Era un desafió a la oposición y a los poderes que se enfrentan no solo en el Congreso sino también en los medios de comunicación, en los gremios empresariales y ahora también en las calles, al paquete de reformas que fueron prometidas en la campaña electoral del año 2022. Los grandes medios de comunicación corporativos, que son parte activa de la oposición, así como opinadores y columnistas machaconamente insistieron en los días previos a las movilizaciones que la capacidad de convocatoria del gobierno y de sus aliados había perdido no solo las mayorías en el Congreso sino también su capacidad de convocatoria en las calles. Fue el clima que se creo previo a las movilizaciones. Petro y los movimientos sociales aceptaron el reto y rubricaron con las enormes movilizaciones en más de 50 ciudades del país que aún tienen fuelle y capacidad para convocar a los ciudadanos en defensa del gobierno y de sus reformas. Ahora entonces se rubrica que las calles serán escenarios de la disputa política entre el gobierno y sus opositores.
Hay varios hechos notorios que dejaron claro las dos movilizaciones. Se realizaron sin violencia, fueron marchas pacíficas sin confrontaciones con la fuerza pública. La de la oposición como hemos señalado se caracterizo por el ataque personal en contra del presidente de la República, el “fuera Petro” fue el estribillo que unificó a la oposición y en el fondo la defensa del statu quo y su oposición a cualquier proyecto reformista. Para la oposición a la cual se deslizo el autoproclamado centro político un Acuerdo Nacional debe darse alrededor de lo que existe en materia laboral, de salud, agrario, pensional.
Para ellos el Acuerdo Nacional debe darse alrededor de las políticas fallidas y fracasadas que nos mantiene como uno de los países más desiguales del mundo, con contratos laborales basura, sin prestaciones sociales ni seguridad social, mantener la concentración de la propiedad agraria en donde cerca de 2500 propietarios son los dueños de más del 50% de la tierra productiva del país. El sistema de salud para ellos es uno de los mejores del mundo sin importar la corrupción que las EPS han hecho en la administración de los recursos públicos de la salud. Recientemente la Defensoría del Pueblo dio a conocer las tutelas interpuestas para garantizar el derecho a la salud. En el año 2023 se presentaron 198 mil acciones de tutela por los ciudadanos para reclamar atención o medicamentos a lo que hay que agregar que en lo corrido de este gobierno se han presentado 2.1 millones de Peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia de Salud, de las cuales cerca de 450 mil fueron suplicas de vida en donde la vida de los pacientes estaba en serio riesgo. Sobre esta realidad nada dice ni nada propone la oposición.
Esta realidad y la necesidad de insistir en que un Acuerdo Nacional debe tener en el centro las reformas propuestas fue el eje central de la intervención del presidente de la República Gustavo Petro frente a una plaza de Bolívar de Bogotá totalmente colmada de manifestantes que le expresaron su respaldo. Petro insiste en que hay que lograr acuerdos pero que esos acuerdos deben girar en torno a las reformas presentadas al Congreso de la República y prometidas en la campaña electoral en el año 2022. Pero la oposición está en otra lógica.
La lógica de la oposición es que ese Acuerdo debe darse alrededor de las políticas aplicadas y en buena parte fallidas desde hace ya tres largas décadas. Esta es la razón y el eje central de la confrontación política que muchos llaman polarización siendo que en una democracia es lo normal que haya gobierno y que haya oposición a la cual se le deben respetar sus derechos. El asunto de fondo empero es que la calidad del debate público es muy pobre. El discurso de la oposición es la mentira, difundir el miedo, el ataque personal y así poco se puede avanzar en el debate sobre la conveniencia y necesidad de reformar las pensiones, la salud, la propiedad agraria, reindustrializar el país, abandonar el modelo extractivista y proyectar al país sobre la base del conocimiento y la reindustrialización con base en energías limpias, enfrentar el cambio climático, es decir, avanzar en una agenda de transición hacia una democracia más profunda y real. Quizás lo nuevo es que las movilizaciones fueron pacíficas lo que contrasta con regiones enteras en donde se sigue asesinando líderes sociales y se siguen perpetrando masacres y en donde actores armados controlan parte del territorio.
Ahora bien, muchos afirman que estas movilizaciones son estériles pues en ellas no se resuelve la agenda reformista, qué es en el Congreso en dónde se resuelve y que a lo sumo las manifestaciones de calle presionaran a los congresistas y sus partidos. En una parte tienen razón. Es en el Congreso donde se aprueban las políticas públicas y por ende las reformas que se han propuesto. Pero no tienen razón en lo más importante. Las movilizaciones y la calle educan, forman opinión, inducen cambios culturales e inciden en el futuro comportamiento político de los electores, de los ciudadanos. Sin las grandes movilizaciones del año 2019, y del llamado estallido social del mes de abril del año 2021 no habría ganado por primera vez en la historia republicana de nuestro país un presidente de izquierda, en esas movilizaciones y en la confrontación violenta frente a las mismas, se cuajó el cambio político. Hoy los parlamentarios saben que una oposición a las reformas que pretende este gobierno, tendrán sobre ellos y sus partidos, un enorme costo político. Ha quedado demostrado que no basta con elegir un presidente si al mismo tiempo ese presidente no cuenta con mayorías parlamentarias.
Si los parlamentarios entienden esta coyuntura buscarán reacomodos políticos y podrán plantearse una reconfiguración de la coalición de gobierno. También esto debe entenderlo el gobierno. En la hora actual y en estas semanas el propio gobierno debería replantearse la relación con las fracciones parlamentarias que han venido aprobando sus reformas para incluirlos en la coalición de gobierno abriéndose a su participación en el mismo. Y esto debería proyectarse a las elecciones del año 2026. Una coalición amplia para llevar adelante las reformas y las negociaciones de paz. La estrategia del uno a uno no solo desgasta al gobierno, sino que no lo proyecta hacia el futuro. A mi juicio es la hora del dialogo y la concertación con estos sectores para plantearse no solo la aprobación de las reformas sino echar las bases para una coalición electoral democrática para las próximas elecciones de Congreso y presidenciales.
Finalmente, las movilizaciones también exigen al gobierno más realizaciones y menos promesas. Más ejecución. Que al centro de las decisiones gubernamentales se ponga el Plan Nacional de Desarrollo que debe ser la carta de navegación para lo que resta de su período. Las grandes movilizaciones le dan un aire nuevo al gobierno, pero el presidente y el gobierno en su conjunto deben también entender que ese apoyo no es incondicional que se requiere avanzar en la satisfacción de las demandas sociales más apremiantes. ¿Fue eso lo que deliberaron en Paipa en la reunión del pasado fin de semana? Amanecerá y veremos.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
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