.
Este recrudecimiento de la violencia ocurre de manera abierta en una región densamente poblada, centro político administrativo del Norte de Santander que cuenta con una fuerte y permanente presencia de la fuerza pública a través de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la XXX Brigada del Ejército Nacional y de entidades del orden nacional como la DIAN, la POLFA y Migración Colombia.
A pesar de lo anterior, se puede señalar sin ambigüedades que en general esta parte de la frontera colombo venezolana, es controlada por estructuras criminales que alimentan sus ingresos con una veintena de negocios ilegales que sostienen una corrupción de ida y vuelta.
WILFREDO CAÑIZARES ARÉVALO: Director Ejecutivo Fundación Progresar
@wilcan91
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